Acabó el default. Continúa el plan de sobrevivencia sobre la base de más y más deuda. Un frente único burgués pretende salir de la recesión con obras públicas financiadas desde el exterior. El clima social se enrarece.
Luego de 15 años de cesación de pagos Argentina encontró una salida: pagar. Alfonso Prat Gay, ministro de Hacienda del presidente Mauricio Macri, anunció el 22 de abril la transferencia de 9.300 millones de dólares para saldar la deuda con fondos buitre. Para ello, en los días previos se colocaron bonos por 16.500 millones, a una tasa del 7,5%. Otros 3 mil millones serán destinados a abonar a los acreedores que habían ingresado a la negociación de 2005 pero no podían cobrar por una medida cautelar impuesta por el juez estadounidense Thomas Griesa. El resto irá a cubrir el déficit presupuestario hasta fin de año. Según especialistas, para cubrir esos gastos corrientes estarían faltando apenas 1.175 millones de dólares…
Como en el mito del eterno retorno, Argentina ve reaparecer la deuda externa. Olvidado otro mito, el del desendeudamiento, el ciudadano descubre no sólo la exigencia de tomar más deuda para pagar la anterior, sino el aviso de las autoridades de que, para morigerar el ajuste en curso y emprender obras que saquen a la economía de la recesión, el camino será iniciar un nuevo peregrinaje en busca de empréstitos. “Se trata de un hito importante, el cierre de una etapa que termina después de más de una década de aislamiento y conflicto”, declaró Macri. Faltó al mandatario aclarar que durante esa “década de aislamiento y conflicto” se pagaron 190 mil millones de dólares, tal como resaltó en 2014 la ex presidente Cristina Fernández. “Este arreglo nos vuelve a conectar con el mundo”, subrayó Prat Gay. Toda la prensa acompañó esta interpretación.
Pagar o no pagar
Desacatar la orden de Griesa en 2014 era una obligación política para quienquiera tuviese un mínimo compromiso con la nación; una exigencia moral para cualquier persona decente. Reducido al hecho de no pagar los 1.750 millones exigidos entonces y luego cruzarse de brazos fue una combinación insólita de incompetencia e irresponsabilidad, que llevó al desenlace actual, presentado por tirios y troyanos como única vía de salida. Más de 5 mil millones se sumaron a aquella desaforada, ilegítima obligación de pago a los buitres dispuesta por el aparato judicial estadounidense, bajo cuya jurisdicción se había puesto el gobierno argentino en 2005. Mientras tanto continúa la caída del salario real, el sistema sanitario nacional es una afrenta a la dignidad, la infraestructura educativa, productiva y vial es una calamidad sin precedentes en este país.
¿Es imposible no pagar la ilegítima y en su mayor parte ilegal deuda externa? Fue tomada a nombre de la nación por dictaduras militares y democracias sí-viles (Roa Bastos dixit). Tras el ejemplo vivido en los últimos años, las actuales autoridades pueden afirmar esa imposibilidad con argumentos sencillos y a la vista. Tienen razón en su silogismo porque la primera premisa es que las deudas han de pagarse y la segunda es que todo debe ocurrir dentro del sistema capitalista. La conclusión es obvia. Sólo que ambas premisas son falsas: no han de pagarse deudas pactadas a nombre de una nación por quienes no representan democráticamente a su pueblo. El endeudamiento argentino a gran escala comenzó en su última etapa con la dictadura militar. Siguió con un gobierno radical domeñado. Continuó con un títere que tuvo el tupé de decir que si hubiera anunciado su programa, nadie lo hubiera votado.
Ningún demócrata de los que ahora exhiben su indignación republicana ha plantado la bandera de una auditoría exhaustiva del endeudamiento. Nadie parece recordar la evolución de la deuda desde 1976, de 5 mil a mucho más de 200 mil millones, tras pagar ínterin alrededor de 300 mil millones en ese mismo período.
Más sujeción al capital internacional
Ahora Argentina se “reconecta con el mundo”. Será una religación singular. En este punto la inflación proyectada para el año en curso supera el 40%, la recesión proyecta una caída de entre 1 y 2 puntos del PIB, el déficit fiscal ronda el 7%, hay un inmanejable desequilibrio de precios relativos. Este formidable desquicio, se afirma sin rubor, tendrá solución mediante los dólares que vendrán al país en función de mayor endeudamiento. Gobernadores de 11 provincias se han lanzado ya a tomar préstamos internacionales. El gobierno nacional prevé un relanzamiento de la economía precisamente a partir de créditos de organismos multilaterales y bonos colocados en el exterior.
