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Desde el 2 de diciembre pasado, el futuro de la democracia venezolana se juega en el actual enfrentamiento entre gobierno y oposición. Ante la descarada manipulación de los medios de comunicación, el presidente Hugo Chávez moviliza a la ciudadanía y parece contar con el apoyo de las fuerzas armadas. El desenlace es decisivo para América Latina.

 

No es nuevo el actor, pero sí lo es su protagonismo central, su transformación de figura de reparto en autor, director y primer personaje de la obra: los medios de comunicación en Venezuela dejaron de reflejar e interpretar los acontecimientos para pasar a diseñarlos según su voluntad, imponerlos como realidad virtual y luego conducirlos.

La osada operación ha fallado. Pero deja hondas y peligrosas heridas en la sociedad venezolana e inaugura una fase singular de la lucha política, más allá de aquel país y del presidente Hugo Chávez.

Es un hecho nuevo en cuanto al papel de la prensa en la política contemporánea, incluso en comparación con la función cumplida por estos mismos medios durante el golpe de Estado de abril pasado. Entonces, un paro fallido encubrió un golpe exitoso (durante sólo 36 horas, es verdad, pero exitoso) de grandes empresarios, una parte sustantiva de los mandos militares y las zonas más corruptas del aparato del Estado. En esta oportunidad, a la imposibilidad de paralizar al país se sumó la hasta ahora inconmovible actitud militar de subordinación a sus mandos naturales y alineamiento explícito con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Además, muchos de los sectores empresarios que se sumaron a la asonada de abril, ganados por las concesiones ofrecidas por Chávez, se alinearon del lado oficial en esta oportunidad. Importantes sectores medios, que en abril marcharon contra Chávez, retrocedieron luego horrorizados ante la descarnada condición fascista, ultrarrepresiva y proestadounidense del fugaz presidente Pedro Carmona. Y a diferencia de la actitud inicialmente pasiva de las organizaciones sindicales en abril, ahora las nuevas estructuras y dirigencias, enfáticamente convocadas e impulsadas por Chávez en los últimos 9 meses, tomaron la iniciativa e hicieron imposible siquiera una apariencia presentable de huelga general.

En abril los medios de prensa habían propagandizado la huelga y transformado radios, diarios y canales de televisión en instrumentos de propaganda para llamar al derrocamiento de Chávez. Luego magnificaron algunos hechos, ocultaron otros y manipularon todo. Ya aquello, puesto al servicio de un golpe fascista, era una enormidad anunciadora de graves males. Pero ahora se trata de otra cosa: como el escenario social era antes del punto de partida adverso a los intereses y planes representados por los medios de comunicación privados, fabricaron una realidad a la medida de sus intenciones y la machacan con absoluto desprecio por los hechos objetivos, durante 24 horas y en cualquier circunstancia, al parecer convencidos de que es posible convencer a cada ciudadano de que su mundo es el que se le impone desde la pantalla de los televisores y no el que cada uno vive en su hogar, en su trabajo, en su ciudad.

No es posible dejar de sorprenderse -y de alarmarse- ante la conducta de tantos periodistas y profesionales que, atrapados al parecer por un torbellino enajenante, se encapsulan en esta licantropía colectiva y ensayan una operación masiva que ya no es de desinformación, sino de reemplazo del mundo real, con la aparente certidumbre de que lograrán su objetivo.

Acompañado no sin fruición por la casi totalidad de los grandes medios de todo el mundo -y muy especialmente en Argentina, acaso porque un tobellino semejante azota estas latitudes- este fenómeno se transformó, en las últimas dos semanas, en una estafa informativa sin precedentes.

El fenómeno importa por lo que atañe a Venezuela y por su ineludible proyección urbi et orbi. Pero acaso lo más relevante es el anticuerpo a su medida que ha creado allá y en todo el mundo, lo cual no dejará de tener también una proyección de seguro impacto político.

 

Los hechos

Por tercera vez en el año, Fedecámaras, CTV (Central de Trabajadores de Venezuela) y la Coordinadora Democrática convocaron a una huelga general para el 2 de diciembre. En abril, como se sabe, la paralización fracasó, no obstante lo cual sirvió como telón de fondo para el golpe de Estado cuyo desenlace es por todos conocido(1). En octubre, tras otro pico de tensión, volvió a fracasar, pero esta vez con mengua notoria en la participación empresaria y, como se ha dicho, una actitud diferente de la clase obrera, ya ostensiblemente ajena a la estructura de la CTV.

Cabe hacer un paréntesis para subrayar que «huelga general» es un concepto que sólo puede aplicarse a la conducta de los trabajadores. Cuando son los empresarios quienes convocan a detener la actividad productiva y comercial, el término que describe el hecho es la voz inglesa lock out. Esta es la primera razón por la cual en Venezuela no hubo huelga el lunes 2 y mucho menos los días siguientes. La segunda, es que el sector patronal que adhirió a la medida de fuerza fue mínimo, circunscripto sobre todo al sector comercial y dentro de éste al área rica de Caracas, en la zona Este. La tercera, es que en esta oportunidad un gran número de establecimientos cerrados por sus dueños fueron abiertos por los trabajadores, lo cual sumado al hecho de que funcionó sin mengua el transporte, completó un panorama de casi total normalidad en la capital venezolana y tanto más en el interior del país.

Al atardecer del lunes 2, el paro había fracasado por tanto estrepitosamente, no obstante lo cual -y con el respaldo de la insólita cobertura televisiva, capaz de mostrar la calle donde uno está parado frente a un tránsito infernal como un desierto, como le ocurrió a este corresponsal el 21 de octubre pasado- la cúpula opositora llamó a continuarlo al día siguiente. Así ocurrió día por día durante toda la semana, pese a que en cada jornada desertaban los pocos adherentes a la protesta. Una excepción a esta regla ocurrió en PDVSA, la empresa petrolífera de Venezuela, donde la llamada «nómina mayor», es decir el cuerpo de gerentes de mayor nivel, lograba dificultar en grado diferente, pero en todo caso preocupante, la producción, la refinación y distribución de petróleo.

Al cabo de la semana, el viernes por la noche un tirador solitario disparó un arma en la Plaza Francia, elegante bastión de un grupito de altos oficiales golpistas instalados allí desde el 21 de octubre, y asesinó a tres personas. Los jefes militares ahora sin mando más allá de las 200 personas que los acompañan en su lánguida estadía en Plaza Francia, acusaron de asesino a Chávez. En cadena espontánea, los medios amplificaron la acusación. Pero el asesino fue detenido y su identidad (es portugués y había entrado cinco días antes al país), sugiere una cantidad de conexiones que por el momento están en investigación pero tienden líneas de explosivas derivaciones hacia la dirección ideológica y política de la oposición que pretende derrocar a Chávez.

Como de rayo, la población asoció este atentado terrorista con la provocación montada en abril, cuando francotiradores luego identificados como mercenarios pagados por la propia oposición, dispararon contra manifestantes opositores, provocaron muertes y detonaron la movilización y los hechos posteriores. Hecha la asociación y ante la convicción de que se estaba ante un nuevo golpe de Estado, esta vez las masas no esperaron a que Chávez fuera desplazado de Miraflores, sino que se volcaron en masa desde todos los puntos cardinales hacia el centro de Caracas: el sábado 7 una multitud que cubría unos 20 kilómetros de avenidas centrales ponía de manifiesto la correlación de fuerzas sociales existente hoy en Venezuela. Y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en su totalidad, como lo había hecho el 22 de octubre, cuando 14 oficiales llamaron a la rebelión desde la Plaza Francia, se presentó en televisión junto con el ministro de Defensa para garantizar a la población que respaldaba el orden constitucional y al presidente Chávez.

Éste habló el sábado ante la multitud, denunció la escalada golpista y llamó al pueblo a quedarse en las calles e impedir toda provocación. Al día siguiente, desde su programa «Aló presidente», hizo un cuadro de situación, garantizó que no había posibilidad de golpe de Estado exitoso y ratificó el llamado a la población a mantenerse alerta y movilizada.

Horas más tarde se sabría que había sido descubierto y neutralizado un ataque a Miraflores, que pretendía bombardear el Palacio y asesinar al Presidente. La prensa internacional calló toda esta información. La prensa venezolana fue más allá: agudizó su prédica golpista, mostrando una ficción según la cual Chávez se debilitaba, la huelga general se fortalecía y el fin era inminente. Ni siquiera por un elemental sentido de autopreservación los analistas de la oposición aludieron a un dato ya señalado con hechos incontrovertibles como prueba: si no infiltrados, los grupos opositores embarcados en actos terroristas destinados a matar a Chávez, están seguidos muy de cerca por la seguridad que defiende al Presidente (2).

El lunes, sin embargo, sería el día clave. Pasó también inadvertido para la prensa, pero es probable que tenga hacia el futuro una relevancia mayor aun que la del 13 de abril, cuando las masas populares se lanzaron a las calles en todo el país y rescataron a Chávez para reubicarlo en su cargo de Presidente. Por un lado, cientos de miles de personas rodearon los canales de televisión, en una pacífica pero no por ello menos amenazante demanda de que se dejara de mentir y de convocar a la violencia y al golpe. Por otro lado, los obreros petroleros comenzaron a actuar para neutralizar el accionar de la plana mayor asociada a los golpistas. Y aquí ocurrió un hecho importante: cuando la antigua cúpula de la empresa vio que comenzaba a perder terreno ante la embestida obrera, lanzó una ola general de acciones de sabotaje: si no lo puedo controlar, lo paralizo o lo destruyo.

Advertido, Chávez ordenó la intervención de las FAN para garantizar la seguridad de la empresa y la continuidad de la producción. Y se produjo allí una significativa conjunción de cuadros militares y obreros físicamente enfrentados con la cúpula de PDVESA, a la que se sumaron los pobladores de los barrios donde hay instalaciones de la empresa. Entre cientos, hay una anécdota impresionante: en Anaco, cerca de Puerto La Cruz, los gerentes decidieron cortar el suministro de gas con el que funcionan las grandes plantas de aluminio de Puerto Ordaz. Enterados, los obreros, encabezados por Ramón Machuca -un dirigente independiente que no milita en las filas del oficialismo- ocuparon varios colectivos, se dirigieron a Anaco, enfrentaron y neutralizaron a la policía enviada por el alcalde local -obviamente asociado a la oposición golpista- ocuparon las instalaciones y restablecieron el suministro de gas, impidiendo que se apagaran los altos hornos de su empresa.

Paralelamente, se tomaban medidas frente a algunos capitanes de barcos petroleros que pretendieron paralizar el transporte y obstruir las vías fluviales. Ese mismo lunes renunciaba la comisión directiva de PDVESA y luego, en un acto de autoridad de inequívoco significado, el presidente de la empresa, Alí Rodríguez, un hombre de larga trayectoria e inequívoco alineamiento con la revolución bolivariana y el presidente Chávez, destituyó a todos los involucrados en actos de sabotaje y anunció una reestructuración profunda de PDVESA, la ansiada presa de grandes capitales locales e internacionales que pretenden privatizarla y que está en el centro de las intentonas golpistas.

 

Horas de riesgo extremo

Recrudecieron en esos momentos los rumores y temores de que se sublevarían algunas divisiones militares. De hecho, falladas todas las instancias previas, la oposición afrontaba la opción de jugar el todo por el todo o sufrir una derrota de la que no podría levantarse. Por lo demás, nadie imagina que, pese a la exoneración de más de 400 altos oficiales de las cuatro fuerzas desde el golpe de abril, en la FAN no hay remanentes opositores, eventualmente dispuestos a sublevarse contra la Constitución y contra Chávez con el aliento del gran capital opositor y de la embajada estadounidense.

