El paquete económico lanzado por el gobierno reconoce que el país no puede seguir pagando la deuda externa y también que la continuidad del programa económico «neoliberal» desemboca en un colapso generalizado. Pero las medidas económicas tienen una profunda y muy ambiciosa finalidad política: la recomposición de las fuerzas conservadoras, ante la fragmentación y debilitamiento ostensibles de los partidos tradicionales.
Mientras analistas y comentaristas responden positiva o negativamente a la incógnita respecto de las perspectivas económicas abiertas por el plan presentado el 1º de noviembre por el presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo, conviene cambiar el ángulo de observación. Hace ya mucho tiempo que la ciencia originariamente denominada Economía Política perdió a la vez el apellido y su condición de tal, para transformarse en una disciplina apologética. Tanto que incluso muchos de sus más serios cultores tienden a dejarse ganar por la propuesta del legendario Paul Samuelson y separan no ya los términos, sino la substancia. De allí las dudas respecto de las intenciones y posibilidades de Cavallo, acentuadas por la circunstancia de que -ironías de un país en decadencia- al ministro se lo consideró durante los últimos años como un teórico de la economía.
Ante todo cabe subrayar los dos hechos de mayor significación en el cuerpo de medidas anunciadas: el reconocimiento de que Argentina no puede pagar su deuda externa, y la necesidad de provocar una sensible transferencia de ingresos en el cuerpo social. Ambas medidas, complementadas por otras que necesariamente vendrán si el proyecto general no es neutralizado (devaluación y eventual dolarización), pueden dar lugar a una salida de la parálisis económica: reactivación acotada y de corto aliento, en nada semejante a una perspectiva de desarrollo y crecimiento económicos, con múltiples efectos políticos y sociales.
Pero no conviene extraer conclusiones apresuradas. El sector empresarial (y el hombre que lo representa) que en 1982 estatizó la deuda externa y en el período 1991 /95 privatizó las empresas públicas, abrió la economía y condujo el proceso más vertiginoso de centralización de capitales jamás operado en el país desde las campañas del desierto; el hombre que pocos meses atrás para obtener un canje de deuda pagó 140 millones de dólares de comisiones y mediante tasas desorbitadas y postergación de plazos aumentó el endeudamiento total en unos 50 mil millones de dólares, es el mismo que presentó el nuevo paquete de medidas el jueves 1º de noviembre.
Luego de una sorda pero crudelísima lucha, aquella fracción del capital y el hombre que la representa finalmente dieron un paso adelante en busca de una hegemonía política cuya ausencia paralizó al país durante dos años. No han cambiado los objetivos de largo plazo ni los métodos a los que se apela. Por completo diferente, sin embargo, es el terreno bajo los pies. Detrás del viraje del gobierno y su ministro hay una realidad internacional y nacional por completo diferente a la de diez años atrás. Entendida desde una perspectiva global y de largo plazo, en realidad la crisis económica -ahora a la vista en los tres principales centros del poder mundial (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón)- no ha tenido sino un cambio de grado. Pero, de una parte, ese grado es superlativo; y de otra, ha dado lugar a un fenómeno que sí transforma cualitativamente el cuadro político internacional: la vuelta de campana en la opinión pública respecto de las bondades de las políticas aplicadas durante casi 20 años en prácticamente todo el planeta y resumidas en la hoy odiada palabra que las representó: neoliberalismo.
Mantener la iniciativa
Quienes dentro y fuera de Argentina pergeñaron el brusco viraje que el nuevo paquete representa en comparación con los 9 anteriores del gobierno de la Alianza entendieron muy bien el mensaje de las urnas el 14 de octubre pasado(1). Y lo hicieron además compelidos por la aceleración de la crisis económica y política mundial tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Era imprescindible mantener la iniciativa política, so pena de afrontar una catarata de acontecimientos nacionales y regionales potencialmente encaminados a cambios mayores.
Cabe la duda de quiénes, cuántos y cómo acompañan a Cavallo en esta fase (aunque la sucesión de apoyos a su plan desde medios políticos, financieros e industriales nacionales y extranjeros ofrece una pista segura). En cambio, es evidente que el colapso de la economía nacional -y el sinceramiento de la descomunal distancia entre el precio y valor del peso- planteaba como desenlace inexorable la cesación de pagos (internos y externos), con la obvia convulsión social y política resultante. Si esto es gravísimo en cualquier hipótesis, en el marco mostrado por las elecciones, de debilitamiento extremo del espectro partidario y verdadera rebelión cívica de la mayoría de la población, plantea amenazas mayores, encadenadas además a escala regional y aún más allá. El riesgo no ha sido conjurado. Pero la respuesta intenta ponerse a la altura del desafío. Y no es de naturaleza económica.
