Argentina: clima enrarecido

Sin desafiante en el espectro político, con débil o nula respuesta social, el gobierno de Macri está trabado por causas estructurales agravadas por la victoria de Trump.

Tensión, incertidumbre, temor, son los rasgos dominantes de la sociedad argentina a fines de 2016. No hay sector que escape a ellos. A contramano de su historia, obreros y estudiantes no contrarrestan ese clima con pruebas de resistencia enraizada en amplias mayorías.
En la base está la penuria económica. Estancamiento con tramos recesivos vienen de un lustro atrás. Pero este año, pese a promesas de crecimiento a partir del segundo semestre, culminará con una caída estimada en 2,5%. Los pronósticos de recuperación pasan ahora a marzo próximo y reducen la perspectiva de aumento del PIB. En opinión de consultoras que hasta hace pocas semanas auguraban un 5% de crecimiento, la perspectiva es ahora de algo más del 3%, tal como previó el Gobierno en el presupuesto.
Al clima de desazón tampoco le falta el componente político: tras 12 meses de acompañamiento al gobierno presidido por Mauricio Macri las pugnas electorales para las legislativas de 2017 se han impuesto. Una fuerza centrífuga domina otra vez a pleno en las expresiones políticas y sindicales de las clases dominantes, incluso al interior de la coalición gobernante Cambiemos.
Pese a una batalla día a día más impiadosa, se mantiene el frente unido en torno a Macri: todos saben que una eventual desestabilización y caída del Presidente redundaría en imparable rodada hacia el abismo. Quienes apuestan a la perspectiva desestabilizadora no pesan. Un integrante clave de ese frente unido, la Confederación General de Trabajadores (CGT), amenazó con una huelga general pero hasta la fecha no hay signos de que la realice efectivamente. Una movilización de la CGT junto a llamados “movimientos sociales” (hecho sin precedentes) pretendía reunir a 200 mil personas para respaldar un proyecto de Ley de “emergencia social”. Como siempre, hay debate sobre la cifra de asistentes. Pero todos coinciden en que quedó demasiado lejos de aquel objetivo. La perspectiva de conflicto socialgeneralizado se traslada entonces a febrero o marzo, con un punto débil en las fiestas de fin de año. En muchas oportunidades para estas fechas se produjeron movilizaciones espontáneas de gran magnitud exigiendo bolsas de alimentos a los supermercados. Esa posibilidad está planteada ahora en los conurbanos con mayores problemas sociales (Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, en ese orden). Pese a la enorme penuria social (32% de pobreza, según cifras oficiales) en opinión de las dirigencias políticas de diferente signo una erupción de magnitud no es la perspectiva más probable.

Acuerdo preventivo

Para enfrentar ese riesgo eventual el Gobierno apela a multiplicar diferentes formas de subsidios a los más desposeídos, convenidos con los mismos agrupamientos que se movilizaron cinco días antes: el 23 de noviembre los ministros del área económica, laboral y social, firmaron simultáneamente con representantes de la principal cámara patronal y la CGT un acuerdo para que no haya despidos injustificados hasta fines de marzo. Con escasas horas de diferencia el ministro de Trabajo Jorge Triaca y la titular de Desarrollo Social Carolina Stanley firmaban con los titulares de las ahora llamadas “organizaciones sociales” (hasta no hace mucho denominadas “organizaciones piqueteras”, un acuerdo poco común: la emergencia social (vigente en realidad desde comienzos del nuevo gobierno) se extiende hastadiciembre de 2019. Además de elevar a 4 mil pesos subsidios vigentes hoy por 3.450 pesos mensuales bajo rubros tales como Argentina trabaja, Ellas hacen y Trabajo autogestionado, todos los cuales cobrarán un bono adicional en diciembre por 2.030 pesos. Para complementar la batería apuntada a impedir disturbios de fin de año el ministerio de Desarrollo Social distribuirá un millón de canastas navideñas. Éstas y otras numerosas concesiones, de hecho migajas para los condenados de la pobreza, suman 30 mil millones de pesos en tres años, a los que se agregan los 17 mil millones previstos en el Presupuesto 2017.
Acompañado de los titulares de bloques parlamentarios y con la presencia de los dirigentes de las organizaciones demandantes, el Gobierno festejó el acuerdo en alborozada rueda de prensa en la propia Cámara de Diputados. Fue después de una reunión un tanto surrealista, en la que los principales opositores y los dirigentes protestantes del 18 de noviembre se reunieran en el Congreso con los ministros de Interior y de Hacienda, Rogelio Frigerio y Alfonso Prat Gay. Incluso figuras del Frente para la Victoria y agrupamientos peronistas de acción barrial se mostraron allí, con gesto a medio camino entre obligada celebración y asombrada indiferencia.

