Brasil, tentado por una opción sudamericana

Confrontada a la paradoja del enorme poder y desarrollo económicos y la pavorosa exclusión social del país, y ante dos cruciales procesos electorales en el horizante cercano, una parte importante de la dirigencia brasileña, presionada por la agitación sindical y campesina, se inclina por explorar la vía de un mercado regional sudamericano autónomo, capaz de explotar al máximo las posibilidades de la región.

¿Crisis en Brasil? A la vista del flamante conglomerado de torres surgidas casi de la noche a la mañana a lo largo de la Avenida Berrini -prolongación, a unos diez kilómetros de distancia, de la tradicional Avenida Paulista, centro histórico en San Pablo de las finanzas y la gran industria- la respuesta sería una rotunda negativa. Por las espectaculares dimensiones de los edificios, el despliegue arquitectónico y el ostensible derroche de tecnología y riqueza, el «bairro Berrini» muestra un país pujante, opulento, satisfecho de sus incontables recursos y lanzado hacia el futuro con la misma audacia de los rascacielos que hienden el manto de polución, prueba ella misma de sobresaliente capacidad económica.

Otra será la impresión, no obstante, si la vista logra vencer la atracción de tanta magnificencia y mira en derredor, a nivel de las suntuosas veredas donde deambulan como espectros, en cantidades que asombran incluso a conocedores de las miserias de San Pablo, personas que de tanta carencia, han perdido incluso la condición de tales.

Brasil no es Malasia y San Pablo no es Kuala Lumpur, donde edificios igualmente desmesurados hacían ostentación del milagro de un país monoproductor de caucho transformado en el mayor fabricante de semiconductores del mundo, antes de que el sueño se transformara en pesadilla, tras el colapso de 1997, y dejara como legado incontables edificios vacíos y sin utilidad alguna(1). El «bairro Berrini» no surgió de la nada ni en un período de auge, sino en el momento crítico de una nación altamente industrializada y con enorme acumulación de riquezas. Sin embargo, entre ambos países hay en común más que una coyuntura crítica: la marginalización. El destino de abismo dantesco para millones de seres humanos está a la vista en Brasil con dimensiones asiáticas y relieves del primer mundo. Y esa dualidad apabullante penetra como una cuña irrefrenable también en la sociedad y en el gobierno.

«Dos corazones laten en mi pecho» podría decir, como Fausto, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. A diferencia del personaje de Goethe, sin embargo, el ritmo desacompasado del país un año y medio después de haber soltado amarras de la paridad fija de su moneda, no proviene de vacilaciones metafísicas sino de poderosas fuerzas materiales que, desde la cúspide del poder, pujan en sentido inverso: una, hacia un mercado único «de Alaska a la Patagonia», como gustan decir en Washington; la otra, en dirección a un bloque sudamericano, encabezado y hegemonizado por Brasil y objetivamente enfrentado con el proyecto estadounidense de aunar el mercado continental no ya bajo su predominio, sino incluso con una moneda única: el dólar.

Otros tres países del área penden a ambos extremos de esa cuerda en tensión: Chile y Argentina de un lado; Venezuela del otro. Ese complejísimo entramado de fuerzas -a menudo alimentadas por causas ajenas a toda planificación y control- tendrá una instancia acaso decisiva el próximo 31 de agosto, cuando en el palacio del Planalto se reúnan los presidentes de toda la América Latina y el Caribe, en respuesta a una invitación de Cardoso y en clara muestra de que, al menos en ese gesto, un corazón muestra mayor vigor que el otro.

La batalla está librándose en cada capital (los intentos por acelerar el paso de la dolarización en Ecuador; las convulsiones en Paraguay; el resquebrajamiento de la alianza que sostuvo a Alberto Fujimori en Perú, son apenas algunos de los ejemplos a la vista). Y desde luego no intervienen en ella sólo las autoridades locales y los embajadores de Washington. Recientemente, en Buenos Aires, el diario La Nación puso el dilema a debate con un titular a toda página en su edición dominical: «Match económico entre los bloques más poderosos: Estados Unidos contra Europa en la Argentina»(2). Rota la regla no escrita que indicaba no hablar explícitamente del tema, dos días después Clarín complementaba: «Ofensiva diplomática europea: Alemania impulsa una alianza estratégica con Latinoamerica»(3).

Sin embargo, para jugar el papel que le cabe al país de mayor peso regional en la definición de esa controversia crucial, Brasil deberá ante todo saldar la contradicción instalada en el seno del propio gobierno desde la conformación de la alianza entre el Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) y el Partido del Frente Liberal (PFL), acentuada por un novedoso factor externo luego de la devaluación del 13-1-1999.

