Categoría: Artículos

 

A un año del asesinato del vicepresidente Luis Argaña y en el fragor de una ciega lucha por el poder, se ha hecho trizas el acuerdo entre las diferentes facciones stronistas y algunas de las antiguas víctimas de la ex dictadura paraguaya. En el caos político, las perspectivas para salir de la crisis, desde las elecciones de vicepresidente en agosto hasta un nuevo golpe de Estado, son diversas e inciertas.

 

En la madrugada del 23 de marzo de 1999 llegaban a Asunción 35 mil campesinos. La marcha por la reforma agraria, habitual desde hace años, tenía esta vez una demanda inmediata: condonación de las deudas de los pequeños propietarios. A esas horas era asesinado el vicepresidente Luis María Argaña, caudillo de la fracción stronista del Partido Colorado (PC), opuesta al presidente Raúl Cubas Grau. La noticia detonó una rebelión: a la exigencia campesina se sumó la irrupción de las clases medias urbanas con un hasta entonces inédito reclamo democrático, apuntado contra al hombre que ejercía el poder detrás del trono: el general Lino Oviedo.

El saldo de una batalla de tres días es conocido: siete jóvenes asesinados por francotiradores, centenares de heridos, renuncia de Cubas y su exilio en Brasil, fuga de Oviedo hacia Argentina, condonación de las deudas a los campesinos y entrega de la presidencia al titular del Senado, Luis González Macchi.

La opinión dominante en Paraguay -una victoria de la democracia- se trasladó al exterior. Un espejismo: González Macchi es un conspicuo stronista; en el gabinete conviven hombres que enfrentaron a la dictadura incluso desde fuerzas guerrilleras (como el titular de Agricultura, Luis Wagner), con ex ministros y altos funcionarios del octogenario tirano exiliado en Brasil.

«Lucho (González Macchi) comenzó a pagar las deudas políticas mediante los nombramientos a la Familia (de Argaña) o al Clan (entorno de Juan Carlos Galaverna, primero en la sucesión presidencial). Hasta fin de año no hubo un solo nombramiento importante que no fuese para pagar cuentas» explica en una entrevista surrealista Saúl González, padre del Presidente, refiriéndose al papel de su hijo en el reparto de cargos entre dos facciones coloradas(1).

 

De la «unidad nacional» al caos

La disputa por lugares de privilegio a la hora de privatizar empresas públicas -único punto de acuerdo entre los integrantes del gobierno- fue una de las causas que hizo trizas la «unidad nacional». Inicialmente fijada para noviembre, la elección del vicepresidente se postergó. Ante el hecho consumado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) exigió el 40% de los cargos. Como explica González padre, el presidente no podía acceder a esa demanda. Los liberales se retiraron del gobierno a comienzos de febrero. Sólo una pequeña fracción de ese partido, dirigida por Domingo Laino, apostó a la continuidad de González Macchi. El Encuentro Nacional (EN) se mantuvo formalmente en la coalición gobernante, pero con pocas excepciones sus líderes se apuntan en alguna de las diversas hipótesis que incluyen la destitución de González Macchi.

A despecho de su escaso peso económico y político, Paraguay vuelve a ser una pieza clave en la región, como cuando Gran Bretaña decidió someterlo a una guerra de devastación mediante la Triple Alianza de quienes hoy son sus socios en el Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Ironías de la historia: si en el siglo XIX Paraguay gravitó por su vigoroso desarrollo y la tenaz independencia de sus gobernantes, ahora son causas inversas las que lo ponen en el candelero. Más aún que en el pasado, la ubicación geográfica y el estado interno de este pequeño y empobrecido país le asignan un papel que lo excede; esta vez porque es en extremo vulnerable a «la cuña andina» (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú) de inestabilidad que compromete el equilibrio político del Cono Sur.

Corrupción rampante, creciente efervescencia social, descarnadas denuncias de una prensa belicosa hasta extremos inusitados -todo en medio de la parálisis oficial- son datos indicativos de un cuadro político en extremo volátil. Los poderosos grupos económicos formados al amparo de la dictadura y fortalecidos en la última década, se han fracturado hasta el punto de apelar a las armas entre ellos; ninguno puede ejercer su hegemonía sobre los demás y de ese vacío emerge un nuevo contendiente, todavía de rasgos imprecisos, en el que predomina la clase social mayoritaria en número y creciente en peso político: el campesinado, en pie de guerra por la reforma agraria.

Las facciones que once meses atrás formaron un gobierno de «unidad nacional» y sortearon la crisis provocada por el asesinato del vicepresidente Argaña, están hoy lanzadas en una carrera a ciegas por el poder. En aquella oportunidad fue la embajadora de Washington, Maura Harty, quien logró una alianza de los herederos explícitos del ex dictador Alfredo Stroessner (entre otras la corriente «argañista» y la encabezada por el ex presidente y poderoso hombre de negocios Juan Carlos Wasmosy), con algunas de sus víctimas durante décadas: el PLRA y agrupamientos de centroizquierda coaligados en el EN.

Sólo dos fuerzas quedaron fuera de aquel acuerdo: la Federación Nacional Campesina (FNC) y quienes en ese momento eran expulsados del gobierno que ejercían en nombre del general Lino Oviedo. En otro contexto y desde posiciones diferentes, otra vez se yerguen los actores de la crisis detonada el 23-3-99. La distancia entre aquella situación y la actual está quizá implícita en una noticia: a mediados de febrero pasado arribó a la capital paraguaya, como un bombero en emergencia, el general Philip Kensinger, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense.

La economía paraguaya tuvo un crecimiento cero durante el año pasado y previsible signo negativo para el 2000. Hay una desigualdad extrema en el reparto de la riqueza: el 62% de las explotaciones rurales tiene 10 hectáreas o menos y ocupa el 1% de la superficie rural, mientras el 1% de los establecimientos cuenta con más de 1000 hectáreas y cubre el 77% de las tierras cultivables(2). El país tiene una deuda externa de más de 2.000 millones de dólares para un PBI inferior a los 10.000 millones.

