Homero describió como nadie la suerte cambiante en los campos de batalla. En la Venezuela de estos días el autor griego hallaría buena argamasa para sus historias, acaso menos épicas pero no menos trascendentes, si se mide lo que está en juego en América Latina. Las respuestas del gobierno han frustrado por el momento los planes opositores -la postergación de una huelga general es un ejemplo- que buscan ahora respaldo en las fuerzas armadas. Los próximos meses serán decisivos para el destino de la Revolución Bolivariana.
En diciembre pasado el signo político más saliente en Venezuela era la impetuosa embestida del conjunto de la oposición, abroquelada tras una coalición de empresarios y sindicalistas. Tres meses después, el panorama se trastocó: quienes contaban con la certeza de que para esta fecha habrían derrocado al presidente Hugo Chávez, no logran hacerse de la iniciativa política y, en consecuencia, han ingresado en una fase de disgregación y debilitamiento ostensibles.
La secuencia es elocuente: el 10 de diciembre se realizó una huelga general. Fedecámaras –la cúpula empresaria– y la dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezaron la primera demostración de fuerza contra el gobierno. Bien que heterodoxa y difícilmente sostenible en el tiempo (las patronales impulsaron al paro a los trabajadores y garantizaron el pago de la jornada perdida), la convocatoria tuvo un éxito considerable y, amplificada por los medios de difusión nacionales e internacionales, estimuló al bloque antichavista, que de inmediato planeó un cronograma de movilizaciones y anunció una nueva huelga, esta vez por 72 horas, para el 18 de marzo(1).
Pero el optimismo inicial cambió rápidamente de signo. El gobierno, en lugar de ceder ante el desafío, replicó acelerando el paso. Desde el mismo 10 de diciembre, cuando convocó a la población a la calle y obtuvo una respuesta masiva que desdibujó la protesta del bloque opositor, apeló como no lo había hecho en tres años a la movilización de masas. Esto a la vez fortaleció y puso en tensión dos instancias nuevas de organización: los Círculos Bolivarianos (estructura de masas) y el Comando Político de la Revolución (eventual embrión de un partido unificador del amplio arco de fuerzas comprometidas con la Revolución Bolivariana).
En los tres meses siguientes la disputa por ganar la calle, explícitamente planteada por una y otra parte, mostró una desproporción enorme. El 4 de febrero –10° aniversario del levantamiento militar de 1992 liderado por Chávez– una multitud superior al millón y medio de personas acudió al llamado de los Círculos Bolivarianos y del Presidente. Aunque significativa, la concentración de unas 180.000 personas convocadas por la oposición dejó a las claras que la presión social no sería la palanca requerida para obligar a la renuncia de Chávez. En ese punto, la oposición echó mano a otro recurso: el frente militar. Desde un hotel donde se desarrollaba una reunión internacional, un coronel de ejército sin mando de tropa exigió la renuncia de Chávez. Potenciado por la prensa local, el hecho apareció en el exterior como el inicio de una sublevación de las fuerzas armadas. Y cuando al coronel se sumó días después un teniente de la Guardia Nacional, aparecieron en todo el mundo titulares del tipo “Se extiende la rebeldía de los militares contra Chávez”(2). Poco después, un vicealmirante destinado en la delegación diplomática venezolana en Grecia repitió la exigencia… desde un shopping.
El estrepitoso eco que estos pronunciamientos obtuvieron a través de las grandes cadenas televisivas y los diarios de mayor tirada se fue diluyendo con el tiempo, cuando resultó evidente que, al menos por ahora, la “rebelión” se reduce a un número ínfimo de oficiales, de baja graduación y sin mando de tropa. Luego, los medios venezolanos y mundiales minimizaron u ocultaron una reunión oficial y pública, realizada el 22 de febrero pasado y presidida por el general en jefe Lucas Rincón Romero, en la cual el alto mando de la Fuerza Armada Nacional (así se designa en Venezuela a las cuatro armas que la componen), con cientos de altos oficiales presentes, respaldó al gobierno y negó cualquier hipótesis de golpe de Estado.
