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A la recesión, que lleva ya cuatro años, Uruguay suma el impacto de la crisis argentina. Devaluación, fuga de capitales, quiebra bancaria, son fantasmas tangibles en Montevideo. Por si fuese poco, la Casa Blanca, para doblegar la creciente fuerza opositora a los planes económicos y políticos de Washington, ha resuelto utilizar como ariete al país incrustado entre Brasil y Argentina. El presidente Jorge Batlle ha sido empujado a la vanguardia de batallas de alcance y significación estratégicos: defensa del ALCA, confrontación con Venezuela, condena a Cuba. Y sobre todo a asumir el papel protagónico en el choque con el gigantesco Brasil para trabar el desarrollo del Mercosur.

“La Banda Oriental tiene la clave”. Casi dos siglos después de que Lord Ponsomby acuñara esa frase, Uruguay vuelve a ocupar un lugar de extraordinario valor estratégico. En el siglo XIX, la política imperial del astuto mediador inglés en la guerra entre Portugal y las colonias recién emancipadas requería un “Estado tapón” en la desembocadura del Plata. Hoy, Estados Unidos despliega sus artes para que este país opere como ariete de la voluntad y los intereses de Washington en el hemisferio.

Lejos de impedirle ese papel, los sombríos pronósticos económicos obran como fuerza adicional para hacer del gobierno uruguayo un instrumento de Washington. Sólo que en el cuadro contemporáneo la complejidad del mundo, de la región y del propio Uruguay, excluyen la reducción de este país al papel de cuña. El opositor Frente Amplio (FA), factor de estabilidad institucional, es a la vez una barrera objetiva frente al gobierno de coalición de Blancos y Colorados. La crisis económica, el alineamiento sobreactuado del presidente Jorge Batlle con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y contra el Mercosur, completado con el papel jugado por su gobierno al ponerse en manos de Washington para acusar a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, obran como un relámpago en el apacible y siempre previsible panorama político montevideano, donde junto con nociones tales como “riesgo país” (que a fines de abril superaba los 700 puntos) aparecen en boca de líderes moderados como Líber Seregni o de derechas, como Luis Alberto Lacalle, frases del tipo “Se agotan los tiempos políticos”, o “La estabilidad no va a poder sostenerse por mucho tiempo”, sin drásticos cambios económicos(1). Más directo, el hombre al que todas las encuestas prevén como vencedor en las presidenciales de 2004, Tabaré Vázquez, señala el riesgo sin subterfugios: “No quiero ser alarmista, pero aquí se viene una crisis igual a la de Argentina”(2).

Las devaluaciones en Brasil en enero de 1999 y en Argentina tres años después, han resultado devastadoras para la economía uruguaya. “Las exportaciones uruguayas a Brasil cayeron en un 40% y a Argentina un 70% ”, dice Constanza Moreira, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas. “Uruguay ha sido muy maltratado en el Mercosur”, explica, sin justificar la conducta oficial. Pese a todo, opina que es improbable que se abandone por completo la perspectiva de integración regional: “Todo el sector diplomático, el sindicalismo, la industria, apuestan al Mercosur. Sólo el sector importador acompaña a Batlle”, sostiene Moreira.

Con todo, no es menos explícito el alineamiento del Presidente con Washington y la consecuente fractura política, que pone en riesgo incluso la base bipartidista del gobierno. “Algunos han sugerido como necesaria una modificación en definiciones estratégicas de nuestra política exterior nacional y regional con respecto a la permanencia del Mercosur. No compartimos esta opinión”, disparó Washington Abdala, un diputado colorado alineado con el Foro Batllista, fracción opositora en el propio partido oficialista(3). Si para Batlle es serio que se le cuestione una línea directriz de su plan político, más grave es que la voz de esta fracción suene acorde con la del FA: “En nuestra fuerza hay unanimidad: el Mercosur debe ser la base de la expansión comercial. Estamos contra la política de romper la solidaridad con el Mercosur para cortarse solo”, dijo el diputado frenteamplista Carlos Baraibar(4).

La hendidura política se produce además sobre un terreno cenagoso, que altera los nervios de todas las facciones: las exportaciones de bienes y servicios se reducirán todavía un 8% más sobre los deprimidísimos niveles actuales, el PBI caerá este año un 3,5%, siempre que se verifique la previsión de una inflación anual del 10% y se cumpla con la devaluación prevista del 32%.

“El único sentido que puede tener este intento del presidente Batlle de asociación bilateral con Estados Unidos es debilitar la posición de Brasil”, dice Raúl Sendic a este corresponsal. Hijo del legendario fundador de Tupamaros, Sendic es diputado del FA en representación del Movimiento 26 de Marzo, uno de los numerosos agrupamientos situados a la izquierda de la conducción hegemónica de la coalición. “En términos económicos, Estados Unidos no tiene nada que ofrecer a Uruguay”, subraya el diputado. Ante el entusiasmo de algunos sectores por los beneficios de eventuales negocios con Estados Unidos, Sendic narra que en un reciente almuerzo con políticos y diplomáticos el subsecretario de Comercio estadounidense, Walter Bastion, esgrimió un dato lapidario: “No olviden que en términos de mercado Uruguay es un barrio de Chicago”.

La retórica cruda del presidente George W. Bush contagia, como se ve, a sus funcionarios de rango menor. Pero si en casos como el señalado no pasa de generar incomodidad o disgusto, adquiere otra categoría cuando se traduce en presiones como la sufrida por el gobierno uruguayo para asumir la función de acusador de Cuba. El presidente Fidel Castro sabía dónde golpeaba cuando acusó a Batlle de “servil, genuflexo, Judas abyecto”, para preguntarse luego ante la prensa internacional “¿Qué esperan para romper las relaciones con Cuba?”(5).

Ante el tenor de la réplica y el desafío explícito, Batlle no tuvo opción y rompió relaciones diplomáticas con La Habana, sumando así al aislamiento creciente de su gobierno una decisión impopular como pocas en este país de añejos y sólidos vínculos con la Revolución Cubana. El resquebrajamiento de la base política de Batlle y la turbulencia social alimentada por la crisis tienen en este episodio un acelerador adicional, probatorio además de que el papel destinado por Washington para el gobierno uruguayo tiene contrapartida y la tendrá en mayor grado en el futuro inmediato.

Con todo, si bien los trazos que delinean el intento estadounidense con base en Montevideo son nítidos, los hechos parecen ir por delante de interpretaciones y formulaciones políticas: el debate ALCA-Mercosur no es explícito en medios académicos ni partidarios (aunque sí, hasta cierto punto, en medios sindicales), ni la estrategia política del presidente Batlle se expone en términos de abierta confrontación con sus vecinos, pero su onda expansiva se expresa en una franca y muy honda fractura social, destinada acaso a impactar de manera trascendental en el panorama político uruguayo.

Proclama del Obelisco

Las más de 100.000 personas que el 16 de abril pasado marcharon hacia el Obelisco de Montevideo no eran una fabricación de marketing político. Tras un paro de la central sindical unitaria PIT-CNT, ríos de trabajadores ocuparon las calles y convergieron con gauchos de a caballo, tractores y camionetas provenientes del interior del país, convocados por 31 entidades empresarias, encabezadas por la Federación Agraria. Los disensos estratégicos mencionados más arriba tomaron la forma de un drástico realineamiento social. El gobierno bicolor sintió que desaparecía la tierra bajo sus pies. Según observadores de diversa ubicación ideológica, la dirigencia sindical y las entidades empresarias, aun sin proponérselo, desplazaron incluso a las fuerzas políticas –específicamente al Frente Amplio-Encuentro Progresista– del centro del escenario. Aquí también los efectos de la crisis parecen ir por delante de la reflexión teórica y el accionar político.

La convergencia de trabajadores urbanos y entidades pequeñas y medianas del agro produjo un documento denominado Proclama del Obelisco, cuya tónica está dada por frases como ésta: “¡El país se nos hunde y lo tenemos que sacar adelante! ¡Toda la sociedad uruguaya tiene que decidirse a actuar para estabilizar y profundizar la democracia!”. Indicativo del vuelco en curso es que entre los dirigentes agrarios sobresalen nombres históricamente asociados con la represión dictatorial y el fascismo militante. No menos significativo resulta que quedaran fuera de esta convocatoria la Asociación Rural del Uruguay –entidad fundada en 1871 y representante tradicional de los terratenientes– así como la Cámara de Comercio (el poderoso sector importador) y los principales representantes de la industria. Se trata de una revuelta social que fragmenta la base histórica de la estabilidad uruguaya. La causa es explícita y está lejos de referir sólo al panorama uruguayo: “¿De que inversión está preocupado el equipo económico?”, dice la proclama en referencia a la pérdida del “grado inversor”… “Evidentemente no de la inversión productiva, donde cada vez son más los inversores nacionales que se quedan por el camino (…) de espaldas a la producción nacional y vestidos de gala para atraer al venerado inversor internacional se quedaron sin visita, mientras asistían impávidos a la agonía del auténtico inversor nacional y de nuestros trabajadores (…). Está demostrado que sin el crecimiento y el desarrollo de una economía real, anclada en la producción, son efímeras las preocupaciones del gobierno por cautivar a los inversores. La economía burbuja, la del permanente endeudamiento con los organismos financieros internacionales, la de las importaciones indiscriminadas, la de las desproporcionadas ganancias del sistema financiero, sin un anclaje en la vida productiva real, está agotada. El país está paralizado. Estamos ante una emergencia social y productiva. El modelo económico aplicado en los últimos 30 años atraviesa su fase de agotamiento definitivo. Ahora son necesarios cambios sustanciales en el modelo a seguir”.

Debates teóricos y realineamientos políticos

Tras el acto y sobre la base de la Proclama del Obelisco, la “Concertación por el crecimiento” –instancia creada por las entidades empresariales en junio de 2001– formó una Mesa Permanente con el PIT-CNT. “Tenemos un enemigo común” explica Juan Castillo, dirigente del sindicato portuario y del PIT-CNT. Militante comunista, Castillo sostiene que no están en cuestión las bases clasistas del programa de la central obrera. En el debate programático, dice, “se trata de no apurar más de lo que estamos logrando, siempre con el objetivo de profundizar el marco de la alianza”. El dirigente portuario rechaza toda identificación de esta convergencia con la verificada recientemente en Venezuela entre entidades sindicales y empresarias: “La central venezolana siempre fue amarilla y corrupta; nuestra organización es clasista y en la Concertación sólo están empresarios pequeños y medianos, los grandes no asistieron”. En referencia al curso que toman los trabajadores cuando dirigentes de izquierda asumen posiciones en alianza con partidos o entidades empresariales, como el reciente resultado electoral en Francia, donde el PC integraba el gabinete de ministros, Castillo aclara que “alguien se puede llamar comunista y defender intereses totalmente distintos de los trabajadores. Y después lo paga”.

Al interior de la central sindical, el movimiento provocó un debate. El documento conjunto fue aprobado por cuarenta votos a favor, dos en contra y tres abstenciones. Los sindicatos de Artes Gráficas y de Industrias Médicas y Afines que no aprobaron la plataforma, valoran el hecho de que “por primera vez en muchos años gremiales empresariales acuerdan con el PIT-CNT en que la actual política económica está agotada”, pero subrayan que “no se contemplan las aspiraciones básicas del movimiento sindical como recuperación salarial, negociación colectiva y protección a la organización sindical, ni tampoco la defensa de las empresas públicas contra la privatización”.