Una década de democracia no cambió las cosas: el salario obrero real, con base 100 para 1980, era en junio de 1999 igual a 110,9(3). La desocupación, del 14% según cifras oficiales, se eleva al 34% de acuerdo con datos confiables y supera el 60% si se le suma la subocupación. Una corrección a esta cifras: la «economía informal» (eufemismo para aludir al contrabando y la producción clandestina de todo lo imaginable: desde cigarrillos y whisky hasta armas y pasaportes) duplica, como mínimo, al PBI visible.

País agrario por definición, el Paraguay de las dos últimas décadas sufrió un proceso de acentuada urbanización e industrialización relativa, con un rasgo peculiar: las dos grandes obras hidroeléctricas que aceleraron ese paso -Itaipú y Yacyretá- se levantaron en sociedad con Brasil y Argentina respectivamente, aunando por un lado a los grandes grupos económicos paraguayos con ambos países y, a la vez, conectando a éstos con la realidad interna del socio menor. La jerarquía católica adelantó hace veinte años las perspectivas de esa dinámica: «En este proceso, surge por primera vez en nuestro país una clase obrera que aún no estructurada ni autoconciente, está llamada a desempeñar un creciente protagonismo social y político»(4).

Transcurridas dos décadas, el nuncio papal en Asunción, monseñor Antonio Lucibello, tiene que vérselas con aquellas fuerzas corporizadas y desatadas. Y toma posición: «los paraguayos siempre buscan peleas en vez de la unidad»(5). En uno de los puntos más conflictivos del país, la región de San Pedro, el obispo Fernando Lugo rompió lanzas con la FNC cuando denunció la existencia de armas en el asentamiento «Hachita» y promovió la intervención policial. En esa región, durante la última ocupación de tierras, en la estancia La Esperanza, cuatro campesinos murieron en enfrentamientos con la policía. Pero obtuvieron una victoria resonante: el 12 de enero pasado, un instante antes de la confrontación armada con el ejército y la policía, el gobierno cedió y les entregó 15 mil hectáreas. Ya están asentadas allí 1.300 familias. «Ocupar, producir, resistir», son las consignas de la Federación Nacional Campesina. Lo han hecho en 147 mil hectáreas, obtenidas en 10 años.

 

Una constante ebullición

En la ebullición social que precipitaría el debilitamiento y reemplazo de la dictadura, la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT, controlada por el Partido Colorado) fue desbordada y se crearon la Central Unica de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Asociada a la corriente socialdemócrata del sindicalismo internacional la primera y con predominio socialcristiano la segunda, ambas organizaciones albergan corrientes más radicalizadas. En las últimas semanas estas centrales resultaron a su vez rebasadas por una nueva formación, el Frente Sindical y Social (FSS), estructurado en torno a sindicatos de empresas del Estado bajo la amenaza de privatización. El FSS y la Central Nacional Campesina e Indígena (CNCI) realizaron el 12 de febrero pasado un Congreso Popular, del que participaron dos mil delegados. La asamblea aprobó una marcha campesina y una huelga general para el 23 de marzo -aniversario del asesinato de Argaña – y decidió exigir inmediatas elecciones generales (no sólo para reemplazar al vicepresidente) y una Asamblea Nacional Constituyente. Sindicalistas y políticos de otras corrientes señalan a esta flamante organización como instrumento de liberales y oviedistas y le atribuyen escasa representatividad y capacidad de movilización. Como quiera que sea, el FSS tomó la delantera en el terreno político y puso a las restantes organizaciones gremiales ante la exigencia de definir una posición.

En esta tarea se empeña una coalición de organizaciones integrantes de una Mesa Nacional de Reconstrucción de las Fuerzas Populares. Allí buscan un punto de unidad la FNC, la CNT, la Central Sindical Campesina, el Movimiento de Juventud Campesina Cristiana, la Organización Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares (los «sin techo»). Se trata de un amplio bloque social y político en torno de los exponentes más representativos del campo y la ciudad, donde confluyen además un sindicato docente y una federación de médicos de reciente formación.

Una anécdota grafica el clima imperante en Asunción. A las seis de la mañana, en la sala de espera del ministro de Defensa Nelson Argaña, decenas de personas aguardan turno para hablar con el hijo del ex vicepresidente asesinado y hermano del candidato a futuro vicepresidente. Desfilan con aires de conjurados y gestos reveladores de más dudas que determinación.

«No hay inestabilidad» asegura el ministro a este enviado. «Eso es propaganda de ABC, el diario de la mentira, el diario de Oviedo». Según Argaña, en las fuerzas armadas no hay el menor atisbo de indisciplina. Además hay un acuerdo unánime con las reformas estructurales propuestas para todos los ejércitos latinoamericanos por las autoridades estadounidenses. No hay motivos de inquietud. «Hay hambre porque hay corrupción», admite el ministro. «Eso se resuelve con democracia e inversiones. Las elecciones de agosto garantizan esa perspectiva. En cuanto a Oviedo, lo tenemos acorralado», asegura Argaña. «Le queda la alternativa del terrorismo o el suicidio», concluye. A poca distancia del ministerio está el Congreso. En la Cámara de Diputados este enviado es recibido esa misma mañana por miembros de la bancada oviedista. «Entrevistar al general es posible, pero toma algunos días», dice un legislador. Y ofrece a cambio un contacto telefónico. Disca un número en el teléfono de su despacho: «Jefe, aquí un periodista extranjero quiere hablar con usted». A lo largo de 55 minutos, Oviedo explica su posición, luego de recordar que ha estudiado en la Escuela Konrad Adenauer y que no es «un inepto y un ladrón como los actuales gobernantes». Sin prisa, Oviedo se explaya: «el ministro de Justicia es odontólogo y el de Agricultura un químico», dice. «Mis prisioneros de 1989 son los que están gobernando» agrega, con otra alusión incontrovertible: él fue quien con una pistola en una mano y una granada en la otra rompió el cerco que protegía a Stroessner y lo tomó prisionero junto con sus principales colaboradores. «Veo muy malo, muy negro, muy crítico el futuro inmediato de Paraguay», dice el hombre al que el ministro de Defensa considera al borde del suicidio y de quien las autoridades aseguran ignorar el paradero.

