A un año del asesinato del vicepresidente Luis Argaña y en el fragor de una ciega lucha por el poder, se ha hecho trizas el acuerdo entre las diferentes facciones stronistas y algunas de las antiguas víctimas de la ex dictadura paraguaya. En el caos político, las perspectivas para salir de la crisis, desde las elecciones de vicepresidente en agosto hasta un nuevo golpe de Estado, son diversas e inciertas.
En la madrugada del 23 de marzo de 1999 llegaban a Asunción 35 mil campesinos. La marcha por la reforma agraria, habitual desde hace años, tenía esta vez una demanda inmediata: condonación de las deudas de los pequeños propietarios. A esas horas era asesinado el vicepresidente Luis María Argaña, caudillo de la fracción stronista del Partido Colorado (PC), opuesta al presidente Raúl Cubas Grau. La noticia detonó una rebelión: a la exigencia campesina se sumó la irrupción de las clases medias urbanas con un hasta entonces inédito reclamo democrático, apuntado contra al hombre que ejercía el poder detrás del trono: el general Lino Oviedo.
El saldo de una batalla de tres días es conocido: siete jóvenes asesinados por francotiradores, centenares de heridos, renuncia de Cubas y su exilio en Brasil, fuga de Oviedo hacia Argentina, condonación de las deudas a los campesinos y entrega de la presidencia al titular del Senado, Luis González Macchi.
La opinión dominante en Paraguay -una victoria de la democracia- se trasladó al exterior. Un espejismo: González Macchi es un conspicuo stronista; en el gabinete conviven hombres que enfrentaron a la dictadura incluso desde fuerzas guerrilleras (como el titular de Agricultura, Luis Wagner), con ex ministros y altos funcionarios del octogenario tirano exiliado en Brasil.
«Lucho (González Macchi) comenzó a pagar las deudas políticas mediante los nombramientos a la Familia (de Argaña) o al Clan (entorno de Juan Carlos Galaverna, primero en la sucesión presidencial). Hasta fin de año no hubo un solo nombramiento importante que no fuese para pagar cuentas» explica en una entrevista surrealista Saúl González, padre del Presidente, refiriéndose al papel de su hijo en el reparto de cargos entre dos facciones coloradas(1).
De la «unidad nacional» al caos
La disputa por lugares de privilegio a la hora de privatizar empresas públicas -único punto de acuerdo entre los integrantes del gobierno- fue una de las causas que hizo trizas la «unidad nacional». Inicialmente fijada para noviembre, la elección del vicepresidente se postergó. Ante el hecho consumado, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) exigió el 40% de los cargos. Como explica González padre, el presidente no podía acceder a esa demanda. Los liberales se retiraron del gobierno a comienzos de febrero. Sólo una pequeña fracción de ese partido, dirigida por Domingo Laino, apostó a la continuidad de González Macchi. El Encuentro Nacional (EN) se mantuvo formalmente en la coalición gobernante, pero con pocas excepciones sus líderes se apuntan en alguna de las diversas hipótesis que incluyen la destitución de González Macchi.
A despecho de su escaso peso económico y político, Paraguay vuelve a ser una pieza clave en la región, como cuando Gran Bretaña decidió someterlo a una guerra de devastación mediante la Triple Alianza de quienes hoy son sus socios en el Mercosur: Argentina, Brasil y Uruguay. Ironías de la historia: si en el siglo XIX Paraguay gravitó por su vigoroso desarrollo y la tenaz independencia de sus gobernantes, ahora son causas inversas las que lo ponen en el candelero. Más aún que en el pasado, la ubicación geográfica y el estado interno de este pequeño y empobrecido país le asignan un papel que lo excede; esta vez porque es en extremo vulnerable a «la cuña andina» (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú) de inestabilidad que compromete el equilibrio político del Cono Sur.
