Ya estaba en proceso de impresión esta edición, cuando en la mañana del 1 de marzo el Ministro de Defensa de Colombia anunció la “muerte en combate” de Raúl Reyes, uno de los comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Juan Manuel Santos admitió que el hecho había ocurrido en territorio ecuatoriano.
Esta página debía reproducir una reflexión de Fidel Castro del día 28 de febrero, que había sustituido, a última hora, el análisis habitual de esta sección. Pero fue necesario cambiar por segunda vez en dos días.
Significativamente, la columna original llevaba el mismo título que ésta. La diferencia es que, en la sucesión de acontecimientos contradictorios que empujan hacia la guerra o la paz, analizaba un hecho positivo: la liberación de otros cuatro prisioneros de las Farc, entregados en libertad al gobierno venezolano. El inusual cambio de una página que por definición no se ocupa de noticias inmediatas, revela el ritmo de vértigo y la gravedad que ha tomado la crisis regional.
Primero los hechos. Con el correr de las horas se comprobó que el presidente Álvaro Uribe le mintió a sabiendas a su par ecuatoriano. No hubo combate en territorio colombiano y un desplazamiento de las acciones hacia el país vecino. Presumiblemente para evitar un cerco de las fuerzas oficiales, las Farc habían transpuesto el río Putumayo internándose 1800 metros al otro lado de la frontera. El propio Correa aseguró en cadena nacional que los cadáveres de los guerrilleros fueron hallados sin ningún rastro de combate en el área y en paños menores; es decir, que fueron atacados, con bombardeos aéreos, mientras dormían. Aseveró además que aviones y helicópteros artillados entraron más de 10 kilómetros y atacaron al campamento desde el Sur. Luego hubo un segundo asalto. Ingresó otra cuadrilla de helicópteros que esta vez descendieron en el lugar. Sus ocupantes remataron a varios de los heridos y se llevaron a dos de ellos: Raúl Reyes y Julián Conrado, otro comandante de la organización insurgente. La operación dejó 20 muertos y dos guerrilleras heridas. “Fue una masacre”, dijo Correa. Luego anunció el desplazamiento de tropas hacia la frontera, la expulsión del embajador colombiano y convocó al Consejo de Seguridad Nacional. El Presidente ecuatoriano subrayó además que la detección del campamento había sido realizada por medios técnicos con ayuda de una potencia extranjera. Reyes utilizó un teléfono satelital. Desde la base estadounidense en Manta, esa llamada fue detectada.
Develada la mentira, el gobierno colombiano echó leña al fuego: declaró primero que había actuado en legítima defensa; y a pocas horas de la exposición de Correa, anunció que en la computadora de Reyes se había hallado una carta donde revelaba contactos de las Farc con el gobierno ecuatoriano. Ese mismo domingo 2 de marzo y tras el anuncio de que tropas del ejército colombiano se ubicaban sobre la frontera con Venezuela, el presidente Hugo Chávez se solidarizó con Correa, retiró de Bogotá a todo su personal diplomático, ordenó el desplazamiento de 10 batallones a la frontera y denunció que Estados Unidos está haciendo de Colombia un Israel en América Latina.
Objetivos de la agresión
Ya no son pronósticos agoreros. No sólo en áreas remotas del planeta se extiende la sombra ominosa de la guerra. Aunque durante el último año lo oculten quienes debieran estar previniéndolo, aunque por ineptitud lo ignoren o por complicidad lo soslayen las dirigencias políticas, esa amenaza planea hoy sobre el hemisferio americano. La búsqueda del acuerdo humanitario entre guerrilla y gobierno colombiano es un camino de paz; la negativa supone una escalada hacia la guerra. Desde noviembre estaba claro que, empujado por Estados Unidos, Uribe había optado por lo segundo.
Las causas están claras. Y no se explican sólo ni principalmente por el conflicto interno de Colombia: empeñado en neutralizar y revertir el movimiento de convergencia suramericano, Washington debía impedir el desarrollo del acuerdo humanitario. El bombardeo a un pelotón de las Farc a escasas horas de la entrega de prisioneros, atenta obviamente contra la continuidad de esa política. Pero la incursión bélica en territorio ecuatoriano va mucho más allá: como mínimo, clava una cuña entre esos tres gobiernos que dificulta y posterga sin fecha el proceso de convergencia suramericana (en días más tendría lugar en Colombia una cumbre de la Unión de Naciones del Sur, la sede de Unasur está en Ecuador, el más enérgico promotor de esa organización regional es Venezuela). Pero los acontecimientos pueden escapar al control y desencadenar un conflicto bélico entre estos tres países (junto con Panamá la antigua Gran Colombia bolivariana) y fatalmente involucrar al resto de la región, trastocando por completo el proyecto de unión suramericana.
De modo que tras la perspectiva de guerra hay intereses inocultables. Como son evidentes las razones para empeñarse en una batalla por la paz: la conformación de un bloque regional que otorgue autonomía al hemisferio y permita realizar planes de integración, genuino desarrollo económico y solución a los dramáticos problemas sociales que aquejan a 400 de los 500 millones de latinoamericanos.
En la maraña informativa será útil mantener claros los parámetros de la gravísima coyuntura abierta por la agresión colombiana a Ecuador y el duro golpe asestado a las Farc: el conflicto es entre el imperialismo estadounidense y el conjunto de los países al Sur del Río Bravo; y la opción, para toda el área, es entre la guerra y la paz.