Sin embargo, desde el martes 10 hasta el momento en que se redacta este informe (en la mañana del lunes 16), no hubo signo alguno de malestar militar. Oficialmente, la oficialidad mayor se mantiene subordinada a los mandos naturales, en una cadena hoy de altos jefes que según todos los indicios se mantiene fiel a Chávez y dispuesta a defender la vigencia de la Constitución. Informes confidenciales no niegan la posibilidad de que algún cuerpo pudiera sublevarse. Pero no se lo considera probable, por la abrumadora disparidad de fuerzas entre chavistas y antichavistas, entre legalistas y golpistas. De hecho, la FAN está cumpliendo un papel múltiple en relación con la recuperación de PDVESA, que se extiende además a una operación de alto contenido político, un «megamercado» instalado en las calles de Caracas y otras capitales, destinada a garantizar no ya el abastecimiento, sino precios significativamente más baratos, de comestibles y otras mercaderías para las fiestas de fin de año.

Desde las filas golpistas el sábado 14 fue convocada a una manifestación a la que denominó Marcha sobre Caracas. Tuvo un eco considerable, aunque los manifestantes fueron menos que los reunidos en la embestida del 9 de octubre, oportunidad en que ante unas 300 mil personas se lanzó el paro del día 21 de ese mes. Pero más allá de las cantidades -que como se ve no son menores e indican una fractura importante de una franja social- lo significativo fue que en lugar de marchar hasta Miraflores, como habían anunciado sus organizadores, la concentración se realizó fuera de esa área, en la Autopista Fajardo, y no intentó aproximarse al Palacio de gobierno, rodeado por cientos de miles de partidarios de Chávez.

El día anterior, otro dato mayor apareció en el tablero de la crisis: el gobierno de Estados Unidos, hasta entonces limitado a «hallar una salida democrática», se vio obligado a acudir en respaldo de quienes demandan «Fuera Chávez ya» y anunció oficialmente que en Venezuela debían adelantarse las elecciones. Pocas horas después Chávez respondió que no cree que el gobierno de Estados Unidos esté interesado en que se viole la Constitución; ofreció enviarle al gobierno de Washington un ejemplar de los que siempre carga en sus bolsillos y subrayó que no existe la menor posibilidad de adelantar las elecciones al margen de las disposiciones constitucionales.

En su programa radial del domingo 15, Chávez denunció la última táctica empleada por la oposición, que por cierto volvió a llamar a «continuar con la huelga general el lunes 16»: transmitiendo desde Miraflores, el presidente sostuvo que «el gobierno constitucional y defensor de los intereses nacionales, enfrenta ahora un autobloqueo intentado por venezolanos, pero que ya hemos comenzado a derrotar». Se refiere a la ola de sabotajes en PDVSA y lo hace en explícita comparación con el bloqueo que Venezuela sufrió a fines del siglo XIX, cuando el presidente Cipriano Castro resolvió no pagar la deuda externa y fue bloqueado por Francia y Alemania(2). Chávez denunció que el bloqueo cuenta con la participación desembozada de los gobernadores del Estado Zulia, Manuel Rosales, y del Estado Carabobo, Enrique Salas Feo, lo cual subraya la magnitud del conflicto político planteado.

Sea como fuere que se desenvuelva esta confrontación, parece evidente la imposibilidad de cualquiera de las partes involucradas para volver sobre sus pasos. Aparece así en toda su trascendencia el carácter y las perspectivas de un conflicto económico, social y político que, mucho más allá de las fronteras venezolanas, muestra que en este naciente siglo XXI, mucho más que el anterior, la mera intención de un gobierno de defender la soberanía, propender al desarrollo económico y a una distribución menos inequitativa de la renta, desata fuerzas poderosísimas empeñadas en impedirlo sin reparar en métodos. Y como siempre, pero más, Estados Unidos está allí para intervenir en la política interna de otros países. Y como siempre, pero mucho más, los medios de prensa se distancian de su función original para intentar reemplazar la ausencia -por agotamiento y muerte- de los partidos, sindicatos y otros instituciones que hasta ahora obraron como efectivos instrumentos de poder, para transformarse en vehículo de la mentira y la manipulación, creando involuntariamente una necesidad cuya satisfacción acaso sea más relevante que el triste papel de los medios comerciales de difusión: una red multiforme y omnipresente de medios alternativos de toda escala y condición, que lenta pero efectivamente va ocupando el espacio informativo abandonado por los medios.

1. Ver dossier «Lecciones desde Venezuela», por Carlos Gabetta, Maurice Lemoine, Bernard Cassen y Alfredo Eric y Eric Calcagno, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
2. Esto daría lugar a la célebre «Doctrina Drago», por el canciller argentino Luis María Drago, quien denunció la ilegalidad del cobro compulsivo de deudas a un Estado. Ver Salvador María Lozada, «Moderna condena de Sísifo», Le Monde diplomatique Edición Cono Sur, junio de 2.000.

 

El fallido atentado contra Hugo Chávez indica hacia dónde intenta desplazar la lucha política un sector de la oposición. Con el ultimátum para que el Presidente renunciase antes del 16 de octubre último, el paro cívico del 21 y el patético pronunciamiento de 14 jefes militares involucrados en el fracasado golpe de Estado de abril pasado, la oposición jugó más allá de sus fuerzas. El paro quedó limitado a un sector del comercio y del área educativa y un 40% del personal jerárquico en Petróleos de Venezuela (Pdvesa). La industria trabajó a pleno.

 

En la madrugada del sábado 19 de octubre un disparo de bazooka podría haber cambiado el curso de la historia en Venezuela. Seis días después de la prueba de fuerza en las calles, cuando el presidente Hugo Chávez habló ante una multitud que cubría 19 kilómetros de amplias avenidas en el centro de Caracas, y dos días antes de un paro cívico –a esa altura ya condenado al fracaso– un sector de la oposición optó por lo que hoy parece el único modo de sacar a Chávez del Palacio de Miraflores: el magnicidio. Pero el atentado fue descubierto y el avión presidencial no aterrizó en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, donde lo esperaba un comando terrorista apostado en las playas aledañas.

La noticia la dio el propio Chávez en su programa dominical Aló Presidente. Horas antes, transluciendo la honda preocupación que lo embargaba, un comandante militar comprometido desde el primer momento con el gobierno había explicado a este enviado detalles del atentado y de la operación de inteligencia que lo desbarató. Informada de movimientos extraños en el Paseo La Zorra, zona cercana al aeropuerto, una comisión especial del Ministerio del Interior se dirigía al lugar cuando fue atacada con armas de fuego pesadas y una granada. Los atacantes habrían cubierto así su retirada, dejando tras de sí un arma denominada AT4, de origen sueco, especie de moderna bazookaantitanque, portable como un fusil y poderosa como un misil. También abandonaron un bolso donde había dos teléfonos celulares (uno de ellos con 49 llamados en la última hora), instrucciones de ubicación para el tirador y precisas coordenadas para apuntar el arma.

Más que los detalles, sin embargo, importa el doble significado del hecho: ahondadas sus divisiones internas, con los empresarios industriales en actitud de repliegue táctico, un sector de la oposición ha optado públicamente por la violencia, lo cual permite presumir que, cuanto más difícil se le haga consumar el asesinato de Chávez, más cerca estará de apelar al terrorismo contra otros objetivos. Por su parte el gobierno tiene bajo la mira, y presumiblemente infiltrados, a esos grupos. Ambas presunciones se vieron avaladas el lunes 21, cuando una hora antes de la finalización del paro, personal del Ministerio del Interior detectó una camioneta desde la cual dos hombres con armas sofisticadas merodeaban el palco donde se haría un acto oficial como contraparte del paro. Esta vez hubo dos detenidos. Uno de ellos, el ingeniero Argimiro Fernández, tenía credenciales de la policía del Chacao, el departamento capitalino donde viven las clases altas y se concentra el grueso de la oposición; entre las llamadas de su celular poco antes de la detención figuraba el comisario general Leonardo Díaz Paruta, director de policía en ese distrito. Sumadas estas dos operaciones a la realizada a comienzos de octubre, cuando fue desbaratado un plan de golpe y detenido quien sería designado Presidente(1), resulta evidente cuál es hoy la situación de ambas partes en este ámbito.

En el otro, el de las relaciones de fuerzas sociales, los datos no son menos rotundos. No es posible tener dudas respecto de los resultados del paro. El comercio adhirió en su totalidad en la zona este de Caracas, reducto de las clases altas. En el opuesto geográfico y social, la actividad fue normal. Menos drástica fue la fractura en el interior del país, donde los informes indican adhesión minoritaria en el área comercial. Pero la verdadera batalla se dirimió en otro terreno: el de la producción. Este enviado tuvo contacto directo con los dirigentes de base de las industrias principales del país y en varias de ellas comprobó in situ, más que la asistencia, la determinación antigolpista de los trabajadores, dispuestos a ocupar las fábricas si sus patrones cerraban las puertas. El protagonismo de la clase obrera industrial y el pronunciamiento contra el paro y el golpismo por parte de dirigentes con gran respaldo de bases en sindicatos y federaciones como Fedepetrol, sindicato de la electricidad, petroquímicos, automotrices, transporte, docentes y otros, dejó a la cúpula de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) sin sustento y en franca colisión con el conjunto de los trabajadores. Los colectivos circularon a pleno el 21, y también los taxis, un sector fuertemente opositor hasta no hace mucho. “El metro operó normalmente durante el día del paro”, admitió el órgano mayor del antichavismo(2).

Así, es explicable que ninguno de los dirigentes principales de la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática (articulación de esas dos entidades con los partidos de oposición), aceptaran un encuentro personal con este enviado durante el día del paro y el martes posterior. Sólo un intelectual de peso en las filas opositoras se avino a exponer su balance, a condición de mantener el anonimato: “el desastre comenzó cuando en el acto del 10 Carlos Ortega (máximo dirigente de la CTV) puso el ultimátum y llamó al paro de hoy. No podemos seguir con estas figuras odiadas por quienes supuestamente son sus bases y desprestigiadas en todos los segmentos de la sociedad. Habrá que hacerlo lentamente y con el máximo de cuidado, para que nadie en nuestras filas suponga que nos aproximamos al gobierno; pero hay que romper con ellos y crear un verdadero liderazgo opositor. Esto está acabado”.

Otro era el clima en Miraflores, sede del gobierno. A las 18.30 horas del día 21, la ministra de Trabajo María Cristina Iglesias entró al Palacio con el rostro radiante: “superó nuestras expectativas: el sector responsable por el 81% del PBI, es decir los obreros industriales, no paró en absoluto”, nos explicó, mostrando planillas y reportes de todo el país. Menos expresivo, el presidente de Pdvesa, Alí Rodríguez, se explayó ante este enviado con los resultados del paro en lo que es el corazón de la economía venezolana: “tuvimos asistencia completa en todas las áreas, excepto en la nómina mayor (personal jerárquico), donde hubo un ausentismo de algo más del 35%”, afirmó, para luego insinuar que los huelguistas serían sancionados. Poco después, el diputado Nicolás Maduro, dirigente sindical, resumió la táctica oficialista en el ámbito gremial: “Tomamos la consigna de la oposición. Ahora sí, elecciones ya… ¡en la CTV!”.

