Estanflación: el pase a la oposición de un sector clave del movimiento sindical desató los nudos de la parálisis social. A poco, se sumó el grueso de las clases medias. Por detrás, caída económica y elevada inflación. Ajuste severo. El gran capital se propone usufructuar el nuevo clima social y político. Sólo una drástica reorientación del Gobierno podría revertir la crisis y darle un rumbo latinoamericano al país.
Como tigre cebado, la ultraderecha pasó de la tensión del salto al rugido salvaje; las garras de la bestia ya vuelan hacia la presa. La víctima no es la institucionalidad. No hay riesgo destituyente. Sí, en cambio, y muy grave, de estrechamiento del cerco y debilitamiento del centro de poder. Y las consecuentes imposiciones, en todos los órdenes, por parte de los núcleos tradicionales del capital (he allí la aprobación de la ley de Riesgo de Trabajo y la ley Antiterrorista). Como siempre, Estados Unidos mueve hilos tras bambalinas. La protesta social se conjuga con la fragmentación de la base que sustentó durante nueve años a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Sólo ha transcurrido un año desde que Fernández ganó por segunda vez la elección presidencial con el 54% de los votos. Hoy las encuestas registran una reversión drástica de aquellos guarismos y, según las consultoras más creíbles, su imagen negativa supera a la positiva, con ésta aproximándose al exiguo nivel de su peor momento, cuando ocurrió la confrontación con el conjunto de los productores agrarios, finalmente perdidosa.
Reversión de la tendencia
Como para graficar la extrema volatilidad de la Argentina actual, un mismo vuelco en la conducta política de las mayorías se dio dos veces, en sentido inverso, en apenas dos años. A fines de 2010, cuando inesperadamente falleció Néstor Kirchner, el gobierno de su esposa estaba debilitado al extremo. Sólo la fragmentación y el penoso desempeño del arco opositor daba alguna esperanza al oficialismo para las elecciones del año siguiente. Acaso con ayuda del impacto emocional causado por la muerte de Kirchner, tras una sucesión de duras derrotas oficialistas en lugares claves, la rosa de los vientos giró violentamente y Cristina Fernández ganó el 23 de octubre de 2011 con el 54% de los votos.
A partir de allí, un conjunto de medidas económicas no anunciadas durante la campaña electoral, sazonadas con un cambio sensible en el estilo político, produjo un reflujo acelerado del apoyo social a la Presidente. Un campanazo de atención sonó el 15 de diciembre (apenas cinco días después de la asunción del segundo mandato de Fernández), cuando el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, hizo un acto masivo con un pliego de severos reclamos al Gobierno, de cuya victoria electoral había sido pieza clave.
Subas de tarifas, aceleración de la inflación, restricciones cambiarias (lejanas en todo sentido práctico a un efectivo control de cambios), hechos escandalosos de corrupción que involucraron al vicepresidente de la nación y hasta una tragedia ferroviaria que produjo 51 muertes y más de 700 heridos, todo acompañado por una sensible merma del giro económico, se conjugaron para alentar un nuevo e igualmente drástico giro en desfavor del oficialismo.
Mientras tanto, la Presidente pareció rearticular su base política de sustentación: enfrentó al aparato tradicional del Partido Justicialista (y en particular a Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, ex menemista y delfín que espera en silencio su oportunidad para las presidenciales de 2015), volcándose a favor de un conjunto de jóvenes en su mayoría provenientes de la experiencia del Frepaso (coalición de corte socialdemócrata que, aliada con la Unión Cívica Radical, llegara al gobierno con la Alianza en 1999 y saliera eyectada por la crisis en los días turbulentos de fines de 2001). En ese mismo movimiento, reemplazó el respaldo de la CGT de Hugo Moyano por el del sector denominado “los gordos”, cúpula sindical que acompañó a Carlos Menem y tiene figuras como Gerardo Martínez, de la Construcción, denunciado por el propio Gobierno como agente de inteligencia del ejército durante la dictadura militar.
En suma: el gobierno perdió el apoyo del sector más enérgico del movimiento sindical; se enajenó al grueso de las capas medias: inflación, retracción económica –el crecimiento pasó de casi el 8% en 2011 a un estimado del 1% en el corriente año– y las obligadas medidas económicas de ajuste, que desde luego afectaron con mayor dureza a los asalariados y pulverizaron los montos de los subsidios para desocupados beneficiarios de “planes trabajar”; con su giro político chocó de frente con el añejo aparato peronista, envalentonando además al conjunto disperso y sin rumbo de la oposición burguesa.
