Luis Bilbao

 

Hay un dejo de evocación, acaso de melancolía, en el sereno optimismo que trasuntan dirigentes y militantes del Frente Amplio (FA) pocas semanas después de su IV Congreso. Todo ha quedado adecuada y democráticamente resuelto para hacer del Encuentro Progresista -instancia de mayor amplitud, hegemonizada por el FA- una alternativa confiable de gobierno, a la cual los partidos tradicionales y los centros del poder mundial no puedan señalar como un camino hacia el descontrol y la anarquía. Hoy las encuestas dan al FA como seguro vencedor en las elecciones de 2004. Sólo un brusco cambio de la tendencia podría torcer este desenlace.

 

Y sin embargo… ¿era ésta la estrategia, éste el programa defendido por los luchadores que, 30 años más jóvenes, insuflaron al FA la mística de cambio social profundo que aún hoy conmueve y congrega a los uruguayos?

La sombra del pasado se desvanece en un instante y, según la fracción que se integre en el universo frentista –moderada, de centro, o de izquierda, cada una a su vez marcada por diversas tendencias– se dibuja una respuesta diferente para aquel interrogante. Pero no habrá de ser en la previsible diferencia de cada argumentación donde se halle el rasgo distintivo de la realidad política uruguaya, sino en el hecho de que todas las corrientes coincidan en que la gran tarea por delante es extender las raíces del FA en la población, impulsar un plan económico de emergencia, trabar los intentos de privatizar las telecomunicaciones y otras empresas del Estado y sumar voluntades para garantizar el triunfo electoral de aquí a dos años. Además, el Congreso ratificó a Tabaré Vázquez como presidente del FA y tendió una línea hacia la intelectualidad uruguaya –distanciada del progresismo en los últimos años– al designar para la vicepresidencia a Jorge Brovetto, ex rector de la Universidad de la República.

 

Vuelta de campana

Poco tiempo atrás pudo parecer que este desenlace, sin turbulencias internas mayores y sin rupturas, resultaría imposible. Hacia 1995, el senador Danilo Astori –la figura más relevante del frente junto a Vázquez, de quien fuera rival en la candidatura presidencial– propuso casi textualmente los cambios conceptuales ahora consagrados. En aquella oportunidad el agrupamiento de Astori, Asamblea Uruguay, fue enfrentado por un bloque prácticamente unánime y reducido desde entonces a una mínima expresión. Pero la historia no se detuvo. En 1997 Vázquez afrontó una situación interna conflictiva y, tras renunciar a su cargo, resolvió lanzarse con determinación tras el propósito de “refundar el Frente Amplio”(1). Mediante una carta programática el dirigente del Partido Socialista delineó una reorientación estratégica y los mecanismos de decisión en la estructura frentista para llevarla a cabo.

Por entonces, varias de las tendencias que se ubican a la izquierda en el arco interno del FA presentaron una perspectiva opuesta. En septiembre de 2000, luego de la rotunda victoria electoral en primera vuelta y su derrota en el ballotage ante la coalición de los dos grandes partidos históricos, ya apuntando al Congreso del FA y a las presidenciales de 2004, Tabaré Vázquez puso en movimiento un proceso denominado “actualización ideológica” mediante Talleres de Debate, a los que fueron invitadas incluso connotadas personalidades de los partidos Blanco y Colorado. De allí surgió un texto titulado “Compromiso por el cambio para el nuevo siglo”, consensuado gradualmente con las tendencias más radicales, a excepción de Corriente de Izquierda. Todo el mecanismo se repetiría durante el Congreso, ahora con la participación exclusiva de 1600 delegados, que sesionaron democráticamente entre el 21 y el 23 de septiembre pasado. La votación final ratificó en lo esencial la estrategia trazada por Vázquez. La Corriente de Izquierda obtuvo sólo el 5% de los votos del Congreso.

“¿Del Congreso sale un FA más moderado o más radical?” preguntó la prensa a Danilo Astori, quien respondió: “No creo que salga un Frente más moderado o más radical, sale un Frente diferente, con cambios. Uno de los cambios fue la constitución de un solo bloque mayoritario en la interna. Hay una aplastante mayoría que sustenta y apoya los documentos de acuerdo”(2). Al puntualizar lo que considera el avance ideológico zanjado por el Congreso, Astori dice: “El Frente Amplio ya deja de ignorar al sector privado (…) Creíamos que público era igual a colectivo y privado a individual. Nos llevó tiempo darnos cuenta de que no eran conceptos equivalentes. Tenemos que impulsar conductas colectivas en el sector privado y valorar la ocupación de espacios públicos por el sector privado (…) Hoy no hay documento del Frente que ignore la importancia del mercado como asignador de recursos, medidor de resultados y termómetro para tomar decisiones”(3).

