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Las cuentas públicas de Brasil preanuncian la posibilidad de que en breve plazo el Estado no pueda cumplir con los vencimientos de la sideral deuda de alrededor de 685.000 millones de reales. Esta perspectiva eleva el «riesgo país» y desencadena una crisis de imprevisibles derivaciones. Pero la prensa atribuye esto al «efecto Lula», en sintonía con la táctica del oficialismo para remontar su desventaja frente a las elecciones de octubre y para beneplácito de Washington, que espera el caos generalizado en la región para reunir los despojos, doblegar la resistencia encabezada por el gran capital brasileño e imponer el ALCA.

 

Una paradoja estridente ensordece en Brasil y replica en toda América Latina: los cuatro candidatos mejor posicionados en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre próximo corresponden a partidos que se presentan como socialistas. Son el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB), el Partido Socialista de Brasil (PSB) y el Partido Popular Socialista (PPS, ex comunista). No obstante, todos realizan los mayores esfuerzos para mostrarse como los mejores continuadores de un sistema que tanto en el auge como en la declinación, ha gestado la sociedad más desigual del planeta. A la vez, cada uno busca en el extremo opuesto del arco ideológico el respaldo necesario para vencer al adversario que debiera ser su aliado, si los nombres representaran contenidos y los programas escritos líneas de acción política. La hipocresía, se sabe, es el tributo que el vicio paga a la virtud. Pero algo más profundo, más potente que conductas individuales y partidarias, determina este contrasentido.

El rasgo político dominante en Brasil es hoy la búsqueda afanosa y urgente de cambio frente a la realidad intolerable y el horizonte ominoso. Una encuesta encargada el año pasado por la Confederação Nacional da Industria, indica que el 50% de los entrevistados cree que “el socialismo debería ser implantado en Brasil” (33% se pronunció en contra) y el 55% cree que “el país necesita una revolución socialista para resolver sus problemas” (32% en contra)(1). Paralelamente, la franja hegemónica de las clases dominantes brasileñas ha desplegado en los últimos tres años una decidida política continental signada por la oposición a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y dirigida a formas de asociación económico-política en Sudamérica (específicamente el Mercosur, profundizado y ampliado) que chocan de frente con la política de Estados Unidos hacia la región.

El mapa preelectoral, sin embargo, no contempla la asunción plena de ninguno de estos dos grandes ejes estratégicos. Mucho menos la combinación de ambos. El destacado nivel de las nuevas dirigencias brasileñas, el vigor singular de las grandes formaciones políticas y sociales creadas en las dos últimas décadas y la potencia de un aparato productivo sin par en la región no han cuajado hasta ahora una propuesta política a la altura de la crisis global.

En 1960, cuatro años antes del golpe de Estado, un tercio de la población consumía menos de 2.240 calorías diarias, es decir, estaba desnutrida, según los parámetros de la FAO (Food Agricultural Organization). Tras 21 años de dictadura militar, al recuperarse la democracia política y en el apogeo del desarrollo, la franja de población subalimentada llegaba a los dos tercios. En ese momento, ocho millones y medio de niños en edad escolar no concurrían a la escuela, una de cada dos casas no tenía luz eléctrica, cuatro de cada diez familias tenían un ingreso inferior a medio salario mínimo y más de 40 millones de personas –uno de cada tres brasileños– vivían en estado de pobreza absoluta(2). Cuando tras innumerables movilizaciones de masas se logró en 1989 la elección directa para el cargo de Presidente y el candidato del PT, Luiz Inacio da Silva, Lula, pasó a la segunda vuelta mientras se reducían a la nada los partidos tradicionales(3), el PSDB, el PSB y lo que ahora se denomina PPS, conformaron junto a otros partidos el Frente Brasil Popular para poner a “Lula lá” (allá, en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno). Fernando Henrique Cardoso, hoy presidente, saludaba sonriente desde los palcos de campaña, al lado del obrero metalúrgico que había despertado la esperanza de millones de jóvenes, trabajadores y profesionales.

Doce años después, el país tiene casi 160 millones de habitantes y todos los índices sociales han empeorado. La deuda pasó del 30 al 55% del PBI durante los dos períodos de Cardoso, pese al ingreso de 100.000 millones de dólares por privatizaciones. El año pasado el PBI creció un 1,5%, cifra inferior a la de crecimiento de la población y al ingreso de jóvenes al mercado laboral. Un cataclismo económico análogo al de Argentina, pero a escala brasileña, amenaza minuto a minuto. Pero si en 1989 el PT enarbolaba un programa de drásticos cambios y esgrimía sin tapujos su condición de socialista, distanciándose por izquierda de sus aliados, hoy ha invertido aquella postura y en términos programáticos difícilmente se diferencia de los que ahora son sus rivales.

 

Encuestas y alianzas

Una encuesta indicaba que al 13 de mayo pasado Lula contaba con el 42% en la expectativa de voto. Desde la portada, Veja, el semanario de mayor circulación en Brasil iniciaba la escalada: “Por qué Lula asusta al mercado”(4). Según ese sondeo, José Serra (PSDB), el candidato oficialista respaldado por el presidente Cardoso, alcanzaba sólo el 17%; Anthony Garotinho (PSB) el 15% y Ciro Gomes (PPS) el 12%. Para entonces, la candidata del PFL, Roseana Sarney (hija del ex presidente José Sarney), había salido de carrera tras un escándalo de corrupción. Y Lula había lanzado una bomba, al visitar el 13 de febrero una fábrica textil en Minas Gerais, propiedad de José Alencar, líder empresario, dirigente del Partido Liberal (PL) y figura prominente de la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD, dueña de la multimedia Récord) y anunciar que se proponía “hacer una alianza con el PL no sólo para ganar las elecciones, sino para gobernar”(5).

El giro estremeció al PT. Cuando días después Carlos Rodríguez, diputado y obispo de la IURD, declaró que “el país no puede embarcarse en nuevas experiencias en el área económica. No podemos hacer de Brasil un globo de ensayo”, la oposición estalló en el PT. En Río de Janeiro las tendencias de izquierda levantaron públicamente la consigna “Edir Macedo (jefe de la poderosa secta religiosa) não é meu companheiro”. El gobernador de Rio Grande do Sul, Olivio Dutra, condenó la alianza con expresiones de las que resulta difícil retroceder: “El PL no está en el campo democrático definido como nuestro ámbito de alianzas”, dijo(6). En el mismo sentido se pronunció el actual prefecto de Porto Alegre, Tarso Genro.

Pero allí no quedaron las cosas: “Para completar la reacción de condena nada menos que la Conferencia de Obispos de Brasil se sintió compelida a mostrarse en público (…) el vicepresidente de la CNBB, obispo Marcelo Cavalheira, declaró: ‘Nosotros sabemos el riesgo que se corre si elementos de una iglesia que tiene una potencia tan grande en la comunicación busca ciertos objetivos, como por ejemplo exigir un ministerio. Claro, eso puede preocupar a algunos sectores de la iglesia católica’”, según la revista Teoría e Debate(7). Para comprender la resistencia que genera la alianza con el PL –decidida por Lula y la mayoría de la conducción del PL– basta registrar que en la fundación del PT, en marzo de 1980, participaron unas 80.000 comunidades de base de la iglesia católica, a la sazón conducidas en su mayoría por sacerdotes enrolados en la Teología de la Liberación.

La posición oficial de la iglesia católica, sumada al rechazo ampliamente extendido en las bases, cuadros medios y tendencias internas que en conjunto constituyen una mayoría partidaria, había convencido a los analistas brasileños –y a la propia militancia– de que la coalición con el PL no plasmaría. Sin embargo, el 19 de junio pasado Lula anunció que Alencar sería su compañero de fórmula en octubre. “Hasta ayer a la tarde, prácticamente todos los diputados del PT y del PL afirmaban que la tentativa de coalición había naufragado en sus múltiples problemas, principalmente en la resistencia de parlamentarios que tenían miedo de ser perjudicados por sus socios”(8).

Lula no parece haber tenido en cuenta la sentencia de Goethe: “No se puede vivir para todo el mundo, sobre todo para aquellos con los cuales no se querría vivir”(9). Pero no se trata sólo del PT. El PPS hace igualmente los mayores esfuerzos por obtener aliados de “centroderecha”. Y el PSB, sin dejar de considerar la posibilidad de renunciar a la puja presidencial y apoyar al PT, continúa lanzando gruesos brulotes contra Lula (“es igual a Fernando de la Rúa”) y buscando alianzas con los fragmentos del PMDB. Mientras tanto, las últimas encuestas registran un leve avance de Serra (21%), y la equivalente caída de Lula (38%).

 

Debate programático

Antes de esta metamorfosis que conmueve dentro y asombra fuera, la dirección del PT confrontó respecto de los lineamientos programáticos a asumir. En un documento del Instituto Cidadanía presentado por destacados economistas del PT a fines del año pasado, titulado “Otro Brasil es posible”, sus autores sentaron las bases de la actual fórmula Lula-Alencar. La ríspida polémica desatada en las filas petistas quedó reflejada en las páginas de Teoría e Debate, que publicó un resumen de aquel documento y la réplica de un representante de la izquierda partidaria. El argumento principal subraya que un proyecto alternativo “debe ser políticamente eficaz, es decir, capaz de ampliar el marco de alianzas contra este modelo actual, movilizar las fuerzas populares y asegurar la sustentación de las políticas transformadoras”. En resumen, el texto propone “Políticas específicas orientadas a la reducción de la vulnerabilidad y de la dependencia externa, proyectadas en cinco dimensiones: recuperación del saldo comercial y reducción del déficit en la cuenta de servicios del balance de pagos (…) corrección de los desequilibrios oriundos de la apertura comercial (…) consolidación de la vocación de multilateralidad (…) adecuación de la política relativa al capital extranjero a las directrices y prioridades del nuevo modelo económico (…) regulación del proceso de apertura del sector financiero”(10).

Refiriéndose al agravamiento del endeudamiento y la dependencia, los autores proponen “una modificación radical de ese cuadro, que se proyecta en tres planos interconectados: recomposición de la capacidad estatal de regulación y apoyo al desarrollo (…) reversión de la fragilidad fiscal (…) desarrollo de mecanismos de participación democrática en la gestión estatal”.