 

Danza de hipótesis

Además de la oficial, que prevé elecciones para la vicepresidencia el 13 de agosto y apuesta a la victoria de Félix Argaña, hijo del asesinado vicepresidente, se barajan varias alternativas para resolver la crisis política. El PLRA lanzó una ofensiva destinada a lograr elecciones generales en plazos perentorios. Pretende, con argumentos válidos, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la permanencia del presidente González Macchi hasta el 2003. Con reserva de identidad, algunos de sus dirigentes admitieron ante este enviado que si esa hipótesis fallara, la opción sería alentar a militares para forzar la caída del Presidente.

Aunque resulte paradojal, esta táctica coincide con la del general Lino Oviedo. «Este gobierno se cae; no llega a agosto», dice el diputado Luis Villamayor, representante de esa corriente. Y continúa: «(a González Macchi) le quedan dos posibilidades para no terminar en la cárcel: renunciar y entregar el gobierno al presidente del Congreso, quien debería llamar a elecciones en 60 días, o un golpe de Estado. Aquí hay una competencia entre grupos para ver quién da primero el golpe». Villamayor asegura que las organizaciones sindicales «tienen demasiada fuerza para la salud del país» y fueron y son manipuladas por colorados y liberales contrarios a Oviedo.

Un ex obrero metalúrgico, Eris Cabrera, defiende no sólo el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sino su compromiso directo en la conformación de un futuro gobierno. «No hay salida en este marco; la reforma agraria y las medidas de fondo necesarias para salir de este desastre sólo pueden ser llevadas a cabo mediante la participación democrática y masiva de los campesinos, los obreros, los estudiantes y el conjunto del pueblo». Cabrera es actualmente secretario general del Movimiento Revolucionario Popular Paraguay Pyahurá (Nuevo Paraguay), un partido marxista fundado cinco años atrás.

Entre estos bloques se ubica el Partido Encuentro Nacional, frustrado intento de constituir una poderosa coalición a la vez progresista y confiable para los centros de poder locales y extranjeros, hoy fracturado entre quienes defienden la continuidad de González Macchi y quienes demandan la ruptura con el gobierno. «Sí, es verdad, casi todo el mundo está conspirando», admitió a este enviado el senador Benigno Perrota, un veterano luchador del Partido Febrerista, comprometido con la reforma agraria y las libertades democráticas. Visiblemente incómodo en su actual papel, Perrota toma distancia de las alternativas de resolución inmediata, asegura que el espectro partidario tradicional está perimido y aboga por la creación de una nueva fuerza de masas definida por un programa de «liberación integral de nuestro país».

Hay otra hipótesis, de la cual nadie habla, con excepción del diputado liberal Luis Ferrás, quien el sábado 19 dijo en un acto público que un cambio de gobierno sólo será posible a través de «una revolución armada donde haya ineludiblemente derramamiento de sangre»(6). Por si faltasen ingredientes conflictivos, Stroessner rompió el silencio guardado durante una década y anunció que está programando su retorno a Paraguay.

1. La Opinión, Asunción, 16-2-00.
2. Censo Agropecuario Nacional, 1991.
3. CEPAL, Santiago de Chile, informe actualizado al último trimestre de 1999.
4. Plan de Pastoral Orgánica, Conferencia Episcopal Paraguaya, 1981.
5. La Nación, Asunción, 18-2-00.
6. Noticias, Asunción, 22-2-00.

 

Como un vendaval, el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones venezolanas de diciembre de 1998 redujo a escombros el sistema político representado por socialcristianos y socialdemócratas. Anatematizado por su maltrecha oposición y por el establishment internacional como golpista, dictatorial, caudillo populista, Chávez promueve una reforma constitucional respetuosa de los derechos y de formulación avanzada, una alianza petrolera con Brasil y la justicia para su empobrecida población, que lo apoya pero sigue huérfana de organizaciones sociales movilizadoras.

 

Energías contenidas o desviadas durante dos décadas, reaparecen de manera tumultuosa, indefinida, corporizadas en la figura del presidente Hugo Chávez. Con la derrota electoral que su partido, el Polo Patriótico, le infligió el 6-12-98 a una apresurada coalición de todos los partidos que gobernaron Venezuela durante medio siglo, se desplomó un régimen y comenzó una revolución política que avanza «a velocidad endemoniada», como admitió Chávez a este enviado en su despacho del palacio Miraflores, ya entrada la noche de un caluroso domingo, con gesto a la vez revelador de una dura jornada de trabajo y del peso que supone su afirmación.

Basta recordar que los derrotados son Acción Democrática (AD) y Copei, los partidos de Carlos Andrés Pérez, titular durante años de la socialdemocracia en América Latina, y Rafael Caldera, el más exitoso de los socialcristianos en el continente, para concluir que se derrumbó mucho más que el andamiaje de poder venezolano. Primeras consecuencias de esta onda expansiva: el Congreso paralizado y vacío de contenido; 123 jueces procesados y suspendidos por la Asamblea Nacional Constituyente; otros 230 esperando su turno (hay 3.300 denuncias en la Judicatura); la Suprema Corte de Justicia desarticulada; la principal central sindical, controlada por AD, asediada por las corrientes opositoras e incapaz de apelar a las bases para sobrevivir…

Con este proceso en curso, en el país de Simón Bolívar afloran corrientes subterráneas anunciadoras de alteraciones trascendentales a una escala que excede con largueza la geografía venezolana: en diez meses se reconstituyó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el barril de crudo aumentó alrededor del 300 por ciento, con el impacto que esto supone para la economía mundial. Al mismo tiempo, un brutal giro de los ejes geopolíticos del hemisferio pone en cuestión el significado estratégico del Mercosur para proyectar una nueva línea, con apoyo en Brasilia y Caracas.

Es curioso: frente a este cúmulo de fenómenos que reclaman información, análisis y debate, el tema excluyente parece ser la vocación democrática o dictatorial de Hugo Chávez. Por cierto, esta figura que irrumpió con inusitado vigor en el escenario latinoamericano está cargada de incógnitas y no carece de rasgos contradictorios que generan dudas. Pero filosofías de la historia al margen, el individuo se eclipsa ante la magnitud del colapso político venezolano, el curso posible de las fuerzas desatadas y el impacto previsible sobre la región.