Petroleros, un conflicto clave
Va de suyo que estos resultados no agotan la posibilidad de reintentar la presión mediante la movilización ciudadana ni, tanto menos, la sublevación de una fracción militar. No obstante, cada paso fallido provocó crudas disputas en el bloque opositor. Y en la emergencia, el movimiento sindical fue ubicado en el centro de la táctica destinada a lograr la renuncia de Chávez.
Éste es el flanco más vulnerable del gobierno. Se trata de un factor de compleja lectura, porque en términos concretos el movimiento sindical organizado es una parte ínfima de la clase trabajadora: sólo el 12% de los asalariados está afiliado a algún sindicato. No obstante, la cúpula sindical –asociada a Acción Democrática (AD, partido socialdemócrata) y respaldada por la Internacional Socialista y la Organización Internacional del Trabajo– tiene una fuerza que los partidarios de la Revolución Bolivariana no han podido superar. Y si bien la CTV es el brazo sindical de un cuerpo que ya no existe, la fuerza de su aceitado aparato sindical es de temer.
Pese a esta falencia, y como parte de la aceleración en la toma de medidas económicas y sociales, el gobierno acometió desde enero una tarea delicada: la reestructuración total de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Buena parte de la cúpula técnica y administrativa de la empresa goza de altísimos beneficios económicos y, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en otros países, obraba como Caballo de Troya para privatizar esta palanca clave del Estado venezolano. Era previsible que ante la adopción de medidas del gobierno que anularan esa perspectiva, esa franja de la empresa obrara como fuerza de choque, en alianza con la CTV y sectores empresarios desesperados porque se les esfuma un negocio multibillonario. En ese marco, la posibilidad de una huelga petrolera planteaba al gobierno un desafío mayor: si una parte considerable de los obreros de esa industria clave se alineaba con la CTV e iba a la huelga, Chávez se hubiese encontrado en la imposible situación de tomar medidas extremas para garantizar la producción petrolera y enfrentando al núcleo duro de la clase obrera, cuando su gobierno se proclama defensor de los trabajadores y el pueblo. Más grave aún, en los planes de la oposición, la huelga de los petroleros –prevista para la semana del 11 al 15 de marzo– era apenas un paso preparatorio de la huelga general por tiempo indeterminado que debía desatarse el 18 de ese mismo mes.
De allí la trascendencia de lo ocurrido en esta crucial prueba de fuerzas durante la segunda semana de marzo: pese a que las instancias oficialistas son débiles e inarticuladas en los gremios en general y en las filas petroleras en particular, los esfuerzos de la dirigencia sindical por asociar su propósito con demandas salariales y lograr el respaldo de las bases fueron vanos. La propia jerarquía técnica se fracturó y una visible mayoría hizo pública su oposición al paro.
Así, el intento fracasó y además de abrir camino para la reestructuración de PDVSA, frustró la idea de una huelga general por tiempo indeterminado. Mediante un trascendido periodístico, la CTV hizo saber que pospuso la fecha “para la primera semana de abril, aunque tal vez, por los problemas de Semana Santa, se pase a la segunda semana de abril”. Un alto dirigente de esa central, que sólo aceptó hablar en riguroso anonimato, explicó a el Dipló que esa comunicación encubría en realidad la convicción de que el plan había fallado y que existen divisiones internas en la cúpula, ante la alternativa de desechar la idea de una huelga general o lanzarse a una aventura desesperada.
La huelga médica
Cuando debía comenzar la huelga petrolera, la Federación Médica Venezolana (FMV) anunciaba ya la paralización del gremio médico, en este caso por tiempo indeterminado, a partir del lunes 18 de marzo. El Dipló entrevistó a la ministra de Salud, María Lourdes Urbaneja, quien aseguró que “el ropaje reivindicativo y gremial de este llamado a la huelga médica es totalmente falso. Hay un trasfondo político en esta convocatoria: forma parte de los paros para abrirle camino a una huelga general”.