Mientras tanto, miles de personas comenzaban a llegar a las puertas del Palacio de Gobierno. Habían hecho un acto multitudinario en el centro de Caracas, donde el vicepresidente José Vicente Rangel hizo un balance neto: “Venezuela no paró. La gente de trabajo ganó la batalla”, mientras la multitud coreaba “¡mano dura!, ¡mano dura!”. Rápido de reflejos, Rangel respondió: “mano dura, sí, en el marco de la ley”, antes de explicar que la única garantía de paz está en Chávez y que su gobierno tendía nuevamente una mano a la oposición, lo que en términos efectivos supone acentuar la línea de acción destinada a arrancarle, bajo los efectos del fracaso del paro, un fragmento más al bloque golpista.

 

Dos tácticas

Magnicidio, terrorismo, es una de las líneas de acción adoptadas por la oposición. La otra, aunque no necesariamente opuesta, consiste en persistir en la exigencia de la renuncia de Chávez, como si los hechos de la realidad no existieran. Así como al día siguiente del fracaso del golpe de Estado en abril, diarios, radios y canales de televisión continuaron reclamando la renuncia de Chávez y un mes después asumieron la insólita posición de que no había habido golpe de Estado, ahora fingen que el paro fue un éxito.El Universal, decano de la prensa venezolana transformado en hoja de agitación golpista, tituló en primera plana: “Fue rotundo. La paralización fue un ensayo general para la ofensiva final”(3). Y a vuelta de página en un recuadro titulado “Los próximos pasos”, como si fuese un órgano partidario en combate, expuso el plan de acción inmediato, apuntado a exigir elecciones ya(4).

En ese punto el gobierno tiene una carta fuerte: la Constitución permite hacer un “referendum revocatorio” a mitad del mandato de cualquier funcionario. Para Chávez el plazo vence en agosto próximo, pero ya ha vencido para todos los diputados, alcaldes y gobernadores.

La oposición sabe que no puede ganar una elección. Y que no puede sublevar a las Fuerzas Armadas: la pantomima de 14 altos oficiales –todos comprometidos con el golpe de abril, sumariados y despojados de mando– vociferando en una plaza rodeados por 2 ó 3 mil personas que demandaron el día 22 la sublevación de las Fuerzas Armadas y la desobediencia civil, es un remedo patético del ultimátum de Ortega dos semanas antes: “no nos retiramos de la plaza hasta que no renuncie”, dijeron en posición de firme; “pueden quedarse cuanto quieran, mientras no obstruyan el tránsito”, respondió el Vicepresidente. Dos horas después, el general Raúl Baduel, comandante de la Brigada Aérea de Maracay, declaró que su fuerza estaba en alerta, bajo sus mandos naturales y dispuesta a hacer cumplir la Constitución. El argumento de los Mirage pesa en estos casos. A las 21hs el ministro de Defensa, general José Luis Prieto, rodeado de los comandantes y vicecomandantes de las cuatro fuerzas, condenó por cadena nacional la actitud de los 14 oficiales, indicó que incurrían en delitos penales y serían enjuiciados. No hubo un solo regimiento que se solidarizara con ellos. Y no porque no existan jefes contrarios a Chávez, sino porque ahora todos conocen las relaciones de fuerza y está clara la convergencia entre los sectores bolivarianos de las Fuerzas Armadas –largamente mayoritarios y hegemónicos– y la población civil organizada en los Círculos Bolivarianos. Esto pesó también en la OEA, que respondió inmediatamente condenando el conato. Incluso el gobierno de Estados Unidos los abandonó, con una declaración en la que se asegura que “no apoya ningún escenario inconstitucional o violento en Venezuela”. Los 14 oficiales golpistas quedaron aislados en la Plaza Francia, corazón del este caraqueño, con la inútil adhesión de Fedecámaras, CTV, Coordinadora Democrática y la prensa, a su vez puestos en la incómoda situación de tener que respaldar una causa perdida.

Chávez consolida su poder y la confrontación real se desplaza a otro plano. En el constitucional, se reconfigurará no sólo la oposición, sino el oficialismo, donde también hay turbulencias y división de aguas. El otro escenario, ya prefigurado por dos intentos de magnicidio, antes y después del paro, lo adelantó el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, cuando el lunes 21 insultó por televisión al general Jorge García Carneiro, comandante del ejército, contraponiéndole la policía metropolitana, ahora formalmente comprometida con uno de los comandos terroristas detenidos.

1. Luis Bilbao, “Horas decisivas en Venezuela”, Info Dipló (www.eldiplo.org), 15-10-02.
2. “El metro operó con pocos trabajadores”, El Universal, Caracas, 22-10-02. El título contradice el texto del artículo y los hechos constatables: este corresponsal comprobó la normalidad del servicio y la asistencia.
3. Título de portada y comienzo del copete. El Universal, Caracas, 22-10-02.
4. R. Giusti, “El chavismo terminará en las urnas”, ibid.

 

Un millar de delegados y más de un centenar de invitados al IIIer Congreso de la regional Capital de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se pronunciaron por la necesidad de crear una nueva herramienta política para responder a la grave crisis argentina. El Congreso Nacional deberá tomar una decisión en diciembre próximo.

 

Dos mundos por entero diferentes. La Plaza Constitución de la Capital argentina, sus aledaños colmados de miseria extrema, degradación humana, decadencia agobiante. Pocas cuadras hacia el Sur, ya en el barrio de Barracas, zona legendaria de las luchas sociales desde fines del siglo XIX, una fábrica abandonada (la antigua imprenta de la editorial Losada), transfigurada para alojar a una multitud resuelta: quiere revertir el curso de catástrofe por el que está lanzado el país. El primero revela destrucción y caída. El otro, anuncia exigencias y esperanzas.

Como siempre, aun los mundos más distantes tienen mucho en común. En la desolada Plaza Constitución contrasta el color inefable de los jacarandaes ganados pese a todo por la primavera. Y entre estos hombres y mujeres reunidos para escuchar y debatir propuestas, el espectro de la fábrica inexistente, símbolo de una Argentina devastada, se hace tangible con perfiles paradojales.

Como quiera que sea, algo nuevo puja por ocupar su lugar en «La Fábrica», el inmenso galpón ahora gestionado como cooperativa por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, donde casi un millar de delegados acudió el pasado viernes 15 de noviembre al IIIer Congreso de la regional Capital de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Varios centenares de invitados de muy diversa filiación completaban un conjunto movido por el punto dominante que debía tratar este Congreso: la creación de una nueva fuerza política.

La ausencia de cualquier respuesta efectiva frente a la crisis en constante aceleración, la disgregación de los dos grandes partidos que dominaron el escenario político durante el siglo XX, late en el hecho aparentemente paradojal de que una organización definida como central sindical obre como punto de encuentro para congregarse como expresión política. Pero la paradoja no lo es tanto cuando se tiene en cuenta que la propia CTA, en su nacimiento una década atrás, se denominaba Congreso de Trabajadores Argentinos y perfilaba como una fuerza política nueva frente a una crisis que, ya por entonces, invalidaba a la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista(1).

Hay un retorno a aquel origen cuando el material de debate para el Congreso nacional de la CTA, que tendrá lugar en Mar del Plata los días 13 y 14 de diciembre próximo, registra «una crisis capitalista de índole global», y tras describir los efectos de esa crisis en Argentina concluye que «debemos afianzarnos en la propuesta de construir, junto con otros, el Movimiento Político-Social que exprese nuestros intereses de clase y la independencia de nuestra Patria»(2).

Hay una deliberada ambigüedad en la noción «movimiento político-social». Cabe en ella tanto como lleve quien se proponga asumirlo. Pero vale sobre todo por lo que no es. Y no es una continuidad de la política hegemónica en la CTA desde fines de 1994, cuando sus principales dirigentes fueron atrapados por una lógica que, un lustro más tarde, los puso como sostén y socios del gobierno de Fernando De la Rúa. Esa experiencia traumática marca los debates de todas las instancias preparatorias del Congreso nacional. Y produce alineamientos marcadamente diferenciados que plantean dilemas severos, sobre todo ante la enorme presión de las elecciones en medio de la crisis. Es sintomática la declaración de Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA, al día siguiente del Congreso de la regional capital: «Para mí, Elisa Carrió, Alicia Castro, sectores de izquierda y el gobernador Néstor Kirschner son compañeros de una construcción de un país»(3). De hecho, en la propia cúpula de la CTA, la hegemonía lograda para formar parte de la Alianza se transformó en la difícil coexistencia de las orientaciones que De Gennaro se esfuerza por presentar como comunidad para la «construcción de un país».

Al margen de opiniones presumiblemente encontradas al respecto, lo cierto es que hoy, en período pre-electoral, aquellas partes se confrontan con creciente radicalidad.

Por eso cobra una significación singular el material votado por el Congreso de la CTA Capital, cuyas definiciones son más terminantes: «la capacidad de organizarse con autonomía e independencia de los factores de poder dominantes remite, necesariamente, a la construcción de un nuevo movimiento político (…) -y no un partido ni un frente- porque ese formato es el único que puede dar cuenta de la amplia diversidad de actores que pueden componerlo. En una coyuntura en la que es preciso superar la fragmentación política, la idea de movimiento remite al reconocimiento y pleno respeto por las identidades particulares legítimamente adquiridas durante la resistencia»(4).

Tras haber pasado de la necesidad de una nueva herramienta política a la fase más ardua de definirla incluso en términos organizativos, el documento precisa que «no se trata de un instrumento circunstancial, mucho menos de un mero dispositivo electoral, ni de un simple acuerdo de unidad en la acción. Hablamos de una herramienta estratégica que, tanto por sus contenidos como por las tareas que debe cumplir, rechaza cualquier atajo superestructuralista y se afirma como movimiento de liberación nacional y social».

El documento -discutido en 18 comisiones- llega incluso a esbozar criterios para dar corporeidad a la propuesta: «Los modos de creación del Movimiento pueden ser varios y hasta simultáneos. Desde ´fijar un mecanismo de encuentro de la militancia y de las representaciones de las distintas organizaciones´, pasando por ´acordar un piso mínimo de coincidencias entre las distintas fuerzas´, para luego ´evaluar la convocatoria a una consulta popular que plebiscite ese marco de coincidencias´ e, incluso, ´promover una asamblea o asambleas del movimiento popular para definir la constitución del nuevo movimiento político´. Pero lo que no puede quedar librado al azar es la decisión de impulsarlo ahora, en esta coyuntura de crisis, porque si no creamos el Movimiento en medio de la crisis no es verosímil ninguna salida propia frente a ella».

 

Punto de encuentro

Antes del Congreso en «La Fábrica» y de la aparición de estos documentos, de hecho fue constatable en todo el país la aparición de innumerables nucleamientos de todo tipo con propuestas análogas, acompañadas por personalidades de diversos ámbitos y las más dispares proveniencias, coincidentes en la necesidad de hallar un parapeto común ante los golpes despiadados de la crisis. La idea de ocupar el lugar abandonado por el PJ y la UCR, sin embargo, ya no transita por los carriles que predominaron durante la larga última década -y que llevaron del Frente Grande a la Alianza- aunque todavía no ha depurado un programa para la acción efectiva.