«Chávez lleva a Venezuela a una dictadura; pero su punto fuerte es que nos ha ganado con nuestras propias reglas» dice un alto dirigente de Acción Democrática, quien admite: «nuestro partido está destruido». Aunque habla con gesto de resignación escudándose en una promesa de anonimato, este hombre parece confiar en que la contraofensiva con base en la denuncia de deslizamiento hacia un régimen totalitario tendrá efecto «desde el exterior hacia adentro; el mundo comprenderá más fácil que este pueblo ganado por el populismo y la demagogia» dice.

Esta suerte de rendición en el frente interno es explicable. De hecho, las imputaciones de totalitarismo y el fantasma de la dictadura fueron consignas centrales ya durante la campaña electoral en 1998: a medida que los sondeos indicaban el crecimiento de la candidatura de Chávez, sus contrincantes acentuaron el rasgo más conocido del naciente líder: su condición de militar alzado en armas contra el régimen institucional.

Táctica sencilla, porque Chávez en ningún momento renegó de su conducta. En 1995, a poco de salir de la cárcel, el teniente coronel retirado, derrotado y aislado, decía: «Creo que todos esos partidos políticos que apoyan a Caldera sólo se están montando en el mismo barco para hundirse, ya que tienen una minoría de apoyo del pueblo, y el país está muy alejado de ellos. Nuestra preocupación es no aislarnos con ese país. No nos importa estar aislados de un país ficticio (…) Es posible que digan: aislamos al Movimiento Bolivariano Revolucionario-200 (MBR-200, transformado ahora en Movimiento V República a los efectos electorales, Ndlr) o a Chávez, pero yo creo que el sistema tiene jaque mate (…) por eso han lanzado una campaña salvaje de difamación contra nosotros, para tratar de sacarnos del tablero de juego, por no aceptar sus reglas, su imposición, y nuestras reglas no escapan de la vía violenta, seguimos creyendo en ella»(1).

No cambió el tono tres años después, cuando a la cabeza de una heterogénea coalición apoyada en el MBR-200 y numerosas fracciones de izquierda, Chávez decidió presentarse como candidato a presidente: apeló a la célebre noción de Clausewitz, según la cual la guerra es la continuación de la política por otros medios, pero invirtió los términos: «también podemos decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios»(2). A la luz de los hechos, dos puntos quedan hoy fuera de discusión: su capacidad para saber dónde estaba el país real y la frontal honestidad en la denuncia al sistema, clave sin duda del volcánico desplazamiento en la conducta política de las mayorías.

Con la totalidad de la prensa apoyándose en ésta y otras definiciones aún más crudas, el candidato crecía cuanto más se lo atacaba como «enemigo de la democracia», puesto que a ésta se la identificaba con el régimen vigente. Como prueba de imprevisión y desesperación, AD y Copei retiraron sus candidatos cuatro días antes de las elecciones para apoyar a Salas Romer, un político que había ganado espacio para una nueva formación partidaria denunciando como corruptos e incapaces… a adecos y copeyanos. El 6 de diciembre, Chávez obtuvo el 56,3% de los votos, contra el 39,9% de todos sus enemigos aunados. Intrincadas teorías respecto del papel de los medios de comunicación como barrera insuperable para ejercer una política de oposición radical cedieron ante el efecto arrollador de una realidad más dura que las muy duras expresiones de Chávez: en Venezuela, un país ubérrimo, entre los principales exportadores de petróleo en el mundo, proveedor de la mitad del crudo que importa Estados Unidos, el 80% de la población está en situación de pobreza y el 46% en situación de pobreza estructural y pobreza extrema; la desocupación ronda el 20% y la capacidad instalada ociosa supera el 50%; la deuda externa privada y pública es de aproximadamente 35 mil millones de dólares.

Traccionado por semejantes fuerzas, el torbellino no ha cesado de crecer desde entonces. En la ceremonia de asunción del cargo, el 2 de febrero, el nuevo presidente juró «por esta Constitución moribunda» y acto seguido convocó a un referéndum para rehacerla: el 25 de abril obtuvo el 75% de los votos. En julio, cuando convocó a la ciudadanía a las urnas por tercera vez en seis meses para elegir diputados constituyentes, el 92% de los votantes, sobre la base de un 60% de abstención, se pronunció a favor de los candidatos respaldados por el presidente (127 sobre 132 integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC).

«Cayó la tiranía» tituló el 26 de julio El Correo del Presidente (un diario que había entrado en circulación veinte días antes), devolviendo la moneda a la totalidad de la prensa, estupefacta pero irreductible en su denuncia al «chavismo». Desde una u otra óptica el saldo es indiscutible: un régimen inconmovible durante medio siglo hecho escombros en medio año.

 

Una política de largo alcance

«Comienza la revolución», declaró Chávez refiriéndose a la instalación de la ANC (3). Acusado de fascista «carapintada» tanto en Venezuela como en el exterior por casi toda la prensa, denunciado como «agente cubano» por el coronel Mohamed Seineldín (jefe de aquella corriente del ejército argentino), satirizado e insultado por Mario Vargas Llosa, Carlos Montaner y otras muchas plumas reconocidas de la gran prensa internacional, descrito en Argentina como remedo del presidente Carlos Menem (4), identificado luego con el presidente peruano Alberto Fujimori y anatematizado por la mayoría de las corrientes de izquierda, no resulta sencillo definir el carácter del fenómeno que lidera el ex teniente coronel, incluso si se admite su concepto de «revolución pacífica».

La dificultad se acrecienta porque la explosión de fuerza evidente en las urnas no se corresponde con la movilización social y, en ausencia de un movimiento de masas organizado y militante, el ritmo y curso de los acontecimientos derivan ante todo de las decisiones del presidente y el círculo más íntimo de sus colaboradores, entre los cuales descuellan sus ex compañeros de conspiración en las fuerzas armadas. Chávez, por lo demás, no facilita la labor. Aparte sus pronunciamientos en el terreno ideológico (ver recuadro), su conducta de singular versatilidad deja espacio para que cada quien crea que está ante un pragmático sin contacto alguno con objetivos asimilables a una revolución, o frente a un hábil conductor, sensible a las relaciones de fuerzas contemporáneas. Pero al margen de presunciones e impresiones, el anteproyecto de Constitución presentado con su firma de Presidente, luego de jurar nuevamente su cargo ante la ANC, ofrece elementos indicativos de una política de largo alcance.

«Ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República» es el título del documento, fechado el 5 de agosto (5). El acápite titulado «Desaparición forzada de personas», además de condenar esta práctica en cualquier circunstancia sostiene: «El funcionario que reciba una orden o instrucción para practicarla tiene el derecho y el deber de no obedecerla y denunciarla». Bajo el acápite «Derecho a la igualdad y la no discriminación», puede leerse: «No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, la edad, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la orientación sexual, la discapacidad y condición de salud y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de todas las personas».

Aquí, como en todos aquellos artículos que tratan cuestiones altamente conflictivas en el mundo contemporáneo (derecho al trabajo, a la salud, a la educación gratuita, a la vivienda, etc), al artículo descriptivo de los derechos le sigue otro que afirma: «El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados».

«Derecho a la libertad de pensamiento y expresión» es otro acápite, con tres artículos, encabezados por el siguiente: «(…) este derecho comprende la libertad de buscar y refundir información e ideas de toda índole, sin consideración de frontera, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio de este derecho no puede estar sujeto a censura previa».

Nadie puede garantizar la voluntad oficial de aplicación futura de estos preceptos. Pero bastan dos horas de permanencia en cualquier ciudad venezolana para comprobar que una prensa agresivamente opositora ejerce sus derechos, desde ya, hasta límites sorprendentes, tanto en diarios, como radios y canales de televisión. De hecho, el único medio de prensa que resulta dificultoso obtener, incluso en el centro de Caracas, es El Correo del Presidente….

El acápite «Derecho a la alimentación» señala que «Toda persona tiene derecho a acceder a una alimentación suficiente adecuada. El Estado garantiza el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. El Estado tomará todas las medidas necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria de la Nación». Un tema de especial actualidad, el relacionado con el trabajo, es tratado como sigue: «Todas las personas tienen derecho al trabajo. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener colocación que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice la plena efectividad de este derecho. Es fin del Estado eliminar la desocupación y el subempleo (…) Los derechos laborales son irrenunciables. Será nula toda acción, acuerdo o estipulación que implique renuncia, disminución o menoscabo de estos derechos (…) La jornada laboral diurna de trabajo no excederá de ocho horas diarias ni de treinta y cinco semanales. La ley establecerá las excepciones. Ningún empleador podrá obligar al trabajador o trabajadora a laborar horas extras. Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada, dentro del interés social y en el ámbito que se determine, y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre».

 

Hacia la V República

Bajo el título «Eliminación del latifundio», un escueto artículo establece: «El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente a su eliminación». Sobre el sistema económico: (…) «El sistema económico venezolano rechaza los extremismos dogmáticos y su desarrollo autogestionario se ubicará en un punto de equilibrio entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado, entre lo nacional y lo internacional (…) deberá fortalecer la autonomía del país, mediante la defensa y el racional aprovechamiento de los recursos naturales y materiales, facilitando y promoviendo la participación de nuestros recursos humanos». «El Estado protegerá la iniciativa privada sin perjuicio de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la economía e impulsar el desarrollo integral del país». «La República Bolivariana de Venezuela es propietaria de las riquezas del subsuelo y tendrá como obligación mantener bajo su control la explotación, transformación y en general la producción de aquellas indispensables para el bienestar y seguridad económica de la nación». «Quedan reservadas al Estado las actividades de exploración, explotación, transporte, manufactura y mercado interno de los hidrocarburos líquidos (…)».

No es posible interpretar el curso de una transformación política -para no hablar de una revolución- sobre la base de un anteproyecto de Constitución; mucho menos por anticipado. Con todo, es imposible desconocer la significación actual y potencial -no sólo en Venezuela- de estas definiciones. Tanto más si toman carnadura cotidiana y se sostienen en el tiempo.

Esa es, por cierto, una de las mayores incógnitas. El tiempo se aceleró. A poco de instalada la ANC desapareció la distancia entre dos épocas, entre las instituciones ya perimidas y las nuevas aún no consolidadas. Mientras tanto, se acentuó la crisis económica y la imagen internacional del gobierno de Chávez cayó como plomo, aunque las encuestas continuaron registrando un apoyo interno de entre el 70 y el 80% al Presidente. Paradoja difícil de asumir, porque el azote de la recesión provoca un malestar generalizado, palpable en la calle. En los planes iniciales la ANC tenía seis meses para redactar la nueva Carta Magna. A mediados de agosto, tras un episodio insignificante pero magnificado y distorsionado ante la opinión pública mundial, en el que diputados del Congreso aparecían reprimidos por un régimen dictatorial, el Polo Patriótico comprendió que no contaba con tal plazo. La ANC puso marcha forzada y el texto final está a punto de ser presentado a la sociedad.

Según lo planificado, se entregará una copia a cada venezolano y se promoverá el debate popular. Tras algo más de un mes de difusión, hacia fines de diciembre habrá un nuevo referéndum destinado a aprobar o rechazar la Constitución de la V República. Luego, en enero, una quinta convocatoria electoral deberá renovar todas las autoridades ejecutivas y legislativas. Incluso la primera magistratura. Chávez tendrá antecedentes golpistas, pero no hay un solo Presidente latinoamericano que pueda exhibir mayor transparencia.

¿Hay riesgo de que la población no responda positivamente? Preguntamos al presidente Chávez. «Siempre hay riesgos. Pero los riesgos se miden, se evalúan y se enfrentan. El pueblo venezolano ha venido elevando muchísimo su nivel de conciencia. Los engañadores de todas las horas, como los llamaba Gaitán, se estrellan de manera permanente contra una conciencia colectiva. Se han estrellado miles de millones de dólares en campañas de difamación, de terror. Esa conciencia se ha fortalecido mucho. Y tenemos pueblo para rato. Yo mismo estoy sorprendido con los resultados de las últimas encuestas, porque el gobierno se desgasta mucho. No es lo mismo estar en la oposición, en la calle, con el pueblo, protestando, que ser gobernante y recibir millones de quejas y no poder solucionarlas todas, en medio de una crisis espantosa. A pesar de eso, el apoyo popular al gobierno ha aumentado. Eso significa que aquella conciencia es roca; no es una espuma que subió en un momento determinado».