Astori puede muy bien sostener que la consecuencia ideológica paga: un lustro después de su fallida y costosa embestida, el FA se abroqueló en torno de posiciones moderadas, explícitamente apuntadas a alianzas políticas y acuerdos programáticos sobre la base de que “vivimos en una sociedad donde el mercado juega un papel importante. Propugnamos un mejor Estado y un mejor funcionamiento de los mercados en el marco de nuestro proyecto de país. Impulsamos un proceso de reformas reguladoras del mercado que evite sus frecuentes descompensaciones y efectos desigualitarios (…) El Estado debe encarar la obligación de regular el mercado y asumir un papel central en la construcción del país solidario, que ayude a su desarrollo, garantizando además el acceso de la población a servicios públicos básicos, evitando que caigan en manos de los monopolios y oligopolios privados”(4).

En otro Congreso, el de la central sindical, realizado poco antes, estas nociones fueron dura y mayoritariamente condenadas por diversas corrientes, que a su vez se expresan en el Frente Amplio. Pero acaso condicionada por la relativa desmovilización social y el debilitamiento de la vida interna del FA en las bases, otra fue su traducción política.

 

Hacia la conquista del gobierno

Estas redefiniciones ya pusieron en marcha un realineamiento de fuerzas. El encuentro organizado el 18 de julio último con todas las cámaras empresarias y la perspectiva de un plebiscito para impedir la privatización de Antel, la empresa telefónica del Estado, se prolonga con la fractura de una tercera fuerza, Nuevo Espacio, conducida por Rafael Michelini, que restó votos al EP en las últimas elecciones, pero que en su reciente Congreso, el 6 de octubre, aun a costa de una significativa fractura, resolvió retomar el diálogo con el FA. Convencido de que la dinámica actual lleva inexorablemente a la victoria del Encuentro Progresista y en implícita representación del gobierno bicolor, el Foro Batllista, instancia interna del Partido Colorado encabezada por el ex presidente Julio María Sanguinetti, ha apelado al recurso puesto de moda por George W. Bush: con nosotros, o con los terroristas, trasladándolo a Montevideo. Según Sanguinetti “esta clase de terrorismo se expresa a través de una pedrada, de una descalificación o través de la falta a las instituciones”(5).

La insostenible amalgama tiene sin embargo el sentido de la oportunidad: la posición frente a la exigencia estadounidense resulta embarazosa para la dirección del FA, que no puede aceptarla, pero debe medir cuidadosamente los términos en que la rechaza. En su reunión del 8 de octubre, luego de iniciados los bombardeos aéreos sobre Afganistán, la máxima instancia de dirección del FA aludió al punto 6 de la resolución de su Congreso, según el cual “el FA como fuerza antiimperialista rechaza los planteos maniqueos resumidos a una lucha entre el bien y el mal y el papel de policía del mundo que se autoadjudica el gobierno de EE.UU.”. En esa reunión la dirección del FA anunció su decisión de “iniciar los contactos para promover un movimiento por la paz a nivel nacional e internacional”(6), pero simultáneamente declaró que “La Mesa Política del Frente Amplio (…) no aprueba ni acompaña” la manifestación frente a la embajada de Estados Unidos, convocada por la Corriente de Izquierda(7).

Es improbable que la nueva situación internacional y su utilización por parte de la coalición gobernante pueda afectar la marcha ascendente y la relación de fuerzas internas del FA. Si acontecimientos económicos y políticos de gran trascendencia a escala internacional y regional no sacuden el panorama político uruguayo, todo indica que la coalición de izquierdas llegará al 2004 con buenas chances de vencer en las elecciones presidenciales.

En 1916, tras la derrota electoral del caudillo José Batlle y Ordóñez, fundador de una corriente liberal, laica y progresista que marcó a fuego la historia de Uruguay –y sin la cual resultaría difícil explicar al Frente Amplio– la orientación de avanzada del batllismo sufrió lo que el colorido lenguaje oriental denominó “el alto de Viera”. En representación del caudillo, Viera resumió en un discurso la corrección obligada por el traspié electoral: “Bien señores, no avancemos más en materia de legislación económica y social, conciliemos el capital con el obrero. Hemos marchado bastante a prisa (…) El Partido Colorado no es socialista ni va al socialismo. A mi juicio, su misión, ahora más que nunca, es conciliar el capital con el trabajo, sin hostigar a ninguno de estos dos factores, de cuyo acuerdo depende el bienestar nacional”(8).

Un siglo después el Congreso del FA bien podría resumirse como “el alto de Tabaré”. Y no pasará demasiado tiempo antes de que se pueda verficar si, como anuncian las resoluciones citadas, se abre en este país la etapa histórica de un nuevo bipartidismo entre conservadores y progresistas.

1. Luis Bilbao, “El Frente Amplio debate su futuro”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, agosto de 2001.
2. A. Percovich; “Si el Frente accede al gobierno va a renovarse a una velocidad mucho mayor”, El Observador, Montevideo, 28-9-01.
3. Ibid.
4. Compromiso por el cambio para el nuevo siglo. “Pautas para el desarrollo ideológico y la elaboración programática”. IV Congreso del Frente Amplio, Montevideo, 2001.
5. Claudio Romanoff, “Colorados albergan radicales y moderados”, El Observador, Montevideo, 11-10-01.
6. “Críticas del FA a la postura del gobierno”, La República, Montevideo, 9-10-01.
7. “A pedido de Vázquez el FA marcó distancia de protesta contra Bush”, La República, 9-10-01.
8. Julio A. Louis, Batlle y Ordóñez, Nativa Libros, Montevideo, 1969.