La Proclama centra sus objetivos programáticos en “reactivación del mercado interno; defensa de la producción nacional; reactivación del sector exportador; reformulación del papel del Estado, potenciándolo como factor de desarrollo nacional y de respaldo del aparato productivo y como mecanismo de redistribución social de la riqueza; reformulación del Mercosur, integrado macroeconómicamente, de complementación productiva, democrático y solidario, no solamente como condición necesaria para nuestro desarrollo económico sino para el afianzamiento de nuestra soberanía”.

Este programa, que tiende a repetirse en otras latitudes ante los efectos devastadores del llamado “neoliberalismo”, es atacado desde las filas liberales uruguayas con una afirmación demostrativa del tipo de debate abierto en la región: “conceptualmente, lo que ahí se propone el país ya lo hizo, con un resultado nefasto (…). Fue el modelo de ‘sustitución de importaciones’ que se aplicó desde comienzos de los años ‘50 hasta mediados de los ‘70, generando el peor desempeño de la economía uruguaya en este siglo”(6).

Por su parte, la conducción del FA asumió de inmediato la significación de la irrupción política de una fuerza social con ancha base de sustentación. “Es una interpelación a todo el sistema político (…) hay que canalizarla dentro del sistema político y el Frente Amplio va a trabajar sobre ese tipo de cosas y continuará su análisis” declaró Jorge Brovetto, vicepresidente del FA, tras una reunión de la conducción nacional(7). Para canalizar el nuevo fenómeno, el FA propone una reforma constitucional que permita que esos reclamos tengan formalmente cabida en la definición de las líneas de gobierno. Y poco después trascendió lo que ya se presentaba como certeza en círculos políticos “El Frente Amplio está pensando en la posibilidad de que un dirigente ruralista integre la fórmula presidencial con Tabaré Vázquez”(8).

La justificada certidumbre en la solidez de sus instituciones, como se ve, no paraliza los reflejos de la oposición uruguaya ante el papel asignado por Washington al actual gobierno y los riesgos de una derivación política de la crisis económica.

1. “El gobierno prevé anunciar en dos semanas medidas para ‘retomar la iniciativa política’”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02.
2. El Observador, Montevideo, 24-4-02.
3. “Diputados reivindican al Mercosur como acuerdo prioritario y advierten al gobierno que no lo descuide”; Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
4. Ibid.
5. La República, Montevideo, 23-4-02.
6. Michele Santo, “La Proclama del Obelisco”, Búsqueda, Montevideo, 18-4-02
7. “FA ultima proyecto de reforma constitucional”, La Juventud, Montevideo, 23-4-02.
8. Loreley Nicrosi, “El FA busca un ruralista para fórmula con Vázquez”, El Observador, Montevideo, 24-4-02.

Homero describió como nadie la suerte cambiante en los campos de batalla. En la Venezuela de estos días el autor griego hallaría buena argamasa para sus historias, acaso menos épicas pero no menos trascendentes, si se mide lo que está en juego en América Latina. Las respuestas del gobierno han frustrado por el momento los planes opositores -la postergación de una huelga general es un ejemplo- que buscan ahora respaldo en las fuerzas armadas. Los próximos meses serán decisivos para el destino de la Revolución Bolivariana.

En diciembre pasado el signo político más saliente en Venezuela era la impetuosa embestida del conjunto de la oposición, abroquelada tras una coalición de empresarios y sindicalistas. Tres meses después, el panorama se trastocó: quienes contaban con la certeza de que para esta fecha habrían derrocado al presidente Hugo Chávez, no logran hacerse de la iniciativa política y, en consecuencia, han ingresado en una fase de disgregación y debilitamiento ostensibles.

La secuencia es elocuente: el 10 de diciembre se realizó una huelga general. Fedecámaras –la cúpula empresaria– y la dirigencia de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), encabezaron la primera demostración de fuerza contra el gobierno. Bien que heterodoxa y difícilmente sostenible en el tiempo (las patronales impulsaron al paro a los trabajadores y garantizaron el pago de la jornada perdida), la convocatoria tuvo un éxito considerable y, amplificada por los medios de difusión nacionales e internacionales, estimuló al bloque antichavista, que de inmediato planeó un cronograma de movilizaciones y anunció una nueva huelga, esta vez por 72 horas, para el 18 de marzo(1).

Pero el optimismo inicial cambió rápidamente de signo. El gobierno, en lugar de ceder ante el desafío, replicó acelerando el paso. Desde el mismo 10 de diciembre, cuando convocó a la población a la calle y obtuvo una respuesta masiva que desdibujó la protesta del bloque opositor, apeló como no lo había hecho en tres años a la movilización de masas. Esto a la vez fortaleció y puso en tensión dos instancias nuevas de organización: los Círculos Bolivarianos (estructura de masas) y el Comando Político de la Revolución (eventual embrión de un partido unificador del amplio arco de fuerzas comprometidas con la Revolución Bolivariana).

En los tres meses siguientes la disputa por ganar la calle, explícitamente planteada por una y otra parte, mostró una desproporción enorme. El 4 de febrero –10° aniversario del levantamiento militar de 1992 liderado por Chávez– una multitud superior al millón y medio de personas acudió al llamado de los Círculos Bolivarianos y del Presidente. Aunque significativa, la concentración de unas 180.000 personas convocadas por la oposición dejó a las claras que la presión social no sería la palanca requerida para obligar a la renuncia de Chávez. En ese punto, la oposición echó mano a otro recurso: el frente militar. Desde un hotel donde se desarrollaba una reunión internacional, un coronel de ejército sin mando de tropa exigió la renuncia de Chávez. Potenciado por la prensa local, el hecho apareció en el exterior como el inicio de una sublevación de las fuerzas armadas. Y cuando al coronel se sumó días después un teniente de la Guardia Nacional, aparecieron en todo el mundo titulares del tipo “Se extiende la rebeldía de los militares contra Chávez”(2). Poco después, un vicealmirante destinado en la delegación diplomática venezolana en Grecia repitió la exigencia… desde un shopping.

El estrepitoso eco que estos pronunciamientos obtuvieron a través de las grandes cadenas televisivas y los diarios de mayor tirada se fue diluyendo con el tiempo, cuando resultó evidente que, al menos por ahora, la “rebelión” se reduce a un número ínfimo de oficiales, de baja graduación y sin mando de tropa. Luego, los medios venezolanos y mundiales minimizaron u ocultaron una reunión oficial y pública, realizada el 22 de febrero pasado y presidida por el general en jefe Lucas Rincón Romero, en la cual el alto mando de la Fuerza Armada Nacional (así se designa en Venezuela a las cuatro armas que la componen), con cientos de altos oficiales presentes, respaldó al gobierno y negó cualquier hipótesis de golpe de Estado.

Petroleros, un conflicto clave

Va de suyo que estos resultados no agotan la posibilidad de reintentar la presión mediante la movilización ciudadana ni, tanto menos, la sublevación de una fracción militar. No obstante, cada paso fallido provocó crudas disputas en el bloque opositor. Y en la emergencia, el movimiento sindical fue ubicado en el centro de la táctica destinada a lograr la renuncia de Chávez.

Éste es el flanco más vulnerable del gobierno. Se trata de un factor de compleja lectura, porque en términos concretos el movimiento sindical organizado es una parte ínfima de la clase trabajadora: sólo el 12% de los asalariados está afiliado a algún sindicato. No obstante, la cúpula sindical –asociada a Acción Democrática (AD, partido socialdemócrata) y respaldada por la Internacional Socialista y la Organización Internacional del Trabajo– tiene una fuerza que los partidarios de la Revolución Bolivariana no han podido superar. Y si bien la CTV es el brazo sindical de un cuerpo que ya no existe, la fuerza de su aceitado aparato sindical es de temer.

Pese a esta falencia, y como parte de la aceleración en la toma de medidas económicas y sociales, el gobierno acometió desde enero una tarea delicada: la reestructuración total de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Buena parte de la cúpula técnica y administrativa de la empresa goza de altísimos beneficios económicos y, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido en otros países, obraba como Caballo de Troya para privatizar esta palanca clave del Estado venezolano. Era previsible que ante la adopción de medidas del gobierno que anularan esa perspectiva, esa franja de la empresa obrara como fuerza de choque, en alianza con la CTV y sectores empresarios desesperados porque se les esfuma un negocio multibillonario. En ese marco, la posibilidad de una huelga petrolera planteaba al gobierno un desafío mayor: si una parte considerable de los obreros de esa industria clave se alineaba con la CTV e iba a la huelga, Chávez se hubiese encontrado en la imposible situación de tomar medidas extremas para garantizar la producción petrolera y enfrentando al núcleo duro de la clase obrera, cuando su gobierno se proclama defensor de los trabajadores y el pueblo. Más grave aún, en los planes de la oposición, la huelga de los petroleros –prevista para la semana del 11 al 15 de marzo– era apenas un paso preparatorio de la huelga general por tiempo indeterminado que debía desatarse el 18 de ese mismo mes.

De allí la trascendencia de lo ocurrido en esta crucial prueba de fuerzas durante la segunda semana de marzo: pese a que las instancias oficialistas son débiles e inarticuladas en los gremios en general y en las filas petroleras en particular, los esfuerzos de la dirigencia sindical por asociar su propósito con demandas salariales y lograr el respaldo de las bases fueron vanos. La propia jerarquía técnica se fracturó y una visible mayoría hizo pública su oposición al paro.

Así, el intento fracasó y además de abrir camino para la reestructuración de PDVSA, frustró la idea de una huelga general por tiempo indeterminado. Mediante un trascendido periodístico, la CTV hizo saber que pospuso la fecha “para la primera semana de abril, aunque tal vez, por los problemas de Semana Santa, se pase a la segunda semana de abril”. Un alto dirigente de esa central, que sólo aceptó hablar en riguroso anonimato, explicó a el Dipló que esa comunicación encubría en realidad la convicción de que el plan había fallado y que existen divisiones internas en la cúpula, ante la alternativa de desechar la idea de una huelga general o lanzarse a una aventura desesperada.

La huelga médica

Cuando debía comenzar la huelga petrolera, la Federación Médica Venezolana (FMV) anunciaba ya la paralización del gremio médico, en este caso por tiempo indeterminado, a partir del lunes 18 de marzo. El Dipló entrevistó a la ministra de Salud, María Lourdes Urbaneja, quien aseguró que “el ropaje reivindicativo y gremial de este llamado a la huelga médica es totalmente falso. Hay un trasfondo político en esta convocatoria: forma parte de los paros para abrirle camino a una huelga general”.

Urbaneja describe una situación sanitaria conocida en otros países del área: “Recibimos en 1999 un sistema totalmente desactivado, con una desinversión que se inició a mediados de los 70 y se fue agudizando desde entonces. En medio del deterioro de la salud pública, se imponía la tendencia neoliberal aplicada en prácticamente toda América Latina, propiciada por la banca, en camino a la privatización. Así la encontramos. Y empezamos un camino que va de contramano con la tendencia general en América Latina. Estamos empeñados en recuperar el sector público, construir un verdadero sistema público nacional de salud, que garantice el acceso universal, sin restricción, a la atención de calidad y con integralidad”. La ministra subraya que “esta es una propuesta revolucionaria en nuestro continente, destinada a garantizar la salud como derecho”.