Hasta esa fecha Cardoso había mantenido artificialmente el valor del real, con leves correcciones periódicas, en un sistema algo más flexible que la convertibilidad argentina pero basado en el mismo mecanismo. La aparente estabilidad que esta conducta monetaria suponía fue la clave para la victoria electoral de Cardoso en 1994 (el favorito hasta dos meses antes de los comicios era el candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Da Silva, «Lula») y continuaba siendo imprescindible para su reelección a fines de 1998. La ficción cambiaria era no obstante evidente y su sostenimiento produjo la fuga de unos 50 mil millones de dólares entre agosto y diciembre de 1998. Para sostener ese artificio mediante el endeudamiento interno y externo, las tasas de interés subieron hasta un 50%. El quinquenio del real «fuerte» le había costado a Brasil un aumento de su deuda pública de un 424%, pese a que, como en otras latitudes, simultáneamente se habían vendido empresas del Estado por unos 85 mil millones de reales, 30 mil de los cuales fueron destinados al pago de la deuda. Al momento de la devaluación el endeudamiento interno -a las tasas señaladas- se estimaba en un equivalente a 270 mil millones de dólares. El total de la deuda pública equivalía a mediados de enero de 1999 al 50% del PBI; entre enero y noviembre del año anterior se habían pagado 65.740 millones de reales (por entonces 1 dólar equivalía a aproximadamente 1,20 reales) sólo por intereses y con criterio unánime medios de prensa estimaban que para cumplir con sus compromisos externos e internos el gobierno necesitaría durante el transcurso de 1999 alrededor de 60 mil millones de dólares.

El poder financiero

Esta cascada de cifras siderales es necesaria para entender no sólo la exigencia impostergable de devaluar y frenar la fuga de divisas, sino también las condiciones en las que el presidente reelecto adoptó esa decisión. Porque es esa relación de fuerzas desfavorable al extremo la que explica un hecho sorprendente ocurrido dos semanas después: la asunción como presidente del Banco Central de Brasil de Arminio Fraga, quien al momento de su designación integraba el círculo áulico del magnate húngaro-estadounidense George Soros(4).

Luego de la sorpresa que enmudeció a políticos y analistas económicos, se sabría que dos ministros del gabinete (Pedro Malan, de Hacienda, y José Serra, de Salud, ambos militantes de izquierda en su juventud) se habían opuesto tenazmente a esa designación en los quince días posteriores a la devaluación, durante los cuales habían caído dos presidentes del Banco Central. Ambos ministros contaban con el discreto respaldo de la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) y, presumiblemente, el propio Presidente compartía esa posición. Pero el gobierno debía negociar con el FMI la efectivización de un préstamo excepcional de 42 mil millones de dólares, otorgado antes de la reelección de Cardoso para sostener las reservas mientras los capitales se fugaban en masa. Para liberar efectivamente el dinero, las autoridades del FMI querían garantías tan excepcionales como el monto en cuestión. Brasil conoció así por primera vez una práctica repetida en otros países del área: la llegada de una misión del FMI, que encabezada por el entonces vicepresidente Stanley Fisher, culminó una semana de controles con una conferencia de prensa en la que hizo exigencias escasamente originales: recorte de gastos, ajuste de tasas, privatización de empresas públicas, etc. A su lado, el ministro Malan lucía una forzada sonrisa.

Tras la «década perdida» de los años «80, entre 1990 y 1997 el PBI brasileño per capita había aumentado en total un 5% (0,6% anual), lo cual afectó duramente el nivel de ocupación(5). Pero la devaluación y su impacto múltiple sobre la economía acentuarían aún más el retroceso, dando lugar a una caída que recién comenzó a revertirse a comienzos de este año.

La destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en la industria coincidió además con despidos en el sector público, sumándose a la sistemática expulsión de mano de obra en el campo por obra de la tecnificación. Esta convergencia maléfica -sumada a la racionalización en empresas del Estado privatizadas- completaba un proceso iniciado una década atrás en cuanto a cambios en la organización del trabajo, aumento de la explotación relativa y absoluta y exclusión social: durante el período 1986-1997 «el trabajo legal se redujo en un 5%, mientras la ocupación en negro aumentó un 32% y el cuentapropismo saltó un 70% en relación con el nivel de 1985″(6). El llamado «sector informal» de la economía abarca al 54% de la mano de obra considerada como ocupada en San Pablo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife y Porto Alegre.

