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Colapsa en Bolivia la estrategia de Washington

porLBenLMD

 

Por primera vez en décadas Estados Unidos encuentra reticencia e incluso franca oposición al intentar desplegar una estrategia continental. Un cuadro general de crisis -cuya última manifestación es Bolivia- se expresa en levantamientos populares y desestabilización política.

En Manaos, centro candente de la geografía sudamericana desde que comenzó el operativo militar con eje en Bogotá, Estados Unidos acaba de sufrir una nueva afrenta, ahora en el terreno donde se supone imbatible: su relación con las fuerzas armadas del hemisferio. Tres reveses sucesivos en lo que desde siempre consideró su patio trasero es más de lo que el Departamento de Estado y el Pentágono pueden digerir. El significado y la trascendencia de estos hechos -y la aceleración del contexto en que ocurren- al parecer han excedido también al análisis político corriente tanto de derechas como de izquierdas, inmerso en anécdotas y sonsonetes y ajeno al seguimiento y caracterización de cambios de extrema complejidad.

Dos meses después del desembarco de William Clinton en Cartagena, desde donde demandaría apoyo al Plan Colombia, y de la reunión de Presidentes sudamericanos que en Brasilia contradijo -por primera vez en muchas décadas- la voluntad de un presidente estadounidense, el secretario de Defensa William Cohen naufragó en Manaos en el intento de alinear a los ministros de Defensa del continente para contrarrestar el nulo apoyo al Plan Colombia de la reunión de Presidentes de Brasilia(1). Habituado a hablar sin eufemismos y con gesto altanero, Cohen tuvo que cambiar vocabulario y modales cuando comprobó, en la IX Conferencia de ministros de Defensa de América, que tampoco obtenía consenso al demandar el alineamiento de quienes, por regla general, representan ante los gobiernos civiles la opinión de las fuerzas armadas. Antes de Clinton y Cohen, también había fracasado en agosto último la secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando en un viaje de emergencia a Quito, Santiago, Buenos Aires y Brasilia, intentó alterar lo que auguraba ser un fracaso para Washington en la inédita reunión sudamericana convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.

Apuntando a introducir una cuña entre Argentina y Brasil, los dos miembros principales del Mercosur, Cohen apeló a un recurso vidrioso: anunciar en territorio brasileño un acuerdo bilateral de inteligencia militar con el ministro de Defensa argentino Ricardo López Murphy. La maniobra no fue suficiente para ocultar el fracaso del representante de Clinton, pero sí encendió los ánimos de funcionarios argentinos, quienes hicieron trascender el malestar en franjas de la cancillería y del ejército por la estocada de Cohen y la aquiescencia de López Murphy

Existen varias y complejas razones que explican la progresiva pérdida de autoridad de Washington respecto de quienes fueron, hasta épocas recientes, subordinados incondicionales. En las filas militares latinoamericanas gravitan causas de signo diverso, desde el desplazamiento en el negocio del narcotráfico para algunos altos jefes, hasta el instinto de supervivencia de aquellos que intuyen el lugar que les ha reservado la línea de acción estadounidense, que impone reducir los presupuestos de las fuerzas armadas y tiende a transformarlas en meras «Guardias Nacionales». En otro plano, sangra todavía la herida provocada por la experiencia de la guerra en Malvinas, cuando a pesar de la ilegitimidad del régimen militar toda América Latina se alineó con Argentina y Estados Unidos decidió la victoria británica mientras fingía obrar como mediador. Los resultados de la doctrina de Defensa Nacional y la represión sistemática de sus propios pueblos -que en muchos casos los ha transformado en parias de su propio país- han trastocado la percepción de no pocos oficiales, perplejos por el sitio de subordinación, pauperización y marginación social al que han ido a parar.

El factor decisivo de este cambio estriba no obstante en el desplazamiento de la política sudamericana, con eje en Brasilia y Caracas, que apunta a fusionar el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, con respaldo de la Unión Europea y en franca contraposición con el ALCA (Alianza de Libre Comercio de América) mediante la cual Washington proyecta un mercado único de Alaska a la Patagonia bajo su mando y control exclusivo(2).

Todo esto sería todavía insuficiente para explicar el nuevo cuadro en gestación si no fuese por el ya inocultable fracaso de la política económica predominante en las dos últimas décadas y sus consecuencias: clausura de toda perspectiva de crecimiento sin un giro cuyo ángulo pocos se atreven a establecer; vaciamiento de las instituciones y fragilización extrema de los mecanismos de ejercicio del poder; malestar generalizado de un amplísimo espectro social y ostensible radicalización de nuevas direcciones políticas, en detrimento de las tradicionales.