Según la ministra, es la Ley Orgánica de Salud del gobierno la que ha despertado esta reacción: “no propone acabar con el sector privado, que tradicionalmente existió en el país. Queremos un sector público fuerte, capaz de garantizar la salud como derecho, sobre todo a los sectores que, especialmente en las dos últimas décadas, fueron cada día más excluidos de la protección sanitaria”. En cuanto a las perspectivas de la huelga por tiempo indefinido, Urbaneja asegura que “La Ley ha sido discutida con sociedades científicas, organismos gremiales, grupos médicos, trabajadores de la salud en general. Para la gran masa médica, la que trabaja todos los días, a la que le toca el trabajo más duro en los hospitales, la consolidación de un sistema público nacional de salud es un sueño que hace años estamos tratando de construir. En el llamado a la huelga se mezclan propuestas reivindicativas que son necesidades reales de todos los trabajadores, porque si algo se deterioró en los últimos 20 años, fue la remuneración del trabajo. Esos planteos no son despreciados por nosotros ni por los agremiados. Por eso estoy convencida de que la gran masa médica no va a acompañar una huelga. Y algo muy importante: la población va a rechazar este paro”.

El énfasis de la ministra parece corroborarse: un diario ostensiblemente alineado con los huelguistas tituló el martes 19: “Paro médico se inició a medias”(3). Al término de la semana, el mismo diario cambió el tono del título pero el texto de la noticia resultaba inequívoco: aludiendo a declaraciones de la FMV, reconoce que éstas “contrastan con la imagen de cuatro de los principales centros asistenciales de la capital. En los hospitales Domingo Luciani, Miguel Pérez Carreño, Los Magallanes de Catia y en el Oncológico Luis Razetti, la actividad médica parece desarrollarse sin mayores contratiempos”(4).

Esquiva realidad

A menos que se produzca un vuelco que revierta lo ocurrido en estos tres intentos de huelgas sectoriales, la perspectiva de una huelga general capaz de derrocar a Chávez parece por el momento inviable. El Dipló preguntó a Allan Brewer, figura clave del arco opositor, si la percepción respecto de la fragmentación y debilitamiento de la oposición era un engaño. La respuesta fue contundente: “No, no se equivoca. No se logra que partidos y organizaciones depongan posiciones personales e intereses individuales. Sienten la gravedad del momento, pero…”

Destacado intelectual extra partidario, ex senador y titular de un estudio jurídico de renombre, Brewer recibe a este corresponsal en un señorial despacho, situado en el penthouse de un elegante edificio en el centro de Caracas. No es fácil llegar allí, atravesando calles literalmente cubiertas por los tenderetes del sector social más visible en la capital venezolana: los buhoneros. El caos del tránsito se combina con el ruido ensordecedor proveniente de autopistas que parten la ciudad sin piedad por la estética y mucho menos por la relación del hombre con la naturaleza y sus semejantes.

Nada de esa fealdad agobiante se percibe desde el estudio de Brewer, cuyos grandes ventanales dan a un jardín exuberante. Según su opinión, Venezuela marcha hacia una dictadura. “Se perfila la figura de un gobierno autoritario”, asegura. La prueba está en “la centralización del Estado, el minado del Estado federal: Chávez es presidente de la Nación y del partido gobernante: una simbiosis nunca vista”. Y su conducta política equivale a un “golpe de Estado continuado”. Profesor de Derecho y autor, afirma, de 137 libros, Brewer habla con claridad: Chávez no debe terminar su mandato. ¿Renunciará? “No: es incapaz de reconocer un fracaso”. Entonces las alternativas restantes son la insurrección o el golpe militar… “Así es”. La insurrección, no obstante, parece difícil: se ha debido levantar la huelga general por tiempo indeterminado programada para el 18. “Claro, un paro no se improvisa. No es inminente. Ése es un paso final; y estamos en el comienzo. En 40 años éste se hizo un país democrático. Quien va a enfrentar a Chávez es el pueblo, el país entero”, asegura.

Brewer se extiende en la explicación de la pérdida de contacto con la realidad por parte de Chávez. Y confiesa que, ante la preocupación que esto plantea, junto con otro intelectual reconocido, el economista Maxim Ross “convoqué a todos los sectores de oposición a una reunión que se realizó el 5 de noviembre pasado en mi biblioteca. Allí descubrimos que los partidos y las fuerzas de oposición no se habían reunido durante dos años. Se acordó hacer una reunión cada lunes. Y se avanzó mucho”. En esas reuniones se pergeñó el paro del 10 de diciembre y la ofensiva final. ¿Qué ocurrió después? “Lo que decía: los intereses particulares. El 4 de marzo pasado, en la habitual reunión de los lunes, nos enteramos que al día siguiente se firmaría el pacto de gobernabilidad”(5). ¿Es decir que Fedecámaras y la CTV no contemplaron al resto de los sectores opositores? “No. Incluso entre los propios sindicalistas no se había discutido. Andrés Velázquez, figura del nuevo sindicalismo (dirigente metalúrgico que en los años 80 enfrentó a la CTV desde el partido Causa R), no lo sabía”. La insurrección está entonces descartada por el momento: ¿habrá un levantamiento militar? “Hay mucho descontento entre los militares”. ¿Hay riesgo de guerra civil? “Para que haya guerra civil tiene que haber dos bandos”. ¿De modo que no hay un bloque opositor capaz de conducir a la sociedad contra Chávez? “Se va a derrumbar él mismo; se le está resquebrajando todo. La oposición se ha venido recomponiendo, con mucha dificultad. Pero todavía estamos en un desierto. Va a tomar mucho tiempo”.

A partir de estas afirmaciones se explica el papel que les cabe a los medios en el papel de oposición. Brewer entregó a el Dipló un video con las denuncias de todos los hechos presentados ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como prueba de falta de libertad. Pero el hecho es que sería difícil registrar antecedentes de una militancia mediática tan masiva, virulenta y machacante como la que ejercen la prensa escrita y los canales de televisión, con excepción del canal oficial.

El periodista Ernesto Villegas tiene el raro privilegio de trabajar en El Universal, bastión de la oposición, y en Venezolana de Televisión, el canal estatal. Villegas confirmó a el Dipló que en los tres últimos años no ha habido ningún periodista detenido. ¿Presiones? “Ha habido denuncias en ese sentido. Por ejemplo la presión sobre Venevisión para la salida de Napoleón Bravo, conductor de un programa matutino. Esto se denunció justo cuando este señor fue nombrado vicepresidente de Venevisión Continental, en Miami. Se trasladó a Miami y quedó la duda acerca de si había habido o no presiones. También había la duda de si una corporación de ese tamaño era presionable o no. Bravo regresó al país y conduce un programa matutino de televisión y uno de radio. Y no se ha visto que él haya disminuido –todo lo contrario– sus críticas al oficialismo”. ¿Hay clima de autocensura, o presiones del tipo que se producen bajo dictaduras? “No conozco otras experiencias; pero aquí existe un clima de plena libertad de expresión; o para decirlo más precisamente, un ejercicio libre del periodismo. En El Universal no he percibido autocensura. Con otros gobiernos, bajo el cobijo del rigor profesional, había muchísimo más cuidado en el tratamiento de las informaciones que pudieran ser contrarias a los intereses de los poderes. Por ejemplo, en el trato al Presidente de la República. En ese punto ha habido un cambio en lo que es el paradigma informativo: se han dicho cosas en relación con el Presidente que en otros momentos uno ni siquiera podía imaginarse. Por ejemplo, cuando El Universal titula en su primera página, con letras gigantescas, ‘Debe renunciar’ y la fotografía de un militar sublevado verbalmente, uno entiende que hay allí una postura editorial. O como cuando el diario El Nacional titula en su primera página, ‘El presidente miente’. Eso era impensable en gobiernos anteriores”. ¿Hay signos que avalen la idea de que se marcha hacia un gobierno autoritario? “No lo creo. Entiendo el comportamiento de muchos políticos y periodistas que de buena fe creen eso. Eso sería lo único que explique que frente a tal peligro violenten reglas de juego tradicionales. El presidente Chávez incorpora a su discurso una serie de afirmaciones, posturas políticas, muchas veces más formales que de fondo, que pueden hacer llegar a la conclusión de que estamos frente a un personaje que no está habituado a las formas democráticas. Hay especialistas en análisis del discurso que ven en el Presidente un excesivo personalismo. Hay una contradicción entre lo que es el discurso y la práctica, en muchos ámbitos. En la práctica vivimos lo que Arturo Uslar Pietri denominaba ‘un régimen de libertades’. Acá en estos momentos hay un destape de libertades, como por ejemplo la libertad de expresión. Hoy se dicen mil cosas que antes no se decían”.

Descontento

En todo caso, sería erróneo concluir que la oposición es impotente, los trabajadores se vuelcan a favor del gobierno y la convivencia armónica está garantizada más allá de los tonos destemplados de la prensa. En medio de esta confrontación quizá irreversible, oscila una importante masa social, compuesta por muy diferentes estratos, que no quiere volver al pasado y no está dispuesta a salir a la calle contra el gobierno, pero expresa un grande y creciente descontento y no acaba de saber hacia dónde ir. Como telón de fondo, la situación económica, si bien no es comparable con la de otros países latinoamericanos, no ofrece la posibilidad de dar respuesta rápida y efectiva a los gravísimos problemas sociales acumulados durante décadas. Chávez no tiene un partido capaz de articularse en el conjunto social y específicamente en la clase trabajadora, que como tal parece observar a distancia el curso de la Revolución Bolivariana.

Guillermo García Ponce, veterano periodista comprometido durante décadas con las luchas sociales, fue designado como coordinador del Comando Político de la Revolución. Recibe a el Dipló en una humilde oficina, cedida por un simpatizante de la Revolución Bolivariana. De sus palabras se desprende que conoce la dificultad de la empresa: coordinar a todos los partidos y organizaciones que apoyan al gobierno y funcionan en ese organismo junto con gobernadores, alcaldes oficialistas y el propio Chávez. García Ponce descarta la posibilidad de que este conjunto se transforme a corto plazo en un partido unificado: “La organización revolucionaria no puede ser producto de un decreto. Debe surgir en el marco de un proceso de unidad y fusión de los revolucionarios hoy dispersos en varias organizaciones, excluidos por sectarismo o marginados como resultado del largo proceso de fraccionamiento que ha vivido la izquierda y el movimiento popular”, explica. Y aclara su meta sin subterfugios: “Sólo la unidad orgánica y política de los bolivarianos permitirá la elaboración sistemática y diaria de políticas para dar respuestas a las complejas situaciones que afrontamos”.

A diferencia de otras voces oficialistas, García Ponce advierte que “es un grave error considerar que esta campaña de la prensa, radio y TV no tiene efecto en el ánimo popular. Todo lo contrario –dice–, su acción sistemática va destruyendo la confianza del pueblo y el prestigio de la República Bolivariana. No son suficientes los programas de Aló Presidente(6) ni las grandes cualidades de comunicador de Chávez. Se requieren más y más respuestas”. García Ponce tampoco desestima los riesgos planteados en el terreno militar. No descarta sublevaciones puntuales, pero asegura –y todo indica que cree en sus palabras– que cualquier intento sería inexorablemente sofocado.