Medir el nivel de desocupación y subocupación reales para el total del país constituye poco más que un ejercicio vano. Con todo, son suficientemente elocuentes las cifras relativas a la región metropolitana de San Pablo: un promedio de las diferentes estimaciones -a menudo muy distantes entre sí- indica que antes de la devaluación de 1999 la desocupación superaba el 18%. Este proceso se inscribe además en una dinámica estructural que en los últimos 50 años hizo que las ciudades brasileñas pasaran de 12 a 130 millones de habitantes. Hasta mediados de los «80 el desarrollo económico, aun con sus deformaciones y contradicciones, permitía albergar -en favelas de indecible miseria y degradación, pero albergar al fin- ese flujo constante del campo a la ciudad. Pero en las dos últimas décadas, en coincidencia con la tecnificación de las labores agrícolas y la consecuente expulsión de mano de obra, los centros urbanos no sólo no absorben nuevos contingentes humanos, sino que se han convertido a su vez en expulsores.

La primera y más impresionante expresión de esta tenaza es esa masa de despojos humanos que -sobre todo en San Pablo y Rio de Janeiro- contrasta tan violentamente con su contrafigura: la opulencia extrema. La otra manifestación de la misma causa tiene un carácter diferente y completa el panorama del Brasil actual: la beligerante militancia de campesinos sin tierra y lo que aparenta ser -tras una década de pasividad- una nueva oleada de demandas económicas y sociales por parte de los trabajadores urbanos.

Sem Terra

El pasado 2 de mayo contingentes campesinos de todo el país, convocados por el Movimento Sem Terra (MST), ocupó edificios públicos (principalmente sedes del INCRA -Instituto de Colonización y Reforma Agraria- y Ministerios de Hacienda) en 23 de los 26 Estados de la Unión. En un país donde, por razones históricas y geográficas, jamás ha habido una huelga general que abarcara realmente a todo el territorio, este despliegue de capacidad de convocatoria y organizativa impactó no sólo en los políticos de las clases altas: el jefe de la bancada de diputados del PT, Aloizio Mercadante, emitió de inmediato un comunicado en el que repudiaba la acción, alegando la defensa de los bienes públicos.

Mientras eso ocurría en Brasilia, la ocupación de ministerios se llevó a cabo con el mínimo de violencia que presupone tal actitud, pero alcanzó un carácter diferente en el Estado de Paraná, donde el intento oficial de detener la columna de sem terra antes de su ingreso a la capital acabó en la muerte del campesino Antonio Tavarez. Podía ser la chispa que detonara el polvorín. La bancada del PT desautorizó a Mercadante y se solidarizó con el MST, y el gobierno central buscó rápidamente la conciliación, mientras un sector del establishment político y la prensa denunciaba que el MST se proponía iniciar la lucha armada y aludió a la existencia de campos de entrenamiento militar. Un funcionario del INCRA que requirió el anonimato sostuvo ante este enviado que se han detectado dos lugares donde se imparte instrucción militar a campesinos, supuestamente ubicados en el Sur de San Pablo y en Goias. El MST califica esta información como infundio provocativo, destinado a justificar acciones represivas contra el movimiento.

De hecho, la alarma oficial y opositora no reside en la posibilidad de la aparición de una guerrilla, sino en otra perspectiva, esta sí constatable y asumida por la dirigencia de esta organización: durante el último período, además de su fuerte arraigo entre los campesinos sin tierra(7) el MST avanzó hacia una nueva base de sustentación de masas: las inmensas favelas que rodean a todas las ciudades brasileñas.

Con todo, el MST no tiene aún verdadera presencia urbana, carece de expresión política (aunque la mayoría de sus principales dirigentes son miembros del PT) y no parece en condiciones de plantearse en el corto plazo la lucha por el poder. Su fuerza reside en la avidez de millones de desposeídos por un pedazo de tierra. Una demanda que aúna socialmente pero no tiene -ni aparentemente pretende tener, por el momento- un proyecto político propio. Tras el demorado fin de las ocupaciones de mayo se estableció una tregua que el MST dio por finalizada el 10 de junio. Ante esto, hubo una fuerte mediación de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que concluyó en una nueva reunión con los ministros de Desarrollo Agrario, Raul Jungman y Justicia, José Gresgori, el 21 de junio pasado. Allí se acordó postergar la adopción de medidas de acción directa, mientras el gobierno considera el petitorio presentado por los dirigentes campesinos: entrega formal de las tierras ya ocupadas por 150 mil familias, distribución de alimentos, duplicación del presupuesto oficial para la reforma agraria y créditos para los campesinos por 12.020 euros a pagar en 20 años(8).