Un ejemplo: convocado por dirigentes de Luz y Fuerza de Córdoba, el 26 de octubre se reunió en La Falda un Plenario cuya resolución proclama: «no basta con echarlos, hace falta reemplazarlos y para ello Argentina precisa un proyecto popular. ¿Qué es un proyecto popular? Es reorganizar la economía, la utilización de los recursos económicos, naturales y técnicos disponibles, para que en nuestra sociedad cada argentino y todos los argentinos puedan tener asegurados el trabajo, la vivienda, alimentación de calidad, educación y cultura. Para ello es preciso democratizar la riqueza acumulada, con pesadas penas sobre fortunas y herencias formadas en la corrupción, igualar los salarios a la canasta familiar. Romper con la dependencia externa que desvía millones de dólares mensuales a la usura internacional, enfrentar el capital financiero que es hoy uno de los más importantes centros de acumulación de riquezas y explotación. Renacionalizar las empresas estratégicas como la energía, la comunicación y la banca. Enfrentar el monopolio de los medios de comunicación para que sean vehículo de educación popular y no de manipulación para defender intereses de los poderosos. Porque nuestro país precisa recuperar su soberanía sobre la economía, los recursos naturales y la cultura en una segunda y definitiva independencia nacional».

Además de este esbozo programático de netas definiciones (cuyos términos revelan la honda huella dejada en ese sindicato por el legendario dirigente Agustín Tosco), los obreros cordobeses afirman también la necesidad de «formar un movimiento político de base social que resuelva la dispersión» y subrayan que esa nueva herramienta debe «estar dispuesta a disputar el poder» y decidida a «la construcción de un nuevo estado democrático y participativo al servicio de los intereses populares».

En implícita coincidencia con un cuerpo conceptual que se abre paso más allá de las fronteras partidarias e ideológicas conocidas, la resolución de La Falda aclara que «el movimiento que planteamos debe ser amplio, abierto, en constante construcción, de base social, incluyente, democrático y participativo. Un encuentro abierto de convocatoria permanente cuyo lema sea ´convocar a convocar´, que respete la diversidad, las identidades y las autonomías de las organizaciones participantes, de acción política concreta, que diga lo que piensa y haga lo que dice».

Por poco más o menos, las mismas ideas se reiteran en documentos y llamamientos que llegan desde lugares tan diferentes como Chubut, Entre Ríos o Misiones. «Juntas Promotoras por una herramienta política de masas» u otras denominaciones semejantes aparecen en Zárate-Campana, corazón de la producción industrial (con predominancia de militantes provenientes de diversas vertientes de izquierda, del PJ y la UCR), pero también en las zonas más devastadas del Gran Buenos Aires, donde prevalecen jóvenes sin experiencia política y sin embargo enderezados tras la misma noción, ambigua en muchos aspectos, pero nítida y contudente en lo fundamental: además de las resoluciones relativas al ámbito nacional, el IIIer Congreso de la CTA Capital votó a favor de la construcción de «un bloque continental antimperialista».

 

¿Punto de partida?

El Congreso de la CTA Capital mostró y puso en movimiento una voluntad convergente. Aunque es prematuro dar por seguro que la voluntad se transformará en capacidad. En «La Fábrica» se dieron cita cuadros políticos de un arco amplio ideológico y político. Y desde la mesa que condujo la inauguración, miembros de la dirección de la regional expusieron conceptos poco habituales al convocar a respetar las disidencias, discutir fraternalmente, forjar una unidad plural…

No es un dato menor que los diputados del Partido Socialista Oscar González y Alfredo Bravo, sentados al lado de la diputada y dirigente sindical Alicia Castro, fueran cálidamente saludados por el Congreso, que no obstante silbó a representantes de ARI. En el IIº Congreso de la CTA Capital, en 1999, la mayoría de la dirección de la CTA se embanderaba con la Alianza y ésa fue la tónica de las deliberaciones. Ahora el punto de partida fue la edificación de una organización independiente y los miembros de dirección nacional de la CTA que ocupan cargos de diputados e integran el ARI, no estuvieron presentes.

En los talleres el debate sencillamente desechó aquello que fue la definición política de la CTA hasta el año pasado y se centró en votar a favor o en contra de una nueva fuerza política. Es significativo de los nuevos aires que corren en la política argentina el hecho de que la oposición a ese objetivo fuera asumida por un infrecuente bloque de organizaciones que se reivindican revolucionarias, encabezadas por el Partido Comunista.

Con diferente argumentación según el caso, ese bloque insistió en la necesidad de crear una central sindical clasista y condenó la idea de que el Congreso impulsara una herramienta política.

Al momento de la definición, la votación fue clara: 572 votos a favor de la resolución sobre «Estrategia y Táctica» arriba citada; 61 en contra; 6 abstenciones.

La mayoría, por cierto, está a su vez compuesta por corrientes que no necesariamente convergen cuando se pasa a discutir forma y contenidos concretos del «movimiento político-social». Por otra parte, allí se vio, sin embargo, algo más que diferentes concepciones estratégicas y lineamientos tácticos. En las críticas de la minoría, muchas cuestiones claves apuntaban al corazón de errores políticos y metodológicos graves de los últimos años, cuyas consecuencias están a la vista. La mayoría omitió referirse a ellos, confiando en su segura predominancia numérica. La minoría, por su parte, pareció no comprender no ya el cuadro de situación nacional, sino la propia realidad de los participantes del Congreso: enajenó voluntades y clausuró el camino de la reflexión, como si abdicara formalmente de la tarea de concientizar y elevar el nivel político de los trabajadores.

Por su parte, los mismos dirigentes que comenzaron el Congreso reivindicando la democracia, el respeto por las diferencias y el trato fraternal entre quienes confrontan posiciones, primero fijaron un 25% de votos en las comisiones para que posiciones minoritarias pudiesen ser expresadas y votadas en el plenario y luego, en medio de la confusión, llegaron a sostener que el Congreso debía votar una posición para llevar a la instancia nacional y no cabía suponer que se llevara también una opinión por minoría.

Tal vez el estruendo de tambores y redoblantes impidió reflexionar sobre la trascendencia, más allá de las filas de la CTA, del acto que estaba llevándose a cabo: ¿cómo construir un movimiento político de masas sin dar espacio y protagonismo a quien no reúna como mínimo un 25% de las voluntades en movimiento? ¿cómo respetar diferencias si ni siquiera ese porcentaje desmedido tiene derecho a hacerse oir en una instancia nacional? ¿cómo debatir fraternalmente si el lugar de las ideas lo ocupan instrumentos de percusión?

No es asombroso que al tomar impulso para dar el paso decisivo, el cuerpo resienta sus antiguas heridas. Resta saber si la energía -que tiene también fuentes en el pasado- combina con las exigencias de la hora.

1. Luis Bilbao, «Oportunidad para un gran debate»; Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur; Buenos Aires, septiembre de 2002.
2. Mesa Nacional de la CTA; Apuntes sobre nuestra estrategia. Documento para el debate Nº1. Hacia el 6º Congreso Nacional de Delegados; Bs.As., 2002.www.cta.org.ar
3. Luis Laugé, «No basta con pedir que se vayan todos; hay que echarlos»; La Nación, Buenos Aires, 18-11-02.
4. Documento de la CTA Capital Federal. Las citas del párrafo remiten al documento nacional.

 

¿Cuántas veces puede una oposición política salir derrotada de una prueba de fuerza sin que la situación se resuelva? ¿Cuántas veces puede desafiar el régimen vigente, exigir la renuncia de las autoridades e intentar reemplazar al gobierno apelando a medidas extremas… sin lograrlo? En estos días debería resolverse la crisis política venezolana.

 

No importa el signo y el juicio de valor que se le adjudique a una y otra parte en pugna. En cualquier hipótesis, la respuesta es inequívoca: si una de ellas tiene más fuerza real, habrá de imponerse sobre la otra; si hay paridad, la sociedad ingresa en una fase de desgobierno, desagregación creciente y decadencia en todos los planos.

Gobierno y oposición saben esto en Venezuela. Y cada uno sabe, más allá de los desesperados esfuerzos por distorsionar los resultados ante la opinión pública nacional e internacional, cuál es su fuerza efectiva para continuar una batalla en la que no cabe suponer tregua ni armisticio.

Las movilizaciones del jueves 10 y el domingo 13 de octubre pasado en Caracas completaron una etapa más en el desarrollo de la feroz lucha por el poder en Venezuela. Al término de la primera los líderes de la oposición al presidente Hugo Chávez se trenzaron en una pelea a puñetazos en el palco mismo desde donde debían comunicar a los manifestantes los pasos siguientes para lograr la renuncia del gobierno. La causa de semejante conducta estaba delante de ellos: pese al mecanismo de prensa automático que desde Caracas a Buenos Aires comunicó que habían marchado «más de un millón de personas» (O Estado de Sao Paulo, un diario habitualmente serio, tituló no obstante «entre uno y dos millones de personas»), la verdad es que los manifestantes no llegaban a sumar 200 mil (fuentes creíbles de Caracas sostienen que apenas superaban los 100 mil). Y ése no era el problema mayor.

Tamaña multitud es en cualquier caso una fuerza poderosa y significativa de una realidad social -para constatarlo basta preguntarse cuánto tiempo hace que en Argentina, con un tercio más de habitantes que Venezuela, no se ve una marcha de tales dimensiones- pero más que la mengua de la masa dispuesta a seguirla, la dificultad de conducción opositora estriba en su propia fragmentación, en la deserción de franjas importantes del empresariado y en el cambio de actitud de buena parte de las clases medias. Como quiera que sea, cuando la batahola terminó sobre el escenario, quien arrebató el micrófono fue el titular de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, quien ante la consternación de los dirigentes de Fedecámaras exigió la renuncia de Chávez «antes del miércoles 16» y anunció que de lo contrario lanzaría una huelga general el 21.

A poco que se conozcan los acontecimientos previos a la marcha del 10, se entiende mejor el nerviosismo de los dirigentes de la Coordinadora Democrática que se trenzaron a golpes frente a sus seguidores y ante las cámaras de televisión de todo el mundo. En los días previos el ministerio de Interior había desbaratado y expuesto el plan que apuntaba a repetir el mecanismo del 11 de abril pasado, cuando las fuerzas armadas destituyeron y detuvieron a Chávez, quien como se sabe fue devuelto a su cargo por una movilización de masas en todo el país, acompañada por sectores claves de las fuerzas armadas que rechazaron el golpe. En esta oportunidad el hombre designado para asumir la presidencia era Enrique Tejera París (AD), quien junto con el general Raúl Salazar Rodríguez (Copei), son denominados en Caracas como «los hombres de Washington».

Tejera París, llamado «el Kissinger Venezolano», es un anciano de larga trayectoria en la cúpula del poder. Artífice del Pacto de Punto Fijo (el acuerdo entre Acción Democrática y Copei mediante el cual ambos partidos se turnaron en el ejercicio del poder durante casi medio siglo), fue abogado de empresas petroleras, funcionario de la ONU, funcionario de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, embajador de Venezuela en Washington, presidente del Banco Industrial y presidente alterno de la Corporación Venezolana de Petróleo, antes de ocupar la cartera de Relaciones Exteriores en 1989 y embajador ante la ONU durante la segunda administración de Carlos Andrés Pérez.

En las filas de la Coordinadora Democrática se reconoce a Tejera París como máxima figura intelectual de esa estructura que incluye a AD, Copei, CTV y Fedecámaras.

Pues bien, diez días antes de la marcha, la vivienda de Tejera París fue allanada por fuerzas del ministerio de Interior, donde se descubrieron documentos, videos y grabaciones de reuniones en las que se preparaba un golpe de Estado y la designación como presidente de este célebre anciano. En una de las grabaciones se urgía a consumar el golpe «antes del 6 de octubre, porque si gana Lula después será imposible».