1. Luis Bilbao; “Revolución y contrarrevolución en Venezuela”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, enero de 2002.
2. Ludmila Vinogradof; Clarín, Buenos Aires, 3-2-02.
3. Alejandra M. Hernández; El Universal, Caracas, 19-3-02.
4. Eugenio Martínez; “Continúa paro médico indefinido”, El Universal, Caracas, 21-3-02.
5. Acuerdo entre Fedecámaras y CTV para un gobierno post Chávez, que indica hasta qué punto la actitud de estos sectores no es sectorial, sino política.
6. Aló Presidente, programa radial y televisivo dominical.

Para contrapesar la pérdida de autoridad ideológica y política y reactivar por esa vía su economía, Estados Unidos destina cifras siderales al gasto militar. Con un incremento de 48 mil millones de dólares, el presupuesto de Defensa este año será de 379 mil millones. Sólo el incremento equivale a una vez y media el total del gasto del ejército francés, el más costoso de la Unión Europea. El Pentágono gasta el 40% del total mundial y diez veces la suma utilizada en el rubro por Rusia y China. En Colombia, intensifica su intervención militar en América Latina.

Durante dos décadas que semejaron un siglo, Estados Unidos mantuvo en el mundo una indisputada iniciativa en los terrenos ideológico y político, respaldada por un auge económico que parecía inagotable. Esa fase histórica ha terminado.

Contestado ideológica y políticamente por una poderosa –aunque en extremo confusa– corriente mundial apoyada en las juventudes y desbordada hacia todos los ángulos, inmerso en una recesión simultánea de los tres grandes centros de la economía mundial y en el fragor de la lucha por los mercados, Estados Unidos apela a la ultima ratio: su abrumadora superioridad militar. Los movimientos de reacomodamiento a la nueva situación hacen crujir al planeta. A ciertos países la perplejidad los paraliza. Argentina es el caso más notorio, acompañada desde cuadrantes diferentes por México y Canadá. En cambio, en Europa, Japón, Rusia, China, se observan bruscos desplazamientos diplomáticos, todos en detrimento de la autoridad y el control políticos de Washington en el escenario mundial. De allí la imperativa necesidad de recurrir al potencial bélico como principal argumento de su política interior, regional e internacional.

En su discurso del 29 de enero sobre el estado de la Unión (informe anual del Presidente estadounidense al Congreso), George W. Bush resumió las líneas trazadas por los estrategas del Departamento de Estado: “(…) nuestra nación está en guerra, nuestra economía está en recesión y el mundo civilizado encara peligros sin precedentes (…) nuestra guerra al terrorismo apenas si comienza (…) todavía hay campamentos (terroristas) en por lo menos una docena de países (…) algunos gobiernos serán tímidos frente al terrorismo. Que no se engañen: si no actúan, Estados Unidos lo hará (…) desplegaremos defensas antimisiles efectivas para proteger de ataques repentinos a Estados Unidos y a nuestros aliados (…) No esperaré por los acontecimientos (…) la historia ha llamado a Estados Unidos y a nuestros aliados a la acción (…) mi presupuesto incluye el aumento más grande en gastos de defensa en dos décadas (…) hemos sido llamados a desempeñar un papel único en los eventos de la humanidad”.

Cada una de estas aseveraciones fue aplaudida de pie por la totalidad de los legisladores en el Capitolio. Y los aplausos fueron aún más estridentes cuando el orador, siguiendo el texto, dio su golpe de efecto y señaló un “eje del mal” trazado por Corea del Norte, Irán e Irak, en torno al cual giran “miles de homicidas peligrosos, adiestrados en los métodos del asesinato, a menudo apoyados por regímenes al margen de la ley, desparramados ahora por todo el mundo como bombas de tiempo, preparadas para estallar sin previo aviso”.

La reacción no demoró. Apenas dos semanas más tarde se inauguraba en Estambul un foro denominado “Civilización y armonía: la dimensión política”, organizado por la Unión Europea (incluidos los países candidatos a incorporarse) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI), de la que participaron 75 delegaciones nacionales –entre ellas Irán e Irak– con la presencia de más de 60 ministros de Relaciones Exteriores. Turquía, el anfitrión, es un país musulmán-europeo, nexo geográfico de Oriente y Occidente, pieza fundamental para el esquema militar planetario de la Casa Blanca. Pero EE.UU. no estaba allí. Un observador tradujo el sentimiento predominante en Estambul: “El miedo y el desasosiego que genera ahora Washington entre sus aliados es un fenómeno nuevo que lanza graves sombras sobre la seguridad global”(1), y trazó el saldo: “Washington está hoy un poco más solo que ayer”(2).

Fractura atlántica

En la UE el discurso de Bush puso en la agenda el tema eludido y postergado una y otra vez: el verdadero papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la creación, o no, de un sistema militar propio. El 24-4-1999, por imposición estadounidense, la OTAN cambió drásticamente el contenido de su carta orgánica y sus estatutos y pasó de ser una alianza defensiva con jurisdicción sobre el área que le da el nombre, a constituirse en un dispositivo militar ofensivo con jurisdicción planetaria. Parece innecesario insistir sobre quién comandaría ese flamante ejército mundial. Pero aunque los integrantes europeos firmaron, el cambio jamás fue digerido. Cuando luego de los atentados del 11 de septiembre Washington emprendió su campaña punitiva contra Afganistán, quedó a las claras que la nueva OTAN no era efectiva. Ahora, la tensión llega al límite y se multiplican los signos de preocupación y distanciamiento.

El 3 de febrero pasado se llevó a cabo en Munich la Conferencia Internacional para la Seguridad. Rusia utilizó esa tribuna para cortejar a Europa y contrarrestar la campaña según la cual había afirmado una alianza militar de largo plazo con Estados Unidos: “Tenemos nuestra propia lista de Estados que representan una amenaza (…) No tenemos una sola prueba de que Irán esté implicado (en el terrorismo)”, dijo Serguei Ivanov, ministro de Defensa. Y agregó: “Puede que pocas personas en Occidente aprecien el hecho de que nosotros tengamos relaciones con Irak e Irán. Por nuestra parte, nosotros no apreciamos que vuestros aliados, en los Estados del Golfo y en Arabia Saudita, sostengan el terrorismo”(3). Así, en pocos días la decisión estadounidense de aumentar su gasto militar y embarcarse en una guerra que cruzaría lado a lado el continente asiático, produjo un vuelco de Europa hacia el mundo islámico y de reaproximación a Rusia.

De hecho, la OTAN afronta una severa crisis: “Las estructuras militares de ambos lados del Atlántico serán tan dispares que europeos y estadounidenses no podrán, aunque quieran, actuar juntos. La angustia era perceptible en Munich en la cumbre de defensa y seguridad”(4). Algo pareció quebrarse cuando Hubert Vedrine, ministro de Relaciones Exteriores de Francia, declaró pocos días después: “Hoy estamos amenazados por un nuevo simplismo, que reduce todos los problemas en el mundo a la lucha contra el terrorismo”(5). Su par alemán, Joschka Fischer, no obstante el empeño puesto como aliado de Washington durante la guerra contra Yugoslavia, esta vez alertó: “es preciso distinguir entre aliados y satélites”. Con ese cuadro a la vista, un ex ministro de Cultura de Alemania, Michael Naumann, adelantó que las elecciones en Francia y Alemania (mayo y septiembre, respectivamente) provocarán “realineamientos que podrían alejar a Europa de Estados Unidos”. Naumann sugiere que “Washington debería volver a la alguna vez fuerte sociedad atlántica”, y advierte, incisivo: “Una alianza fragmentada en Europa es mucho más difícil de reparar que un oleoducto”(6).

En Japón el distanciamiento respecto de Estados Unidos tiene características diferentes y, si cabe, de mayores consecuencias (ver págs. 24 a 26); y en cuanto a China, es evidente ya desde hace tiempo su realineamiento con vistas a neutralizar el despliegue estratégico estadounidense en la región. El diario oficialista Renmin Ribao acusó a Estados Unidos de usar la acción militar en Afganistán “para medir la posibilidad de expandir su presencia en Asia Central”(7). Es más que eso: la Casa Blanca ha desplegado ya una operación abanico tendiente a tomar control de otros cinco países de la región: Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán y Turkmenistán. Los acuerdos militares de Pekín con Moscú revelan por dónde buscan respuesta las autoridades chinas.

Un “Comando de América”

La Casa Blanca afronta también, en perspectiva, problemas internos. Al margen de las derivaciones directas de la recesión y el desempleo, ya apareció un movimiento antiguerra en el interior de EE.UU.: International ANSWER (Act Now to Stop War & End Racism), compuesta por más de medio millar de organizaciones y personalidades prominentes, prepara una marcha a Washington el próximo 27 de abril(8). Una radicalización en estos términos plantearía, si se verifica, cambios de imprevisible impacto internacional.

Pero acaso en ninguna otra área puede observarse con tanta nitidez el eclipse ideológico y político de Estados Unidos como en América Latina. Con el derrumbe del modelo argentino se complicó aun más el propósito estadounidense de crear un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ya trabado por la oposición explícita de Brasil y Venezuela y la reticencia silenciosa de otros países. “La posibilidad de arribar a un acuerdo para conformar un área de libre comercio en América Latina en el corto plazo, parece alejarse cada vez más”, admite un editorial del New York Times; “dependerá del poder del presidente Bush para generar consenso y de la cooperación de Brasil, la principal economía de América del Sur”(9).

A cambio de esa capacidad, Bush esgrime otros instrumentos. Una cadena de acuerdos y medidas apunta a los objetivos del ALCA por otros medios. El Pentágono articula un plan de defensa continental terrestre, aéreo y marítimo con las fuerzas armadas de México y Canadá, al que se denomina provisionalmente “Comando de América”(10). El Plan Puebla-Panamá proyecta ese dispositivo sobre toda América Central. Y el Plan Colombia lo despliega hacia el extremo sur(11).

Con la finalización de las negociaciones de paz en Colombia el pasado 20 de febrero comienza una guerra formal en territorio latinoamericano. Estados Unidos está en ella con armas, hombres y dinero. La tenaza de Washington sobre el continente, simbolizada por la dolarización y el Plan Colombia, ya aprieta sobre la presa. Obtendrá todo lo que se puede lograr con la fuerza. Incluso la multiplicación de los enemigos.

1. Hermann Tertsch, “La actitud beligerante de EE.UU. despierta el recelo de sus aliados”, El País, Madrid, 17-2-02.
2. H. Tertsch, “Europa y los países islámicos combaten la amenaza del choque de civilizaciones”, El País, Madrid, 13-2-02.
3. Marie-Pierre Subtil, “Moscou récuse vivement la dénonciatión par Washington des pays de l’axe du mal”; Le Monde, París, 5-2-02.
4. Hermann Tertsch, “El final del atlantismo”, El País, Madrid, 5-2-02.
5. Suzanne Daley, “France Upbraids US as ‘Simplistic’”, International Herald Tribune, París, 7-2-02.
6. Michael Naumann, “Europe doesn’t want war in Iraq”. International Herald Tribune, París, 19-2-02.
7. B. Elleman y S. Paine, “Now American bases to the West, too”, International Herald Tribune, París, 19-2-02.
8. www.internationalanswer.org
9. The New York Times, “Dificultades de la integración”, La Nación, Buenos Aires, 20-2-02.
10. Carlos Fazio, “El Comando de América sería un proyecto de defensa aéreo, terrestre y marítimo”, La Jornada, México D.F., 4-2-22.
11. Stella Calloni, “Las guerras de baja intensidad”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, septiembre de 2001.