Urbaneja describe una situación sanitaria conocida en otros países del área: “Recibimos en 1999 un sistema totalmente desactivado, con una desinversión que se inició a mediados de los 70 y se fue agudizando desde entonces. En medio del deterioro de la salud pública, se imponía la tendencia neoliberal aplicada en prácticamente toda América Latina, propiciada por la banca, en camino a la privatización. Así la encontramos. Y empezamos un camino que va de contramano con la tendencia general en América Latina. Estamos empeñados en recuperar el sector público, construir un verdadero sistema público nacional de salud, que garantice el acceso universal, sin restricción, a la atención de calidad y con integralidad”. La ministra subraya que “esta es una propuesta revolucionaria en nuestro continente, destinada a garantizar la salud como derecho”.
Según la ministra, es la Ley Orgánica de Salud del gobierno la que ha despertado esta reacción: “no propone acabar con el sector privado, que tradicionalmente existió en el país. Queremos un sector público fuerte, capaz de garantizar la salud como derecho, sobre todo a los sectores que, especialmente en las dos últimas décadas, fueron cada día más excluidos de la protección sanitaria”. En cuanto a las perspectivas de la huelga por tiempo indefinido, Urbaneja asegura que “La Ley ha sido discutida con sociedades científicas, organismos gremiales, grupos médicos, trabajadores de la salud en general. Para la gran masa médica, la que trabaja todos los días, a la que le toca el trabajo más duro en los hospitales, la consolidación de un sistema público nacional de salud es un sueño que hace años estamos tratando de construir. En el llamado a la huelga se mezclan propuestas reivindicativas que son necesidades reales de todos los trabajadores, porque si algo se deterioró en los últimos 20 años, fue la remuneración del trabajo. Esos planteos no son despreciados por nosotros ni por los agremiados. Por eso estoy convencida de que la gran masa médica no va a acompañar una huelga. Y algo muy importante: la población va a rechazar este paro”.
El énfasis de la ministra parece corroborarse: un diario ostensiblemente alineado con los huelguistas tituló el martes 19: “Paro médico se inició a medias”(3). Al término de la semana, el mismo diario cambió el tono del título pero el texto de la noticia resultaba inequívoco: aludiendo a declaraciones de la FMV, reconoce que éstas “contrastan con la imagen de cuatro de los principales centros asistenciales de la capital. En los hospitales Domingo Luciani, Miguel Pérez Carreño, Los Magallanes de Catia y en el Oncológico Luis Razetti, la actividad médica parece desarrollarse sin mayores contratiempos”(4).
Esquiva realidad
A menos que se produzca un vuelco que revierta lo ocurrido en estos tres intentos de huelgas sectoriales, la perspectiva de una huelga general capaz de derrocar a Chávez parece por el momento inviable. El Dipló preguntó a Allan Brewer, figura clave del arco opositor, si la percepción respecto de la fragmentación y debilitamiento de la oposición era un engaño. La respuesta fue contundente: “No, no se equivoca. No se logra que partidos y organizaciones depongan posiciones personales e intereses individuales. Sienten la gravedad del momento, pero…”
Destacado intelectual extra partidario, ex senador y titular de un estudio jurídico de renombre, Brewer recibe a este corresponsal en un señorial despacho, situado en el penthouse de un elegante edificio en el centro de Caracas. No es fácil llegar allí, atravesando calles literalmente cubiertas por los tenderetes del sector social más visible en la capital venezolana: los buhoneros. El caos del tránsito se combina con el ruido ensordecedor proveniente de autopistas que parten la ciudad sin piedad por la estética y mucho menos por la relación del hombre con la naturaleza y sus semejantes.
Nada de esa fealdad agobiante se percibe desde el estudio de Brewer, cuyos grandes ventanales dan a un jardín exuberante. Según su opinión, Venezuela marcha hacia una dictadura. “Se perfila la figura de un gobierno autoritario”, asegura. La prueba está en “la centralización del Estado, el minado del Estado federal: Chávez es presidente de la Nación y del partido gobernante: una simbiosis nunca vista”. Y su conducta política equivale a un “golpe de Estado continuado”. Profesor de Derecho y autor, afirma, de 137 libros, Brewer habla con claridad: Chávez no debe terminar su mandato. ¿Renunciará? “No: es incapaz de reconocer un fracaso”. Entonces las alternativas restantes son la insurrección o el golpe militar… “Así es”. La insurrección, no obstante, parece difícil: se ha debido levantar la huelga general por tiempo indeterminado programada para el 18. “Claro, un paro no se improvisa. No es inminente. Ése es un paso final; y estamos en el comienzo. En 40 años éste se hizo un país democrático. Quien va a enfrentar a Chávez es el pueblo, el país entero”, asegura.