En respuesta a estos lineamientos, la oposición de izquierda al interior del PT respondió en tono mesurado pero drástico: “El verdadero eje del documento es la creencia de que es posible conseguir ‘cambios profundos’, a partir de una situación catastrófica, sin grandes enfrentamientos, ni con el gran capital extranjero, ni con el interno. Y ni siquiera con aspectos centrales de la ideología neoliberal”(11). La crítica es más contundente en materia de política económica: “los autores del documento aceptan que un ciclo de crecimiento sea comandado por la inversión privada, y aceptan incluso que sea altamente dependiente del capital extranjero; se preocupan sólo por la inestabilidad que esto acarrearía (…) se sugiere que el Estado brasileño defina el papel y las tareas de las empresas multinacionales. ¿Alguien cree que éstas cumplirán las tareas que el Estado les atribuya? (…) Aunque el texto señale la desnacionalización de la economía como una cosa negativa, en ningún momento considera que sea necesario revertirla (…) no es exagerado decir que el texto entiende posible llegar a la ‘reconstrucción de la nación’ por medio de una especie de sociedad con el capital extranjero, sin colocar como objetivo la reducción del grado de desnacionalización de la economía y ni siquiera el fortalecimiento del sector público”.

Como se ve, de manera ordenada, seria y sin romper lazos organizativos, el debate ideológico-político en el PT es el mismo que se produce en forma desarticulada –y la más de las veces sin el mínimo de profundidad– en las izquierdas de todo el continente y de Argentina en particular. La devastadora campaña que la gran prensa brasileña centra en la metamorfosis física de Lula (ahora vestido con trajes de corte italiano y marcado paso a paso por el publicista Duda Mendonça, el mismo que asesoró a Eduardo Duhalde en las presidenciales de 1999), tiene como telón de fondo una incógnita mayor: ¿es posible cambiar de raíz el cuadro socioeconómico actual? ¿es posible introducirle reformas positivas y sostenidas en el tiempo? ¿qué carriles demandan la resolución del hambre, el analfabetismo y la marginalización? ¿cuáles son los prerrequisitos del desarrollo, de la soberanía y la independencia?

 

El recurso del método

Más allá del debate, se plantea la sucesión de hechos, comandados por una prensa que asume la iniciativa política que los partidos del statu quo no pueden arrebatarle al PT. El recurso consiste en atribuir el alza del dólar, el aumento del “riesgo país” y la consecuente amenaza de corrida bancaria y cesación de pagos al ahora llamado “efecto Lula”. Se oculta y tergiversa así la realidad, determinada por una deuda externa de 685.000 millones de reales (100.000 millones directamente en dólares), una masa de intereses equivalente al 8% del PBI, las tendencias recesivas dominantes a escala mundial y la imposibilidad de cobrar impuestos a las grandes empresas y fortunas, todo lo cual anuncia que antes de fin de año Brasil podría entrar en cesación de pagos.

Frente a la embestida, Lula llevó al extremo las líneas tendidas por el documento aludido: “vamos a preservar el superávit primario en la medida que sea necesario para impedir que la deuda interna aumente y destruya la confianza en la capacidad del gobierno de honrar sus compromisos. Estamos conscientes de la gravedad de la crisis. Para resolverla, el PT está dispuesto a dialogar con todos los segmentos de la sociedad y con el propio gobierno”, afirmó apenas dos días después de haber presentado a Alencar como candidato a vicepresidente(12).

Pese a la enorme concesión, el lazo opositor no aflojó: la prensa reprodujo con gran despliegue que para la consultora Goldman Sachs, lo dicho por Lula es “alentador”, pero “insuficiente”(13). “La reticencia del PT a acordar la independencia del Banco Central con medidas que aumenten la autonomía operacional de la institución, también es un factor de desconfianza en relación al PT”, agrega el comentario, antes de exponer las condiciones que podrían aventar esos temores, sugestivamente idénticas a las adelantadas una semana antes por el semanario británico The Economist: “que el próximo gobierno mantenga el actual superávit fiscal (antes del pago de intereses) del 3,5% del PBI; que la economía crezca al menos 3,5% anualmente, que el real se sostenga firme; y que la tasa real de intereses no supere el actual 9%”(14).

Estas condiciones presuponen otras, que el órgano portavoz de las altas finanzas no trepida en presentar: “La única manera de lograr que los inversores presten a tasas bajas es continuar la larga cuesta hacia la modernización de la economía, mientras se mantiene un firme control de las finanzas públicas y de la inflación. Si el señor Da Silva vence, y si los inversores le dan una chance, tendrá pocas alternativas aparte de marchar por este largo, difícil camino”. Tampoco Washington se privó de ejercer presiones públicas: “El problema de Brasil es 100% político, no tiene nada que ver con la economía”, declaró Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal. Más directo aun fue el vicepresidente del Citigroup y ex vicedirector del FMI, Stanley Fisher: “Las dudas están centradas en lo que hará Lula, todo indica que va a vencer en las elecciones”(15).

Semejante presión, y sus propias concesiones, ponen a Lula a tiro de piedra de sus rivales electorales. “Brasil está siendo víctima de un ataque internacional”, declaró Ciro Gomes, quien agregó refiriéndose a Lula: “un estadista tiene que proteger a su gente, no asumir compromisos espúreos o retóricos con esos especuladores”(16). Por su parte, Garotinho comparó a Lula con Fernando de la Rúa y aseguró que “está a la derecha del candidato oficial”(17). Pero más filoso aun fue el estilete de Serra, su principal rival: “Me parece bien que el PT apoye ahora nuestras metas de superávit. Yo mismo las presenté, hace dos semanas”. El candidato oficialista agregó: “Nuestra alianza está más preparada, tiene más voluntad política, más competencia y más persistencia para conseguirlo”(18).

 

El ALCA es la clave

En este cuadro socioeconómico y político preelectoral, Brasil refleja como ningún otro país el naufragio del Consenso de Washington, instrumento estadounidense mediante el cual el continente fue puesto tras el neoliberalismo. Los partidos involucrados en aquella estrategia imperial pagan ahora con el rechazo masivo de la población. De México a Buenos Aires, basta haberse comprometido con la marea de privatizaciones, endeudamiento, enajenación de empresas públicas y manejos financieros, para ser condenado por la opinión pública. Con los recursos extraordinarios obtenidos, los centros del capital paliaron la caída de su propia tasa de ganancia media (ver páginas 2-3). Y aun así, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Japón están en recesión.

Es en este cuadro que América Latina (más específicamente Sudamérica) oscila entre una política propia, los cantos de sirena de la UE y la exigencia terminante de Estados Unidos: un mercado único continental bajo su égida inapelable, el ALCA.

El Dipló ha registrado el realineamiento de fuerzas regionales encabezado por Brasil contra el proyecto estadounidense(19). Bajo la presidencia de Cardoso y en medio de reacomodamientos político-sociales aún en curso, un sector de las clases dominantes brasileñas impuso la oposición al ALCA y su punta de lanza militar, el Plan Colombia. Una y otra vez Estados Unidos chocó contra esta oposición, que amenazó con cobrar carácter de nuevo eje geopolítico cuando Brasilia convergió con Caracas(20). Fracasado el golpe contra Chávez(21), el Departamento de Estado centró su fuego en Argentina, el eslabón débil e inconsistente del Mercosur, transformado por obra de la necesidad extrema en línea de defensa de las burguesías regionales contra el ALCA. Pero el verdadero objetivo de este despliegue múltiple es Brasil.

“Estados Unidos considera a Brasil un ‘aliado esencial’ para el éxito del ALCA”, declaró la embajadora estadounidense en Brasilia, Donna Hrinak (casualmente trasladada desde Caracas a la capital brasileña). “Debemos superar los mitos y estereotipos de sectores interesados en no permitir que avance la integración comercial hemisférica que acusan a Estados Unidos de llevar adelante una política comercial sin equidad”, agregó(22).

Tales “mitos y estereotipos” calaron no sólo en Cardoso, sino también en el PT. El documento citado del Instituto Cidadanía expresa con inequívoco tono que “el ALCA no es una cuestión de plazos o de eventuales ventajas en este o aquel sector. Tal como está propuesto es un proyecto de anexión política y económica de América Latina, cuyo objetivo principal, por la potencialidad de su mercado interno, es Brasil”.

Imposible mayor contundencia. El hecho es que, bajo el peso de las presiones, medio año después de difundido aquel documento, Lula repitió la caracterización general respecto del ALCA, pero remató con una afirmación que supone un cambio de dirección: “Queremos un ALCA sin exclusiones (…) tenemos que incluir a Cuba en el ALCA”(23). O sea, sí al ALCA.

El “proyecto de anexión política y económica de América Latina” es hoy protagonista clave en las elecciones brasileñas y está llamado a jugar un papel aun mayor en el resto del hemisferio. Aunque no se debería desestimar la capacidad operativa del establishment político brasileño, es improbable que Cardoso, responsable de privatizaciones, endeudamiento, aumento en flecha de la pobreza y la marginalidad, así como de la extranjerización de áreas fundamentales de la economía brasileña, pueda imponer a su delfín. Lula tiene amplias posibilidades de ser presidente. Que el PT (un partido obrero de masas cuyo programa aún reivindica el socialismo) gobierne Brasil equivaldría a un terremoto político continental. Resta saber quién será deglutido por las inmensas grietas que se abren a medida que se aproxima octubre.