En rara prueba de pluralidad y debate democrático, 513 representantes de 73 partidos de izquierdas de América Latina y el Caribe miembros del Foro de São Paulo, reunidos en La Habana entre el 4 y el 7 de diciembre último, expusieron sus fuerzas y debilidades a la luz pública, en medio de una coyuntura mundial convulsionada por la onda expansiva de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, el posterior despliegue bélico de Washington y la recesión simultánea y combinada en los tres centros mayores de la economía internacional.

Vitalidad transfundida de muy diferentes nutrientes, fuertes contradicciones de aristas inconciliables y una perceptible tendencia hacia la búsqueda de puntos de convergencia, fueron rasgos sobresalientes en los debates y resoluciones del Foro de São Paulo. La fuerte gravitación alcanzada por esta tribuna de la izquierda latinoamericana quedó en evidencia con la participación de 138 invitados provenientes de partidos de todo el planeta. En su papel de anfitrión, Fidel Castro no perdió oportunidad de subrayar la gravedad de la situación internacional y se mostró particularmente empeñado en lograr la constitución de un abarcador frente único para afrontarla.

Para las izquierdas del hemisferio, el momento es propicio y a la vez riesgoso: las mismas causas que requieren el accionar conjunto de estructuras tan diversas, gravitan para distanciarlas e incluso contraponerlas. Las posiciones encontradas podían observarse –a menudo en crudas definiciones– en los encuentros bilaterales de miembros e invitados del Foro, multiplicados en cada rincón del Palacio de las Convenciones. Suavizadas por la dominante voluntad de mantener la unidad del conjunto, aparecían igualmente en las intervenciones sucedidas a lo largo de tres días de sesión plenaria.

En su saludo inicial, el presidente honorario del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil tocó dos de los temas que generan mayor debate en las filas del Foro. Luiz Inacio da Silva, popularmente conocido como Lula, explicó con su habitual elocuencia que, ante la desesperación y el hambre de millones, el objetivo socialista debe dejar lugar a las alianzas necesarias para vencer al neoliberalismo, conquistar el gobierno y garantizar trabajo y comida para todos. A continuación advirtió que “la izquierda no puede ganar para hacer papelones como De la Rúa”. La identificación de Fernando De la Rúa como presidente “de izquierda” expone la naturaleza de los debates que atraviesan esta tribuna. Lula había chocado con la opinión de la mayoría de los partidos miembros del Foro en Argentina cuando a finales de 1999 viajó a Buenos Aires para respaldar la candidatura de la Alianza(1). Si desde un punto de vista teórico el conflicto finca en la nunca resuelta interrelación entre reforma y revolución, en términos políticos el choque puede hacerse ineludible, como en el caso del compromiso con la Alianza, o desaparecer para convertirse en férreo frente unido como en los restantes puntos en los que Lula apoyó su intervención: la denuncia del terrorismo y la guerra, la oposición al Plan Colombia, la cerrada negativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Panorama once años atrás

Las diferencias internas de las izquierdas latinoamericanas en esta experiencia sin parangón en el mundo se contrapesan con una combinación de necesidad y voluntad de mantenerse en bloque frente a requerimientos acaso más dramáticos ahora que una década atrás. La coyuntura mundial se halla en el extremo inverso del ciclo que se consolidaba hacia julio de 1990, cuando el PT convocó en San Pablo a un “Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe”. Por entonces se desmoronaba el llamado “mundo socialista”. Desde el punto de vista objetivo caía un área de economía planificada y propiedad estatal de los medios de producción, una barrera material que durante más de medio siglo había frenado y distorsionado el accionar de la ley del valor. En consecuencia, el torrente contenido de la sobreproducción capitalista, con la bandera del libre mercado, anegó el mundo. Más grave aun: desde el punto de vista subjetivo, comenzaba a debilitarse y tambalear en la conciencia de cientos de millones de personas la esperanza de un mundo contrario al ofrecido por el capitalismo. En los años siguientes la conjunción de ambos factores produciría resultados devastadores en la economía de los países periféricos, desarticularía sindicatos y partidos y produciría confusión y desmoralización generalizadas en cuadros y organizaciones de izquierdas en todo el mundo.

En ese clima se reunieron hace 11 años en San Pablo 48 organizaciones, las que pese a insalvables diferencias y a la variedad más amplia en cuanto a tamaño y gravitación efectivos, pusieron el mojón de una defensiva estratégica.

La extraordinaria heterogeneidad política y la disparidad de fuerzas de los participantes en aquella oportunidad era una novedad en sí misma. Desde que en 1914 el Partido Socialdemócrata Alemán votó a favor de los créditos de guerra, obligando a una fractura de la Internacional Socialista, tanto en las derrotas como en las victorias las izquierdas no dejaron de fragmentarse por un lado y de anquilosarse en aquellos casos en que basaron su fortaleza y unidad en la existencia de la Unión Soviética. Cuando ésta se desmoronó, dejó a la vista un panorama desolador de degradación teórica, debilidad organizativa y creciente impotencia política.

Entre los principales debates de aquel primer Encuentro figuraron la caracterización de la etapa que se iniciaba y del signo dominante de la coyuntura, mientras se delineaban las grandes controversias relativas a temas mayores de la teoría y el accionar políticos tales como Estado, poder, partido, masas y vanguardias, marxismo y recreación teórica… todos motivos de acaloradas confrontaciones.

Hubo quienes en aquella oportunidad vieron una radicalización de masas que, exitosa en la URSS y los países del Pacto de Varsovia, se expandía hacia todo el planeta y ponía a la orden del día la revolución. Como contrapartida, alzaron también la voz los convencidos de que el mundo presenciaba una victoria irreversible del capitalismo y, en consecuencia, un “nuevo orden mundial” con sede exclusiva y perpetua en Washington. Todo el espectro imaginable se expresaba entre estos dos extremos.

Además del partido convocante, las fuerzas de mayor peso que participaron en aquel Encuentro fueron el Partido Comunista de Cuba, el Partido de la Revolución Democrática de México y el Frente Amplio de Uruguay. Otras formaciones de envergadura eran el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que desafiaba al poder en El Salvador. Estuvieron también los partidos comunistas de la región, numerosas organizaciones trotskystas, agrupamientos marxistas no alineados en las columnas tradicionales y organizaciones radicales de diferentes definiciones ideológicas. Al cabo de tres días de debates se emitió, por consenso, la Declaración de San Pablo. El documento comenzaba por subrayar el carácter inédito de la experiencia y anunciaba que “hemos tratado algunos de los grandes problemas que se nos presentan. Analizamos la situación del sistema capitalista mundial y la ofensiva imperialista cubierta de un discurso neoliberal, lanzado contra nuestros países y nuestros pueblos. Evaluamos la crisis de Europa Oriental y del modelo de transición al socialismo allí imperante. Pasamos revista de las estrategias revolucionarias de la izquierda de esta parte del planeta y de los retos que el cuadro internacional le plantea”. Optimista, el texto afirmaba: “Seguiremos adelante con éstos y otros esfuerzos unitarios”(2).

No sería sencillo. Al año siguiente, en México, los dos bloques principales conformados en el abigarrado arco de tendencias chocaron con diferencias infranqueables y la experiencia estuvo a punto de zozobrar. Cuando la suerte parecía echada, se halló la fórmula para evitar la ruptura. La denominación inicial fue cambiada por la de Foro de São Paulo y a partir de allí hubo un sensible desplazamiento de las posiciones hacia el centro.

La defensa de Cuba (en aquellos momentos se temía una intervención militar estadounidense), la oposición a los planes privatizadores, de apertura de las economías y creación de un mercado continental del entonces presidente George Bush padre, una posición genéricamente antimperialista y los párrafos aprobados en San Pablo en los que se afirmaba “nuestra voluntad común de renovar el pensamiento de izquierda y el socialismo, de reafirmar su carácter emancipador, corregir concepciones erróneas, superar toda expresión de burocratismo y toda ausencia de una verdadera democracia social y de masas”(3), fueron sin embargo una plataforma suficiente para mantener al grueso de las organizaciones fundadoras en la continuidad del proyecto.

Desde aquella afirmación el flamante Foro de São Paulo hizo cada año su Encuentro en distintas capitales, acordó un reglamento para su funcionamiento y consolidó un cuerpo coordinador al que denominó Grupo de Trabajo. Si bien en ningún momento logró articular una acción conjunta, cumplió con lo que su nombre indica: ser un Foro de debate de los grandes problemas y desafíos del Continente, que lograría nuclear cada año a más corrientes y organizaciones de la región. El punto de convergencia mayor fue la oposición al “neoliberalismo”, al cual el flanco más radical se empeñó en mostrar como mero alias del capitalismo. El bloque contrario, compuesto por las organizaciones de mayor porte (PRD, PT, FA), lo transformaba en concepto en cuya oposición debía aglutinarse fuerzas aun a costa de concesiones políticas y programáticas (el caso del apoyo a la Alianza en Argentina fue el más estridente, aunque no el único). Fue Estados Unidos quien aceró la unidad del Foro: la aceleración del ALCA, las amenazas del plan Colombia y la creciente militarización del continente a través de la proliferación de maniobras conjuntas y bases permanentes, afirmaron la base de apoyatura de fuerzas cuyas divergencias se agudizaban simultáneamente en otros planos.

Jaque al neoliberalismo

El curso del debate mostró esta vez en La Habana a una izquierda latinoamericana y caribeña desigual pero con un punto principal en común: conciencia de la gravedad del momento. Las organizaciones de mayor peso siguen dispuestas a capitalizar electoralmente la crisis y arribar al gobierno (PT en Brasil, FA en Uruguay, con notoria disminución de su protagonismo el PRD de México). Una minoría persiste empeñada en recomponer fuerzas sobre bases teóricas y llama a eludir el pragmatismo. Todo el especto se muestra comprometido y militante y por regla general respalda del valor de aquello que imperfectamente configura el Foro de São Paulo: un bloque antiimperialista continental; que si bien no logra pasar a la acción conjunta, sin duda estimula y permite la confrontación de ideas.

La izquierda venezolana, partícipe de un proceso singular y potente, puso una nota diferencial en el Foro, aunque estuvo lejos de traducir su pujanza en el debate. Pero la marca común es la identificación de una nueva etapa a escala mundial y los esfuerzos por darle respuesta. Hubo coincidencia en que desde la crisis bursátil de 1977, la caída de los “tigres asiáticos” y la revolución en Indonesia, una ola antiimperialista avanza en todo el mundo –incluso en los países altamente desarrollados– contra la “globalización neoliberal”. Fidel Castro diría en su discurso de clausura que “el neoliberalismo y el capitalismo están en período especial”, en alusión a la situación de emergencia de Cuba desde 1990.

El documento final –laboriosamente corregido y al cabo aprobado por consenso– registra “una crisis política, económica, social y moral sin precedentes, con las grandes economías mundiales en recesión, la cual se agravó posteriormente a los hechos del 11 de septiembre”. Frente a tal panorama “el X° Encuentro ratificó su compromiso con las banderas de la independencia nacional, la justicia social, la paz y la democracia; y la disposición a redoblar su lucha por un proyecto económico, social y político que se identifique con esos principios y por un orden internacional alternativo, que revierta el carácter subordinado de nuestros países y responda a los intereses de las grandes mayorías”.