Brewer se extiende en la explicación de la pérdida de contacto con la realidad por parte de Chávez. Y confiesa que, ante la preocupación que esto plantea, junto con otro intelectual reconocido, el economista Maxim Ross “convoqué a todos los sectores de oposición a una reunión que se realizó el 5 de noviembre pasado en mi biblioteca. Allí descubrimos que los partidos y las fuerzas de oposición no se habían reunido durante dos años. Se acordó hacer una reunión cada lunes. Y se avanzó mucho”. En esas reuniones se pergeñó el paro del 10 de diciembre y la ofensiva final. ¿Qué ocurrió después? “Lo que decía: los intereses particulares. El 4 de marzo pasado, en la habitual reunión de los lunes, nos enteramos que al día siguiente se firmaría el pacto de gobernabilidad”(5). ¿Es decir que Fedecámaras y la CTV no contemplaron al resto de los sectores opositores? “No. Incluso entre los propios sindicalistas no se había discutido. Andrés Velázquez, figura del nuevo sindicalismo (dirigente metalúrgico que en los años 80 enfrentó a la CTV desde el partido Causa R), no lo sabía”. La insurrección está entonces descartada por el momento: ¿habrá un levantamiento militar? “Hay mucho descontento entre los militares”. ¿Hay riesgo de guerra civil? “Para que haya guerra civil tiene que haber dos bandos”. ¿De modo que no hay un bloque opositor capaz de conducir a la sociedad contra Chávez? “Se va a derrumbar él mismo; se le está resquebrajando todo. La oposición se ha venido recomponiendo, con mucha dificultad. Pero todavía estamos en un desierto. Va a tomar mucho tiempo”.
A partir de estas afirmaciones se explica el papel que les cabe a los medios en el papel de oposición. Brewer entregó a el Dipló un video con las denuncias de todos los hechos presentados ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como prueba de falta de libertad. Pero el hecho es que sería difícil registrar antecedentes de una militancia mediática tan masiva, virulenta y machacante como la que ejercen la prensa escrita y los canales de televisión, con excepción del canal oficial.
El periodista Ernesto Villegas tiene el raro privilegio de trabajar en El Universal, bastión de la oposición, y en Venezolana de Televisión, el canal estatal. Villegas confirmó a el Dipló que en los tres últimos años no ha habido ningún periodista detenido. ¿Presiones? “Ha habido denuncias en ese sentido. Por ejemplo la presión sobre Venevisión para la salida de Napoleón Bravo, conductor de un programa matutino. Esto se denunció justo cuando este señor fue nombrado vicepresidente de Venevisión Continental, en Miami. Se trasladó a Miami y quedó la duda acerca de si había habido o no presiones. También había la duda de si una corporación de ese tamaño era presionable o no. Bravo regresó al país y conduce un programa matutino de televisión y uno de radio. Y no se ha visto que él haya disminuido –todo lo contrario– sus críticas al oficialismo”. ¿Hay clima de autocensura, o presiones del tipo que se producen bajo dictaduras? “No conozco otras experiencias; pero aquí existe un clima de plena libertad de expresión; o para decirlo más precisamente, un ejercicio libre del periodismo. En El Universal no he percibido autocensura. Con otros gobiernos, bajo el cobijo del rigor profesional, había muchísimo más cuidado en el tratamiento de las informaciones que pudieran ser contrarias a los intereses de los poderes. Por ejemplo, en el trato al Presidente de la República. En ese punto ha habido un cambio en lo que es el paradigma informativo: se han dicho cosas en relación con el Presidente que en otros momentos uno ni siquiera podía imaginarse. Por ejemplo, cuando El Universal titula en su primera página, con letras gigantescas, ‘Debe renunciar’ y la fotografía de un militar sublevado verbalmente, uno entiende que hay allí una postura editorial. O como cuando el diario El Nacional titula en su primera página, ‘El presidente miente’. Eso era impensable en gobiernos anteriores”. ¿Hay signos que avalen la idea de que se marcha hacia un gobierno autoritario? “No lo creo. Entiendo el comportamiento de muchos políticos y periodistas que de buena fe creen eso. Eso sería lo único que explique que frente a tal peligro violenten reglas de juego tradicionales. El presidente Chávez incorpora a su discurso una serie de afirmaciones, posturas políticas, muchas veces más formales que de fondo, que pueden hacer llegar a la conclusión de que estamos frente a un personaje que no está habituado a las formas democráticas. Hay especialistas en análisis del discurso que ven en el Presidente un excesivo personalismo. Hay una contradicción entre lo que es el discurso y la práctica, en muchos ámbitos. En la práctica vivimos lo que Arturo Uslar Pietri denominaba ‘un régimen de libertades’. Acá en estos momentos hay un destape de libertades, como por ejemplo la libertad de expresión. Hoy se dicen mil cosas que antes no se decían”.