1. Encuesta publicada por el semanario brasileño Veja, tomada de Teoría e Debate, revista teórica del PT, N° 49, San Pablo, octubre-diciembre de 2002.
2. Luis Bilbao, PT Brasil: respuesta latinoamericana al desafío imperialista, Búsqueda Editora, Buenos Aires, septiembre de 1990.
3. Ibid. Ulyses Guimaraes, patriarca nacional, candidato del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), obtuvo el 4% de los votos; Aureliano Chávez, del Partido del Frente Liberal (PFL), el 0,6%.
4. Veja, San Pablo, 22-5-02.
5. André Singer; “Uma virada en tres tempos”, Teoría e Debate, San Pablo, Nº 50, febrero-abril de 2002.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. João Domingos, “PT fecha acordo com PL e Alencar será Vice”, O Estado de São Paulo, 20-6-02.
9. J. W. Goethe, O. C., Tomo I, Aguilar, México, 1991.
10. Aloizio Mercadante e María da Conceicao Tavares, “Eixos de um novo modelo”,Teoría e Debate, N° 49.
11. Joao Machado, “Um programa anacrónico”, Teoría e Debate, N° 49.
12. Silvio Bressan, “Lula asume meta fiscal para acalmar mercado”, O Estado de São Paulo, 23-6-02.
13. “Para analistas, discurso de Lula é insuficiente”, O Estado de São Paulo, 24-6-02.
14. “The 685 billion reais question”, The Economist, Londres, 15-6-02.
15. Sonia Racy “Problema do Brasil é só político, diz Greenspan”, O Estado de São Paulo, 24-6-02.
16. “Garotinho compara petista a De la Rúa”, O Estado de São Paulo, 23-6-02.
17. Ibid.
18. Angela Lacerda, “Serra elogia petista por adotar idéias tucanas”, O Estado de São Paulo, 23-6-02 (“tucanos” es el apelativo con que se alude a los miembros del PSDB, por el pájaro que utilizan como distintivo).
19. Luis Bilbao, “Brasil tentado por una opción sudamericana”, julio de 2000; “Militarización de la política”, septiembre de 2000; “Colapsa en Bolivia la estrategia de Washington”, noviembre de 2000; “La tenaza de Washington”, febrero de 2001; “Estados Unidos y la Unión Europea confrontan en Sudamérica”, abril de 2001; “ALCA: democracia tras el muro”, mayo de 2001; “Argentina vacila ante el nuevo mapa continental”, julio de 2001; “Estados Unidos alista un ejército para el ALCA”, septiembre de 2001; “Washington y la fractura global”, marzo de 2002; Le Monde diplomatique, edición Cono Sur.
20. Luis Bilbao, “La revolución pacífica”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, noviembre de 1999.
21. Varios autores, “Lecciones desde Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
22. “EE.UU. considera a Brasil ‘aliado esencial’ para éxito del ALCA”, Unión Radio, edición digital, Caracas, 4-6-02.
23. João Domingos, “Lula defende inclusao de Cuba na ALCA”, O Estado de São Paulo, 20-6-02.

 

A la recesión, que lleva ya cuatro años, Uruguay suma el impacto de la crisis argentina. Devaluación, fuga de capitales, quiebra bancaria, son fantasmas tangibles en Montevideo. Por si fuese poco, la Casa Blanca, para doblegar la creciente fuerza opositora a los planes económicos y políticos de Washington, ha resuelto utilizar como ariete al país incrustado entre Brasil y Argentina. El presidente Jorge Batlle ha sido empujado a la vanguardia de batallas de alcance y significación estratégicos: defensa del ALCA, confrontación con Venezuela, condena a Cuba. Y sobre todo a asumir el papel protagónico en el choque con el gigantesco Brasil para trabar el desarrollo del Mercosur.

 

“La Banda Oriental tiene la clave”. Casi dos siglos después de que Lord Ponsomby acuñara esa frase, Uruguay vuelve a ocupar un lugar de extraordinario valor estratégico. En el siglo XIX, la política imperial del astuto mediador inglés en la guerra entre Portugal y las colonias recién emancipadas requería un “Estado tapón” en la desembocadura del Plata. Hoy, Estados Unidos despliega sus artes para que este país opere como ariete de la voluntad y los intereses de Washington en el hemisferio.

Lejos de impedirle ese papel, los sombríos pronósticos económicos obran como fuerza adicional para hacer del gobierno uruguayo un instrumento de Washington. Sólo que en el cuadro contemporáneo la complejidad del mundo, de la región y del propio Uruguay, excluyen la reducción de este país al papel de cuña. El opositor Frente Amplio (FA), factor de estabilidad institucional, es a la vez una barrera objetiva frente al gobierno de coalición de Blancos y Colorados. La crisis económica, el alineamiento sobreactuado del presidente Jorge Batlle con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y contra el Mercosur, completado con el papel jugado por su gobierno al ponerse en manos de Washington para acusar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obran como un relámpago en el apacible y siempre previsible panorama político montevideano, donde junto con nociones tales como “riesgo país” (que a fines de abril superaba los 700 puntos) aparecen en boca de líderes moderados como Líber Seregni o de derechas, como Luis Alberto Lacalle, frases del tipo “Se agotan los tiempos políticos”, o “La estabilidad no va a poder sostenerse por mucho tiempo”, sin drásticos cambios económicos(1). Más directo, el hombre al que todas las encuestas prevén como vencedor en las presidenciales de 2004, Tabaré Vázquez, señala el riesgo sin subterfugios: “No quiero ser alarmista, pero aquí se viene una crisis igual a la de Argentina”(2).

Las devaluaciones en Brasil en enero de 1999 y en Argentina tres años después, han resultado devastadoras para la economía uruguaya. “Las exportaciones uruguayas a Brasil cayeron en un 40% y a Argentina un 70% ”, dice Constanza Moreira, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas. “Uruguay ha sido muy maltratado en el Mercosur”, explica, sin justificar la conducta oficial. Pese a todo, opina que es improbable que se abandone por completo la perspectiva de integración regional: “Todo el sector diplomático, el sindicalismo, la industria, apuestan al Mercosur. Sólo el sector importador acompaña a Batlle”, sostiene Moreira.

Con todo, no es menos explícito el alineamiento del Presidente con Washington y la consecuente fractura política, que pone en riesgo incluso la base bipartidista del gobierno. “Algunos han sugerido como necesaria una modificación en definiciones estratégicas de nuestra política exterior nacional y regional con respecto a la permanencia del Mercosur. No compartimos esta opinión”, disparó Washington Abdala, un diputado colorado alineado con el Foro Batllista, fracción opositora en el propio partido oficialista(3). Si para Batlle es serio que se le cuestione una línea directriz de su plan político, más grave es que la voz de esta fracción suene acorde con la del FA: “En nuestra fuerza hay unanimidad: el Mercosur debe ser la base de la expansión comercial. Estamos contra la política de romper la solidaridad con el Mercosur para cortarse solo”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Baraibar(4).

La hendidura política se produce además sobre un terreno cenagoso, que altera los nervios de todas las facciones: las exportaciones de bienes y servicios se reducirán todavía un 8% más sobre los deprimidísimos niveles actuales, el PBI caerá este año un 3,5%, siempre que se verifique la previsión de una inflación anual del 10% y se cumpla con la devaluación prevista del 32%.

“El único sentido que puede tener este intento del presidente Batlle de asociación bilateral con Estados Unidos es debilitar la posición de Brasil”, dice Raúl Sendic a este corresponsal. Hijo del legendario fundador de Tupamaros, Sendic es diputado del FA en representación del Movimiento 26 de Marzo, uno de los numerosos agrupamientos situados a la izquierda de la conducción hegemónica de la coalición. “En términos económicos, Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a Uruguay”, subraya el diputado. Ante el entusiasmo de algunos sectores por los beneficios de eventuales negocios con Estados Unidos, Sendic narra que en un reciente almuerzo con políticos y diplomáticos el subsecretario de Comercio estadounidense, Walter Bastion, esgrimió un dato lapidario: “No olviden que en términos de mercado Uruguay es un barrio de Chicago”.

La retórica cruda del presidente George W. Bush contagia, como se ve, a sus funcionarios de rango menor. Pero si en casos como el señalado no pasa de generar incomodidad o disgusto, adquiere otra categoría cuando se traduce en presiones como la sufrida por el gobierno uruguayo para asumir la función de acusador de Cuba. El presidente Fidel Castro sabía dónde golpeaba cuando acusó a Batlle de “servil, genuflexo, Judas abyecto”, para preguntarse luego ante la prensa internacional “¿Qué esperan para romper las relaciones con Cuba?”(5).

Ante el tenor de la réplica y el desafío explícito, Batlle no tuvo opción y rompió relaciones diplomáticas con La Habana, sumando así al aislamiento creciente de su gobierno una decisión impopular como pocas en este país de añejos y sólidos vínculos con la Revolución Cubana. El resquebrajamiento de la base política de Batlle y la turbulencia social alimentada por la crisis tienen en este episodio un acelerador adicional, probatorio además de que el papel destinado por Washington para el gobierno uruguayo tiene contrapartida y la tendrá en mayor grado en el futuro inmediato.

Con todo, si bien los trazos que delinean el intento estadounidense con base en Montevideo son nítidos, los hechos parecen ir por delante de interpretaciones y formulaciones políticas: el debate ALCA-Mercosur no es explícito en medios académicos ni partidarios (aunque sí, hasta cierto punto, en medios sindicales), ni la estrategia política del presidente Batlle se expone en términos de abierta confrontación con sus vecinos, pero su onda expansiva se expresa en una franca y muy honda fractura social, destinada acaso a impactar de manera trascendental en el panorama político uruguayo.

 

Proclama del Obelisco

Las más de 100.000 personas que el 16 de abril pasado marcharon hacia el Obelisco de Montevideo no eran una fabricación de marketing político. Tras un paro de la central sindical unitaria PIT-CNT, ríos de trabajadores ocuparon las calles y convergieron con gauchos de a caballo, tractores y camionetas provenientes del interior del país, convocados por 31 entidades empresarias, encabezadas por la Federación Agraria. Los disensos estratégicos mencionados más arriba tomaron la forma de un drástico realineamiento social. El gobierno bicolor sintió que desaparecía la tierra bajo sus pies. Según observadores de diversa ubicación ideológica, la dirigencia sindical y las entidades empresarias, aun sin proponérselo, desplazaron incluso a las fuerzas políticas –específicamente al Frente Amplio-Encuentro Progresista– del centro del escenario. Aquí también los efectos de la crisis parecen ir por delante de la reflexión teórica y el accionar político.

