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Petrosur: una OPEP suramericana

porLBenLMD

 

En mayo pasado se reunió en Brasilia una instancia nueva, que los propios protagonistas llaman “la Troika”. Luiz Inácio Lula da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez iniciaron estos encuentros el 1° de marzo pasado en Montevideo, cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia en Uruguay. Ahora han alcanzado un acuerdo político-energético de alto valor estratégico. El ministro venezolano Rafael Ramírez lo detalla.

 

El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela y presidente de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Rafael Ramírez, explicó en el curso de una prolongada conversación con Le Monde diplomatique los resultados del segundo encuentro de «la Troika», que probablemente volverá a reunirse en Buenos Aires en este mes de junio.

«En esta oportunidad se pasó revista al cumplimiento de acuerdos que se habían hecho en la reunión anterior, en Montevideo», explica Ramírez. «Se realizaron reuniones de ministros y en el área energética se llegó a una concreción muy importante: los tres ministros firmamos un conjunto de acuerdos donde se define más claramente cómo será Petrosur».

Luego de una jornada dominical que comenzó con una movilización en la que participó junto a trabajadores petroleros en defensa de la empresa, para asistir después al programa Aló Presidente (en el que Hugo Chávez anunció la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos), Ramírez explica a El Dipló qué es Petrosur: «Está concebida como una instancia política, de coordinación a nivel de ministros no sólo sobre el área petrolera sino sobre el gas y la electricidad. Se trata de planificar y estimar de manera conjunta recursos energéticos y necesidades, de manera tal de plantear iniciativas que sean desarrolladas por las compañías estatales de nuestros países y que se conviertan en políticas propias de los distintos Estados. Ese acuerdo lo firmamos los ministros, se puso a consideración de la Troika y entendemos que en la próxima reunión se anunciará ya la concreción de Petrosur con esta concepción y se invitará a otros países, fundamentalmente del Mercosur, a incorporarse a este mecanismo. Habrá una presidencia rotativa anual, una secretaría con el mismo régimen y un conjunto de representantes expertos de cada país para instrumentar estudios y propuestas y garantizar que las empresas estatales den cumplimiento a lo que se decide a nivel del Consejo de Ministros de Energía, que será la instancia máxima de Petrosur. Es un avance extraordinario», dice con optimismo el ministro venezolano, para agregar que «se trata de lograr el equilibrio en el sector energético en toda Suramérica, pero además proponernos metas, para colocar la energía como una herramienta al servicio de los pueblos».

Petrosur no es, por tanto, una nueva empresa: «es un acuerdo político, algo así como una OPEP del Sur, sólo que conviven países productores y consumidores en un sano espíritu de solidaridad, de complementariedad de nuestras economías. Como muestra de buena disposición, nosotros acordamos allí desarrollar tres proyectos: uno en Venezuela, en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde participen las tres empresas; otro en Brasil, con una refinería (que se acordó denominar Abreu e Lima, en homenaje a ese gran brasileño que combatió junto a Bolívar), para que procese los crudos que se produzcan en la Faja, y otro en Argentina, en las áreas que está ofertando el gobierno off shore en el Sur del país. De manera que la participación de las empresas está antecedida por un acuerdo político».

Días antes de esta conversación, la empresa estatal brasileña Petrobras había anunciado su decisión de abandonar Bolivia a causa de la ley que aumenta las regalías y los impuestos para extraer crudo y gas de aquel país. Interrogado sobre esta incongruencia, Ramírez explica: «por eso es importante el acuerdo político. Las compañías se rigen por una lógica comercial. Nosotros hemos tenido bastante de eso aquí. No queremos inmiscuirnos en los asuntos internos de ningún país, pero es una realidad que el pueblo boliviano ha venido exigiendo reiteradamente el derecho soberano que tiene al manejo y disfrute de sus recursos naturales. No podemos ir contra ese derecho, contra esa lucha, que es justamente la lucha que hemos dado en Venezuela y que ahora estamos en pleno proceso de profundización. Tenemos que ser cuidadosos de no empujar a Bolivia hacia la desestabilización, que resultaría en un zarpazo de la ultraderecha».