Aunque el informe oficial no identifica la voz, es posible asociar esa premura con la que movió a Ortega, tras hacerse del micrófono a los golpes, a poner como día D el 21 próximo (la segunda vuelta en Brasil es el 27). La presunción respecto del dueño de la voz apresurada vacila sin embargo ante la noticia que daría Ortega, el mismo domingo 13, tras la marcha de los partidarios del gobierno. Allí, ante una multitud que cubrió 19 kilómetros a partir del escenario en la Avenida Bolívar (aproximadamente un millón 800 mil personas, según periodistas venezolanos que contaron con fotografías aéreas para hacer el cálculo), Chávez preguntó si debía aceptar la conminación de Ortega de renunciar antes del 15. Tras la previsible respuesta, el presidente desafió entonces al titular de la CTV a realizar el paro, dando por seguro que no tiene la fuerza necesaria. La réplica de Ortega fue adelantar la huelga general para el miércoles 16, día siguiente al que se redactan estas líneas.

De modo que los hechos que fatalmente llevan a una definición están desarrollándose ahora mismo. Para interpretarlos puede ser útil saber que luego de la detención domiciliaria de Tejera París y el conjunto de las acciones tomadas desde el ministerio de Interior, en la superficie del acontecer político venezolano se percibió un significativo cambio de actitud por parte de Washington. «Estados Unidos ha bajado el nivel de crítica que tenía antes de abril y se ha mostrado más pragmático y moderado en sus posiciones, ahora más apegadas a la Carta Democrática de la OEA, que condena toda ruptura del hilo constitucional», dice un medio de prensa insospechable(1), para agregar enseguida con inocultable rencor: «La moderación (de Washington) también le sirve para lavarse la cara por su cuestionada participación en los sucesos de abril».

Es como el episodio de pugilato en el escenario de la Coordinadora Democrática… pero a distancia. Y en este caso ocurre entre el máximo medio de prensa de la oposición antichavista y la fuerza que hasta el traspié de Tejera París seguía moviendo los hilos de la conspiración.

Aun antes de conocer el desenlace de la anunciada huelga general, es posible concluir que la honda e irreparable fractura social y política que marca el curso de Venezuela desde hace tres años tiende a resolverse, en la coyuntura, con un saldo favorable a Chávez: en su discurso del domingo 13 señaló que la revolución bolivariana ya demostró suficientemente su capacidad de defenderse. Ahora, dijo, deberá mostrar su capacidad ofensiva. Una ofensiva destinada a aumentar los niveles de organización popular, a controlar y hacer funcionar correctamente el aparato del Estado, y una ofensiva económica, cuyos términos no aclaró.

 

Vuelco geopolítico

Por otra parte, son pocas las dudas respecto del resultado de la segunda vuelta electoral en Brasil. De modo que el curso actual de los acontecimientos podría ser interpretado como un afianzamiento de Chávez dentro y fuera de las fronteras venezolanas, o lo que es lo mismo, como una derrota de proporciones de la Coordinadora Democrática.

Si esta presunción se confirma, en realidad su dimensión excede por mucho a la realidad política venezolana. Según se pudo leer durante las últimas semanas en diversos medios y por expresiones de comentaristas ubicados a uno y otro lado del arco ideológico, analistas del Departamento de Estado alertan sobre un «nuevo eje del mal» (la expresión alude a la del presidente George W. Bush para definir como enemigos a Corea del Norte, Irán e Irak), formado por Caracas, La Habana y Brasilia. «Gobiernos y partidos opositores de izquierda de América Latina empezaron a prepararse para el vuelco geopolítico que podría acarrear la victoria del ex sindicalista Luiz Inacio Lula da Silva en la elección presidencial de Brasil, considerada en la región como inevitable»(2).

Es una percepción aguda. Aunque algo tardía. El vuelco geopolítico ocurrió hace ya tiempo y viene determinando el conjunto de grandes líneas de acción por las cuales transitan los países de América Latina, y Estados Unidos frente a ella. Le Monde diplomatique Edición Cono Sur registraba en noviembre de 1999: «en el país de Simón Bolívar afloran corrientes subterráneas anunciadoras de alteraciones trascendentales a una escala que excede con largueza la geografía venezolana: en diez meses se reconstituyó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el barril de crudo aumentó alrededor de 300%, con el impacto que esto supone para la economía mundial. Al mismo tiempo, un brutal giro de los ejes geopolíticos del hemisferio pone en cuestión el significado estratégico del Mercosur para proyectar una nueva línea, con apoyo en Brasilia y Caracas»(3).

La probable victoria del Partido dos Trabalhadores de Brasil el próximo 27 de octubre acentuaría significativamente aquel giro, a tal punto drástico que pasó en buena medida inadvertido. La perplejidad y posterior incomprensión de los resultados del fallido golpe de Estado en Venezuela en abril pasado, así como las interpretaciones desnortadas (y en algún caso que ahora busca reubicación, sorprendente) respecto de qué significaba el hecho de que Chávez no hubiese lanzado una contraofensiva devastadora al recuperar su cargo el 14 de abril, fincan precisamente en limitar el análisis a la circunscripción venezolana. Es curioso que esto ocurra incluso a plumas cuya mayor energía en los últimos años estuvo apuntada a escribir acerca de la «globalización». Este concepto, viejo de cinco siglos, tiene sin embargo carnadura nueva en la América Latina contemporánea: ningún país puede orientar (ni tan siquiera entender) su rumbo si mira la realidad fronteras adentro. Ocurrió así en el siglo XIX. Y se repite en la era de la más formidable revolución tecnológica de la historia humana. Chávez y Lula configuran en efecto un nuevo eje continental. Y a nadie escapa que por detrás de esa fotografía nueva del hemisferio se recorta la alta figura de Fidel Castro.

¿Nuevo eje del mal? Sin estudiar filosofía, más de 400 millones de personas, de las cuales 260 bajo el nivel de pobreza, definirán acerca del mal y del bien en un futuro que ya comenzó.

1. María Teresa Romero, «Del coqueteo entre USA y Chávez»; El Universal, Caracas, 9-10-02.
2. «Latinoamérica atenta ante ola izquierdista»; El Universal, Caracas, 9-10-02.
3. Luis Bilbao, «La revolución pacífica del comandante Hugo Chávez», Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre 1999.

 

Las relaciones argentinas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegaron a un non plus ultra. La altanería de los funcionarios internacionales, sin embargo, no refleja solidez sino debilidad e ignorancia de las relaciones de fuerza objetivas que se están creando a partir de la extensión y ahondamiento de la crisis. Para Argentina, como para toda América Latina y el Tercer Mundo, la continuidad de la sujeción a los dictados del FMI es incomparablemente más onerosa que los desafíos planteados por un proyecto independiente.

 

Decisiones cruciales aguardan ante la mirada impotente del gobierno argentino. Los vencimientos de la deuda externa suman hasta marzo –fecha supuesta de las elecciones– la mitad de los 9.400 millones de dólares que aún conserva el Banco Central después de haber perdido 9.000 millones en lo que va del año. Si las autoridades deciden cumplir con esos pagos apelando a las reservas, al momento de transpaso del poder –un imprevisible mayo de 2003– no habrá un dólar en el Tesoro. Antes, se habrá empantanado el comercio exterior, el dólar se habrá disparado y los precios habrán quedado fuera de control, en una combinación devastadora de hiperdepresión con hiperinflación. Por otra parte, la hipótesis de no pagar supondría un conjunto de medidas que el actual elenco gobernante difícilmente podría adoptar, comenzando por el control de cambios y del comercio exterior. En suma: en el cuadro actual, Argentina no puede continuar pagando, ni puede dejar de pagar. Por tanto, la transición que recorre el país no es hacia otro gobierno, sino hacia otra definición de su lugar frente al mundo, lo cual supone otra manera, por completo diferente, de entenderse a sí mismo.

Un movimiento inercial dicta mientras tanto los pasos de los actores políticos. Ajenos a la encrucijada histórica que exige definiciones nuevas y tajantes, el gobierno finge que ejerce el poder y las oposiciones actúan como si fueran tales. El ministro de Economía viaja a la reunión anual del FMI, los múltiples candidatos oficialistas gastan fortunas en la campaña con la mira puesta en una forma esquinada de la Ley de Lemas, el radicalismo busca un candidato y el resto se disgrega ganado por la perplejidad, al descubrir que las propuestas electorales y las maniobras clásicas para obtener espacios en las instituciones se volatilizan antes de cobrar forma. Ha llegado el fin de época, y nadie parece capacitado para reaccionar. El espectáculo de cada anochecer en las calles de Buenos Aires, cuando un ejército espectral de marginalizados sale a hurgar basura para saciar el hambre, es la representación plástica de una realidad que no cabe en el molde conocido, en la Argentina que fue.

 

Etiología del colapso

El nudo de la crisis económica argentina está fuera de Argentina. Dentro está el nudo político que hizo posible la hecatombe. Pero todo el curso de la economía local es resultante directa de una crisis con origen en los países altamente desarrollados, obligados a contrarrestar una ley de hierro de la economía capitalista: la caída de la tasa de ganancia.

La disminución de la tasa de beneficio –que no necesariamente supone reducción de los volúmenes absolutos– puede ser neutralizada mediante recursos bien conocidos por los economistas: forzar la baja de los precios de las materias primas y de la fuerza de trabajo; desplazar capitales hacia áreas ajenas a la producción de bienes necesarios, temporariamente más rentables. Por ejemplo la producción y tráfico de drogas prohibidas(1), la inversión en la industria bélica, o las altas tasas de interés para préstamos internacionales.

Para los tres gigantes capitalistas de la economía mundial –Estados Unidos, la Unión Europea y Japón– el flagelo no comienza ahora. Hacia fines de los años ’70 la situación acuciaba en ése y otros terrenos, y Estados Unidos tomó la delantera de una ofensiva global. Un ejercicio altamente ilustrativo (que ayuda a explicar por qué el grueso de la población rechaza en bloque a los partidos y dirigencias políticas) consiste en seguir paso a paso cómo se alinearon las fuerzas políticas argentinas a medida que esa ofensiva se desplegaba, hasta lograr una contundente victoria, consumada a fines de los ’80.

El hecho es que la deuda misma, esa suma desorbitada que hoy provoca una confrontación ineludible, no deviene de una necesidad local, sino del imperativo, para las economías más poderosas del mundo, de ubicar excedentes dinerarios de manera rentable. Pero además de imponer el endeudamiento, utilizando como instrumento a la dictadura militar, la necesidad –que como dice el refrán tiene cara de hereje– exigió la aplicación de los restantes recursos: invasión del narcotráfico, reducción extrema del salario, disminución forzada del precio de las materias primas y las más diversas formas del saqueo legal e ilegal. Para esto fue necesario apelar a gobernantes con la estatura moral para introducir esa nueva mercancía altamente rentable, las drogas prohibidas, y partidos políticos, sindicatos y otras instituciones dispuestos a recorrer el camino que el endeudamiento sideral trazaba: renegociar plazos y obtener nuevos préstamos a cambio de privatizar las riquezas básicas de la nación.

Un inconveniente de estas soluciones es que duran poco. Y así como los bombardeos estadounidenses apuntados a las bases terroristas de Ben Laden en Afganistán suelen caer sobre familias que festejan un casamiento, también hay collateral damage provocado por los misiles económicos lanzados desde los portafolios de pulcros funcionarios del FMI, el Banco Mundial (BM) y otros tentáculos.