La convergencia de trabajadores urbanos y entidades pequeñas y medianas del agro produjo un documento denominado Proclama del Obelisco, cuya tónica está dada por frases como ésta: “¡El país se nos hunde y lo tenemos que sacar adelante! ¡Toda la sociedad uruguaya tiene que decidirse a actuar para estabilizar y profundizar la democracia!”. Indicativo del vuelco en curso es que entre los dirigentes agrarios sobresalen nombres históricamente asociados con la represión dictatorial y el fascismo militante. No menos significativo resulta que quedaran fuera de esta convocatoria la Asociación Rural del Uruguay –entidad fundada en 1871 y representante tradicional de los terratenientes– así como la Cámara de Comercio (el poderoso sector importador) y los principales representantes de la industria. Se trata de una revuelta social que fragmenta la base histórica de la estabilidad uruguaya. La causa es explícita y está lejos de referir sólo al panorama uruguayo: “¿De que inversión está preocupado el equipo económico?”, dice la proclama en referencia a la pérdida del “grado inversor”… “Evidentemente no de la inversión productiva, donde cada vez son más los inversores nacionales que se quedan por el camino (…) de espaldas a la producción nacional y vestidos de gala para atraer al venerado inversor internacional se quedaron sin visita, mientras asistían impávidos a la agonía del auténtico inversor nacional y de nuestros trabajadores (…). Está demostrado que sin el crecimiento y el desarrollo de una economía real, anclada en la producción, son efímeras las preocupaciones del gobierno por cautivar a los inversores. La economía burbuja, la del permanente endeudamiento con los organismos financieros internacionales, la de las importaciones indiscriminadas, la de las desproporcionadas ganancias del sistema financiero, sin un anclaje en la vida productiva real, está agotada. El país está paralizado. Estamos ante una emergencia social y productiva. El modelo económico aplicado en los últimos 30 años atraviesa su fase de agotamiento definitivo. Ahora son necesarios cambios sustanciales en el modelo a seguir”.

 

Debates teóricos y realineamientos políticos

Tras el acto y sobre la base de la Proclama del Obelisco, la “Concertación por el crecimiento” –instancia creada por las entidades empresariales en junio de 2001– formó una Mesa Permanente con el PIT-CNT. “Tenemos un enemigo común” explica Juan Castillo, dirigente del sindicato portuario y del PIT-CNT. Militante comunista, Castillo sostiene que no están en cuestión las bases clasistas del programa de la central obrera. En el debate programático, dice, “se trata de no apurar más de lo que estamos logrando, siempre con el objetivo de profundizar el marco de la alianza”. El dirigente portuario rechaza toda identificación de esta convergencia con la verificada recientemente en Venezuela entre entidades sindicales y empresarias: “La central venezolana siempre fue amarilla y corrupta; nuestra organización es clasista y en la Concertación sólo están empresarios pequeños y medianos, los grandes no asistieron”. En referencia al curso que toman los trabajadores cuando dirigentes de izquierda asumen posiciones en alianza con partidos o entidades empresariales, como el reciente resultado electoral en Francia, donde el PC integraba el gabinete de ministros, Castillo aclara que “alguien se puede llamar comunista y defender intereses totalmente distintos de los trabajadores. Y después lo paga”.

Al interior de la central sindical, el movimiento provocó un debate. El documento conjunto fue aprobado por cuarenta votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Los sindicatos de Artes Gráficas y de Industrias Médicas y Afines que no aprobaron la plataforma, valoran el hecho de que “por primera vez en muchos años gremiales empresariales acuerdan con el PIT-CNT en que la actual política económica está agotada”, pero subrayan que “no se contemplan las aspiraciones básicas del movimiento sindical como recuperación salarial, negociación colectiva y protección a la organización sindical, ni tampoco la defensa de las empresas públicas contra la privatización”.

La Proclama centra sus objetivos programáticos en “reactivación del mercado interno; defensa de la producción nacional; reactivación del sector exportador; reformulación del papel del Estado, potenciándolo como factor de desarrollo nacional y de respaldo del aparato productivo y como mecanismo de redistribución social de la riqueza; reformulación del Mercosur, integrado macroeconómicamente, de complementación productiva, democrático y solidario, no solamente como condición necesaria para nuestro desarrollo económico sino para el afianzamiento de nuestra soberanía”.

Este programa, que tiende a repetirse en otras latitudes ante los efectos devastadores del llamado “neoliberalismo”, es atacado desde las filas liberales uruguayas con una afirmación demostrativa del tipo de debate abierto en la región: “conceptualmente, lo que ahí se propone el país ya lo hizo, con un resultado nefasto (…). Fue el modelo de ‘sustitución de importaciones’ que se aplicó desde comienzos de los años ‘50 hasta mediados de los ‘70, generando el peor desempeño de la economía uruguaya en este siglo”(6).

Por su parte, la conducción del FA asumió de inmediato la significación de la irrupción política de una fuerza social con ancha base de sustentación. “Es una interpelación a todo el sistema político (…) hay que canalizarla dentro del sistema político y el Frente Amplio va a trabajar sobre ese tipo de cosas y continuará su análisis” declaró Jorge Brovetto, vicepresidente del FA, tras una reunión de la conducción nacional(7). Para canalizar el nuevo fenómeno, el FA propone una reforma constitucional que permita que esos reclamos tengan formalmente cabida en la definición de las líneas de gobierno. Y poco después trascendió lo que ya se presentaba como certeza en círculos políticos “El Frente Amplio está pensando en la posibilidad de que un dirigente ruralista integre la fórmula presidencial con Tabaré Vázquez”(8).

La justificada certidumbre en la solidez de sus instituciones, como se ve, no paraliza los reflejos de la oposición uruguaya ante el papel asignado por Washington al actual gobierno y los riesgos de una derivación política de la crisis económica.

1. “El gobierno prevé anunciar en dos semanas medidas para ‘retomar la iniciativa política’”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02.
2. El Observador, Montevideo, 24-4-02.
3. “Diputados reivindican al Mercosur como acuerdo prioritario y advierten al gobierno que no lo descuide”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
4. Ibid.
5. La República, Montevideo, 23-4-02.
6. Michele Santo, “La Proclama del Obelisco”, Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
7. “FA ultima proyecto de reforma constitucional”, La Juventud, Montevideo, 23-4-02.
8. Loreley Nicrosi, “El FA busca un ruralista para fórmula con Vázquez”, El Observador, Montevideo, 24-4-02.

 

Homero describió como nadie la suerte cambiante en los campos de batalla. En la Venezuela de estos días el autor griego hallaría buena argamasa para sus historias, acaso menos épicas pero no menos trascendentes, si se mide lo que está en juego en América Latina. Las respuestas del gobierno han frustrado por el momento los planes opositores -la postergación de una huelga general es un ejemplo- que buscan ahora respaldo en las fuerzas armadas. Los próximos meses serán decisivos para el destino de la Revolución Bolivariana.

 

En diciembre pasado el signo político más saliente en Venezuela era la impetuosa embestida del conjunto de la oposición, abroquelada tras una coalición de empresarios y sindicalistas. Tres meses después, el panorama se trastocó: quienes contaban con la certeza de que para esta fecha habrían derrocado al presidente Hugo Chávez, no logran hacerse de la iniciativa política y, en consecuencia, han ingresado en una fase de disgregación y debilitamiento ostensibles.

La secuencia es elocuente: el 10 de diciembre se realizó una huelga general. Fedecámaras –la cúpula empresaria– y la dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezaron la primera demostración de fuerza contra el gobierno. Bien que heterodoxa y difícilmente sostenible en el tiempo (las patronales impulsaron al paro a los trabajadores y garantizaron el pago de la jornada perdida), la convocatoria tuvo un éxito considerable y, amplificada por los medios de difusión nacionales e internacionales, estimuló al bloque antichavista, que de inmediato planeó un cronograma de movilizaciones y anunció una nueva huelga, esta vez por 72 horas, para el 18 de marzo(1).

Pero el optimismo inicial cambió rápidamente de signo. El gobierno, en lugar de ceder ante el desafío, replicó acelerando el paso. Desde el mismo 10 de diciembre, cuando convocó a la población a la calle y obtuvo una respuesta masiva que desdibujó la protesta del bloque opositor, apeló como no lo había hecho en tres años a la movilización de masas. Esto a la vez fortaleció y puso en tensión dos instancias nuevas de organización: los Círculos Bolivarianos (estructura de masas) y el Comando Político de la Revolución (eventual embrión de un partido unificador del amplio arco de fuerzas comprometidas con la Revolución Bolivariana).

En los tres meses siguientes la disputa por ganar la calle, explícitamente planteada por una y otra parte, mostró una desproporción enorme. El 4 de febrero –10° aniversario del levantamiento militar de 1992 liderado por Chávez– una multitud superior al millón y medio de personas acudió al llamado de los Círculos Bolivarianos y del Presidente. Aunque significativa, la concentración de unas 180.000 personas convocadas por la oposición dejó a las claras que la presión social no sería la palanca requerida para obligar a la renuncia de Chávez. En ese punto, la oposición echó mano a otro recurso: el frente militar. Desde un hotel donde se desarrollaba una reunión internacional, un coronel de ejército sin mando de tropa exigió la renuncia de Chávez. Potenciado por la prensa local, el hecho apareció en el exterior como el inicio de una sublevación de las fuerzas armadas. Y cuando al coronel se sumó días después un teniente de la Guardia Nacional, aparecieron en todo el mundo titulares del tipo “Se extiende la rebeldía de los militares contra Chávez”(2). Poco después, un vicealmirante destinado en la delegación diplomática venezolana en Grecia repitió la exigencia… desde un shopping.

El estrepitoso eco que estos pronunciamientos obtuvieron a través de las grandes cadenas televisivas y los diarios de mayor tirada se fue diluyendo con el tiempo, cuando resultó evidente que, al menos por ahora, la “rebelión” se reduce a un número ínfimo de oficiales, de baja graduación y sin mando de tropa. Luego, los medios venezolanos y mundiales minimizaron u ocultaron una reunión oficial y pública, realizada el 22 de febrero pasado y presidida por el general en jefe Lucas Rincón Romero, en la cual el alto mando de la Fuerza Armada Nacional (así se designa en Venezuela a las cuatro armas que la componen), con cientos de altos oficiales presentes, respaldó al gobierno y negó cualquier hipótesis de golpe de Estado.