Esta confianza no excluye la certeza de la urgencia. Interrogado acerca de las medidas para atacar los efectos sociales de la crisis Chávez responde: «Nosotros tenemos una visión de largo plazo, pero no queremos caer en uno de los grandes defectos del pensamiento estructuralista, que tiene dificultad para mirar el corto plazo. Le ponemos mucha atención al corto plazo. Porque de eso dependerá que llegemos al mediano. Y del mediano al largo. Un puente hacia el camino. Los paliativos tocan lo estructural, pero marchan sobre lo coyuntural. Por ejemplo el Plan Bolívar 2000, un plan de atención inmediata, de emergencia, a los más necesitados, a los que más han sufrido los nefastos resultados de las políticas neoliberales de los últimos 10 o 15 años. Se trata de utilizar todos los recursos del Estado, civiles y militares, científicos, tecnológicos, financieros, para atender a ese 80% de pobreza, de marginalidad, hasta donde podamos. Ya tenemos seis meses con ese plan. Se han incorporado unos cien mil militares y civiles, hombres y mujeres, especialmente jóvenes, voluntarios, profesionales, médicos, que colaboran los fines de semana sin cobrar un centavo; personas que tienen propiedades y están donándolas para construir viviendas, hospitales, ambulatorios, atención a los ancianos, a los marginales, los niños de la calle. Acabamos de inaugurar el Banco del Pueblo para atender el desempleo, impulsar la empresa familiar. En la educación incorporamos un universo de 600 mil niños que no estaban yendo a la escuela, que estaban en la calle, sin atención de ningún tipo, y empiezan este año sus cursos. El programa Bolívar 2000 es en resumen el gran proyecto social en la coyuntura».

 

Otros frentes de tormenta

No hay desmesura en la efectividad de este plan articulado sobre la estructura de las fuerzas armadas en la calle y en función social. Allí estriba la popularidad del Presidente. Pero la operación tiene también otro objetivo: neutralizar la oposición interna militar, dificultar toda capacidad de reacción de aquellos mandos que en 1992 vencieron a Chávez y lo enviaron a la cárcel de Yare, pero también de otras franjas, ya claramente delineadas en la oposición.

Dos nombres sobresalen en este sector. El ex teniente coronel y actual gobernador del Estado de Zulia, Francisco Arias Cárdenas, miembro fundador del MBR, del que se apartó para ser candidato a gobernador por el partido Causa R, es uno de ellos. El otro, Francisco Visconti, encabezó la sublevación de la fuerza aérea en noviembre de 1992 -apoyada desde la prisión por Chávez y Arias- también rápidamente sofocada.

Desde posiciones diferentes -Visconti ocupa la derecha en la ANC- ambos parecen encaminados a ahondar sus diferencias con Chávez. Imposible medir hoy cuánto gravitan sobre las fuerzas armadas y hasta qué punto están dispuestos a reencontrarse con los restos del antiguo régimen para enfrentar al gobierno.

La cúpula sindical es el otro flanco de riesgo para el Polo Patriótico. Su distanciamiento de las bases no niega el poder efectivo de presión y, en otra coyuntura, de movilización. Algunos diputados constituyentes propusieron intervenir sindicatos y centrales y convocar a elecciones. Pero la iniciativa fue rápidamente descartada. El Frente Constituyente de los Trabajadores (un bloque de integrantes de la ANC con representación sindical), impuso el criterio de autonomía y encamina un referéndum en las bases de las cuatro centrales existentes para aprobar o rechazar la propuesta de creación de una organización sindical única, con autoridades surgidas de una elección conjunta.

En este entramado de conflictos internos no faltan lazos con otro frente de tormenta: las relaciones internacionales. No es menor en este orden la cuestión económica. El Programa económico de transición 1999-2000 comienza con esta advertencia: «El servicio de la deuda pública representa alrededor del 30% del gasto del gobierno central. Tal situación, unida a la recesión económica, obligará a nuevos endeudamientos y a una imperiosa necesidad de refinanciar, reestructurar o renegociar los compromisos contraídos fuertemente concentrado entre los años 1999 al 2008» (6). Sin embargo, más inmediato y candente es el choque político con Estados Unidos. El centro visible de ese conflicto reside en Colombia. La postura que Chávez expuso a LMD no deja lugar a dudas: «Rechazamos y rechazaremos de la manera más firme, categórica y enérgica posible la pretensión de una intervención militar en Colombia, que abarcaría a Venezuela también. El conflicto está por debajo, es como el agua: no hay un límite para el agua en el mar. Es un conflicto que desborda a Colombia. Y en eso coincidimos de manera firme con el gobierno del presidente Cardoso y así lo hemos hecho saber».

Cabe la hipótesis de que esta situación, con el dramático desarrollo que supone, tenga origen en otra fuente de conflictos entre el nuevo régimen venezolano y la Casa Blanca: reaparición de la OPEP, (en marzo próximo los presidentes de los países integrantes de esa organización paralizada durante décadas se reunirán en la capital venezolana), con el consiguiente aumento en flecha del precio del petróleo (para contrarrestarlo Estados Unidos decidió vender parte de sus reservas); intento de crear Petroamérica con Brasil por acuerdo o fusión de las estatales Petrobras y PDVSA; irrupción de Caracas como factor revulsivo en un ordenamiento geopolítico regional que parecía consolidado y en pocos meses sufrió cambios imprevistos y trascendentales…

Es incierto el rumbo que adoptará Chávez cuando estos múltiples hilos se anuden y pretendan atarle las manos. En junio de 1998, respondía ante una hipótesis extrema: «Estamos en capacidad de dar respuesta a una declaración de guerra (…) Las fuerzas armadas chilenas no son las venezolanas ni Hugo Chávez es Allende (y no me refiero al hombre -tengo un gran respeto por la figura histórica de Allende- sino a las circunstancias). Allende no tenía ejército» (7).

Chávez tiene también otras definiciones contundentes: «¿Cómo concebir a un Bolívar sin la masa? ¿Cómo concebir a Lenin sin los bolcheviques? ¿Quién va a mover solo un imperio como el español? ¿Sucre, Páez, Bolivar? Sin la masa jamás hubiese sido posible. Simón Rodríguez lo decía: la fuerza material está en la masa, la fuerza moral está en el movimiento» (8).