Uno de los daños colaterales de la baja de salario a escala masiva es la caída correspondiente de la demanda. De modo que la multiplicación formidable de la capacidad de producir cada vez más mercancías, a cada momento más baratas, choca con la creciente ausencia de personas en capacidad de comprarlas. Y eso no ocurre sólo ni principalmente en Argentina, donde la desocupación rompe marcas y dos terceras partes de la población consume menos de lo imprescindible. Véase si no: “En casi todas las principales áreas metropolitanas la tasa de oficinas desocupadas todavía está subiendo después de 18 meses y ha alcanzado el 25% en Dallas y el 18% en San Francisco”(2). Para explicar por qué la economía estadounidense no logra retomar un curso de crecimiento, el mismo texto alude a la caída de los precios, indica que los economistas califican este fenómeno como sobreproducción y agrega: “Sobreproducción no es sino demasiada oferta a la caza de muy poca demanda. Y esto puede hallarse por estos días en una amplia franja: agricultura, autos, computación –hardware y software–, servicios financieros, acero y telecomunicaciones, para mencionar unos pocos. En casi todos los casos, esto es acompañado por estancamiento o caída de precios”.

Con un ángulo más general y mayor alarma, una voz insospechable advierte: “existe el riesgo de que antes del fin del 2003, las tres más grandes economías del mundo rico –Estados Unidos, Japón y Alemania– puedan tener tasas negativas de inflación”(3), es decir, deflación, o caída de precios. Los efectos no están en el futuro, sino en un presente de continua aceleración: “Al fin una nueva industria en crecimiento en Estados Unidos: la quiebra de corporaciones. (…Esta ‘nueva industria’) podrá facturar este año por un monto de 6 mil millones de dólares”, dice The Economist para enseguida registrar una serie de empresas estadounidenses de gran porte en bancarrota y señalar que el recurso de la quiebra “puede ser en sí mismo causa del problema de sobreproducción en las industrias del acero y aerolíneas”(4).

 

El papel del FMI

Una melodía reiterada insiste en que América Latina –y especialmente Argentina– carece de todo interés económico para Estados Unidos. Las cifras sin embargo dicen lo contrario. “América Latina pagó en los últimos 20 años 1,4 billones (1.400.000.000.000) de dólares (…) lo que representa casi cinco veces su deuda original, pero aún debe alrededor de tres veces más”(5).

Pero “todo el llamado Tercer Mundo, junto a los países de Europa del Este, abonó más de 4 billones en el mismo período. Esto significa que hubo una transferencia de recursos equivalente a más de seis veces la deuda original”(6). El cálculo es simple: sin el FMI, Argentina, América Latina y todo el Tercer Mundo podrían haber realizado la acumulación de capital necesaria para plantearse un crecimiento a la escala demandada por las necesidades de sus pueblos.

Con todo, ésa es apenas la punta del témpano. La riqueza succionada mediante intereses y amortizaciones de la deuda externa es una parte menor del saqueo. El caso argentino es, aquí también, paradigmático. En 1989, cuando la ofensiva global lanzada por Estados Unidos y sus aliados coronaba su triunfo, la deuda externa fue en Argentina una palanca clave para dar el zarpazo final. Y el Partido Justicialista, el instrumento eficiente para esa operación histórica.

Trece años después y completada la parábola del “neoliberalismo”, la deuda vuelve, casi cuadruplicada, a plantear una opción trascendental pero en un cuadro diferenciado: pese a la enorme succión de riquezas arrancadas del mundo subdesarrollado y dependiente, los países centrales vuelven a sufrir en sus economías el impacto letal de la sobreproducción, la caída de la tasa de ganancia, las quiebras en cadena y la agudización de la competencia por ocupar mercados y apoderarse de materias primas esenciales, específicamente el petróleo. Si éste es el saldo para los victimarios, qué podrá decirse de las víctimas. Argentina es un compendio: el colapso de su economía va acompañado por la virtual desaparición de todas las instituciones del sistema y la continuidad en cualquier hipótesis plantea recursos drásticos, que necesariamente cortarán el flujo de riqueza hacia las metrópolis imperiales y, con mucha probabilidad, tenderán a revertir el sentido de la distribución al interior del país.

 

Viraje global

Es justamente la magnitud y radicalidad de las medidas requeridas para dar incluso un primer paso lo que paraliza a gobierno y oposición. No sirven ya los planes económicos de recambio indoloro. Lo admite, desde su óptica, el propio presidente del FMI, Horst Köhler: “es preciso ser claros: el camino hacia el crecimiento no pasa por el populismo; es un camino doloroso”(7).

Altos funcionarios de países e instituciones acreedoras, hasta ayer panegiristas de las políticas implementadas a ultranza durante la última década, transpusieron todas las barreras de la prudencia y lanzaron sobre el país un alud de calificaciones infamantes. Se explica su ira: descubrieron lo que durante años no podían admitir, que también para ellos terminó una época y de aquí en más, no cobrarán. Será, en efecto, un camino doloroso. Sólo que a partir de ahora sufrirán también las economías del Norte. Así como a fines de los ’80 el Partido Justicialista volvía de ultratumba rescatado por la victoria global estadounidense y sobre la base de adoptar sin objeciones las directivas de Washington (luego la misma fórmula serviría para el surgimiento del Frepaso y la breve recuperación de la Unión Cívica Radical), ahora su desmoronamiento expresa también el sentido en que marcha el primer país del mundo. El brusco giro global, naturalmente, se siente con mayor violencia en los últimos vagones del tren, pero es el curso de la política mundial lo que está cambiando de rumbo. ¿Es preciso insistir en que ese cambio se produce en detrimento del jefe imperial? La apelación a la guerra, más allá de toda argumentación racional, en completo aislamiento internacional y enfrentando a cinco de los componentes del G8, es por demás indicativa (ver pág. 20).

Ahora bien: ¿cuál podría ser la razón para continuar subordinándose a los dictados del FMI? En la desembocadura de tales orientaciones está para Argentina la dolarización, el ingreso incondicional al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la constitución de una fuerza militar conjunta bajo mando de Washington y, previsiblemente, la fragmentación territorial, conjunto de medidas que potenciaría y cristalizaría por todo un período histórico la actual configuración social del país, con 19 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza y 9 millones de indigentes.

La decisión contraria llevaría a consolidar las relaciones en todos los terrenos con Brasil y extenderlas al resto de Sudamérica y el Caribe, en una dinámica cuyo horizonte replantearía el antiguo proyecto de los libertadores del siglo XIX, pero con las inmensas posibilidades objetivamente planteadas por el desarrollo actual de la ciencia y la técnica: una confederación con moneda única y proyectos conjuntos para superar el atraso y la pobreza. Que esta perspectiva sea entendida por los economistas delestablishment como “darle la espalda al mundo”(8) es indicativo, apenas, de que en momentos de grandes definiciones, hay quienes confunden hasta el lugar donde tienen el corazón. O tal vez no.

1. La invasión de la droga ocurrió en los países adelantados mucho antes que en el resto del mundo. Precisamente por estar prohibida, la droga no es sino una mercancía más, que se diferencia de zapatos, heladeras o autos por una única razón: la altísima tasa de ganancia que rinde (entre otras razones porque no paga impuestos). El desplazamiento de capitales excedentes hacia ese rubro es inexorable y ajeno desde luego a toda consideración moral (como lo es, por ejemplo, el trabajo infantil o la organización de tours sexuales a Thailandia). A través de paraísos fiscales, bancos off shore o emprendimientos de apariencia insólita, masas siderales de dinero confluyen con el flujo legal, a menudo sin que sus propietarios –los aportantes a ciertos fondos de pensión, por caso– tengan conciencia del camino que han recorrido.
2. Steven Pearlstein, “A bounty of supply in America is paid for with lost jobs”, International Herald Tribune, París, 26-8-02.
3. “Dial D for deflation”, The Economist, Londres, 14-9-02
4. “Bankruptcy in America: The firms that can’t stop falling”, The Economist, Londres, 7-9-02
5. Néstor Restivo, “América Latina ya pagó casi cinco veces la deuda externa original”, Clarín, Buenos Aires, 16-9-02.
6. Ibíd.
7. Babette Stern, “Les Argentins ne s’en sortiront pas sans douleur”, Le Monde, París, 23-1-02.
8. Laura Ferrarese, “Cómo sería vivir sin el Fondo”, La Nación, Buenos Aires, 22-9-02.

 

Durante una semana el enviado especial de el Dipló acompañó al presidente venezolano Hugo Chávez en una gira internacional y nacional. La primera escala fue el 6 de agosto en La Paz, para asistir a la asunción del nuevo mandatario boliviano. Al día siguiente Bogotá, donde en un marco dramático asumía su cargo el presidente de Colombia. De regreso en territorio venezolano, en una sucesión vertiginosa de asambleas multitudinarias con políticos, sindicalistas, empresarios y trabajadores en la isla Margarita y en la Guayana venezolana, Chávez puso en marcha una línea de acción de largo alcance, que apunta a organizar a la población y cooptar a un sector del empresariado.

 

Son las 06.30 hs. del viernes 9 de agosto. De tres a cuatro mil obreros siderúrgicos se agolpan a la entrada de Sidor, la empresa mixta emplazada como un fuerte en Puerto Ordaz, en la desembocadura del Orinoco. Esos hombres y mujeres cuyos rostros y gestos denotan el hábito del trabajo duro, quieren escuchar, si es posible tocar, pero sobre todo interpelar, al presidente Hugo Chávez. Otra multitud, ajena al conglomerado de empresas industriales –buhoneros, desocupados, amas de casa– confluye en un puente metálico que une por lo alto las explanadas de la fábrica –que asemeja una gran estación ferroviaria alemana de los años ’30– y canta consignas estridentes desde su lugar relegado y a la vez dominante. Ese sector diferenciado porta altavoces, esgrimidos como hachas. No pretende hacer ruido, sino hablar; y va precavido por si a los dirigentes sindicales organizadores del insólito acto se les olvida que ellos también existen. Pero la ostensible determinación de estos hombres y mujeres no es agresiva ni insolente: salta a la vista que, si bien están dispuestos a chocar con lo que sea, confían en ser escuchados y comprendidos.

Chávez ingresa a la escena. Viola todas las reglas de seguridad que él mismo declara imperativas desde el fracaso del golpe de Estado de abril pasado(1): según sus informaciones, el próximo intento será el atentado personal. Su equipo de seguridad se alarma, pero no rompe el principio impuesto por el propio Chávez: contacto directo con el pueblo; ninguna agresión a quienes pugnan por acercarse.

Este enviado hace un esfuerzo para aprehender la situación. Recuerda las legendarias asambleas en las puertas de las fábricas automotrices argentinas en Córdoba, cuando los estudiantes acudían para confraternizar con los obreros en aquel impar período histórico en el que se gestó lo que luego sería conocido como “Cordobazo”. Rememora el “otoño caliente” de los obreros italianos a fines de 1969 (los consejos de Turín y Milán, las marchas de decenas de miles en Génova; la erupción social en Roma); apela a la explosión de la primera celebración del 1° de Mayo en España tras la extinción del franquismo, en 1978, y aun a las grandes manifestaciones de los obreros del sindicato electricista de México, a lo largo de los años ’70. Acude incluso –porque el pensamiento siempre busca la analogía para comprender– a la movilización de los obreros de los países del Pacto de Varsovia en los años ’80. Pero en todos esos puntos de referencia faltan dos datos distintivos: esta masa humana vibra en una cuerda singular de choque social y el centro de atención es el Presidente. No para vituperarlo y exigir su renuncia –ése es un escenario por demás conocido en todas las latitudes– sino para escucharlo y, como se vería de inmediato, para dialogar con él de igual a igual. Y presentarle exigencias. Después de todo, se sienten con derechos: en lugar de ir a la huelga como exigían en los días de abril las cúpulas sindicales de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), ellos ocuparon las fábricas y fueron una pieza vital en el fracaso del golpe de Estado.