 

Petroleros, un conflicto clave

Va de suyo que estos resultados no agotan la posibilidad de reintentar la presión mediante la movilización ciudadana ni, tanto menos, la sublevación de una fracción militar. No obstante, cada paso fallido provocó crudas disputas en el bloque opositor. Y en la emergencia, el movimiento sindical fue ubicado en el centro de la táctica destinada a lograr la renuncia de Chávez.

Éste es el flanco más vulnerable del gobierno. Se trata de un factor de compleja lectura, porque en términos concretos el movimiento sindical organizado es una parte ínfima de la clase trabajadora: sólo el 12% de los asalariados está afiliado a algún sindicato. No obstante, la cúpula sindical –asociada a Acción Democrática (AD, partido socialdemócrata) y respaldada por la Internacional Socialista y la Organización Internacional del Trabajo– tiene una fuerza que los partidarios de la Revolución Bolivariana no han podido superar. Y si bien la CTV es el brazo sindical de un cuerpo que ya no existe, la fuerza de su aceitado aparato sindical es de temer.

Pese a esta falencia, y como parte de la aceleración en la toma de medidas económicas y sociales, el gobierno acometió desde enero una tarea delicada: la reestructuración total de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Buena parte de la cúpula técnica y administrativa de la empresa goza de altísimos beneficios económicos y, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en otros países, obraba como Caballo de Troya para privatizar esta palanca clave del Estado venezolano. Era previsible que ante la adopción de medidas del gobierno que anularan esa perspectiva, esa franja de la empresa obrara como fuerza de choque, en alianza con la CTV y sectores empresarios desesperados porque se les esfuma un negocio multibillonario. En ese marco, la posibilidad de una huelga petrolera planteaba al gobierno un desafío mayor: si una parte considerable de los obreros de esa industria clave se alineaba con la CTV e iba a la huelga, Chávez se hubiese encontrado en la imposible situación de tomar medidas extremas para garantizar la producción petrolera y enfrentando al núcleo duro de la clase obrera, cuando su gobierno se proclama defensor de los trabajadores y el pueblo. Más grave aún, en los planes de la oposición, la huelga de los petroleros –prevista para la semana del 11 al 15 de marzo– era apenas un paso preparatorio de la huelga general por tiempo indeterminado que debía desatarse el 18 de ese mismo mes.

De allí la trascendencia de lo ocurrido en esta crucial prueba de fuerzas durante la segunda semana de marzo: pese a que las instancias oficialistas son débiles e inarticuladas en los gremios en general y en las filas petroleras en particular, los esfuerzos de la dirigencia sindical por asociar su propósito con demandas salariales y lograr el respaldo de las bases fueron vanos. La propia jerarquía técnica se fracturó y una visible mayoría hizo pública su oposición al paro.

Así, el intento fracasó y además de abrir camino para la reestructuración de PDVSA, frustró la idea de una huelga general por tiempo indeterminado. Mediante un trascendido periodístico, la CTV hizo saber que pospuso la fecha “para la primera semana de abril, aunque tal vez, por los problemas de Semana Santa, se pase a la segunda semana de abril”. Un alto dirigente de esa central, que sólo aceptó hablar en riguroso anonimato, explicó a el Dipló que esa comunicación encubría en realidad la convicción de que el plan había fallado y que existen divisiones internas en la cúpula, ante la alternativa de desechar la idea de una huelga general o lanzarse a una aventura desesperada.

 

La huelga médica

Cuando debía comenzar la huelga petrolera, la Federación Médica Venezolana (FMV) anunciaba ya la paralización del gremio médico, en este caso por tiempo indeterminado, a partir del lunes 18 de marzo. El Dipló entrevistó a la ministra de Salud, María Lourdes Urbaneja, quien aseguró que “el ropaje reivindicativo y gremial de este llamado a la huelga médica es totalmente falso. Hay un trasfondo político en esta convocatoria: forma parte de los paros para abrirle camino a una huelga general”.

Urbaneja describe una situación sanitaria conocida en otros países del área: “Recibimos en 1999 un sistema totalmente desactivado, con una desinversión que se inició a mediados de los 70 y se fue agudizando desde entonces. En medio del deterioro de la salud pública, se imponía la tendencia neoliberal aplicada en prácticamente toda América Latina, propiciada por la banca, en camino a la privatización. Así la encontramos. Y empezamos un camino que va de contramano con la tendencia general en América Latina. Estamos empeñados en recuperar el sector público, construir un verdadero sistema público nacional de salud, que garantice el acceso universal, sin restricción, a la atención de calidad y con integralidad”. La ministra subraya que “esta es una propuesta revolucionaria en nuestro continente, destinada a garantizar la salud como derecho”.

Según la ministra, es la Ley Orgánica de Salud del gobierno la que ha despertado esta reacción: “no propone acabar con el sector privado, que tradicionalmente existió en el país. Queremos un sector público fuerte, capaz de garantizar la salud como derecho, sobre todo a los sectores que, especialmente en las dos últimas décadas, fueron cada día más excluidos de la protección sanitaria”. En cuanto a las perspectivas de la huelga por tiempo indefinido, Urbaneja asegura que “La Ley ha sido discutida con sociedades científicas, organismos gremiales, grupos médicos, trabajadores de la salud en general. Para la gran masa médica, la que trabaja todos los días, a la que le toca el trabajo más duro en los hospitales, la consolidación de un sistema público nacional de salud es un sueño que hace años estamos tratando de construir. En el llamado a la huelga se mezclan propuestas reivindicativas que son necesidades reales de todos los trabajadores, porque si algo se deterioró en los últimos 20 años, fue la remuneración del trabajo. Esos planteos no son despreciados por nosotros ni por los agremiados. Por eso estoy convencida de que la gran masa médica no va a acompañar una huelga. Y algo muy importante: la población va a rechazar este paro”.

El énfasis de la ministra parece corroborarse: un diario ostensiblemente alineado con los huelguistas tituló el martes 19: “Paro médico se inició a medias”(3). Al término de la semana, el mismo diario cambió el tono del título pero el texto de la noticia resultaba inequívoco: aludiendo a declaraciones de la FMV, reconoce que éstas “contrastan con la imagen de cuatro de los principales centros asistenciales de la capital. En los hospitales Domingo Luciani, Miguel Pérez Carreño, Los Magallanes de Catia y en el Oncológico Luis Razetti, la actividad médica parece desarrollarse sin mayores contratiempos”(4).

 

Esquiva realidad

A menos que se produzca un vuelco que revierta lo ocurrido en estos tres intentos de huelgas sectoriales, la perspectiva de una huelga general capaz de derrocar a Chávez parece por el momento inviable. El Dipló preguntó a Allan Brewer, figura clave del arco opositor, si la percepción respecto de la fragmentación y debilitamiento de la oposición era un engaño. La respuesta fue contundente: “No, no se equivoca. No se logra que partidos y organizaciones depongan posiciones personales e intereses individuales. Sienten la gravedad del momento, pero…”

Destacado intelectual extra partidario, ex senador y titular de un estudio jurídico de renombre, Brewer recibe a este corresponsal en un señorial despacho, situado en el penthouse de un elegante edificio en el centro de Caracas. No es fácil llegar allí, atravesando calles literalmente cubiertas por los tenderetes del sector social más visible en la capital venezolana: los buhoneros. El caos del tránsito se combina con el ruido ensordecedor proveniente de autopistas que parten la ciudad sin piedad por la estética y mucho menos por la relación del hombre con la naturaleza y sus semejantes.

Nada de esa fealdad agobiante se percibe desde el estudio de Brewer, cuyos grandes ventanales dan a un jardín exuberante. Según su opinión, Venezuela marcha hacia una dictadura. “Se perfila la figura de un gobierno autoritario”, asegura. La prueba está en “la centralización del Estado, el minado del Estado federal: Chávez es presidente de la Nación y del partido gobernante: una simbiosis nunca vista”. Y su conducta política equivale a un “golpe de Estado continuado”. Profesor de Derecho y autor, afirma, de 137 libros, Brewer habla con claridad: Chávez no debe terminar su mandato. ¿Renunciará? “No: es incapaz de reconocer un fracaso”. Entonces las alternativas restantes son la insurrección o el golpe militar… “Así es”. La insurrección, no obstante, parece difícil: se ha debido levantar la huelga general por tiempo indeterminado programada para el 18. “Claro, un paro no se improvisa. No es inminente. Ése es un paso final; y estamos en el comienzo. En 40 años éste se hizo un país democrático. Quien va a enfrentar a Chávez es el pueblo, el país entero”, asegura.

Brewer se extiende en la explicación de la pérdida de contacto con la realidad por parte de Chávez. Y confiesa que, ante la preocupación que esto plantea, junto con otro intelectual reconocido, el economista Maxim Ross “convoqué a todos los sectores de oposición a una reunión que se realizó el 5 de noviembre pasado en mi biblioteca. Allí descubrimos que los partidos y las fuerzas de oposición no se habían reunido durante dos años. Se acordó hacer una reunión cada lunes. Y se avanzó mucho”. En esas reuniones se pergeñó el paro del 10 de diciembre y la ofensiva final. ¿Qué ocurrió después? “Lo que decía: los intereses particulares. El 4 de marzo pasado, en la habitual reunión de los lunes, nos enteramos que al día siguiente se firmaría el pacto de gobernabilidad”(5). ¿Es decir que Fedecámaras y la CTV no contemplaron al resto de los sectores opositores? “No. Incluso entre los propios sindicalistas no se había discutido. Andrés Velázquez, figura del nuevo sindicalismo (dirigente metalúrgico que en los años 80 enfrentó a la CTV desde el partido Causa R), no lo sabía”. La insurrección está entonces descartada por el momento: ¿habrá un levantamiento militar? “Hay mucho descontento entre los militares”. ¿Hay riesgo de guerra civil? “Para que haya guerra civil tiene que haber dos bandos”. ¿De modo que no hay un bloque opositor capaz de conducir a la sociedad contra Chávez? “Se va a derrumbar él mismo; se le está resquebrajando todo. La oposición se ha venido recomponiendo, con mucha dificultad. Pero todavía estamos en un desierto. Va a tomar mucho tiempo”.