Como prueba de esto conviene repasar los hechos que dominaban la coyuntura regional mientras los ministros de Defensa y contingentes de altos mandos de todo el continente arribaban a Manaos. Perú y Ecuador volvían a trastabillar (en ambos casos con fracturas de oscuro pronóstico en las fuerzas armadas); en Paraguay recrudecía la confrontación entre las facciones gobernantes, ahora con la demanda de inmediata renuncia de un presidente sin legitimidad; en Argentina renunciaba el vicepresidente y varios ministros y tambaleaba la Alianza a la que se había apostado la gobernabilidad; en Brasil el vuelco electoral masivo de la población en detrimento de los partidos gobernantes y a favor del Partido de los Trabajadores (PT) indicaba la magnitud de un descontento que, aunque carente de cauce de expresión, acota cada paso de Cardoso.

Pero en esos mismos días la arquitectura del Departamento de Estado colapsaba precisamente allí donde la aplicación de las políticas económicas impulsadas desde Washington y el objetivo alegado del Plan Colombia -la erradicación de las plantaciones de coca- ha llegado más lejos: Bolivia estaba en llamas y fuera de control gubernamental(3). Pocos días antes de la reunión de Manaos Guillermo Fortún, ministro de Gobierno del presidente Hugo Banzer, había reconocido que «el chavismo está pegando en el país», aludiendo explícitamente al llamado que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez: «soldado, cuando te ordenen que mates al pueblo, date vuelta y mata al que te ordena»(4).

 

La irrupción de Bolivia

Una sublevación de masas sacude a Bolivia desde mediados de septiembre. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron sitiadas durante semanas por columnas indígenas que bloquearon todas las vías de acceso a estas ciudades, las tres principales del país, mientras se multiplicaban las movilizaciones de estudiantes, maestros, periodistas y hasta policías en huelga. Gobierno y partidos de oposición quedaron paralizados. Las fuerzas armadas postergaron una y otra vez la orden de ataque para despejar las rutas y romper el asedio. Mientras los líderes campesinos advertían que resistirían con las armas en la mano, grupos de empresarios comenzaron a organizar una fuerza armada civil. Un sector de la central sindical campesina echó las bases de un nuevo partido político. Otro adelantó su determinación de refugiarse en la selva y constituirse en fuerza guerrillera (ver recuadro).

A comienzos de octubre, una crónica periodística describía con precisión el panorama: «La consigna «coca o muerte» se convirtió ayer en el pegamento de la alianza de resistencia que conformaron cocaleros, maestros, campesinos y la Coordinadora Cochabambina. Pese a los desesperados esfuerzos del gobierno por minar la solidez del bloqueo (…) lo que surgió en la tercera semana de crisis fue que el presidente Banzer se encuentra en un callejón sin salida. Washington tuvo que reiterar su apoyo al gobierno (…) La incertidumbre adquirió mayores proporciones con la misteriosa aparición de un supuesto comunicado de coroneles y generales de las fuerzas armadas que reclaman «una solución política». El comunicado no fue desmentido por la cúpula castrense. La ola de violencia puede crecer aún más en las próximas horas. Quince tanquetas avanzan hacia Chapare. Los cocaleros los esperan con hondas y con puentes minados, como en una guerra»(5).

En ese punto, la fractura entre los indígenas aymaras del altiplano encabezados por Felipe Quispe y los cocaleros del trópico cochabambino conducidos por Evo Morales permitió a Banzer llegar a un acuerdo con el primero y terminar con el cerco a La Paz. El precio, demasiado alto para los terratenientes, fue la derogación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 a la medida de los grandes propietarios de tierra y calificada por los campesinos como «la ley maldita». «Si se ha firmado la abrogación de esta ley, mañana puede, ante nuevas presiones, anularse otra disposición», dice un tonante editorial titulado «Pésimo precedente»(6). En efecto: la crónica de los días siguientes mostró al gobierno amenazando cada día con el uso de las fuerzas armadas para despejar el asedio a Cochabamba y posponiendo una y otra vez la medida.