Tras una inequívoca denuncia del terrorismo que golpeó al World Trade Center y el Pentágono –reiterada a lo largo del debate y subrayada por Castro– el documento final alerta que “rechazamos todo intento de presentar como terroristas a los movimientos de liberación nacional, al llamado movimiento antiglobalización, a la izquierda, a los movimientos sociales y progresistas”. Con igual frontalidad el texto final denuncia que “en el actual escenario global el Plan Colombia asume un nuevo protagonismo y funcionalidad a la estrategia estadounidense, intervencionista en lo militar y neocolonial en lo económico”. En consecuencia, el documento “se pronuncia por rechazar el proyecto geoestratégico de dominación concebido a través del ALCA” y levanta como alternativa “el desarrollo y potenciación de los procesos de integración reales de América Latina y el Caribe y la convergencia entre ellos”(4).

En la clausura, Fidel Castro habló durante cinco horas. Apeló al caso argentino para ejemplificar el curso del capitalismo actual. Estructurada en forma y contenido como clase magistral en reunión de iguales, la intervención del Presidente cubano hizo sonar una nota nueva en sus persistentes alertas y denuncias: “Este siglo es decisivo y ojalá no sea definitivo”, repitió. Y llamó a la inteligencia, la unidad y la consecuencia, con plena conciencia de lo difícil que resulta, en medio de un situación de excepcional gravedad, aunar tales virtudes.

1. Sólo cuatro organizaciones de Argentina participaron en el X° Encuentro (Partido Socialista Popular, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario, Unión de Militantes por el Socialismo), menos de una tercera parte de las que concurrieron a San Pablo en 1990.
2. Luis Bilbao, “La izquierda latinoamericana frente a la crisis mundial”, Búsqueda, Buenos Aires, 1990.
3. Ibid.
4. Declaración Final del Xº Encuentro del Foro de São Paulo, La Habana, 4 al 7 de diciembre de 2001.

El pasado 10 de diciembre pasará a la historia de Venezuela. El empresariado convocó a un exitoso paro contra el gobierno del presidente Hugo Chávez. Y éste respondió acelerando la aplicación de medidas radicales y llamando a las masas, que el lunes 17, en una manifestación de más de medio millón de personas, dieron a luz un movimiento original, previsiblemente llamado a impactar en otros países de la región. La clave del enfrentamiento está en una serie de reformas de fondo aprobadas por el Congreso, que la burguesía venezolana resiste con ferocidad cada vez mayor.

Si alguien creyó que con la caída de la Unión Soviética la lucha de clases y el combate por el poder político habían terminado, allí está Venezuela para sacarlo del error. No se trata de una revolución socialista. Pero el grado de confrontación que conmueve a este país es igualmente irreductible. E irreversible, a estar por las posiciones intransigentes de los dos bloques en pugna. El empresariado realizó un paro el 10 de diciembre, interpretado por un semanario inglés de las altas finanzas como “El nacimiento de la contrarrevolución”(1). Y el presidente Hugo Chávez adoptó una serie de medidas que configuran una significativa radicalización de su “revolución bolivariana”.

La lucha frontal está planteada. Hacia mediados de septiembre, en coincidencia con los atentados terroristas contra el World Trade Center y el Pentágono se agudizó la confrontación entre Chávez y el empresariado, que a falta de partidos representativos –Acción Democrática y Copei fueron arrasados en las seis sucesivas elecciones que Chávez ganó en dos años con mayor margen cada vez–(2), se expresa ahora a través de una corporación empresaria, Fedecámaras, y su presidente Pedro Carmona. Washington retiró a su embajadora en Caracas, Donna Hrinak, en protesta por la calificación de “terrorista” que Chávez hizo de los bombardeos sobre la población civil en Afganistán, poniendo el ingrediente que faltaba en este crescendo. Poco después arreciaron los rumores de golpe de Estado y hasta de inminente magnicidio. Desde República Dominicana, el ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez declaró que estaba dispuesto a volver para asumir la primera magistratura. Chávez replicó con palabras más duras. Como en un campo de batalla, las fuerzas fueron alineándose para el combate.

La distribución de la riqueza está en la base del enfrentamiento. Las 49 leyes anunciadas por Chávez el 13 de noviembre detonaron un conflicto latente desde su asunción, en enero de 1999. “En relación con la economía, hasta ahora la ‘revolución’ de Hugo Chávez fue más fuerte en la retórica que en la acción. Ya no”, señaló el semanario citado, con otro título sujestivo (“A las barricadas”), que más que describir los hechos pareció llamar a la acción, argumentando que aquellas leyes “representan un deliberado paso en dirección contraria al libre mercado y hacia la confrontación”(3).

Elocuente paradoja: lo que realizó la burguesía revolucionaria en sus albores y es condición sine qua non para desarrollar una economía, se denuncia en Venezuela como subversión y choca de frente con las clases dominantes. La piedra del escándalo es la Ley de Tierras (ver recuadro), un proyecto de reforma agraria que Estados Unidos realizó hace 200 años. Alemania y Francia también se apoyaron en esa medida elemental para su desarrollo como grandes potencias. Otro punto saliente en la controversia es la Ley de Pesca: se trata de la mera extensión de 3 a 6 millas en la prohibición de la pesca mayor. Los grandes buques pesqueros depredan la fauna marina y arrojan a la miseria a los pequeños pescadores. Una tercera medida inaceptable para el empresariado venezolano y extranjero es la Ley de Hidrocarburos, que se limita a defender la riqueza inmensa del subsuelo y a ponerles límites a las desorbitadas ganancias de las empresas petrolíferas privadas.

Entramado internacional

El sol cae a pico sobre la isla Margarita. Es el mediodía del 13 de diciembre; el apacible escenario dominado por un mar de inefable azul contrasta con la turbulencia manifiesta en la reunión de presidentes del Caribe, concluida el día anterior. Allí la confrontación respecto de la posición de la región ante la exigencia estadounidense de un Área de Libre Comercio de las Américas se combinó con el agudo choque interno que en Venezuela hace crujir el entramado social. Este paraíso turístico es una suerte de Aleph que durante tres días resumió el cúmulo de conflictos del Continente y la nerviosa búsqueda de un camino de salida.

Tras una prolongada reunión con Fidel Castro, el presidente Chávez invita al enviado de Le Monde diplomatique a acompañarlo hasta el aeropuerto. Rodeado por una imponente escolta (los rumores que aluden a intentos de magnicidio han sido tomados en serio), este ex militar que gobierna sobre los escombros de un sistema político corrupto vigente durante medio siglo responde sin vacilar a la cuestión central planteada por el empresariado en pie de guerra: “No habrá negociación. La ley de tierras será aplicada. La ley de pesca será aplicada. La ley de hidrocarburos será aplicada. Hay una Constitución redactada con plena participación del pueblo y refrendada en elecciones democráticas. Ése es nuestro programa. Cumpliremos con él y con nuestro compromiso. No habrá transacciones con los escuálidos” (así denomina Chávez a los líderes de Acción Democrática y Copei, los dos partidos tradicionales, hoy reducidos a la mínima expresión). La afirmación carecería de relevancia si no fuese por el marco que la contiene: tras una exitosa prueba de fuerzas, la cúpula empresarial –acompañada sin disimulo por las autoridades estadounidenses– plantea una negociación que desdibuje el proyecto de reforma agraria, o el derrocamiento de Chávez.

Ante esta declaración de guerra, el Presidente respondió aceptando el desafío. Es un hombre sereno y seguro el que habla sin testigos ante este corresponsal, mientras el automóvil atraviesa la isla. No hay desplantes ni desmesura en su descripción del conflicto. Nadie puede asegurar hoy cuál será su destino o el de la revolución que encabeza, pero es perceptible que hace una interpretación profunda de la realidad política internacional y latinoamericana; que tiene ideas claras respecto del objetivo y determinación para alcanzarlo. Yerran los intelectuales que, como Carlos Fuentes, descalifican a Chávez desde un pedestal y prescindiendo de una observación objetiva(4).

En un momento dramático como el que viven América Latina y el mundo, la simplificación del fenómeno que expresa este líder equivale a renunciar a todo propósito de redención social y empuja a un alineamiento acrítico con un sistema exhausto y con sus expresiones de decadencia extrema en todos los planos. Al margen de un juicio de valor, es un hecho fácilmente comprobable que Chávez aúna la mirada de un hombre teóricamente formado con la tenacidad de un combatiente. De ahí la perpleja inquietud de ciertos intelectuales ante esta rara conjunción, encarnada además en un militar. Por lo demás, el rumbo que tome esta “revolución pacífica” es una incógnita de signo indefinido y difícil resolución. Apoyada en las fuerzas armadas, en un hasta ahora inconmovible y creciente respaldo en el campesinado, amplios sectores de marginalizados y franjas potencialmente decisivas del movimiento obrero, su suerte pende por un lado –y quizá demasiado– de la voluntad de este hombre que en tres años ha acumulado más poder institucional que ninguno de sus pares en América Latina y, por otro, del curso que adopten las luchas sociales no sólo en Venezuela. En todo caso, el punto de partida de este azaroso camino está claro: “Ahora es el momento de corregir muchos errores cometidos durante estos tres años y lanzar una contraofensiva”, dice Chávez; y responde afirmativamente, con la mirada perdida y la voz contenida, cuando se le pregunta si cree que esa determinación partirá aguas y repercutirá más allá de las fronteras del país.

Fedecámaras y CTV

Los errores a los que alude Chávez son varios. Demoras en la redistribución del ingreso, que empañaron un crecimiento del 3,2% en 2000 y del 3,5% en 2001. Una errática política en relación con el movimiento obrero y las organizaciones sindicales que lo controlan, lo que le valió una derrota ante las antiguas cúpulas en un intento de renovación mal concebido y peor ejecutado. La conducta de altos funcionarios en exceso concesivas con el antiguo régimen y en no pocos casos sospechados de corrupción. Ausencia de una política de comunicación del gobierno y el conjunto social más allá del exitoso programa “Aló presidente”…

Difícil definir si fueron estos y otros errores, o los aciertos resumidos en el paquete de leyes cuestionadas, los que pesaron más en la ofensiva del antiguo régimen. Como quiera que sea, Venezuela no es la misma después del 10 de diciembre último. Las cámaras empresariales del agro, la industria y el comercio, acompañadas por la Central de Trabajadores (CTV), convocaron ese lunes a un paro cívico que tuvo un notable alcance. Chávez respondió ese mismo día con dos concentraciones de masas –una en Caracas, otra en Santa Inés, en el Estado Barinas– y un acto militar en conmemoración del aniversario de la Fuerza Aérea. En este último, en horas tempranas de la mañana, el Presidente subrayó que “ésta es una revolución armada”. Mientras hablaba se oía ruido de cacerolas: el barrio elegante de La Carlota se pronunciaba así en su contra. Más tarde este enviado comprobó la veracidad de una noticia insólita, por demás elocuente respecto de la disposición militante de las clases altas: el gran negocio de los días previos había sido la venta de un disco compacto con… ¡ruido de cacerolas! “Los oligarcas tienen cacerolas, el pueblo tiene aviones F-16, y misiles, y cañones”, dijo Chávez. Que el empresariado tenga sólo cacerolas y la panoplia de las fuerzas armadas esté del lado de las mayorías es algo que está por verse. Con todo, el alto mando militar aplaudió a su comandante en Jefe. Luego de eso, Chávez cambió su uniforme de gala por el de fajina con boina roja de paracaidista y llegó a la Plaza Caracas, en el centro de la Capital, donde lo esperaba una multitud de más de 40 mil campesinos.