A partir de estas afirmaciones se explica el papel que les cabe a los medios en el papel de oposición. Brewer entregó a el Dipló un video con las denuncias de todos los hechos presentados ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como prueba de falta de libertad. Pero el hecho es que sería difícil registrar antecedentes de una militancia mediática tan masiva, virulenta y machacante como la que ejercen la prensa escrita y los canales de televisión, con excepción del canal oficial.

El periodista Ernesto Villegas tiene el raro privilegio de trabajar en El Universal, bastión de la oposición, y en Venezolana de Televisión, el canal estatal. Villegas confirmó a el Dipló que en los tres últimos años no ha habido ningún periodista detenido. ¿Presiones? “Ha habido denuncias en ese sentido. Por ejemplo la presión sobre Venevisión para la salida de Napoleón Bravo, conductor de un programa matutino. Esto se denunció justo cuando este señor fue nombrado vicepresidente de Venevisión Continental, en Miami. Se trasladó a Miami y quedó la duda acerca de si había habido o no presiones. También había la duda de si una corporación de ese tamaño era presionable o no. Bravo regresó al país y conduce un programa matutino de televisión y uno de radio. Y no se ha visto que él haya disminuido –todo lo contrario– sus críticas al oficialismo”. ¿Hay clima de autocensura, o presiones del tipo que se producen bajo dictaduras? “No conozco otras experiencias; pero aquí existe un clima de plena libertad de expresión; o para decirlo más precisamente, un ejercicio libre del periodismo. En El Universal no he percibido autocensura. Con otros gobiernos, bajo el cobijo del rigor profesional, había muchísimo más cuidado en el tratamiento de las informaciones que pudieran ser contrarias a los intereses de los poderes. Por ejemplo, en el trato al Presidente de la República. En ese punto ha habido un cambio en lo que es el paradigma informativo: se han dicho cosas en relación con el Presidente que en otros momentos uno ni siquiera podía imaginarse. Por ejemplo, cuando El Universal titula en su primera página, con letras gigantescas, ‘Debe renunciar’ y la fotografía de un militar sublevado verbalmente, uno entiende que hay allí una postura editorial. O como cuando el diario El Nacional titula en su primera página, ‘El presidente miente’. Eso era impensable en gobiernos anteriores”. ¿Hay signos que avalen la idea de que se marcha hacia un gobierno autoritario? “No lo creo. Entiendo el comportamiento de muchos políticos y periodistas que de buena fe creen eso. Eso sería lo único que explique que frente a tal peligro violenten reglas de juego tradicionales. El presidente Chávez incorpora a su discurso una serie de afirmaciones, posturas políticas, muchas veces más formales que de fondo, que pueden hacer llegar a la conclusión de que estamos frente a un personaje que no está habituado a las formas democráticas. Hay especialistas en análisis del discurso que ven en el Presidente un excesivo personalismo. Hay una contradicción entre lo que es el discurso y la práctica, en muchos ámbitos. En la práctica vivimos lo que Arturo Uslar Pietri denominaba ‘un régimen de libertades’. Acá en estos momentos hay un destape de libertades, como por ejemplo la libertad de expresión. Hoy se dicen mil cosas que antes no se decían”.

 

Descontento

En todo caso, sería erróneo concluir que la oposición es impotente, los trabajadores se vuelcan a favor del gobierno y la convivencia armónica está garantizada más allá de los tonos destemplados de la prensa. En medio de esta confrontación quizá irreversible, oscila una importante masa social, compuesta por muy diferentes estratos, que no quiere volver al pasado y no está dispuesta a salir a la calle contra el gobierno, pero expresa un grande y creciente descontento y no acaba de saber hacia dónde ir. Como telón de fondo, la situación económica, si bien no es comparable con la de otros países latinoamericanos, no ofrece la posibilidad de dar respuesta rápida y efectiva a los gravísimos problemas sociales acumulados durante décadas. Chávez no tiene un partido capaz de articularse en el conjunto social y específicamente en la clase trabajadora, que como tal parece observar a distancia el curso de la Revolución Bolivariana.

Guillermo García Ponce, veterano periodista comprometido durante décadas con las luchas sociales, fue designado como coordinador del Comando Político de la Revolución. Recibe a el Dipló en una humilde oficina, cedida por un simpatizante de la Revolución Bolivariana. De sus palabras se desprende que conoce la dificultad de la empresa: coordinar a todos los partidos y organizaciones que apoyan al gobierno y funcionan en ese organismo junto con gobernadores, alcaldes oficialistas y el propio Chávez. García Ponce descarta la posibilidad de que este conjunto se transforme a corto plazo en un partido unificado: “La organización revolucionaria no puede ser producto de un decreto. Debe surgir en el marco de un proceso de unidad y fusión de los revolucionarios hoy dispersos en varias organizaciones, excluidos por sectarismo o marginados como resultado del largo proceso de fraccionamiento que ha vivido la izquierda y el movimiento popular”, explica. Y aclara su meta sin subterfugios: “Sólo la unidad orgánica y política de los bolivarianos permitirá la elaboración sistemática y diaria de políticas para dar respuestas a las complejas situaciones que afrontamos”.

A diferencia de otras voces oficialistas, García Ponce advierte que “es un grave error considerar que esta campaña de la prensa, radio y TV no tiene efecto en el ánimo popular. Todo lo contrario –dice–, su acción sistemática va destruyendo la confianza del pueblo y el prestigio de la República Bolivariana. No son suficientes los programas de Aló Presidente(6) ni las grandes cualidades de comunicador de Chávez. Se requieren más y más respuestas”. García Ponce tampoco desestima los riesgos planteados en el terreno militar. No descarta sublevaciones puntuales, pero asegura –y todo indica que cree en sus palabras– que cualquier intento sería inexorablemente sofocado.

1. Luis Bilbao; “Revolución y contrarrevolución en Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2002.
2. Ludmila Vinogradof; Clarín, Buenos Aires, 3-2-02.
3. Alejandra M. Hernández; El Universal, Caracas, 19-3-02.
4. Eugenio Martínez; “Continúa paro médico indefinido”, El Universal, Caracas, 21-3-02.
5. Acuerdo entre Fedecámaras y CTV para un gobierno post Chávez, que indica hasta qué punto la actitud de estos sectores no es sectorial, sino política.
6. Aló Presidente, programa radial y televisivo dominical.

 

Para contrapesar la pérdida de autoridad ideológica y política y reactivar por esa vía su economía, Estados Unidos destina cifras siderales al gasto militar. Con un incremento de 48 mil millones de dólares, el presupuesto de Defensa este año será de 379 mil millones. Sólo el incremento equivale a una vez y media el total del gasto del ejército francés, el más costoso de la Unión Europea. El Pentágono gasta el 40% del total mundial y diez veces la suma utilizada en el rubro por Rusia y China. En Colombia, intensifica su intervención militar en América Latina.

 

Durante dos décadas que semejaron un siglo, Estados Unidos mantuvo en el mundo una indisputada iniciativa en los terrenos ideológico y político, respaldada por un auge económico que parecía inagotable. Esa fase histórica ha terminado.

Contestado ideológica y políticamente por una poderosa –aunque en extremo confusa– corriente mundial apoyada en las juventudes y desbordada hacia todos los ángulos, inmerso en una recesión simultánea de los tres grandes centros de la economía mundial y en el fragor de la lucha por los mercados, Estados Unidos apela a la ultima ratio: su abrumadora superioridad militar. Los movimientos de reacomodamiento a la nueva situación hacen crujir al planeta. A ciertos países la perplejidad los paraliza. Argentina es el caso más notorio, acompañada desde cuadrantes diferentes por México y Canadá. En cambio, en Europa, Japón, Rusia, China, se observan bruscos desplazamientos diplomáticos, todos en detrimento de la autoridad y el control políticos de Washington en el escenario mundial. De allí la imperativa necesidad de recurrir al potencial bélico como principal argumento de su política interior, regional e internacional.

En su discurso del 29 de enero sobre el estado de la Unión (informe anual del Presidente estadounidense al Congreso), George W. Bush resumió las líneas trazadas por los estrategas del Departamento de Estado: “(…) nuestra nación está en guerra, nuestra economía está en recesión y el mundo civilizado encara peligros sin precedentes (…) nuestra guerra al terrorismo apenas si comienza (…) todavía hay campamentos (terroristas) en por lo menos una docena de países (…) algunos gobiernos serán tímidos frente al terrorismo. Que no se engañen: si no actúan, Estados Unidos lo hará (…) desplegaremos defensas antimisiles efectivas para proteger de ataques repentinos a Estados Unidos y a nuestros aliados (…) No esperaré por los acontecimientos (…) la historia ha llamado a Estados Unidos y a nuestros aliados a la acción (…) mi presupuesto incluye el aumento más grande en gastos de defensa en dos décadas (…) hemos sido llamados a desempeñar un papel único en los eventos de la humanidad”.

Cada una de estas aseveraciones fue aplaudida de pie por la totalidad de los legisladores en el Capitolio. Y los aplausos fueron aún más estridentes cuando el orador, siguiendo el texto, dio su golpe de efecto y señaló un “eje del mal” trazado por Corea del Norte, Irán e Irak, en torno al cual giran “miles de homicidas peligrosos, adiestrados en los métodos del asesinato, a menudo apoyados por regímenes al margen de la ley, desparramados ahora por todo el mundo como bombas de tiempo, preparadas para estallar sin previo aviso”.

La reacción no demoró. Apenas dos semanas más tarde se inauguraba en Estambul un foro denominado “Civilización y armonía: la dimensión política”, organizado por la Unión Europea (incluidos los países candidatos a incorporarse) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), de la que participaron 75 delegaciones nacionales –entre ellas Irán e Irak– con la presencia de más de 60 ministros de Relaciones Exteriores. Turquía, el anfitrión, es un país musulmán-europeo, nexo geográfico de Oriente y Occidente, pieza fundamental para el esquema militar planetario de la Casa Blanca. Pero EE.UU. no estaba allí. Un observador tradujo el sentimiento predominante en Estambul: “El miedo y el desasosiego que genera ahora Washington entre sus aliados es un fenómeno nuevo que lanza graves sombras sobre la seguridad global”(1), y trazó el saldo: “Washington está hoy un poco más solo que ayer”(2).