Costosa victoria

No todos celebraron. Ciertos empresarios y buena mayoría de economistas profesionales se mostraron escandalizados por el rumbo de Macri. Esgrimen números para muchos sorprendentes: octubre concluyó con un déficit primario (es decir, antes del pago de intereses) de 63 mil millones de pesos, un 183% más elevado en relación con el mismo mes del año pasado. Sumado el pago de deuda, el déficit se eleva a 77.500 millones, 336% más que en octubre pasado.
Es el costo de una línea de acción inesperada para la casi totalidad del espectro político, que a priori condenó a Macri como “neoliberal”. Esta política liberalpopulista no puede sino financiarse con endeudamiento. En los primeros 10 meses de 2016 el Gobierno tomó préstamos por 52.138 millones de dólares. Bien es verdad que una parte sustancial, alrededor de 17 mil millones, se tomaron para pagar la deuda pendiente con los fondos buitres. El resto, en cambio, pasa a cubrir gastos corrientes y otros pagos por intereses.
Con tamaña hipoteca para sustentar el déficit se evitaron huelgas y acotaron movilizaciones. Esto ha dejado sin aliento al anterior elenco gobernante: el monto disponible para ayuda social de la ministra Stanley casi duplica el de su predecesora, Alicia Kirchner. Pero alarma igualmente a los propios partidarios del gobierno y, sobre todo, a otros miembros del amplio bloque que acompaña estratégicamente al Gobierno. La victoria de Donald Trump ya obligó a devaluaciones en países del área, lo cual redunda en la apreciación del peso argentino, y amenaza con un alza de tasas de interés que haría inviable la prolongación de la actual política oficial de endeudamiento. No hacen falta cálculos sofisticados para concluir en la inviabilidad a mediano plazo de tal estrategia. Otra cosa es que alguien como el ex ministro de Economía Roberto Lavagna diga a la prensa que por este camino “se marcha hacia un colapso”. Cualquier ciudadano argentino se estremece ante la idea de un colapso económico. Pero Lavagna sabe de qué habla: él asumió en Economía con un dólar equivalente hoy a 30 pesos, mientras que el actual está alrededor de 15,50. En el Ejecutivo sospechan que Lavagna aboga por una drástica devaluación. No es el único, desde luego. Pero tal medida provocaría una estampida inflacionaria, una aceleración del empobrecimiento y una crisis política incontrolable. La pregunta es entonces: ante los signos de fortalecimiento político de Macri y Cambiemos ¿aparece un sector burgués dispuesto a alentar la desestabilización?
Difícil de creer. Pero lo cierto es que en paralelo el conjunto de bloques peronistas, sin perspectivas visibles de unificación para las legislativas, acaban de bloquear la propuesta oficial de reemplazo del vetusto y tramposo sistema de votación con boletas únicas de papel por el voto electrónico.
Esta triquiñuela anacrónica está impulsada por una paradoja: recesión y aumento de la pobreza apenas han mellado la figura del Presidente, que según diferentes mediciones cuenta con más del 50% de aprobación. Sumado al elevado apoyo que concita la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se puede concluir que Cambiemos tiene serias perspectivas de asestar una nueva derrota electoral al peronismo el año próximo.
Esta paradoja deja de serlo si se tiene en cuenta otro dato indigerible para las dirigencias tradicionales: Macri ha volcado recursos para paliar las vicisitudes de los sectores más empobrecidos a la vez que busca sofrenar el déficit fiscal con impuestos que afectan a clases medias y altas. Estancamiento del precio del dólar, restricción de la masa monetaria, altas tasas de interés, son otros recursos para domeñar la inflación que en mayor o menor medida afectan a las capas medias así como a las franjas mejor pagas de la clase obrera, las cuales, suponen los estrategas de la Casa Rosada, no quieren el retorno de un gobierno peronista.
Como sea, las distorsiones profundas de la economía argentina no se han resuelto en el primer año de Macri, ni tienden a hacerlo. El plan desarrollista no se pone en marcha sino en medidas homeopáticas. En el primer semestre se perdieron 113 mil puestos de trabajo en el sector privado formal (se calcula que el empleo disminuyó el doble en el sector privado informal, en el Estado, tras despidos e incorporaciones, el saldo fue positivo). A partir de agosto hubo una leve recuperación de puestos de trabajo, que revirtió en octubre. Si acaso en 2017 Cambiemos logra que arranquen las inversiones en infraestructura, revierta la caída del empleo y del consumo, tal vez logre la hegemonía que necesita para poner el mínimo imprescindible de orden en las cuentas del capital.
Por el momento la burguesía no logra acuerdo para fijar bases sólidas al gasto fiscal, a la inaplazable urgencia de una política impositiva racional, a la reforma de un sistema electoral insostenible, al saneamiento de instituciones colonizadas por mafias de todo tipo, en primer lugar las que por una u otra vía responden al narcotráfico.
Ese desacuerdo probablemente irreparable pone en riesgo el frente unido que mantuvo a Macri en su primer año de gobierno. La única ventaja del capital es que frente a él no se perfila todavía una alternativa política real. Poco, pero por el momento suficiente.

L.B
24 de noviembre de 2016
@BilbaoL