Corrupción rampante, creciente efervescencia social, descarnadas denuncias de una prensa belicosa hasta extremos inusitados -todo en medio de la parálisis oficial- son datos indicativos de un cuadro político en extremo volátil. Los poderosos grupos económicos formados al amparo de la dictadura y fortalecidos en la última década, se han fracturado hasta el punto de apelar a las armas entre ellos; ninguno puede ejercer su hegemonía sobre los demás y de ese vacío emerge un nuevo contendiente, todavía de rasgos imprecisos, en el que predomina la clase social mayoritaria en número y creciente en peso político: el campesinado, en pie de guerra por la reforma agraria.
Las facciones que once meses atrás formaron un gobierno de «unidad nacional» y sortearon la crisis provocada por el asesinato del vicepresidente Argaña, están hoy lanzadas en una carrera a ciegas por el poder. En aquella oportunidad fue la embajadora de Washington, Maura Harty, quien logró una alianza de los herederos explícitos del ex dictador Alfredo Stroessner (entre otras la corriente «argañista» y la encabezada por el ex presidente y poderoso hombre de negocios Juan Carlos Wasmosy), con algunas de sus víctimas durante décadas: el PLRA y agrupamientos de centroizquierda coaligados en el EN.
Sólo dos fuerzas quedaron fuera de aquel acuerdo: la Federación Nacional Campesina (FNC) y quienes en ese momento eran expulsados del gobierno que ejercían en nombre del general Lino Oviedo. En otro contexto y desde posiciones diferentes, otra vez se yerguen los actores de la crisis detonada el 23-3-99. La distancia entre aquella situación y la actual está quizá implícita en una noticia: a mediados de febrero pasado arribó a la capital paraguaya, como un bombero en emergencia, el general Philip Kensinger, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense.
La economía paraguaya tuvo un crecimiento cero durante el año pasado y previsible signo negativo para el 2000. Hay una desigualdad extrema en el reparto de la riqueza: el 62% de las explotaciones rurales tiene 10 hectáreas o menos y ocupa el 1% de la superficie rural, mientras el 1% de los establecimientos cuenta con más de 1000 hectáreas y cubre el 77% de las tierras cultivables(2). El país tiene una deuda externa de más de 2.000 millones de dólares para un PBI inferior a los 10.000 millones.
Una década de democracia no cambió las cosas: el salario obrero real, con base 100 para 1980, era en junio de 1999 igual a 110,9(3). La desocupación, del 14% según cifras oficiales, se eleva al 34% de acuerdo con datos confiables y supera el 60% si se le suma la subocupación. Una corrección a esta cifras: la «economía informal» (eufemismo para aludir al contrabando y la producción clandestina de todo lo imaginable: desde cigarrillos y whisky hasta armas y pasaportes) duplica, como mínimo, al PBI visible.
País agrario por definición, el Paraguay de las dos últimas décadas sufrió un proceso de acentuada urbanización e industrialización relativa, con un rasgo peculiar: las dos grandes obras hidroeléctricas que aceleraron ese paso -Itaipú y Yacyretá- se levantaron en sociedad con Brasil y Argentina respectivamente, aunando por un lado a los grandes grupos económicos paraguayos con ambos países y, a la vez, conectando a éstos con la realidad interna del socio menor. La jerarquía católica adelantó hace veinte años las perspectivas de esa dinámica: «En este proceso, surge por primera vez en nuestro país una clase obrera que aún no estructurada ni autoconciente, está llamada a desempeñar un creciente protagonismo social y político»(4).