Ante un porvenir que apresura su llegada se replantean también otros conceptos del Presidente venezolano, confesados cuando recién salía de la cárcel: «Siento la amenaza de las viejas tendencias, en todas partes, en gente que tú pensabas, creías, o creíste que tenían concepciones distintas y resultaron el mismo virus de los partidos tradicionales. Si a algo le tengo terror es a eso, a verme dentro de 20 años convertido en un gobernador, alcalde o presidente, utilizando lo mismo que tú creías combatir o que de verdad en una ocasión combatiste. Lucho conmigo mismo para no dejarme arrastrar por las corrientes» (9).

No son tentaciones las que le faltan para abandonar la identidad de «revolucionario» que esgrime con satisfacción. Hasta la Casa Blanca combina mano dura con gestos de seducción; «las viejas tendencias» no cesan su labor. El año 2000, una vez aprobada la ANC y ratificadas las autoridades, comenzará de verdad el combate (y la cuenta atrás) del presidente venezolano en múltiples frentes, ante adversarios poderosos y simultáneos. Es el escenario más temido por quien conoce las leyes de la guerra.

1. Agustín Blanco Muñoz, Habla el comandante, Fundación Cátedra Pío Tamayo. Centros de Estudios de Historia Actual. Universidad Central de Venezuela. Este libro registra conversaciones de Chávez con Blanco Muñoz, historiador marxista, entre fines de marzo de 1995 y mediados de 1998.
2. Ibid. pág. 536.
3. Correo del Presidente, 2/7/99.
4. «Chvez, el menemismo tardío» , Clarín 15/7/99.
5. Publicado como folleto de amplia distribución, como suplemento de El Correo del Presidente el 17-8-99 y disponible en la página web http://www.venezuela.gob.ve.
6. Programa económico de transición. 1999-2000. Oficina Central de Información. Caracas.
7. Habla el comandante, pág. 586.
8. Ibid; pág. 423.
9. Ibid; pág. 175.

 

 

Decenas de miles de personas, llegadas desde todo el inmenso territorio, se concentraron a mediados de agosto ante la sede del gobierno, en Brasilia. Los Sem Terra se instalaban frente a la sede del poder. El desenlace inmediato de esta prueba de fuerzas es menos relevante que la lógica puesta en movimiento por esos millones de campesinos desamparados, pero con una idea precisa de sus derechos y lugar en el mundo.

 

Eligieron identificarse por lo que no tienen. Decisión chocante en tiempos de fetichismo consumista. Hallaron un nombre con fuerza de sentencia bíblica: Sem Terra (Sin Tierra). Y acaso sin proponérselo, en representación de cinco millones de familias desamparadas, sacudieron sin excepción a los partidos políticos de Brasil, al punto de ponerlos ante la exigencia de una drástica reformulación.

Hasta allí, bastante más de lo que la teoría política usual asigna como papel histórico a los campesinos. Pero los rasgos distintivos de los Sem Terra van más allá. En la conmovedora gesta de este movimiento que con extraña originalidad combina rasgos del más atrasado tinte feudal con signos de una modernidad ajena a su propio entorno, nada admira más que su capacidad para combinar las tres consignas que rigen su accionar («ocupar, resistir, producir» ), con el propósito de librar y vencer la batalla contra el analfabetismo y la falta de instrucción en sus bases: «Luchar sólo por la Tierra (ellos la escriben así, con mayúscula) no sirve. La lucha por la Reforma Agraria implica la conquista de todos los derechos sociales y la ciudadanía plena. La educación es uno de esos derechos» , afirman en sus proclamas (1).

 

Una historia vertiginosa

El Movimiento de los Sin Tierra (MST) se constituyó formalmente en enero de 1984, aunque la ocupación de fazendas (haciendas) había cobrado impulso ya en 1978, en coincidencia con una gran huelga metalúrgica que en San Pablo hería de muerte a la dictadura, inervaba un multifacético movimiento social y daba nacimiento, a partir del año siguiente, al hoy poderoso Partido de los Trabajadores (PT).

Acorde con rasgos singulares de la idiosincracia brasileña, en la gestación y consolidación del MST participaron diversas corrientes de izquierda. Entre ellas destacaban los sacerdotes integrantes de la Pastoral da Terra, brazo campesino de la radicalizada iglesia católica.

La demanda que aglutinó y movilizó centenas de miles de familias era por demás simple: reforma agraria. Estados Unidos había hecho la suya dos siglos antes. Y no hay quien deje de asociar este dato con la posterior grandeza económica de aquel país. En su programa, el MST propone que no existan propiedades de más de 750 hectáreas, «partiendo del supuesto de que ninguna familia que viva de la agricultura, incluso en forma capitalista, necesita un área mayor para progresar» (2). La ley estadounidense estableció en su momento un máximo de 400 hectáreas. De modo que los Sem Terra no podían ser calificados como subversivos. Por lo demás, la realidad agraria brasileña exime de toda argumentación: 600 millones de hectáreas en manos de grandes propietarios privados; 180 millones oficialmente clasificadas como latifundios; 44 % de las tierras permanecen ociosas. Ni las voces más conservadoras pusieron en duda la justeza del reclamo aunque, claro, los terratenientes agrupados en la Unión Ruralista de Brasil armaron ejércitos privados, que se cobrarían cientos de vidas para impedir ocupaciones o desalojar luego a las familias.

El presidente Fernando Henrique Cardoso explica que «el problema no se reduce a la cuestión cierta de una estructura fundiaria inicua. Refleja hoy igualmente la liberación de mano de obra, resultante de la profunda transformación del sistema productivo en el campo. Lo que ocurrió en Europa en el siglo pasado, se repitió en Brasil en la segunda mitad del siglo XX (…) la cuestión agraria no es únicamente económica. Es sobre todo social y moral» (3).