El Presidente toma la palabra. Lo ha precedido un dirigente sindical de planta, escuchado con respetuoso silencio, en el cual es posible no obstante advertir cierta toma de distancia. Pero el aire cambia de densidad cuando Chávez comienza a explicar, como en un curso para jóvenes militantes de un partido inexistente, el papel de los trabajadores en la revolución bolivariana. “La clase obrera no puede abandonar sus reivindicaciones inmediatas; todo lo contrario. Y no debe perder su autonomía. No se trata de ser un apéndice del gobierno. Pero debe pasar al terreno político, debe tener una estrategia; debe transformarse en el motor de la revolución”, dice interrumpido por miles de manos convertidas en puños y por una ovación.

 

Evidente contraste

A cuatro meses del fallido golpe de Estado, nada podría resumir mejor la situación venezolana que el contraste entre la realidad institucional predominante en Caracas –donde a esa misma hora el Supremo Tribunal de Justicia absuelve de toda responsabilidad a los implicados en la intentona– y el clima en las tres inmensas fábricas (Sidor, Venalum, Alcasa) que Chávez recorrerá en las siguientes seis horas, deteniéndose a hablar con grupos de trabajadores, escuchando sus reclamos, convocando a cada uno a ser un actor en el nuevo escenario político.

Pasado el mediodía se realiza otra asamblea, esta vez con los obreros de Alcasa, a quienes también se suma un contingente de desocupados. Nuevamente abre el acto un dirigente sindical, que emplaza al “compañero Presidente” por los rumores de privatización de Alcasa y la pasividad frente a directores de la empresa públicamente comprometidos con el golpe de abril. Y nuevamente –ahora bajo un sol impiadoso– Chávez desgrana conceptos y definiciones terminantes: “Esta empresa, ni ninguna otra empresa de Guayana, será privatizada mientras Hugo Chávez sea presidente”. Responde al clamor contra los gerentes golpistas, anuncia cambios y lanza la consigna de cogestión obrera en las empresas estatales. Y reitera: “los trabajadores deben organizarse, mantener su independencia, y tener una estrategia propia”; “la clase obrera tiene que convertirse en el motor fundamental de la Revolución”.

Esta es una de las dos claves políticas indicativas del plan estratégico de Chávez para consolidar su victoria de abril. La otra, como paradojal complemento, había quedado expuesta la noche anterior, en el anfiteatro de la Corporación Venezolana de Guayana, un conjunto de empresas estatales y mixtas. Allí, ante una audiencia abigarrada compuesta por trabajadores, empresarios y gobernantes de la región, bajo la consigna “compre venezolano”, el Presidente esgrimió un plan de reactivación económica y tendió la mano a los empresarios dispuestos a tomar distancia de la cúpula golpista de la central Fedecámaras.

Al igual que los obreros en las fábricas –presentes también en un sector del anfiteatro, en nítida representación de la fractura social que divide al país– los empresarios plantearon exigencias en tono cortante. Uno de ellos enfatizó en su discurso: “ahora se respira otro aire en el Ministerio de Producción y Comercio; hemos perdido tres años” dijo. Ese ministerio (hasta poco después del golpe ocupado por Adina Bastidas, la ex vicepresidenta responsable por el paquete de 49 leyes que desató la reacción opositora a fines del año pasado)(2), está ahora integrado, como el resto del gabinete económico, por técnicos a los que el ala más radical del amplio movimiento que apoya a Chávez denomina “neoliberales”.

Tras juramentar a un grupo de altos funcionarios que a partir de ese momento tienen la responsabilidad de garantizar que el Estado “compre venezolano” y subrayar que “el no cumplimiento de este decreto es para mí causa de destitución”, Chávez tomó la palabra para clausurar el acto. Comenzó por recordar el dramático momento vivido horas antes en Bogotá. Allí, en una ciudad ocupada por 18 mil soldados, con el espacio aéreo cerrado y un avión estadounidense Stealth controlando el área, una andanada de misiles lanzada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alcanzaba el palacio del Congreso y producía una masacre en un barrio marginal mientras el nuevo presidente colombiano Alvaro Uribe juraba su cargo. Chávez preguntó a su audiencia: “¿hacia allá vamos nosotros? ¿vamos a permitir que minorías nos impongan eso?, para responderse enseguida: “No; no nos impondrán la guerra”.

El mensaje es a la vez múltiple y nítido. Luego Chávez toma el dardo envenenado: los tres años perdidos. Y con serenidad pedagógica resume lo hecho en ese período. Expone la degradación económica, social y política del país bajo la Cuarta República. Y esgrime, como siempre hace, el fruto de los primeros dos años de gobierno: la nueva Constitución, “nuestro programa de acción; nuestra estrategia. El que tenga un rumbo diferente que lo proponga”. Luego desgrana cifras y datos de la marcha de la economía venezolana y los compara con los de otros países. Advierte que la Constitución permite cambiar a los gobernantes mediante plebiscito luego de cumplida la mitad del mandato, y subraya que para diputados, gobernadores y alcaldes ese plazo se cumple a partir de ese momento, en tanto el suyo vence a mediados del año próximo. El tono mesurado y afable no hace menos crudo el mensaje.

Indecisos entre la avidez y el miedo, entre suculentos contratos en una economía reactivada y un proceso político cuyo desenlace les resulta insondable, los dirigentes empresarios no cesan de acomodarse en sus asientos de la primera fila, a dos metros del orador. Para el observador extranjero no cabe duda respecto de quién conduce el juego allí. Y en ese punto el Presidente anuncia la designación como ministro de Desarrollo para Zonas Especiales de Francisco Natera, un ex presidente de Fedecámaras. El rictus de los dirigentes empresarios se transforma en sonrisa y aplauden con vigor. Luego el orador termina su prolongado discurso dirigiéndose a los trabajadores, que desde el fondo de la sala han rubricado con consignas y aplausos cada definición y les anuncia que a la mañana siguiente, muy temprano, se encuentran en Sidor.

 

La vasta convulsión

Un autor inglés injustamente olvidado, Herbert Reed, aludía al “orden superior de una vasta convulsión”. Ése es precisamente el dato sobresaliente en la Venezuela de hoy: una convulsión desmesurada, una abigarrada superposición de contradicciones, que roza por momentos el desgobierno y bajo la cual puede entreverse un orden diferente.

Sobre la consistencia y el curso de ese orden en ciernes se interroga este corresponsal en la madrugada del 6 de agosto, a diez mil metros de altura, mientras el avión presidencial surca la distancia entre Caracas y La Paz. El cansancio ha vencido a los integrantes de la comitiva que acompaña a Hugo Chávez a la ceremonia de asunción de Gonzalo Sánchez de Lozada. Un edecán se acerca a este enviado especial para susurrarle que el Presidente lo espera en su camarote.

El hombre que trabaja en medio de libros y documentos, casi en la penumbra, en un despacho sobrio dominado por el rugir de las turbinas, fue protagonista de una hazaña sin precedentes en abril pasado, cuando tras ser depuesto y secuestrado volvió a Miraflores rescatado por millones de personas en las calles y el grueso de las fuerzas armadas, rebeladas contra sus mandos. Chávez obtuvo una victoria estratégica. Pero en sus palabras se hace evidente que, lejos de ensimismarse en el resultado de la batalla, tiene todos sus sentidos puestos en el curso de la guerra.

No emplea estos términos. No apela al lenguaje militar, aunque subraya un conjunto de amenazas, en primer lugar un potencial atentado contra su vida. Pero es un dirigente político el que mide las relaciones de fuerzas y no parte de la realidad interna, sino del cuadro mundial, al que demuestra conocer en extensión y profundidad. Respecto de Estados Unidos, confía en que los problemas que comienza a enfrentar la gran potencia le permitan al menos lograr el statu quo. Descarta la posibilidad de otro golpe como el de abril. En el plano interno, la oposición carece de apoyo social y las fuerzas armadas han cambiado mucho desde esa experiencia traumática. Chávez no alude al punto, pero más de un centenar de altos jefes ha sido desplazado de los puestos de mando. Los reemplazantes son de otra generación. Muchos de ellos, ex alumnos del actual Presidente, quien hace hincapié en que la conciencia de los comandantes fue golpeada por la brutalidad del efímero gobierno de Pedro Carmona y la posibilidad de encontrarse en la trinchera de enfrente de la inmensa mayoría de la población en caso de una guerra civil. Esto fue también decisivo para los oficiales jóvenes, suboficiales y soldados.

Sin embargo Chávez no se confunde: “En otro sentido el golpe no ha cesado; estamos en una situación de golpe permanente”, dice. De hecho un observador desavisado no creería que Fedecámaras, la CTV y las siglas partidarias de oposición sufrieron una aplastante derrota cuatro meses atrás. Quienes en 40 horas de gobierno disolvieron el Congreso, desconocieron la Constitución, detuvieron a gobernadores, diputados y alcaldes e instalaron el terror, sostienen ahora una irrealidad creada cada día por los medios de difusión masiva y las declaraciones de políticos e intelectuales sin pudor, según la cual en Venezuela es preciso derrocar a Chávez para defender la democracia. Más aun: se muestran convencidos de que la caída del gobierno es inminente. “Oposición se prepara para la Venezuela sin Chávez. Estudian conformar un gobierno de unidad nacional”, dice el titular del diario menos agresivo(3), para luego precisar el programa de la unidad buscada: “sacar adelante a Venezuela sin Chávez y sin el chavismo”.

La irrealidad tiene no obstante aristas tangibles. Once de los veinte jueces del Superior Tribunal de Justicia resolvieron que en abril no hubo un golpe de Estado. Y que, en consecuencia, los militares que depusieron y secuestraron a Chávez para luego entregar el título de presidente a un dirigente empresario, no son punibles. Y cuando miles de partidarios del gobierno se vuelcan a las calles para protestar por el fallo, la policía Metropolitana, dependiente del alcalde mayor (gobernador) de Caracas, el ultraopositor Alfredo Peña, ataca con saña a los manifestantes, mientras las cadenas televisivas transmiten al mundo la imagen de un país sumido en el caos, con las masas movilizadas contra el gobierno y reprimidas por éste.

 

Unidad latinoamericana

Puerto Ordaz fue la última escala. Tras el maratón por las fábricas y el contacto directo con su base social, el Presidente luce más confiado aún que al comienzo de la gira. Aparte de cumplir con sus funciones protocolares, en La Paz y Bogotá ha desplegado una actividad sin pausa en reuniones con altos funcionarios de todo el mundo; con representantes de organizaciones de izquierda y nacionalistas que se agolpan solicitando una entrevista; con delegados de movimientos sociales que quieren verlo, hablar de sus luchas, asegurarle que se solidarizan con la revolución bolivariana. Chávez se hace tiempo para todos. Defiende la unidad latinoamericana y alienta todo paso tras ese objetivo. Insiste constantemente en la unidad. Y en sumar a los jóvenes y las mujeres: “fueron la vanguardia en el contragolpe de abril”, explica. Pero el saldo mayor lo sitúa en la evaluación de los resultados del contacto directo con los trabajadores, el nuevo factor en respuesta al golpe permanente. “Estamos entrando en una nueva etapa, la profundización de la participación, de los mecanismos a través de los cuales el pueblo, los sectores populares, las clases medias, los trabajadores, los verdaderos empresarios que producen, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, todos, participen de manera más directa en la gestión de gobierno”. “Esto no lo para nadie”, dice sonriendo, como resumen de un balance minucioso.