Los campesinos del Chapare pretenden que la erradicación de la coca se detenga en esa zona, legalizando la producción medida para cada familia. «En el trópico cochabambino existen sólo 1789 hectáreas de cocales excedentarios. La Fuerza de Tarea Conjunta acantonada en Chimoré, logró erradicar de enero a la fecha más de 5.700 hectáreas»(7).  La negociación dio lugar al despeje pacífico una semana después, a cambio de la promesa de 80 millones de dólares (aportados por Washington) en fondos para plantaciones alternativas. Los cocaleros apuntaron en el documento de acuerdo que «mantienen su posición», consistente en reivindicar el derecho a sembrar coca para uso propio, como lo hacen desde el fondo de los tiempos(8). Pocos días más tarde, entrados en acción los equipos destinados a completar la erradicación de los cocales, los enfrentamientos se reiniciaron y numerosos campesinos fueron detenidos, mientras se sumaban voces que desde la prensa exigían la entrada en acción de las fuerzas armadas antes de que volvieran a ser cercadas las ciudades.

Como quiera que continúe en lo inmediato esta lucha frontal, culmina en este punto un largo período de estabilidad basada en la pasividad y la sumisión, durante el cual Bolivia pareció haber dejado definitivamente en el pasado las grandes luchas sociales que, desde la rebelión de Túpac Katari, a fines del siglo XVIII, dieron lugar a la revolución obrero-campesina de 1952, las grandes huelgas mineras y los incontables golpes de Estado.

El antecedente inmediato de esta sublevación está en las masivas movilizaciones de abril pasado en Cochabamba, conocidas como «la guerra del agua». Aquella confrontación aunó a todas las clases sociales contra el consorcio Aguas del Tunari -registrado en las islas Caimán e integrado por grandes capitales de Estados Unidos (50%) Italia y España (25%) y cuatro grupos bolivianos-(9), que tras apropiarse del servicio de aguas corrientes pretendía cobrar una tarifa de 35 dólares por mes por el agua a una población que gana menos de 60 dólares mensuales. La rebelión (con un saldo de 10 muertos, 22 heridos, 135 detenidos, hasta que el gobierno concedió todo lo que exigía la Coordinadora formada al calor de la lucha) fue, por tanto, resultado directo de las privatizaciones, en el marco de una sociedad ultrapauperizada luego de dos décadas de exitosa aplicación de las políticas económicas de ajuste.

Ahora el detonante fue el éxito alcanzado en la erradicación de las plantaciones de coca, que hace de Bolivia un simple eslabón en la cadena del Plan Colombia. El descontento se tradujo en explosión porque los partidos y estructuras gremiales, por completo subordinados a los centros de poder económico, carecen de toda representatividad real y son incapaces de responder a los reclamos de las mayorías. Las instituciones se mostraron vacías, las fuerzas armadas divididas…

Si cada uno de estos componentes del cuadro boliviano son comunes -con matices, es cierto- a toda la región, es de suponer que, mutatis mutandi, el cúmulo de éxitos de la política estadounidense durante los últimos años tenderá a traducirse de manera análoga. «La lucha de los campesinos del trópico de Cochabamba es ahora contra el gobierno de Estados Unidos y no con el boliviano», afirmó Evo Morales(10).

¿Cuánto más debe deteriorarse la situación latinoamericana para que se produzca una recomposición general de fuerzas políticas y sociales, en reemplazo de las que revelan cada día su corrupción e inutilidad? Tras su fiasco en Manaos, el secretario de Defensa estadounidense debe tener una previsión al respecto.

  1. Dossier «La hora de Sudamérica», por L.Bilbao, A. y E. Calcagno y C. Gabetta, en Le Monde diplomatique edición Cono Sur, 09-2000.
  2. Ibid. A.E. y E. Calcagno, «Sudamérica es el camino».
  3. A. Rossi, «América Latina en vías demilitarización», Le Monde diplomatique ed. Cono Sur,10-2000.
  4. Mabel Azcui, «Se agrava la revuelta social en Bolivia», El País, Madrid, 29-09-00.
  5. Los Tiempos, Cochabamba, 04-10-00.
  6. La Razón, La Paz, 09-10-00.
  7. Ibid.
  8. Ver «As Sociedades andinas antes de 1532»; en The Cambridge History of Latin America, USP, 1998.
  9. Luis Tapia, «La crisis de abril» Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, 09-2000.
  10. «Cocaleros cambian de enemigo, ahora es el gobierno de EE.UU»; Los Tiempos, Cochabamba, 09-10-00.

 

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