Objetivos ambiciosos
Va de suyo que los negocios no quedan a un lado. Con la compulsiva reprogramación de la deuda y la baja de interés a un tope del 7%, los ejecutores del plan garantizan que los acreedores continúen cobrando el máximo de que puede disponer el país, pero además intentan cerrar el paso a una radicalización que tienda a resolver la encrucijada con medidas más drásticas. Del mismo modo, el redireccionamiento de una parte -mínima pero significativa- de la renta nacional en detrimento del sector financiero, está destinado ante todo a cerrar el paso a un reagrupamiento empresarial que aísle a aquel sector y acabe por asestarle una quita mayor. Y con las medidas relativas a salarios y subsidios (una ingeniería que redistribuye la riqueza entre los trabajadores con y sin empleo sin tocar la que se apropia el capital), se apunta a la vez a impedir la consolidación de una fuerza centrípeta en el amplísimo conjunto social de las víctimas de la crisis y su eventual traducción en fuerza política. Pero acaso el intento más osado es el que procura recomponer una fuerza política conservadora. Se trata de la réplica estratégica al campanazo del 14 de octubre. En ese sentido, las medidas relativas a las deudas empresarias con el fisco reiteran el recurso de estatizar deudas privadas, pero apuntado ahora a un espectro más amplio, con clara intencionalidad política. Simultáneamente, a través de un conjunto de recursos entre los que sobresale la intención de entregar subsidios mediante tarjetas de débito, además de operar sobre una masa peligrosamente creciente de desocupados el plan apunta al corazón corrompido de aparatos partidarios y satrapías provinciales, demasiado costosos para una economía en crisis y demasiado ineptos para una coyuntura de desagregación y turbulencia política.
La clave de todo es sostener el timón en la tormenta. A las 18hs. del jueves 8 de noviembre, la negociación con los acreedores parece encaminada (se aspira a reprogramar unos 60 mil millones de dólares), pero sólo los gobernadores de la Alianza firmaron el «compromiso federal», acuerdo que viabilizaría el conjunto de medidas económicas. Pese a las hondas fracturas al interior del Partido Justicialista (PJ, peronistas) y el ya asumido compromiso del ex gobernador Eduardo Duhalde con el plan en cuestión, los gobernadores del PJ se niegan a prestarle apoyo. Más allá de las siempre presentes negociaciones, entre ambas partes no puede haber flexibilidad para lo esencial. Y si bien el conjunto de respaldos internacionales que obtuvo el plan -la declaración de apoyo del Grupo de los 7 no tiene precedentes en casos similares- establece un bloque de fuerzas difícil de doblegar, es tan frágil la posición del gobierno que ninguna hipótesis puede descartarse por completo.
Crisis y posibilidad
Sea cual fuere el resultado coyuntural de esta prueba de fuerzas, la crisis económica y social no tendrá solución de continuidad, aunque en teoría y si se cumple la condición política, sí podrían atenuarse leve y temporalmente sus efectos. En medio de la depresión actual, el más mínimo impulso al consumo sería sentido como un viento capaz de henchir las velas y poner la nave en movimiento. Pero aun en la más positiva de las hipótesis, el drenaje de riquezas hacia los centros financieros continuará. Y lo mismo ocurrirá respecto del reparto de la renta nacional entre capital y trabajo: aparte la rediscusión de los convenios laborales en curso -todos negociados a la baja-, la inexorable adecuación del precio de la moneda, sea cual sea la forma que adopte, será utilizada para reducir aún más los salarios reales.
Desde luego la perspectiva de colapso político no es comparable con la de continuidad institucional. Por lo demás, dada la inédita y nunca suficientemente subrayada ausencia de energía en los actores sociales, es improbable un vuelco demasiado drástico de la situación en un sentido o el otro. La lenta corrosión de todo es, hasta donde puede preverse con apoyo en los hechos, la perspectiva más cierta.
Este curso, sin embargo, atañe a quienes hoy chocan espadas por la primacía en la apropiación de los despojos y la conducción de la decadencia. Es esa confrontación sin destino la que abre como posibilidad estratégica una huella muy ancha para quienes se atrevan a pensar y realizar un país diferente.