Descontento
En todo caso, sería erróneo concluir que la oposición es impotente, los trabajadores se vuelcan a favor del gobierno y la convivencia armónica está garantizada más allá de los tonos destemplados de la prensa. En medio de esta confrontación quizá irreversible, oscila una importante masa social, compuesta por muy diferentes estratos, que no quiere volver al pasado y no está dispuesta a salir a la calle contra el gobierno, pero expresa un grande y creciente descontento y no acaba de saber hacia dónde ir. Como telón de fondo, la situación económica, si bien no es comparable con la de otros países latinoamericanos, no ofrece la posibilidad de dar respuesta rápida y efectiva a los gravísimos problemas sociales acumulados durante décadas. Chávez no tiene un partido capaz de articularse en el conjunto social y específicamente en la clase trabajadora, que como tal parece observar a distancia el curso de la Revolución Bolivariana.
Guillermo García Ponce, veterano periodista comprometido durante décadas con las luchas sociales, fue designado como coordinador del Comando Político de la Revolución. Recibe a el Dipló en una humilde oficina, cedida por un simpatizante de la Revolución Bolivariana. De sus palabras se desprende que conoce la dificultad de la empresa: coordinar a todos los partidos y organizaciones que apoyan al gobierno y funcionan en ese organismo junto con gobernadores, alcaldes oficialistas y el propio Chávez. García Ponce descarta la posibilidad de que este conjunto se transforme a corto plazo en un partido unificado: “La organización revolucionaria no puede ser producto de un decreto. Debe surgir en el marco de un proceso de unidad y fusión de los revolucionarios hoy dispersos en varias organizaciones, excluidos por sectarismo o marginados como resultado del largo proceso de fraccionamiento que ha vivido la izquierda y el movimiento popular”, explica. Y aclara su meta sin subterfugios: “Sólo la unidad orgánica y política de los bolivarianos permitirá la elaboración sistemática y diaria de políticas para dar respuestas a las complejas situaciones que afrontamos”.
A diferencia de otras voces oficialistas, García Ponce advierte que “es un grave error considerar que esta campaña de la prensa, radio y TV no tiene efecto en el ánimo popular. Todo lo contrario –dice–, su acción sistemática va destruyendo la confianza del pueblo y el prestigio de la República Bolivariana. No son suficientes los programas de Aló Presidente(6) ni las grandes cualidades de comunicador de Chávez. Se requieren más y más respuestas”. García Ponce tampoco desestima los riesgos planteados en el terreno militar. No descarta sublevaciones puntuales, pero asegura –y todo indica que cree en sus palabras– que cualquier intento sería inexorablemente sofocado.
- Luis Bilbao; “Revolución y contrarrevolución en Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2002.
- Ludmila Vinogradof; Clarín, Buenos Aires, 3-2-02.
- Alejandra M. Hernández; El Universal, Caracas, 19-3-02.
- Eugenio Martínez; “Continúa paro médico indefinido”, El Universal, Caracas, 21-3-02.
- Acuerdo entre Fedecámaras y CTV para un gobierno post Chávez, que indica hasta qué punto la actitud de estos sectores no es sectorial, sino política.
- Aló Presidente, programa radial y televisivo dominical.