Pero parece ser que esta angustia ética se relativiza cuando se accede al Palacio del Planalto, sede del gobierno. Sucesivos mandatarios encargaron al INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) la aceleración del reparto de tierras. El primer presidente civil luego de la dictadura, José Sarney, prometió entregar tierras a 1.400.000 familias. Cuando cumplió su mandato eran poco más de 100 mil las que habían recibido una parcela. El funambulesco Fernando Collor de Mello, que lo sucedió, prometió asentar medio millón de familias durante su campaña electoral. Cuando renunció, acosado por denuncias de corrupción, el reparto de tierras era igual a cero. El vicepresidente que lo reemplazó, Itamar Franco, redujo la promesa a 100 mil familias. Pero apenas satisfizo a 20 mil. En cuanto a Cardoso -desde siempre comprometido intelectualmente con la reforma agraria- en 1994, antes de asumir su primer mandato, se comprometió a entregar tierras a 280 mil familias en sus primeros cuatro años de gobierno. Tampoco este menguado objetivo fue alcanzado.

Fue por esa brecha inabarcable entre promesas oficiales y realidad que irrumpieron los Sem Terra.

 

Amplio arco social

Una particularidad sobresaliente del MST es que constituye en sí mismo un frente social de considerable amplitud. En efecto, integran este movimiento desde pequeños propietarios hasta asalariados rurales. Una somera clasificación muestra el espectro. El aparcero (parceiro); trabaja con su familia, alquila tierra y produce con sus propias herramientas; a menudo aporta también semilla, abono, etc. La particularidad es que paga al propietario con el producto de su cosecha. Un porcentaje habitual es el 30%, aunque existen los más variados acuerdos. Cuando el contrato establece la distribución por mitades, el campesino es llamado mediero.

Otra variante es el arrendatario: como el parceiro, trabaja con su familia y sus herramientas, pero paga precio fijo al terrateniente. Existen arrendatarios de grandes extensiones, que no son considerados sem terra. Pero es habitual hallar en la primera categoría a quienes utilizan temporariamente mano de obra asalariada.

El posseiro (ocupante) es aquel que se asienta en un terreno con su familia y lo trabaja como si fuera propio, pero no posee título de propiedad. Esta modalidad se observa sobre todo en el Nordeste, en la región conocida como «frontera agrícola» ; las tierras ocupadas suelen ser del Estado.

«Pequeño agricultor» se denomina a quien, por regla general, posee menos de cinco hectáreas de campo y trabaja con su familia. El producto obtenido es obviamente insuficiente para la subsistencia, por lo cual esta categoría -al igual que las de ocupantes, arrendatarios y aparceros- suele combinarse con aquella que, en cualquier caso es cuantitativamente dominante en este conglomerado social: la de los asalariados rurales.

Completan este universo una inclasificable cantidad de sem terra que expulsados por la miseria emigran a las grandes ciudades y erran a la búsqueda de trabajos temporarios, viven de la limosna, la prostitución o la delincuencia e integran otro movimiento social en ciernes, conocido como los «sin techo» . Esta derivación explica en buena medida las disputas cuando se trata de cuantificar a los sin tierra. No obstante, puede afirmarse que suman alrededor de 5 millones de familias.

Contrasta con esta amplitud la alta homogeneidad del movimiento. Existen sólo dos organizaciones representativas: la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) y el MST; pero este último es, a gran distancia, la fuerza de mayor vigor y envergadura, con base en 23 Estados, aunque su fuerza se halla preponderantemente en el Sur y el Nordeste (4).

El artículo 184 de la Constitución de Brasil sostiene: «Compete a la Unión expropiar por interés social, con el objetivo de la reforma agraria, el inmueble que no esté cumpliendo su función social» . Con tal respaldo las direcciones del MST tienen argumentos legales poderosos para su accionar. Por eso no pueden sorprender derivaciones como lo ocurrido recientemente en Belem, Estado de Pará, donde un solo contratista tiene siete millones de hectáreas, una extensión mayor que Suiza. Unas 800 familias ocuparon la Hacienda Cabaceira. El gobernador Almir Gabriel ordenó el desalojo, para lo cual dispuso un batallón de 500 hombres abastecidos de armas químicas, perros y equipamiento de guerra.

Un grupo de dirigentes y campesinos se instaló frente a la sede del gobierno estadual y emitió la siguiente declaración: «Nosotros, del MST, venimos en nombre de cualquier conciencia moral, a pedir a la sociedad un repudio a este estado de cosas (…) prometemos que resistiremos. Si se llega a la violencia de los desalojos, juramos por nuestra dignidad de brasileños, herederos de los esclavos y de su lucha por la libertad, que reocuparemos las haciendas. Que haremos marchas, actos públicos. Que seguiremos a Belem, que nos transformaremos en 10, 100, millares, y prometemos un levantamiento de los pobres del campo para poder denunciar la tiranía de aquellos que no respetan a nuestro pueblo» (5).

Existen cientos de casos como éste, en los que se plantean constantemente situaciones límites. Según cifras oficiales, en 1996 ya había en Brasil 145.712 familias trabajando en 1564 «asentamientos» que ocupan 4.870.172 hectáreas (6). Esta realidad, combinada con la composición, contenido programático y modalidades operativas del MST, han planteado la duda acerca de si éste no es, en realidad, un partido político.

De hecho, el distanciamiento del MST con el PT -que hasta ahora lo contuvo en términos políticos- sumado al hecho de que numerosas tendencias internas de este partido rechazan la línea oficial -que califican de conciliacionista o reformista- parece anunciar un realineamiento de fuerzas que, eventualmente, podría redefinir formalmente a los Sem Terra, quienes persisten en reconocerse como «movimiento social» , pero no niegan su carácter político ni ocultan sus propósitos en ese terreno. Las palabras, se sabe, jamás alcanzan a develar la realidad de un fenómeno social. Ya lo decía Goethe: «gris es la teoría, amigo mío; y verde por siempre el árbol de la vida».

 

1. «O MST e a Educação» ; documento oficial, Brasilia, 1998.
2. Documentos del Primer Congreso del MST, 1990.
3. Reforma Agraria, compromiso de todos. Introducción de Fernando Henrique Cardoso; 1997.
4. F. S. A. Görgen; Esbozo histórico del MST.
5. Declaración de Dirección Estadual del MST, 22-7-99. Belem/Pará/Brasil.
6. INCRA, Brasilia, 1996.