Transcurridas dos décadas, el nuncio papal en Asunción, monseñor Antonio Lucibello, tiene que vérselas con aquellas fuerzas corporizadas y desatadas. Y toma posición: «los paraguayos siempre buscan peleas en vez de la unidad»(5). En uno de los puntos más conflictivos del país, la región de San Pedro, el obispo Fernando Lugo rompió lanzas con la FNC cuando denunció la existencia de armas en el asentamiento «Hachita» y promovió la intervención policial. En esa región, durante la última ocupación de tierras, en la estancia La Esperanza, cuatro campesinos murieron en enfrentamientos con la policía. Pero obtuvieron una victoria resonante: el 12 de enero pasado, un instante antes de la confrontación armada con el ejército y la policía, el gobierno cedió y les entregó 15 mil hectáreas. Ya están asentadas allí 1.300 familias. «Ocupar, producir, resistir», son las consignas de la Federación Nacional Campesina. Lo han hecho en 147 mil hectáreas, obtenidas en 10 años.
Una constante ebullición
En la ebullición social que precipitaría el debilitamiento y reemplazo de la dictadura, la Central Paraguaya de Trabajadores (CPT, controlada por el Partido Colorado) fue desbordada y se crearon la Central Unica de Trabajadores (CUT) y la Central Nacional de Trabajadores (CNT). Asociada a la corriente socialdemócrata del sindicalismo internacional la primera y con predominio socialcristiano la segunda, ambas organizaciones albergan corrientes más radicalizadas. En las últimas semanas estas centrales resultaron a su vez rebasadas por una nueva formación, el Frente Sindical y Social (FSS), estructurado en torno a sindicatos de empresas del Estado bajo la amenaza de privatización. El FSS y la Central Nacional Campesina e Indígena (CNCI) realizaron el 12 de febrero pasado un Congreso Popular, del que participaron dos mil delegados. La asamblea aprobó una marcha campesina y una huelga general para el 23 de marzo -aniversario del asesinato de Argaña – y decidió exigir inmediatas elecciones generales (no sólo para reemplazar al vicepresidente) y una Asamblea Nacional Constituyente. Sindicalistas y políticos de otras corrientes señalan a esta flamante organización como instrumento de liberales y oviedistas y le atribuyen escasa representatividad y capacidad de movilización. Como quiera que sea, el FSS tomó la delantera en el terreno político y puso a las restantes organizaciones gremiales ante la exigencia de definir una posición.
En esta tarea se empeña una coalición de organizaciones integrantes de una Mesa Nacional de Reconstrucción de las Fuerzas Populares. Allí buscan un punto de unidad la FNC, la CNT, la Central Sindical Campesina, el Movimiento de Juventud Campesina Cristiana, la Organización Nacional Campesina y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Populares (los «sin techo»). Se trata de un amplio bloque social y político en torno de los exponentes más representativos del campo y la ciudad, donde confluyen además un sindicato docente y una federación de médicos de reciente formación.
Una anécdota grafica el clima imperante en Asunción. A las seis de la mañana, en la sala de espera del ministro de Defensa Nelson Argaña, decenas de personas aguardan turno para hablar con el hijo del ex vicepresidente asesinado y hermano del candidato a futuro vicepresidente. Desfilan con aires de conjurados y gestos reveladores de más dudas que determinación.
«No hay inestabilidad» asegura el ministro a este enviado. «Eso es propaganda de ABC, el diario de la mentira, el diario de Oviedo». Según Argaña, en las fuerzas armadas no hay el menor atisbo de indisciplina. Además hay un acuerdo unánime con las reformas estructurales propuestas para todos los ejércitos latinoamericanos por las autoridades estadounidenses. No hay motivos de inquietud. «Hay hambre porque hay corrupción», admite el ministro. «Eso se resuelve con democracia e inversiones. Las elecciones de agosto garantizan esa perspectiva. En cuanto a Oviedo, lo tenemos acorralado», asegura Argaña. «Le queda la alternativa del terrorismo o el suicidio», concluye. A poca distancia del ministerio está el Congreso. En la Cámara de Diputados este enviado es recibido esa misma mañana por miembros de la bancada oviedista. «Entrevistar al general es posible, pero toma algunos días», dice un legislador. Y ofrece a cambio un contacto telefónico. Disca un número en el teléfono de su despacho: «Jefe, aquí un periodista extranjero quiere hablar con usted». A lo largo de 55 minutos, Oviedo explica su posición, luego de recordar que ha estudiado en la Escuela Konrad Adenauer y que no es «un inepto y un ladrón como los actuales gobernantes». Sin prisa, Oviedo se explaya: «el ministro de Justicia es odontólogo y el de Agricultura un químico», dice. «Mis prisioneros de 1989 son los que están gobernando» agrega, con otra alusión incontrovertible: él fue quien con una pistola en una mano y una granada en la otra rompió el cerco que protegía a Stroessner y lo tomó prisionero junto con sus principales colaboradores. «Veo muy malo, muy negro, muy crítico el futuro inmediato de Paraguay», dice el hombre al que el ministro de Defensa considera al borde del suicidio y de quien las autoridades aseguran ignorar el paradero.