Irrupción social
Sobre esta argamasa, la CGT dio un paso decisivo con una concentración de masas frente a la Casa de Gobierno, en Plaza de Mayo, el 27 de junio. El durísimo discurso de Moyano, con reivindicaciones económicas para el conjunto de trabajadores y jubilados, cambió no sólo el clima político, sino las relaciones de fuerzas sociales. Sería esto lo que seis semanas más tarde se manifestaría de manera insólita: una convocatoria por medio de las redes sociales, sin partidos, sindicatos ni dirigentes reconocidos de ninguna especie, llevó a las calles de todo el país a cientos de miles de personas el 13 de septiembre. Sólo en la Capital Federal, las cifras más conservadoras aluden a 200 mil manifestantes, mientras que los más entusiastas aseguran que hubo 500 mil. Era la clase media, con predominancia de los sectores altos. Por detrás, se relamían los portavoces del gran capital.
Días después, el 27, la CGT se reunió en Huerta Grande y La Falda, localidades históricas para el movimiento obrero, donde aprobaron un documento de 21 puntos que ya daba consistencia mayor a la rebeldía sindical. Entre esos puntos figuran: “1) Política Internacional. Continentalismo. Unidad Regional. Bloques contra hegemónicos. Mercosur/Unasur. 2) Defensa Nacional. Hipótesis de conflicto. Caso Malvinas. Caso Sector Antártico. 3) Desarrollo Industrial Sustentable. Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial Sustentable. Innovación tecnológica. Fomento de las economías regionales. Complementación con las economías de la Región (…) 6) Ley Nacional de Transporte para desarrollo de una red de áreas ferroviaria, marítima, aeronáutica, fluvial y de carga. 7) Sistemas Financieros estatal y privado. Banco del Sur. 8) Estadística real de evaluación de parámetros de inflación y evolución salarial. 9) Distribución de la riqueza: análisis de la evolución histórica y estado actual. 10) Reforma tributaria: progresividad. Ley de coparticipación Federal (…) 12) Políticas para la eliminación de la indigencia y la pobreza con una plena fijación de las mismas en el concepto de la Justicia Social (…) 15) Tierra y Vivienda. La integridad territorial Argentina. Propiedad de la Tierra y función social. Estudio de la problemática de la migración interna y el acceso a la tierra y la vivienda. Propuesta de planes viables de vivienda de inmediata implementación (…) 17) Seguridad Social. Asignaciones familiares. Jubilación. Mejora del haber. 82% móvil”.
Otro hecho impactante ocurrió el 8 de noviembre, cuando nuevamente el mecanismo de las redes sociales fue utilizado para convocar y tuvo una adhesión que conmovió al país, volcando multitudes en todas las capitales y cientos de ciudades del país. Finalmente, esta dinámica desembocó en el paro convocado por la CGT, acompañada por el sector no oficialista de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y todas las izquierdas, con excepción del Partido Comunista. Pese a no tener la adhesión de los gremios industriales, a través de sus direcciones comprometidas con el Gobierno, el 20 de noviembre se paralizó el país. La magnitud de la adhesión sorprendió incluso a sus organizadores. Y cambió drásticamente el escenario político, en detrimento del Gobierno pero también de los partidos políticos de la burguesía. Todo esto provocó ostensibles fracturas en el elenco gobernante.
Escalada de conflictos
Es en este clima que un tribunal de Nueva York falló a favor de los llamados “fondos buitres”. Kirchner firmó en 2005 un decreto aceptando la jurisdicción yanqui para los bonos argentinos. Es improbable que la prepotencia imperial llegue al punto de arrastrar nuevamente al default a Argentina. Pero está claro que, sea cual fuere el desenlace inmediato, el país ha quedado nuevamente empantanado en un endeudamiento ilegal e ilegítimo, probadamente impagable.
Durante 2012 el Gobierno perdió la calle y la iniciativa. Le urge recuperar ambas o el retroceso será mayor. Fuentes oficiales indican que se realizaría una concentración masiva el 10 de diciembre, aniversario de la asunción de Fernández el año pasado. El cuadro económico y político actual, no obstante, requiere una reorientación estratégica que enfrente al gran capital local y extranjero con un programa radical de transición anticapitalista, basado en la organización política de las masas con una propuesta revolucionaria. No queda espacio para una tercera vía. Lo contrario, sería afrontar los tres años restantes de gobierno bajo la férula del imperialismo y con la creciente demanda de los trabajadores.