Un abismo separa a estos hombres y mujeres humildes y sacrificados de quienes pusieron a todo volumen el disonante concierto de cacerolas. Venezuela asiste a una fractura social profunda y seguramente irreparable. Lo admite el Presidente ante este enviado. Y lo asevera el medio de prensa que oficia de baluarte de la oposición: “El disfraz demócrata cayó. Los discursos de Chávez del 10 de diciembre tumbaron las máscaras (…) (el paquete de 49 leyes) sin duda, demarca el punto sin regreso”(5).

¿Quién ocupa las calles?

El desafío del lunes 10 estuvo precedido por otro mayor de parte de la coalición empresario-sindical encabezada por Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras: el intento de manifestar masivamente frente al palacio de Miraflores el viernes 7. Aquí la prueba de fuerzas tuvo carácter de lucha por las calles de la Capital. Ante el reto, el oficialista Movimiento V República (MVR) superó un prolongado letargo y, acicateado por las bases organizadas en otra estructura recientemente activada, los círculos bolivarianos, convocó a una vigilia en torno a Miraflores. Decenas de millares de trabajadores, campesinos, desocupados y jóvenes se instalaron desde la noche anterior en los alrededores de Miraflores. Carmona diría después, con cuidado equilibrio e inequívoca intención, que existen grupos armados conectados a estructuras próximas al gobierno. El hecho es que la columna impulsada por Fedecámaras no llegó a sumar 1.000 personas y la marcha hacia la sede del gobierno se frustró.

La victoria chavista del viernes 7 tuvo su contrapartida el lunes siguiente, en la contundencia del paro. No hay duda de que todo un sector del empresariado –específicamente Pro Venezuela, organización de pequeños y medianos capitales que ante Chávez comprometió su prescindencia frente al llamado de Fedecámaras y luego no cumplió su compromiso– sufrió coacciones y amenazas para plegarse al paro. También es cierto que en el interior la protesta no tuvo la magnitud observada en Caracas. No obstante, la jornada mostró al gran capital flanqueado por amplios sectores de las clases medias y una franja del proletariado y en capacidad de trabar el funcionamiento del comercio, buena parte de la industria y la totalidad de los grandes establecimientos agrícologanaderos.

Este corresponsal recorrió las calles de Caracas en la mañana del lunes 10. Sólo por excepción podía hallarse un comercio abierto. Es falso que las tropas hayan ocupado la ciudad y el país. El panorama podía compararse con un feriado y había menos presencia policial que de costumbre. El transporte funcionó con normalidad. Los buhoneros (vendedores callejeros, un actor social de enorme peso en la capital venezolana), acaso previendo la escasez de transeúntes, no se desplegaron como de costumbre ocupando calles y veredas céntricas.

El clima cambiaba en las cercanías de la Plaza Caracas, adonde fluían columnas y grupos de todo género con cánticos y consignas en las que predominaba la alegría sobre la amenaza. Cuando la Plaza y sus alrededores estuvieron colmados, Chávez arengó durante una hora y cuarto. El clímax llegó cuando dijo: “Me voy a Santa Inés a firmar con esta mano zurda, con esta mano izquierda, la Ley de Tierras”. La Plaza tembló cuando Chávez levantó el puño y dijo: “A esta oligarquía le voy a dar un consejo: que saquen bien sus cuentas, que no se vayan a equivocar, no vayan a creer que nosotros, amantes de la democracia, de la paz, vamos a permitir que se embochinche el país”. Y anunció que “He mandado a comprar un alicate porque voy a empezar a apretar las tuercas. Ahora con más razón doy la orden a todo funcionario que dependa de mí, desde la Vicepresidenta a los ministros, y se lo solicito a los gobernadores y alcaldes y diputados, que pelen el ojo, porque todavía hay mucho oligarca viviendo del Estado. Le ordeno al gobierno que pele el ojo y sepamos determinar con más precisión dónde están los verdaderos enemigos de la revolución. No vamos a alimentar a los enemigos”.

Minutos después el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, ex ministro de Chávez y hoy furibundo opositor, convocaba por televisión a formar un nuevo gobierno, “dando por terminada la etapa de sectarismo chavista”. Este ex miembro del Partido Comunista que ha recorrido todo el arco político hasta llegar a su actual posición, no oculta las cartas: “Si él no quiere (formar un nuevo gobierno, con ministros de la oposición) entonces que se vaya, que se vaya a Cuba, a Libia o a Irak, adonde quiera”.

Chávez no atendió el consejo. En Santa Inés firmó la conflictiva Ley de Tierras, repitió los conceptos desgranados en sus dos anteriores discursos del día y agregó un símbolo: de un bolsillo del uniforme extrajo un alicate y lo exhibió ante una masa exultante: “Vamos a apretar las tuercas”, repitió. Y agregó con más precisión: “La historia cambió definitivamente. Vamos al contraataque contra la reacción y la oligarquía. No debe pasar un día para que se comience a aplicar la ley. Ya mañana debe amanecer aplicándose. Esta noche que nadie se acueste sin haber leído la ley”.

Al día siguiente, en un programa de televisión de gran audiencia, el presidente de Fedecámaras retrucó: “Chávez tiene un alicate. Nosotros tenemos uno más grande”, dijo y puso sobre la mesa una enorme tenaza.

Nuevo escenario

Hugo Chávez sabe que la “revolución bolivariana” está en un punto de tensión extrema. No oculta la gravedad de la confrontación pero en sus gestos y palabras está excluida la posibilidad de ceder. Este corresponsal pide precisiones sobre la contraofensiva anunciada. Chávez no vacila: “Ante todo la aplicación de las leyes de la Tierra, de Pesca y de Hidrocarburos. Simultáneamente acentuaremos la movilización y organización de las masas. Y haremos cumplir las leyes. Se van a ajustar las tuercas y esto vale también para el gobierno y el MVR. Van a ir presos los corruptos y no habrá más espacio para la calumnia gratuita”.

Ese mismo día apareció una información según la cual “los moderados del partido y una tendencia de los radicales no extremistas acordaron proponerle al mandatario tres medidas: que permita la discusión y eventual reforma de las leyes de la Habilitante en la Asamblea Nacional, que haga un cambio del gabinete que no implique enroques, y la concertación de un acuerdo entre todos los poderes públicos para realizar, a la brevedad, una operación contra la corrupción”(6). El artículo alude al ministro de Interior Luis Miquilena (quien además preside el Movimiento V República) y al canciller Luis Dávila, entre otros. Ante la pregunta al respecto Chávez hizo un gesto de contrariedad y sin dar nombres afirmó: “una y otra vez me han aconsejado en ese sentido desde hace tres años; ésta es una hora de definiciones. Quien no esté de acuerdo deberá apartarse”.

Si en esta contraofensiva la reforma agraria es un arma mayor, la clave parece estar en la apelación a la movilización de masas, mediante la promoción acelerada de los “círculos bolivarianos” (ver recuadro). El lunes 17, aniversario de la muerte de Simón Bolívar, medio millón de personas se congregó en Caracas para dar formalmente a luz la nueva organización. En medio de un fervor contagioso Chávez juramentó a 8.000 círculos. Se trata del alumbramiento formal de una herramienta política de masas, plural en todo sentido y con definido signo antimperialista y antioligárquico. Luego, en un discurso de tres horas, Chávez desplegó su línea de acción para el nuevo escenario. Anunció que el 2002 será “el año de la contraofensiva revolucionaria”; respecto de las leyes en disputa ratificó que “si aceptamos alguna modificación será para apretar más. A los banqueros podemos ponerle una ley más severa; igual a los terratenientes”. Pero lo más significativo de esta exposición fue el ataque explícito hacia los flancos conciliadores en sus propias filas: “No queremos camaleones, ni gente de quinta columna. Queremos verdaderos revolucionarios, que vengan a servir, no a servirse. Que demuestren eficiencia, calidad y honestidad a fuerza de todo. Un revolucionario verdadero tiene que repetir: moriré como nací: desnudo; como Bolívar y como Cristo”. Anunció también que el 10 de enero próximo se hará un acto público en el que se establecerá el Comando Político de la Revolución, una instancia que modificará y ampliará los actuales órganos de dirección partidaria y de hecho dará un nuevo curso al MVR, concebido como partido de cuadros frente al MBR-200, la herramienta de unidad social y política a gran escala.

Chávez hizo explícita la naturaleza de la confrontación interna: “A aquellos que se acobardaron les pasaremos por encima, aun respetando afectos, amistades. En esta lucha he perdido amigos. Hace un año perdí a uno –Francisco Arias Cárdenas. Dije: entre un millón de amigos y un principio, me quedo con los principios. Hoy lo reitero. Los revolucionarios tenemos que ser flexibles, abrir diálogos, pero si estamos convencidos de que tenemos la razón, no debatimos. Uno podrá ceder en cosas, nunca en principios de justicia, igualdad, equidad; eso sería traicionar al pueblo”. Y concluyó con la reafirmación de una orientación estratégica: “La oligarquía se había acostumbrado a tener presidentes títeres de sus intereses. Ahora, no. Hay un Presidente que lucha por el pueblo, por eso me odian y han descargado todas las infamias posibles a través de los medios. Aquí está prohibido fallar, prohibida la derrota. Pido a Dios su ayuda. Se prohíbe morir, se prohíbe fallar; el único camino es la victoria bolivariana”.

Los conceptos de Chávez

¿Hay riesgo de golpe o autogolpe de Estado en Venezuela? No hay hechos que avalen tal temor. Pero sin duda ambos flancos avanzan en rumbo de colisión. Fedecámaras y la CTV han anunciado ya otra huelga, que se llevaría a cabo entre el 24 de enero y el 4 de febrero. Horas después de delinear los ejes de la contraofensiva Chávez agregó otras medidas en su programa radial del domingo 16: “podemos nacionalizar cualquier banco que no observe la ley (…) cualquier presidente de un banco, nacional o internacional que no la observe, podrá ir preso”.

No son excesos verbales. Es la aplicación consecuente de un plan largamente elaborado. Quienes desestiman las condiciones políticas de Chávez, debieran observar el sentido de sus pasos. Ocho años atrás, luego de cumplir su condena por el levantamiento armado contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, el hoy presidente viajó por primera vez a Cuba. En la Universidad de La Habana y frente a Fidel Castro, un Chávez que por entonces rechazaba la participación en elecciones dijo en un párrafo de su largo discurso: “En la cárcel recibíamos muchos documentos de cómo el pueblo cubano se fue organizando después del triunfo de la Revolución, y estamos empeñados en organizar en Venezuela un inmenso movimiento social: el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200; y más allá, estamos convocando para este próximo año (1995) a la creación del Frente Nacional Bolivariano y estamos llamando a los estudiantes, a los campesinos, a los aborígenes, a los militares (…) a los intelectuales, a los obreros, a los pescadores, a los soñadores, a todos, a conformar un gran frente social que enfrente el reto de la transformación de Venezuela”(7). Hubo de transcurrir casi una década y un inesperado giro táctico que llevó a aquel teniente coronel contestatario al cargo de presidente. Pero el pasado lunes 17 plasmó el propósito de un movimiento de masas enfilado hacia una transformación profunda de su país.

Es ahora el hombre de Estado, confrontado con un complejísimo entramado de fuerzas internas y externas opuestas a su estrategia, quien responde a este enviado cuando desde el automóvil presidencial se avizora el aeropuerto y grupos de personas saludan desde las banquinas: “En esta cumbre de las 28 naciones del Gran Caribe se vio claramente cuán fuerte y extendida es la oposición al ALCA. Nosotros estamos contra el ALCA. Hemos propuesto a cambio un ALBA: Alternativa Bolivariana de las Américas”, dice sonriendo.