 

Nueva ofensiva contra PDVSA

En las últimas semanas ha recrudecido la campaña según la cual cae la producción de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y está a punto de colapsar. Ramírez es blanco de ataques constantes en la prensa comercial, que ha centrado en él sus dardos. El ministro explica la situación desde otra óptica: «a principios de año hicimos un cuestionamiento de nuestra propia gestión. Tenemos suficiente moral y fuerza política como para analizarnos nosotros mismos y corregir lo que haya que corregir. Al revisar nuestra gestión encontramos desviaciones, hechos de corrupción que sacamos a la palestra y actuamos inmediatamente contra los factores que estaban involucrados en esa situación. Eso, junto con los problemas subsecuentes del sabotaje petrolero, provocaron que nuestra producción de petróleo estuviera 100 mil barriles por debajo de lo que es nuestra meta presupuestaria. Hay que aclararlo bien: cuando hacemos el presupuesto, nos ponemos una meta volumétrica, que es incrementar cada año la producción. Y lo que detectamos es que en el primer trimestre no habíamos podido alcanzar esa meta. En el pasado esto se le ocultaba al país y al Estado. En términos reales, esta afectación no llega siquiera al 3% de nuestra capacidad de producción. Sobre esa situación se ha montado toda una campaña de difamación contra nuestra empresa. Se parece mucho a la campaña previa al sabotaje petrolero, quién sabe si con la intención de provocar una reacción interna que les permita dar un cambio cualitativo a la situación política que, por otra parte, es sumamente sólida y estable.

Además de ese interés permanente de los medios, creemos que hay un interés manifiesto: impedir que vayamos al desarrollo de lo que hemos llamado la plena soberanía petrolera. Después del sabotaje, lo que hicimos fue recuperar el control de la industria. La distribución de la renta petrolera es el asunto por donde pasan aquí las disputas del poder. Después de haber recuperado la empresa ahora vamos a la recuperación de nuestra soberanía en el manejo del recurso energético. Por distintas vías (contratos, leyes), se nos estaban expropiando nuestros recursos naturales. Políticas diseñadas desde PDVSA en complicidad con las empresas transnacionales. Ahora estamos desmontando todos esos acuerdos. Y hemos descubierto una cantidad increíble de desviaciones de los contratos originales, evasiones masivas de impuestos. Y eso nos está llevando a una confrontación con las transnacionales, que se va a dirimir a favor del pueblo de Venezuela».

Las «desviaciones» que denuncia Ramírez revelan hasta ahora una deuda de 1.000 millones de dólares por regalías y otros 3.000 millones por impuestos, cuyo pago exige Chávez con los intereses correspondientes. Las empresas involucradas son Exxon Mobil, Chevron Texaco, Conoco-Phillips y la francesa Total. Sin mencionarlas, Ramírez sostiene que «como estos intereses saben que vamos a dar la batalla por nuestra plena soberanía petrolera, entonces sus representantes en el país han venido azuzando toda esta campaña, que lo único que ha logrado es que el presidente Chávez radicalice más su posición y si continúa va a lograr que el pueblo se movilice, como lo hizo en 2002».

El ministro niega taxativamente que esto pueda derivar en una situación semejante a la que paralizó totalmente la producción petrolífera durante diciembre de 2002 y enero de 2003. Y respecto del sabotaje y la infiltración de la CIA en PDVSA, denunciada por altos funcionarios, el ministro responde: «no dejamos de monitorear. Nuestra ingenuidad se acabó. Seguimos todo, desde las sospechosas actuaciones del embajador estadounidense, hasta las ONG. En Zulia hemos detectado una cantidad de sabotajes a nuestras instalaciones. Esa es una de las causas por las cuales no alcanzamos la meta de aumento de la producción. Solicitamos el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas y activamos batallones de reservistas con los mismos pobladores de la región. Tenemos sólo allí más de 250 hombres perfectamente preparados. Esa reserva militar, que no es más que el pueblo en armas, se hará cargo de la seguridad de nuestras instalaciones».

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