 

Fractura atlántica

En la UE el discurso de Bush puso en la agenda el tema eludido y postergado una y otra vez: el verdadero papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la creación, o no, de un sistema militar propio. El 24-4-1999, por imposición estadounidense, la OTAN cambió drásticamente el contenido de su carta orgánica y sus estatutos y pasó de ser una alianza defensiva con jurisdicción sobre el área que le da el nombre, a constituirse en un dispositivo militar ofensivo con jurisdicción planetaria. Parece innecesario insistir sobre quién comandaría ese flamante ejército mundial. Pero aunque los integrantes europeos firmaron, el cambio jamás fue digerido. Cuando luego de los atentados del 11 de septiembre Washington emprendió su campaña punitiva contra Afganistán, quedó a las claras que la nueva OTAN no era efectiva. Ahora, la tensión llega al límite y se multiplican los signos de preocupación y distanciamiento.

El 3 de febrero pasado se llevó a cabo en Munich la Conferencia Internacional para la Seguridad. Rusia utilizó esa tribuna para cortejar a Europa y contrarrestar la campaña según la cual había afirmado una alianza militar de largo plazo con Estados Unidos: “Tenemos nuestra propia lista de Estados que representan una amenaza (…) No tenemos una sola prueba de que Irán esté implicado (en el terrorismo)”, dijo Serguei Ivanov, ministro de Defensa. Y agregó: “Puede que pocas personas en Occidente aprecien el hecho de que nosotros tengamos relaciones con Irak e Irán. Por nuestra parte, nosotros no apreciamos que vuestros aliados, en los Estados del Golfo y en Arabia Saudita, sostengan el terrorismo”(3). Así, en pocos días la decisión estadounidense de aumentar su gasto militar y embarcarse en una guerra que cruzaría lado a lado el continente asiático, produjo un vuelco de Europa hacia el mundo islámico y de reaproximación a Rusia.

De hecho, la OTAN afronta una severa crisis: “Las estructuras militares de ambos lados del Atlántico serán tan dispares que europeos y estadounidenses no podrán, aunque quieran, actuar juntos. La angustia era perceptible en Munich en la cumbre de defensa y seguridad”(4). Algo pareció quebrarse cuando Hubert Vedrine, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, declaró pocos días después: “Hoy estamos amenazados por un nuevo simplismo, que reduce todos los problemas en el mundo a la lucha contra el terrorismo”(5). Su par alemán, Joschka Fischer, no obstante el empeño puesto como aliado de Washington durante la guerra contra Yugoslavia, esta vez alertó: “es preciso distinguir entre aliados y satélites”. Con ese cuadro a la vista, un ex ministro de Cultura de Alemania, Michael Naumann, adelantó que las elecciones en Francia y Alemania (mayo y septiembre, respectivamente) provocarán “realineamientos que podrían alejar a Europa de Estados Unidos”. Naumann sugiere que “Washington debería volver a la alguna vez fuerte sociedad atlántica”, y advierte, incisivo: “Una alianza fragmentada en Europa es mucho más difícil de reparar que un oleoducto”(6).

En Japón el distanciamiento respecto de Estados Unidos tiene características diferentes y, si cabe, de mayores consecuencias (ver págs. 24 a 26); y en cuanto a China, es evidente ya desde hace tiempo su realineamiento con vistas a neutralizar el despliegue estratégico estadounidense en la región. El diario oficialista Renmin Ribao acusó a Estados Unidos de usar la acción militar en Afganistán “para medir la posibilidad de expandir su presencia en Asia Central”(7). Es más que eso: la Casa Blanca ha desplegado ya una operación abanico tendiente a tomar control de otros cinco países de la región: Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán y Turkmenistán. Los acuerdos militares de Pekín con Moscú revelan por dónde buscan respuesta las autoridades chinas.

 

Un “Comando de América”

La Casa Blanca afronta también, en perspectiva, problemas internos. Al margen de las derivaciones directas de la recesión y el desempleo, ya apareció un movimiento antiguerra en el interior de EE.UU.: International ANSWER (Act Now to Stop War & End Racism), compuesta por más de medio millar de organizaciones y personalidades prominentes, prepara una marcha a Washington el próximo 27 de abril(8). Una radicalización en estos términos plantearía, si se verifica, cambios de imprevisible impacto internacional.

Pero acaso en ninguna otra área puede observarse con tanta nitidez el eclipse ideológico y político de Estados Unidos como en América Latina. Con el derrumbe del modelo argentino se complicó aun más el propósito estadounidense de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ya trabado por la oposición explícita de Brasil y Venezuela y la reticencia silenciosa de otros países. “La posibilidad de arribar a un acuerdo para conformar un área de libre comercio en América Latina en el corto plazo, parece alejarse cada vez más”, admite un editorial del New York Times; “dependerá del poder del presidente Bush para generar consenso y de la cooperación de Brasil, la principal economía de América del Sur”(9).

A cambio de esa capacidad, Bush esgrime otros instrumentos. Una cadena de acuerdos y medidas apunta a los objetivos del ALCA por otros medios. El Pentágono articula un plan de defensa continental terrestre, aéreo y marítimo con las fuerzas armadas de México y Canadá, al que se denomina provisionalmente “Comando de América”(10). El Plan Puebla-Panamá proyecta ese dispositivo sobre toda América Central. Y el Plan Colombia lo despliega hacia el extremo sur(11).

Con la finalización de las negociaciones de paz en Colombia el pasado 20 de febrero comienza una guerra formal en territorio latinoamericano. Estados Unidos está en ella con armas, hombres y dinero. La tenaza de Washington sobre el continente, simbolizada por la dolarización y el Plan Colombia, ya aprieta sobre la presa. Obtendrá todo lo que se puede lograr con la fuerza. Incluso la multiplicación de los enemigos.

1. Hermann Tertsch, “La actitud beligerante de EE.UU. despierta el recelo de sus aliados”, El País, Madrid, 17-2-02.
2. H. Tertsch, “Europa y los países islámicos combaten la amenaza del choque de civilizaciones”, El País, Madrid, 13-2-02.
3. Marie-Pierre Subtil, “Moscou récuse vivement la dénonciatión par Washington des pays de l’axe du mal”; Le Monde, París, 5-2-02.
4. Hermann Tertsch, “El final del atlantismo”, El País, Madrid, 5-2-02.
5. Suzanne Daley, “France Upbraids US as ‘Simplistic’”, International Herald Tribune, París, 7-2-02.
6. Michael Naumann, “Europe doesn’t want war in Iraq”. International Herald Tribune, París, 19-2-02.
7. B. Elleman y S. Paine, “Now American bases to the West, too”, International Herald Tribune, París, 19-2-02.
8. www.internationalanswer.org
9. The New York Times, “Dificultades de la integración”, La Nación, Buenos Aires, 20-2-02.
10. Carlos Fazio, “El Comando de América sería un proyecto de defensa aéreo, terrestre y marítimo”, La Jornada, México D.F., 4-2-22.
11. Stella Calloni, “Las guerras de baja intensidad”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2001.

 

En rara prueba de pluralidad y debate democrático, 513 representantes de 73 partidos de izquierdas de América Latina y el Caribe miembros del Foro de São Paulo, reunidos en La Habana entre el 4 y el 7 de diciembre último, expusieron sus fuerzas y debilidades a la luz pública, en medio de una coyuntura mundial convulsionada por la onda expansiva de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el posterior despliegue bélico de Washington y la recesión simultánea y combinada en los tres centros mayores de la economía internacional.

 

Vitalidad transfundida de muy diferentes nutrientes, fuertes contradicciones de aristas inconciliables y una perceptible tendencia hacia la búsqueda de puntos de convergencia, fueron rasgos sobresalientes en los debates y resoluciones del Foro de São Paulo. La fuerte gravitación alcanzada por esta tribuna de la izquierda latinoamericana quedó en evidencia con la participación de 138 invitados provenientes de partidos de todo el planeta. En su papel de anfitrión, Fidel Castro no perdió oportunidad de subrayar la gravedad de la situación internacional y se mostró particularmente empeñado en lograr la constitución de un abarcador frente único para afrontarla.

Para las izquierdas del hemisferio, el momento es propicio y a la vez riesgoso: las mismas causas que requieren el accionar conjunto de estructuras tan diversas, gravitan para distanciarlas e incluso contraponerlas. Las posiciones encontradas podían observarse –a menudo en crudas definiciones– en los encuentros bilaterales de miembros e invitados del Foro, multiplicados en cada rincón del Palacio de las Convenciones. Suavizadas por la dominante voluntad de mantener la unidad del conjunto, aparecían igualmente en las intervenciones sucedidas a lo largo de tres días de sesión plenaria.

En su saludo inicial, el presidente honorario del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil tocó dos de los temas que generan mayor debate en las filas del Foro. Luiz Inacio da Silva, popularmente conocido como Lula, explicó con su habitual elocuencia que, ante la desesperación y el hambre de millones, el objetivo socialista debe dejar lugar a las alianzas necesarias para vencer al neoliberalismo, conquistar el gobierno y garantizar trabajo y comida para todos. A continuación advirtió que “la izquierda no puede ganar para hacer papelones como De la Rúa”. La identificación de Fernando De la Rúa como presidente “de izquierda” expone la naturaleza de los debates que atraviesan esta tribuna. Lula había chocado con la opinión de la mayoría de los partidos miembros del Foro en Argentina cuando a finales de 1999 viajó a Buenos Aires para respaldar la candidatura de la Alianza(1). Si desde un punto de vista teórico el conflicto finca en la nunca resuelta interrelación entre reforma y revolución, en términos políticos el choque puede hacerse ineludible, como en el caso del compromiso con la Alianza, o desaparecer para convertirse en férreo frente unido como en los restantes puntos en los que Lula apoyó su intervención: la denuncia del terrorismo y la guerra, la oposición al Plan Colombia, la cerrada negativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

 

Panorama once años atrás

Las diferencias internas de las izquierdas latinoamericanas en esta experiencia sin parangón en el mundo se contrapesan con una combinación de necesidad y voluntad de mantenerse en bloque frente a requerimientos acaso más dramáticos ahora que una década atrás. La coyuntura mundial se halla en el extremo inverso del ciclo que se consolidaba hacia julio de 1990, cuando el PT convocó en San Pablo a un “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe”. Por entonces se desmoronaba el llamado “mundo socialista”. Desde el punto de vista objetivo caía un área de economía planificada y propiedad estatal de los medios de producción, una barrera material que durante más de medio siglo había frenado y distorsionado el accionar de la ley del valor. En consecuencia, el torrente contenido de la sobreproducción capitalista, con la bandera del libre mercado, anegó el mundo. Más grave aun: desde el punto de vista subjetivo, comenzaba a debilitarse y tambalear en la conciencia de cientos de millones de personas la esperanza de un mundo contrario al ofrecido por el capitalismo. En los años siguientes la conjunción de ambos factores produciría resultados devastadores en la economía de los países periféricos, desarticularía sindicatos y partidos y produciría confusión y desmoralización generalizadas en cuadros y organizaciones de izquierdas en todo el mundo.