Mientras tanto la escalada de precios y la oleada de despidos, ya en su tercer año de aumento sistemático, ha caldeado el clima social. Fue en reacción a esa dinámica económica dominante desde fines de 2011 que Macri ganó la elección. Sólo que en materia económica siguió el camino en picada desde el 10 de diciembre de 2015. El Presidente tomó nota de los riesgos latentes. Y anunció que a partir del próximo mes el índice inflacionario descenderá.
Recesión, caída del 8% en el consumo, tasas de interés al 38% y política de restricción de dinero circulante, no pueden tener otro efecto. Según informan los ministerios del área, al momento en que ceda el alza de precios se lanzará el ya reiterado plan de obras públicas y se bajará significativamente la tasa de interés. En el segundo semestre, aseguran, revertirá la tendencia y ya para 2017 el PIB crecerá entre el 5 y el 7%, según afirma Prat Gay.
Entre realidad y perspectiva hay una distancia que el gobierno de Cambiemos recorrerá en tensión extrema, cada día con la posibilidad de una cadena de estallidos y crisis de gobernabilidad. La probabilidad de un desenlace turbulento, objetivamente elevada, disminuye cuando se consideran dos factores clave: el conjunto de la burguesía, más las cúpulas sindicales y los aparatos políticos, están comprometidos con el éxito del gobierno de Macri; enfrente, el movimiento obrero carece por completo de organización y perspectiva propias. Las capas más pauperizadas y marginalizadas de la población, a su vez, ya no están encuadradas en estructuras con capacidad de movilizar y sus antiguas dirigencias carecen por completo de autoridad, aunque pueden todavía contar con recursos económicos. Por sobre este conjunto la Iglesia y el Papa actúan como factor de equilibrio, en favor del sistema y de sus propios intereses. El margen de maniobra de la burguesía es amplio.
En coincidencia con el pago a los buitres el Gobierno anunció la aceleración de un ambicioso plan de obras públicas, que tiene como base agua y cloacas, escuelas y viviendas, más obras hídricas imprescindibles, demoradas más allá de toda lógica (en este momento hay 40 mil evacuados por inundaciones y pérdidas por entre mil y 2 mil millones de dólares en la cosecha de soya y por muerte de ganado). También se reinicia la construcción de autovías largamente postergadas. Se anunció además la extensión de la asignación universal por hijo a 1,2 millones de niños; una suma por única vez de 500 pesos para jubilados, a quienes se les eximirá del IVA a los alimentos hasta un límite mensual de 300 pesos. Beneficios más retóricos que reales para paliar los efectos de la inflación y frenar el deterioro en la imagen pública del Presidente, que no obstante se mantiene por sobre el 50%.
En esa carrera contra el tiempo es improbable –aunque no imposible– que el régimen pierda el equilibrio antes de la gran disputa por las legislativas en 2017. El costo ya está medido: cuatro puntos de aumento en la pobreza, caída del salario real, escandalosa absorción de riqueza por parte del capital financiero internacional…
Política y corrupción
Mientras tanto un alud de denuncias por corrupción, con arrepentidos del gobierno anterior lanzados al “sálvese quien pueda”, convive con la angustia por el frenazo económico y la ostensible caída del consumo. A las revelaciones locales que sacuden día a día a la población se sumó el caso “Panama papers”, que involucró no sólo a personajes muy cercanos a la ex Presidente, sino también al actual mandatario y varios de sus más próximos colaboradores, que además están involucrados en la mega estafa con compra de dólares a futuro, por la cual un juez procesará a Cristina Fernández. Macri salió al cruce, negó toda responsabilidad en empresas montadas por su familia en paraísos financieros y se puso a disposición de la justicia. Los adláteres del Presidente, en cambio, no atinan a explicar sus conductas. La conclusión de franjas crecientes de la población es clara: extienden a todos los políticos el estigma de la corrupción.
Cuando América XXI esté en imprenta, el 29 de abril todas las fracciones sindicales se aunarán en un acto por el 1 de Mayo frente al monumento al Trabajo, cerca de la Casa Rosada. El símbolo es muy poderoso. Será, sin duda, una movilización que pondrá un signo diferente al cuadro actual de disputas interburguesas. El movimiento obrero, sin embargo, no definirá allí una política propia. Mientras cinco centrales con de trabajadores de muy diferente envergadura social y política recorren un camino que culminará el 22 de agosto con una recomposición de la estructura sindical, la clase trabajadora y la nación en su conjunto siguen pagando el precio obligado por la ausencia de una alternativa frente a la vertiginosa decadencia argentina.