En el actual contexto mundial, el desenlace de la lucha de clases y de calles en curso en Venezuela, depende más del escenario global que de la evolución del conflicto interno. Pero desde ya puede afirmarse que Hugo Chávez ha instalado objetivos republicanos e integradores a escala regional y una dinámica de fuerzas que han transformado al país y se proyectan a toda América Latina.

1. Maurice Lemoine, “Golpe de Estado abortado en Caracas”, en el dossier “Lecciones desde Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
2. Luis Bilbao, “Revolución y contrarrevolución en Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur. Buenos Aires, enero de 2002.
3. Jesús D. Santamaría, Ultimas Noticias, Caracas, 3-8-02.

 

La reunión de presidentes del Mercosur, Chile Bolivia y México, realizada en la quinta presidencial los días 4 y 5 de julio, resumió el cúmulo de dificultades de las economías latinoamericanas, las pugnas entre el Norte y el Sur frente a la emergencia, y las severas dificultades de las economías centrales reflejadas en escándalos de corrupción y caídas bursátiles.

 

Extraño sino el del Mercosur. Fue forjado originalmente como instrumento económico regional al margen -y a menudo en contra- de los intereses de las naciones y pueblos componentes. Su desarrollo, siempre zigzagueante, le confirió gradualmente otro carácter: menos amarrado a los requerimientos inmediatos de un grupo de transnacionales y más anclado en el carácter de instancia de unión mercantil regional, camino por el que avanzó considerablemente, antes de ser objeto de fuego graneado desde dentro y fuera. Y ahora, cuando apenas respira en medio de un cataclismo económico que excede en mucho sus fronteras, adquiere carácter político, casi valor de símbolo y se replantea como una abstracción temible: de frustrada unión aduanera, a barrera geopolítica. Y cuando menos es lo primero, más se aferra a su nuevo papel, sin lograr no obstante definirlo y asumirlo.

Esa ambigüedad dominó el ambiente de la reunión de presidentes del Mercosur más Chile y Bolivia, a quienes se sumaría -novedad distintiva de la difícil coyuntura- el de México. Más que el encuentro jubiloso de dirigentes lanzados tras un proyecto de alcance continental, la reunión pareció una cita de familiares mal avenidos, forzados a estrecharse la mano por alguna circunstancia trágica. Bajo los efectos del «contagio» argentino y con cada mandatario -por diferentes razones- en escasísima posibilidad de ejercer el poder, Eduardo Duhalde, Fernando Henrique Cardoso, Jorge Batlle, Luis González Machi, Jorge Quiroga, Ricardo Lagos y Vicente Fox, eludieron a la prensa y toda instancia que pudiese echar luz sobre la naturaleza del encuentro y despejara la incógnita mayor: el presidente Fox ¿vino como embajador de Washington para neutralizar el Mercosur, quebrar la resistencia de Brasil, extender el Tratado de Libre Comercio (TLC) del que su país es parte con Estados Unidos y Canadá, para dar así una puntada final al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas)? ¿O acaso, empujado por los efectos devastadores de la pertenencia de su país al TLC, y acuciado por las derivaciones políticas letales de aquellos resultados, llegó a Olivos a buscar contrapeso para resistir la voracidad de su socio mayor(1)?

Las dos ruedas de prensa ofrecidas en Olivos graficaron con pinceladas patéticas el tembladeral económico y político sobre el que marchan los presidentes. En la primera, Duhalde y Fox redujeron el encuentro de México y Argentina al equivalente de la firma del boleto de compraventa de un automóvil: no sólo fue ése el único anuncio concreto, sino que en las intervenciones de ambos brilló por su luminosa ausencia cualquier idea referida a concepciones y tareas estratégicas para que América Latina afronte y resuelva no sólo la turbulenta coyuntura, sino una realidad signada por la pobreza, la marginalidad, la fuga descontrolada de riquezas en volúmenes que hacen empalidecer los datos de la era colonial, cuando naves españolas y británicas colmaban su capacidad de carga con oro y metales preciosos con destino a Europa. El punto central de las intervenciones de ambos presidentes fue el agradecimiento de Duhalde a Fox por su gestión de mediador frente a Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. Y viceversa: Fox enfatizó la importancia de ayudar a Argentina a pasar el mal trago. La regimentación grosera del diálogo posterior con el periodismo fue, en rigor, una necesidad para que la puesta en escena no se desmoronara con estrépito.

Y otro tanto ocurrió al cierre del conclave, el viernes 5, cuando tras la presentación de los siete presidentes para la ceremonia de firma de documentos… se retiraron cinco y quedaron frente a la prensa sólo Duhalde y Cardoso: había que evitar el choque de líneas de proyección continental entre México y Brasil e impedir, sobre todo, que alguno de los restantes presidentes debiera definirse.

 

«Preocupación»

El comunicado conjunto emitido por los presidentes del Mercosur más Bolivia y Chile, tras el obligado tributo a «la profundización de la cooperación existente», en el punto 3 informa que los presidentes «analizaron con preocupación el comportamiento actual del sistema económico y financiero internacional, que ha sido una de las fuentes que ha contribuido a la inestabilidad de la región». Acusación inusual, y por cierto no excenta de significación. Sin embargo, a renglón seguido el documento confirma que los presidentes «se comprometieron a continuar coordinando posiciones sobre los tópicos más relevantes de la nueva agenda internacional, entre los que se destacan el terrorismo, la corrupción, el narcotráfico…»(1).

De modo que la «nueva agenda internacional» asumida por los mandatarios no pone en primer lugar -de hecho no incluye- «tópicos irrelevantes», como, por ejemplo, el hambre y la marginación de más de 200 millones de latinoamericanos, la desocupación masiva, el colapso de Argentina y su previsibles derivaciones a escala regional.

 

Sorpresas

Bajo el impacto múltiple del asesinato de dos jóvenes desocupados y la «atroz cacería» (expresión del propio Duhalde) de manifestantes empujados por el hambre, los presidentes y funcionarios reunidos en Olivos se mostraban además sorprendidos por otro dato de la realidad regional: el resultado electoral en Bolivia.

En conversaciones privadas altos diplomáticos apenas disimulaban su consternación por la noticia impublicable: pese a la manipulación de las cifras y la postergación de los cómputos, Evo Morales, el dirigente campesino del Movimiento al Socialismo, había ganado las elecciones en Bolivia.

Recién cuatro días después el dato -convenientemente macerado para su difusión- traduciría la perplejidad de los gobiernos de la región a la opinión pública: «Sorpresa en Bolivia: el cocalero Morales trepó al segundo lugar», titularía el diario de mayor difusión en Argentina(3).

Es tarea de semiólogos y estudiosos de los medios precisar la significación del adjetivo «cocalero» en el título. Políticamente, sin embargo, es fácil entender la morosidad periodística, la reticencia conceptual, el adjetivo descalificativo y… la sorpresa.

Evo Morales estaba lejos de ser un favorito de las encuestas electorales. Tampoco tiene detrás un partido mayoritario. Y, al fin y al cabo, es un campesino que representa a sus pares del trópico cochabambino en la resistencia a la política estadounidense aplicada casi sin mediaciones en Bolivia desde hace años. El humilde cocalero, a diferencia de lo ocurrido en otras esferas, no se sorprendió por el resultado electoral. Antes bien, parece tener una perspicacia ausente en connotados think tanks, en no pocas cancillerías y en ciertas redacciones. En octubre de 2000 había declarado que «la lucha de los campesinos del trópico de Cochabamba es ahora contra el gobierno de Estados Unidos y no con el boliviano»(4). Días antes de las elecciones, en aparente asunción de este desafío, el embajador estadounidense en La Paz, Manuel Rocha, advirtió públicamente que si se votaba a Morales Bolivia no recibiría ayuda de Washington.

Pero ésa era una carta ya jugada. Y perdida. Le Monde diplomatique expuso un año y medio atrás la marcha de la coyuntura regional con un título inequívoco: «Colapsa en Bolivia la estrategia de Washington»(5). Pero la noción de fracaso no aludía exclusivamente al país vecino sino a América Latina en su totalidad. Al sistemático debilitamiento de Estados Unidos no sólo frente a sus tradicionales enemigos, las organizaciones campesinas y obreras del continente, sino respecto de sus propios socios, cada día más alarmados por la voracidad insaciable y las consecuencias más que riesgosas para ellos de las políticas dictadas desde Washington.

La «sorpresa» de Bolivia, llega después de innumerables desplantes de Brasil a la reiterada exigencia de Estados Unidos para consumar el ALCA. Y llega sobre todo después de la trascendental derrota de Washington en abril pasado en su intento por derrocar al presidente venezolano Hugo Chávez. Cuando en Brasil el candidato del Partido de los Trabajadores va por lejos primero en las encuestas para los comicios de octubre próximo, en Uruguay el Frente Amplio calienta los motores porque comienza a plantearse la posibilidad de un adelanto en las elecciones y en Argentina… las incógnitas superan a cualquier certeza, pero en unas u otras la diplomacia estadounidense sale mal parada.

Así y tras el nulo resultado de la reunión de presidentes en Buenos Aires, se explica la llegada al país del Sr. Otto Reich, subsecretario de Estados para asuntos hemisféricos del gobierno de George W. Bush.

No es preciso abundar acerca del currículum de Reich. Ya es pública su condición de figura reiterada en las operaciones encubiertas de la CIA en América Latina, desde la formación de un ejército mercenario en Honduras contra el gobierno sandinista de Nicaragua, hasta su papel en el reciente golpe fracasado en Venezuela. Su escala previa en Brasil resultó un episodio más de la dura confrontación diplomática entre el Planalto y la Casa Blanca: el enviado de Bush no fue recibido por Cardoso.

En un artículo publicado en la víspera de su arribo a Buenos Aires, Reich -de origen cubano y residente en Miami- inició la nota asegurando su voluntad de «expresar el respeto y la admiración de mi gobierno por ese gran país y sus ciudadanos»(6).

Desde hace algunos meses, y en directa correspondencia con el colapso de la estrategia de Washington en América Latina y sus redobladas presiones para aniquilar el Mercosur, se multiplicaron las pruebas acerca del «respeto y la admiración» que Washington profesa por la ciudadanía y el gobierno de Argentina. De modo que no puede caber duda respecto de la sinceridad y la fina elegancia en las palabras del enviado de Bush, como así tampoco de sus actividades en Buenos Aires luego del encuentro del Mercosur y, sobre todo, antes de la reunión de presidentes sudamericanos que tendrá lugar en Guayaquil, Ecuador, el 26 y 27 de este mes.

En este año de 2002, el Aleph no está en la calle Garay, donde lo puso Borges. Al menos por dos días estuvo en la quinta residencial de Olivos. Y quienes pudieron mirarlo sintieron un estremecimiento.

1. Carlos Gabetta, «El suicidio a través del ALCA»; Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, julio de 2002.
2. Comunicado conjunto de los presidentes de los Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile.
3. Clarín, Buenos Aires, 9-7-02
4. «Cocaleros cambian de enemigo, ahora es el gobierno de EE.UU»; Los Tiempos, Cochabamba, 9-10-00.
5. Luis Bilbao, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, noviembre de 2000.
6. Otto Juan Reich, » Estados Unidos y la Argentina «, La Nación, Buenos Aires, 9-7-02.