Simultáneamente, la pasividad de los sindicatos urbanos, dominante desde hace casi una década y acentuada el año pasado pese al impacto de la devaluación, parece llegada a su fin: innumerables huelgas, entre las que se destacan la de los docentes universitarios y los empleados estatales de casi todo el país, acompañan una iniciativa tomada recientemente por la Central Unica de Trabajadores y acompañada por Fuerza Sindical, una expresión de las antiguas estructuras pelegas (burocráticas): la lucha por la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales. «La CUT calcula, con base en un estudio del Departamento Intersindical de Estadística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que de esta manera se crearían 1.300.000 nuevos puestos de trabajo»(9). Inesperadamente, mientras contingentes metalúrgicos hacían marchas y actos públicos en San Pablo, Porto Alegre y otras ciudades, desde París el presidente Cardoso aconsejó a empresarios y trabajadores seguir el ejemplo de Francia y acordar una reducción de la semana laboral(10).

¿Contraofensiva política?

El 3 de octubre próximo hay elecciones municipales en todo Brasil. Y en el 2002, presidenciales. El creciente malestar social exige sin duda gestos oficiales que neutralicen el sostenido crecimiento electoral del PT, que pese a su ostensible giro hacia posiciones conservadoras continúa receptando descontento. Los sondeos previos indican que Lula tendría nuevamente chances de disputar la primera magistratura. Frente a él se perfila Ciro Gómez, un liberal asociado al Partido Popular Socialista (PPS, remanente del antiguo Partido Comunista Brasileiro), a quien amplios sectores del establishment ya parecen haber señalado como preferido. Otros candidatos en la línea de largada son el ministro José Serra y el controvertido gobernador de Minas Gerais y ex presidente Itamar Franco.

Mientras tanto, el presidente Cardoso suma gestos indicativos de que, al mejor estilo político brasileño, sin romper con el cúmulo de imposiciones del gran capital financiero internacional, toma distancia y ensaya otro rumbo. Es que la endeblez de la perspectiva de recuperación económica no podría ocultársele a un equipo gobernante con altas calificaciones académicas. Tanto menos la gravedad de la cuestión social. Y entre ambas, la voz apagada pero potente de una burguesía industrial y comercial a la que también amenaza la crisis.

El presidente del Banco Central, que había anunciado a principios de año un crecimiento superior al 5%, reconoció días atrás que éste será menor al 4%(11). «Consultores y empresarios comenzaron a revisar las proyecciones para el año, a causa de las turbulencias en el mercado internacional. Las conclusiones decepcionan…» dice un análisis periodístico(12). El texto cita al economista jefe del Citibank, Carlos Kawal: «la incertidumbre del escenario externo va a continuar afectando a la economía brasileña». Brasil vende el 23% de sus exportaciones a Estados Unidos y el 30% a la Unión Europea. El enfriamiento de la economía estadounidense y la caída del euro se suman al temor por la inestabilidad bursátil y tienden un manto de pesimismo. Los más optimistas estiman para el año en curso un crecimiento de entre el 2 y el 4% del PBI. Pero aun ese magro avance estaría basado en la exportación, es decir que tendría escasa o nula repercusión en el aumento del empleo. «La crisis argentina también incomoda a varios sectores de la economía brasileña, como la industria automovilística, que tiene el 58% de sus exportaciones en manos de los argentinos»(13).

Esos guarismos y perspectivas toman carnadura a simple vista: aparte los indigentes, lo más visible en las capitales son las legiones de personas cuya tarea consiste en cuidar y limpiar la propiedad de otros. La delincuencia, la violencia callejera, la inseguridad pública, han llevado a Cardoso a lanzar un Programa Nacional de Seguridad que prevé el desembolso de 1700 millones de dólares hasta fin del 2002 y, entre otras cosas, pone a los militares en la calle(14). Sin opciones, el gobierno ha debido enfrentar incluso la oposición militar: «Falta el Estado en las calles, no el ejército», declaró el comandante de esa fuerza, general Gleuber Vieira, quien sostuvo además días antes de adoptada la decisión presidencial: «la intranquilidad de la sociedad parte de problemas de remuneración, de empleo, de falta de presencia permanente del Estado y de la asistencia a las poblaciones, que debilitan y abren espacio para el crimen organizado» (15).