Al compás del realineamiento de fuerzas internas, el cónclave en Margarita puso de manifiesto el mismo fenómeno a escala regional: México no asistió; Panamá propuso su territorio como sede del ALCA; Colombia mantuvo su posición formalmente ambigua aunque en los hechos definida a favor de la voluntad estadounidense; y el conjunto de los restantes mandatarios caribeños –incluidas las colonias o virtuales protectorados de Francia e Inglaterra– para sorpresa de muchos, cerró filas con la negativa al área de libre comercio continental. En su discurso ante los jefes de Estado y de gobierno, Chávez hizo hincapié en el hecho de estar en Margarita, Estado de Nueva Esparta, así llamada por la heroica resistencia de los pueblos aborígenes a los intentos de ocupación extranjera.

Chávez ha articulado una estrategia integral contra la sujeción a Estados Unidos y contra las respuestas espasmódicas del antiguo régimen. Uno de quienes reconoce como maestro, Simón Rodríguez, a su vez maestro de Simón Bolívar, sostuvo en su colorida prosa que “La terquedad pertenece al capricho. La firmeza es propia de la razón”(8). No sería prueba de inteligencia confundir aquélla con ésta en la conducta de Chávez. Sea cual sea el curso que tome la “revolución bolivariana”, está fuera de duda que obrará como un sismo andino sobre América Latina y tendrá –ya tiene– repercusión en todo el mundo.

1. “Birth of the counter-revolution”, The Economist, Londres, 15-12-01.
2. Luis Bilbao, “La revolución pacífica”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, noviembre 1999.
3. “To the barricades”, The Economist, Londres, 24-11-01.
4. Carlos Fuentes, “Un vuelo reflexivo sobre las Américas”, La Nación, Buenos Aires, 16-12-01.
5. “Se cayeron las máscaras”, Editorial de El Universal, Caracas, 11-12-01.
6. Taynem Hernández, “Emeverristas plantean salidas a la crisis”, El Universal, Caracas, 13-12-01.
7. Hugo Chávez, “Un soldado, un latinoamericano entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución”, Crítica de Nuestro Tiempo, N° 11, Buenos Aires, julio de 1995.
8. 8 Simón Rodríguez, Obras Completas del Maestro de Bolívar, Tomo I, Presidencia de la República, Caracas, abril de 1999.

El paquete económico lanzado por el gobierno reconoce que el país no puede seguir pagando la deuda externa y también que la continuidad del programa económico «neoliberal» desemboca en un colapso generalizado. Pero las medidas económicas tienen una profunda y muy ambiciosa finalidad política: la recomposición de las fuerzas conservadoras, ante la fragmentación y debilitamiento ostensibles de los partidos tradicionales.

Mientras analistas y comentaristas responden positiva o negativamente a la incógnita respecto de las perspectivas económicas abiertas por el plan presentado el 1º de noviembre por el presidente Fernando de la Rúa y su ministro de Economía Domingo Cavallo, conviene cambiar el ángulo de observación. Hace ya mucho tiempo que la ciencia originariamente denominada Economía Política perdió a la vez el apellido y su condición de tal, para transformarse en una disciplina apologética. Tanto que incluso muchos de sus más serios cultores tienden a dejarse ganar por la propuesta del legendario Paul Samuelson y separan no ya los términos, sino la substancia. De allí las dudas respecto de las intenciones y posibilidades de Cavallo, acentuadas por la circunstancia de que -ironías de un país en decadencia- al ministro se lo consideró durante los últimos años como un teórico de la economía.

Ante todo cabe subrayar los dos hechos de mayor significación en el cuerpo de medidas anunciadas: el reconocimiento de que Argentina no puede pagar su deuda externa, y la necesidad de provocar una sensible transferencia de ingresos en el cuerpo social. Ambas medidas, complementadas por otras que necesariamente vendrán si el proyecto general no es neutralizado (devaluación y eventual dolarización), pueden dar lugar a una salida de la parálisis económica: reactivación acotada y de corto aliento, en nada semejante a una perspectiva de desarrollo y crecimiento económicos, con múltiples efectos políticos y sociales.

Pero no conviene extraer conclusiones apresuradas. El sector empresarial (y el hombre que lo representa) que en 1982 estatizó la deuda externa y en el período 1991 /95 privatizó las empresas públicas, abrió la economía y condujo el proceso más vertiginoso de centralización de capitales jamás operado en el país desde las campañas del desierto; el hombre que pocos meses atrás para obtener un canje de deuda pagó 140 millones de dólares de comisiones y mediante tasas desorbitadas y postergación de plazos aumentó el endeudamiento total en unos 50 mil millones de dólares, es el mismo que presentó el nuevo paquete de medidas el jueves 1º de noviembre.

Luego de una sorda pero crudelísima lucha, aquella fracción del capital y el hombre que la representa finalmente dieron un paso adelante en busca de una hegemonía política cuya ausencia paralizó al país durante dos años. No han cambiado los objetivos de largo plazo ni los métodos a los que se apela. Por completo diferente, sin embargo, es el terreno bajo los pies. Detrás del viraje del gobierno y su ministro hay una realidad internacional y nacional por completo diferente a la de diez años atrás. Entendida desde una perspectiva global y de largo plazo, en realidad la crisis económica -ahora a la vista en los tres principales centros del poder mundial (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón)- no ha tenido sino un cambio de grado. Pero, de una parte, ese grado es superlativo; y de otra, ha dado lugar a un fenómeno que sí transforma cualitativamente el cuadro político internacional: la vuelta de campana en la opinión pública respecto de las bondades de las políticas aplicadas durante casi 20 años en prácticamente todo el planeta y resumidas en la hoy odiada palabra que las representó: neoliberalismo.

Mantener la iniciativa

Quienes dentro y fuera de Argentina pergeñaron el brusco viraje que el nuevo paquete representa en comparación con los 9 anteriores del gobierno de la Alianza entendieron muy bien el mensaje de las urnas el 14 de octubre pasado(1). Y lo hicieron además compelidos por la aceleración de la crisis económica y política mundial tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Era imprescindible mantener la iniciativa política, so pena de afrontar una catarata de acontecimientos nacionales y regionales potencialmente encaminados a cambios mayores.

Cabe la duda de quiénes, cuántos y cómo acompañan a Cavallo en esta fase (aunque la sucesión de apoyos a su plan desde medios políticos, financieros e industriales nacionales y extranjeros ofrece una pista segura). En cambio, es evidente que el colapso de la economía nacional -y el sinceramiento de la descomunal distancia entre el precio y valor del peso- planteaba como desenlace inexorable la cesación de pagos (internos y externos), con la obvia convulsión social y política resultante. Si esto es gravísimo en cualquier hipótesis, en el marco mostrado por las elecciones, de debilitamiento extremo del espectro partidario y verdadera rebelión cívica de la mayoría de la población, plantea amenazas mayores, encadenadas además a escala regional y aún más allá. El riesgo no ha sido conjurado. Pero la respuesta intenta ponerse a la altura del desafío. Y no es de naturaleza económica.

Objetivos ambiciosos

Va de suyo que los negocios no quedan a un lado. Con la compulsiva reprogramación de la deuda y la baja de interés a un tope del 7%, los ejecutores del plan garantizan que los acreedores continúen cobrando el máximo de que puede disponer el país, pero además intentan cerrar el paso a una radicalización que tienda a resolver la encrucijada con medidas más drásticas. Del mismo modo, el redireccionamiento de una parte -mínima pero significativa- de la renta nacional en detrimento del sector financiero, está destinado ante todo a cerrar el paso a un reagrupamiento empresarial que aísle a aquel sector y acabe por asestarle una quita mayor. Y con las medidas relativas a salarios y subsidios (una ingeniería que redistribuye la riqueza entre los trabajadores con y sin empleo sin tocar la que se apropia el capital), se apunta a la vez a impedir la consolidación de una fuerza centrípeta en el amplísimo conjunto social de las víctimas de la crisis y su eventual traducción en fuerza política. Pero acaso el intento más osado es el que procura recomponer una fuerza política conservadora. Se trata de la réplica estratégica al campanazo del 14 de octubre. En ese sentido, las medidas relativas a las deudas empresarias con el fisco reiteran el recurso de estatizar deudas privadas, pero apuntado ahora a un espectro más amplio, con clara intencionalidad política. Simultáneamente, a través de un conjunto de recursos entre los que sobresale la intención de entregar subsidios mediante tarjetas de débito, además de operar sobre una masa peligrosamente creciente de desocupados el plan apunta al corazón corrompido de aparatos partidarios y satrapías provinciales, demasiado costosos para una economía en crisis y demasiado ineptos para una coyuntura de desagregación y turbulencia política.

La clave de todo es sostener el timón en la tormenta. A las 18hs. del jueves 8 de noviembre, la negociación con los acreedores parece encaminada (se aspira a reprogramar unos 60 mil millones de dólares), pero sólo los gobernadores de la Alianza firmaron el «compromiso federal», acuerdo que viabilizaría el conjunto de medidas económicas. Pese a las hondas fracturas al interior del Partido Justicialista (PJ, peronistas) y el ya asumido compromiso del ex gobernador Eduardo Duhalde con el plan en cuestión, los gobernadores del PJ se niegan a prestarle apoyo. Más allá de las siempre presentes negociaciones, entre ambas partes no puede haber flexibilidad para lo esencial. Y si bien el conjunto de respaldos internacionales que obtuvo el plan -la declaración de apoyo del Grupo de los 7 no tiene precedentes en casos similares- establece un bloque de fuerzas difícil de doblegar, es tan frágil la posición del gobierno que ninguna hipótesis puede descartarse por completo.

Crisis y posibilidad

Sea cual fuere el resultado coyuntural de esta prueba de fuerzas, la crisis económica y social no tendrá solución de continuidad, aunque en teoría y si se cumple la condición política, sí podrían atenuarse leve y temporalmente sus efectos. En medio de la depresión actual, el más mínimo impulso al consumo sería sentido como un viento capaz de henchir las velas y poner la nave en movimiento. Pero aun en la más positiva de las hipótesis, el drenaje de riquezas hacia los centros financieros continuará. Y lo mismo ocurrirá respecto del reparto de la renta nacional entre capital y trabajo: aparte la rediscusión de los convenios laborales en curso -todos negociados a la baja-, la inexorable adecuación del precio de la moneda, sea cual sea la forma que adopte, será utilizada para reducir aún más los salarios reales.

Desde luego la perspectiva de colapso político no es comparable con la de continuidad institucional. Por lo demás, dada la inédita y nunca suficientemente subrayada ausencia de energía en los actores sociales, es improbable un vuelco demasiado drástico de la situación en un sentido o el otro. La lenta corrosión de todo es, hasta donde puede preverse con apoyo en los hechos, la perspectiva más cierta.

Este curso, sin embargo, atañe a quienes hoy chocan espadas por la primacía en la apropiación de los despojos y la conducción de la decadencia. Es esa confrontación sin destino la que abre como posibilidad estratégica una huella muy ancha para quienes se atrevan a pensar y realizar un país diferente.

1. Ver Dossier «El final del camino», Buenos Aires, Le Monde diplomatique Edición Cono Sur, noviembre de 2001.