Danza de hipótesis
Además de la oficial, que prevé elecciones para la vicepresidencia el 13 de agosto y apuesta a la victoria de Félix Argaña, hijo del asesinado vicepresidente, se barajan varias alternativas para resolver la crisis política. El PLRA lanzó una ofensiva destinada a lograr elecciones generales en plazos perentorios. Pretende, con argumentos válidos, que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional la permanencia del presidente González Macchi hasta el 2003. Con reserva de identidad, algunos de sus dirigentes admitieron ante este enviado que si esa hipótesis fallara, la opción sería alentar a militares para forzar la caída del Presidente.
Aunque resulte paradojal, esta táctica coincide con la del general Lino Oviedo. «Este gobierno se cae; no llega a agosto», dice el diputado Luis Villamayor, representante de esa corriente. Y continúa: «(a González Macchi) le quedan dos posibilidades para no terminar en la cárcel: renunciar y entregar el gobierno al presidente del Congreso, quien debería llamar a elecciones en 60 días, o un golpe de Estado. Aquí hay una competencia entre grupos para ver quién da primero el golpe». Villamayor asegura que las organizaciones sindicales «tienen demasiada fuerza para la salud del país» y fueron y son manipuladas por colorados y liberales contrarios a Oviedo.
Un ex obrero metalúrgico, Eris Cabrera, defiende no sólo el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, sino su compromiso directo en la conformación de un futuro gobierno. «No hay salida en este marco; la reforma agraria y las medidas de fondo necesarias para salir de este desastre sólo pueden ser llevadas a cabo mediante la participación democrática y masiva de los campesinos, los obreros, los estudiantes y el conjunto del pueblo». Cabrera es actualmente secretario general del Movimiento Revolucionario Popular Paraguay Pyahurá (Nuevo Paraguay), un partido marxista fundado cinco años atrás.
Entre estos bloques se ubica el Partido Encuentro Nacional, frustrado intento de constituir una poderosa coalición a la vez progresista y confiable para los centros de poder locales y extranjeros, hoy fracturado entre quienes defienden la continuidad de González Macchi y quienes demandan la ruptura con el gobierno. «Sí, es verdad, casi todo el mundo está conspirando», admitió a este enviado el senador Benigno Perrota, un veterano luchador del Partido Febrerista, comprometido con la reforma agraria y las libertades democráticas. Visiblemente incómodo en su actual papel, Perrota toma distancia de las alternativas de resolución inmediata, asegura que el espectro partidario tradicional está perimido y aboga por la creación de una nueva fuerza de masas definida por un programa de «liberación integral de nuestro país».
Hay otra hipótesis, de la cual nadie habla, con excepción del diputado liberal Luis Ferrás, quien el sábado 19 dijo en un acto público que un cambio de gobierno sólo será posible a través de «una revolución armada donde haya ineludiblemente derramamiento de sangre»(6). Por si faltasen ingredientes conflictivos, Stroessner rompió el silencio guardado durante una década y anunció que está programando su retorno a Paraguay.