En ese clima se reunieron hace 11 años en San Pablo 48 organizaciones, las que pese a insalvables diferencias y a la variedad más amplia en cuanto a tamaño y gravitación efectivos, pusieron el mojón de una defensiva estratégica.

La extraordinaria heterogeneidad política y la disparidad de fuerzas de los participantes en aquella oportunidad era una novedad en sí misma. Desde que en 1914 el Partido Socialdemócrata Alemán votó a favor de los créditos de guerra, obligando a una fractura de la Internacional Socialista, tanto en las derrotas como en las victorias las izquierdas no dejaron de fragmentarse por un lado y de anquilosarse en aquellos casos en que basaron su fortaleza y unidad en la existencia de la Unión Soviética. Cuando ésta se desmoronó, dejó a la vista un panorama desolador de degradación teórica, debilidad organizativa y creciente impotencia política.

Entre los principales debates de aquel primer Encuentro figuraron la caracterización de la etapa que se iniciaba y del signo dominante de la coyuntura, mientras se delineaban las grandes controversias relativas a temas mayores de la teoría y el accionar políticos tales como Estado, poder, partido, masas y vanguardias, marxismo y recreación teórica… todos motivos de acaloradas confrontaciones.

Hubo quienes en aquella oportunidad vieron una radicalización de masas que, exitosa en la URSS y los países del Pacto de Varsovia, se expandía hacia todo el planeta y ponía a la orden del día la revolución. Como contrapartida, alzaron también la voz los convencidos de que el mundo presenciaba una victoria irreversible del capitalismo y, en consecuencia, un “nuevo orden mundial” con sede exclusiva y perpetua en Washington. Todo el espectro imaginable se expresaba entre estos dos extremos.

Además del partido convocante, las fuerzas de mayor peso que participaron en aquel Encuentro fueron el Partido Comunista de Cuba, el Partido de la Revolución Democrática de México y el Frente Amplio de Uruguay. Otras formaciones de envergadura eran el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desafiaba al poder en El Salvador. Estuvieron también los partidos comunistas de la región, numerosas organizaciones trotskystas, agrupamientos marxistas no alineados en las columnas tradicionales y organizaciones radicales de diferentes definiciones ideológicas. Al cabo de tres días de debates se emitió, por consenso, la Declaración de San Pablo. El documento comenzaba por subrayar el carácter inédito de la experiencia y anunciaba que “hemos tratado algunos de los grandes problemas que se nos presentan. Analizamos la situación del sistema capitalista mundial y la ofensiva imperialista cubierta de un discurso neoliberal, lanzado contra nuestros países y nuestros pueblos. Evaluamos la crisis de Europa Oriental y del modelo de transición al socialismo allí imperante. Pasamos revista de las estrategias revolucionarias de la izquierda de esta parte del planeta y de los retos que el cuadro internacional le plantea”. Optimista, el texto afirmaba: “Seguiremos adelante con éstos y otros esfuerzos unitarios”(2).

No sería sencillo. Al año siguiente, en México, los dos bloques principales conformados en el abigarrado arco de tendencias chocaron con diferencias infranqueables y la experiencia estuvo a punto de zozobrar. Cuando la suerte parecía echada, se halló la fórmula para evitar la ruptura. La denominación inicial fue cambiada por la de Foro de São Paulo y a partir de allí hubo un sensible desplazamiento de las posiciones hacia el centro.

La defensa de Cuba (en aquellos momentos se temía una intervención militar estadounidense), la oposición a los planes privatizadores, de apertura de las economías y creación de un mercado continental del entonces presidente George Bush padre, una posición genéricamente antimperialista y los párrafos aprobados en San Pablo en los que se afirmaba “nuestra voluntad común de renovar el pensamiento de izquierda y el socialismo, de reafirmar su carácter emancipador, corregir concepciones erróneas, superar toda expresión de burocratismo y toda ausencia de una verdadera democracia social y de masas”(3), fueron sin embargo una plataforma suficiente para mantener al grueso de las organizaciones fundadoras en la continuidad del proyecto.

Desde aquella afirmación el flamante Foro de São Paulo hizo cada año su Encuentro en distintas capitales, acordó un reglamento para su funcionamiento y consolidó un cuerpo coordinador al que denominó Grupo de Trabajo. Si bien en ningún momento logró articular una acción conjunta, cumplió con lo que su nombre indica: ser un Foro de debate de los grandes problemas y desafíos del Continente, que lograría nuclear cada año a más corrientes y organizaciones de la región. El punto de convergencia mayor fue la oposición al “neoliberalismo”, al cual el flanco más radical se empeñó en mostrar como mero alias del capitalismo. El bloque contrario, compuesto por las organizaciones de mayor porte (PRD, PT, FA), lo transformaba en concepto en cuya oposición debía aglutinarse fuerzas aun a costa de concesiones políticas y programáticas (el caso del apoyo a la Alianza en Argentina fue el más estridente, aunque no el único). Fue Estados Unidos quien aceró la unidad del Foro: la aceleración del ALCA, las amenazas del plan Colombia y la creciente militarización del continente a través de la proliferación de maniobras conjuntas y bases permanentes, afirmaron la base de apoyatura de fuerzas cuyas divergencias se agudizaban simultáneamente en otros planos.

 

Jaque al neoliberalismo

El curso del debate mostró esta vez en La Habana a una izquierda latinoamericana y caribeña desigual pero con un punto principal en común: conciencia de la gravedad del momento. Las organizaciones de mayor peso siguen dispuestas a capitalizar electoralmente la crisis y arribar al gobierno (PT en Brasil, FA en Uruguay, con notoria disminución de su protagonismo el PRD de México). Una minoría persiste empeñada en recomponer fuerzas sobre bases teóricas y llama a eludir el pragmatismo. Todo el especto se muestra comprometido y militante y por regla general respalda del valor de aquello que imperfectamente configura el Foro de São Paulo: un bloque antiimperialista continental; que si bien no logra pasar a la acción conjunta, sin duda estimula y permite la confrontación de ideas.

La izquierda venezolana, partícipe de un proceso singular y potente, puso una nota diferencial en el Foro, aunque estuvo lejos de traducir su pujanza en el debate. Pero la marca común es la identificación de una nueva etapa a escala mundial y los esfuerzos por darle respuesta. Hubo coincidencia en que desde la crisis bursátil de 1977, la caída de los “tigres asiáticos” y la revolución en Indonesia, una ola antiimperialista avanza en todo el mundo –incluso en los países altamente desarrollados– contra la “globalización neoliberal”. Fidel Castro diría en su discurso de clausura que “el neoliberalismo y el capitalismo están en período especial”, en alusión a la situación de emergencia de Cuba desde 1990.

El documento final –laboriosamente corregido y al cabo aprobado por consenso– registra “una crisis política, económica, social y moral sin precedentes, con las grandes economías mundiales en recesión, la cual se agravó posteriormente a los hechos del 11 de septiembre”. Frente a tal panorama “el X° Encuentro ratificó su compromiso con las banderas de la independencia nacional, la justicia social, la paz y la democracia; y la disposición a redoblar su lucha por un proyecto económico, social y político que se identifique con esos principios y por un orden internacional alternativo, que revierta el carácter subordinado de nuestros países y responda a los intereses de las grandes mayorías”.

Tras una inequívoca denuncia del terrorismo que golpeó al World Trade Center y el Pentágono –reiterada a lo largo del debate y subrayada por Castro– el documento final alerta que “rechazamos todo intento de presentar como terroristas a los movimientos de liberación nacional, al llamado movimiento antiglobalización, a la izquierda, a los movimientos sociales y progresistas”. Con igual frontalidad el texto final denuncia que “en el actual escenario global el Plan Colombia asume un nuevo protagonismo y funcionalidad a la estrategia estadounidense, intervencionista en lo militar y neocolonial en lo económico”. En consecuencia, el documento “se pronuncia por rechazar el proyecto geoestratégico de dominación concebido a través del ALCA” y levanta como alternativa “el desarrollo y potenciación de los procesos de integración reales de América Latina y el Caribe y la convergencia entre ellos”(4).

En la clausura, Fidel Castro habló durante cinco horas. Apeló al caso argentino para ejemplificar el curso del capitalismo actual. Estructurada en forma y contenido como clase magistral en reunión de iguales, la intervención del Presidente cubano hizo sonar una nota nueva en sus persistentes alertas y denuncias: “Este siglo es decisivo y ojalá no sea definitivo”, repitió. Y llamó a la inteligencia, la unidad y la consecuencia, con plena conciencia de lo difícil que resulta, en medio de un situación de excepcional gravedad, aunar tales virtudes.

1. Sólo cuatro organizaciones de Argentina participaron en el X° Encuentro (Partido Socialista Popular, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Unión de Militantes por el Socialismo), menos de una tercera parte de las que concurrieron a San Pablo en 1990.
2. Luis Bilbao, “La izquierda latinoamericana frente a la crisis mundial”, Búsqueda, Buenos Aires, 1990.
3. Ibid.
4. Declaración Final del Xº Encuentro del Foro de São Paulo, La Habana, 4 al 7 de diciembre de 2001.