¿Un general dándole lecciones de sociología al profesor Cardoso? Una paradoja más en un país donde abundan. Pero también un signo adicional de que, incluso con prescindencia de la voluntad del heterogéneo equipo que ocupa el Planalto, Brasil pugna por hallar una salida a la encrucijada. No hay duda de que ese es el sentido de la decisión de Cardoso de convocar una reunión de presidentes de los 12 países sudamericanos a fines de agosto.

Estos pasos hacia un bloque alternativo al Tratado de Libre Comercio (TLC: EE.UU. Canadá, México), que objetivamente se contrapone a la estrategia del Area de Libre Comercio Americana (ALCA), impulsada por EE.UU., ya provocó reacciones. El presidente mexicano Ernesto Zedillo protestó por el carácter estrictamente «sudamericano» de la reunión. «Un síntoma del grado de aprensión con el que México ve el primer ejercicio claro de liderazgo de Brasil en América del Sur… pero los mexicanos no fueron los únicos», estima un agudo comentario diplomático(16). Con toda razón. El secretario de Comercio estadounidense, William Daley, durante una conferencia en España admitió por primera vez que el plan de concretar el ALCA en el 2005 podría fracasar. «Si eso ocurre será por culpa de Brasil», dijo(17).

Los mayores beneficiarios de su política hasta el momento cargan otras «culpas» sobre los hombros de Cardoso. La más reciente es el cambio drástico del modelo de privatización en el sector eléctrico. El gobierno decidió vender en subasta pública las acciones del complejo Furnas (nueve usinas hidroeléctricas y dos termoeléctricas), lo cual deja en sus manos el control de la empresa y sienta un precedente que, aplaudido por políticos opositores al declinante «neoliberalismo», significa en cambio «un enorme retroceso» para «ejecutivos de empresas privadas, consultores e incluso grandes consumidores de energía»(18). Se trata de una medida inesperada, a contramano de la conducta mantenida hasta ahora por el gobierno, como lo revela el principal ejecutivo de otra compañía energética de gran porte: «quedamos atónitos con la noticia ; ese cambio refleja peleas intestinas en el gobierno y pone a todos los inversores con las barbas en remojo, pues es el resultado de presiones políticas contrarias a la privatización»(19).

Si la política exterior de un país es -como asegura la teoría- una prolongación de la política interna, esta suma de mudanzas acaso esté poniendo de manifiesto, además de una necesaria adecuación electoral, las múltiples y muy complejas derivaciones del conjunto de fuerzas que entran en colisión por la hegemonía de los mercados y que en este momento parecen inclinar la balanza a favor de una integración sudamericana. En todo caso, Brasil ya ha puesto en marcha importantes proyectos bilaterales con Venezuela.

1. «Sólo llevaría un año de acuciantecrisis financiera y económica paralizar aquellas grúas (con las quese edificaban fantásticos edificios «inteligentes») y destruiruna parte sustancial de lo que se había logrado, tanto en Malasia como enla mayoría de sus vecinos y asociados regionales». Pioneros y líderes de la globalización, Daniel Yerguin y Joseph Stanislaw, Javier Vergara Ed., Grupo Z, Buenos Aires 1999.
2. La Nación, Buenos Aires, 18-06-00.
3. Clarín, Buenos Aires, 20-06-00.
4. Como empleado de Soros, Fraga tenía un ingreso anual de 700.000 dólares; su salario en el Banco central sería de 8.000 reales mensuales, unos 50.000 dólares anuales. La prensa que sugirió con ese dato la presumible intención de Fraga, continúa acusándolo. Folha de São Paulo, 13-6-00.
5. Economía global e exclusão social; GilbertoDupas. Ed. Paz e Terra, San Pablo, 1999.
6. Ibid.
7. Luis Bilbao, «Sem Terra, un movimiento original», Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Septiembre1999.
8. El País, Madrid, 23-6-00.
9. Isto é, 14/6/00.
10. Esa posibilidad fue descalificada por O Estado de São Paulo, 8-6-00.
11. O Estado de São Paulo, 11-6-00.
12. Folha de São Paulo, 11-6-00.
13. Ibid.
14. Eleonora Gosman, Clarín, Buenos Aires, 21-6-00.
15. O Estado de São Paulo, 11-6-00.
16. Paulo Sotero, «Cúpula sul-americana preocupa mexicanos», O Estado de São Paulo, 11-6-00.
17. Idem.
18. Estado de São Paulo, 13-6-00
19. Idem.