 

 

Tras haber mostrado al mundo una extrema vulnerabilidad en defensa y seguridad, el gobierno estadounidense está contribuyendo a conformar un escenario político signado por su probable aislamiento, el cual podría derivar en un revés político de serias consecuencias estratégicas. El papel de América Latina no será menor en el desenlace de esta encrucijada histórica, según se someta o no al dictado de Bush.

 

La coyuntura mundial está dominada por una paradoja desafiante: quien quiera haya programado y ejecutado los atentados terroristas que golpearon los máximos símbolos del poderío estadounidense, proveyó a Washington de los argumentos que necesitaba para acelerar por el camino ya trazado y en considerable medida recorrido, hacia objetivos estratégicos en el plano interno y a escala global. Pero esa misma aceleración, luego de un fugaz primer momento, ha transformado la fuerza centrípeta provocada por la solidaridad mundial frente a los atentados en una tendencia inversa; y el gobierno estadounidense descubre con alarma que ni sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (con la excepción de Inglaterra y España), ni sus subordinados del Sur, responden como él reclama y necesita –más allá de adhesiones de solidaridad formal– , a su declaración de guerra.

Este desplazamiento contradictorio en ubicación y relacionamiento de fuerzas gravita con efectos imprevisibles sobre América Latina: ha cambiado algo fundamental en el país del cual depende. Desde la derrota en Vietnam, en 1975, fue la propia ciudadanía estadounidense quien le impidió a sus gobiernos embarcarse en guerras en el exterior donde estuvieran expuestas tropas propias. Este factor condicionó a partir de entonces el tipo de acción militar al que estaba reducido el campo táctico del Pentágono y a la vez determinó una alta dependencia de Estados Unidos respecto de alianzas con socios y subordinados para afrontar las exigencias bélicas planteadas por el curso internacional.

Esto es lo que revierten los atentados del 11 de septiembre. Aunque ya se ha perfilado –y con certeza crecerá– un movimiento contra la guerra, una franja significativa de la opinión pública estadounidense, transida por la brutalidad de los atentados, golpeada en su orgullo, en su acendrada y nunca conmovida convicción de seguridad, y azuzada por la prensa, emerge como base social de un chovinismo guerrerista que por todo un período dará margen político a la Casa Blanca para llevar a cabo lo que no pudo hacer en el último cuarto de siglo: definir situaciones bélicas mediante la utilización de tropas terrestres. A la vez, el que fuera acaso el Presidente más débil y deslegitimado de la historia democrática de Estados Unidos, tiene ahora tras de sí, en fila cerrada, a los dos partidos. Como siempre en la historia del terrorismo enfilado contra el poder constituido –desde los populistas rusos del siglo XIX hasta quienes con el asesinato del general Pedro Aramburu en 1970 se embarcaron en Argentina por ese camino– sea cual sea la intencionalidad, su accionar redunda en excusa para que éste legitime ante sectores decisivos de la población, o incluso halle respaldo activo en ella, la aplicación en escala mayor de las políticas que originaron reacciones terroristas.

 

Realineamientos en Latinoamérica

Mientras el presidente George Bush se refugiaba en un avión alistado para albergarlo en situaciones de emergencia máxima, los estrategas y verdaderos ejecutores de la política estadounidense saltaron sobre la ocasión y pusieron en práctica aquellas líneas de acción por las cuales vienen bregando. Sin perder un instante y mientras se acometió el tejido de una alianza planetaria tras la víctima, el ejército de intelectuales y ejecutores encabezado, al menos nominalmente, por Condoleezza Rice, máxima consejera de Seguridad Nacional, articuló una operación para garantizar la formalidad mínima en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir un acuerdo del Consejo de Seguridad para atacar a los terroristas; puso en marcha los mecanismos que desde hace dos años le permiten el control de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y, en relación con América Latina, aceleró los pasos hacia la activación perentoria del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en tanto producía un vuelco explícito en pos de un objetivo hasta ese instante encubierto: la transformación de las fuerzas armadas latinoamericanas en patrullas policiales destinadas a la seguridad, estrategia completada con el desplazamiento del concepto de defensa hacia un espacio de indefinición extrema, en el cual lo único preciso es el centro a partir del cual se determinarán los campos y se tomarán las decisiones: el gobierno de Estados Unidos. En su discurso al Congreso el pasado jueves 20 de septiembre, George W. Bush recitó la nueva fórmula rectora de la política estadounidense: el mundo está en guerra, y los países tienen dos opciones: alinearse tras la Casa Blanca, o formar en las filas del terrorismo.

La brutalidad del planteo enmudeció primero y empujó a una busca azorada de reacomodamiento a los gobiernos más dispares, no sólo al Sur del Río Bravo. Para la Unión Europea, Japón y el nuevo bloque estratégico en gestación conformado por Rusia, China e India –con el cual tiende a converger Irán– está claro que esta embestida les apunta al corazón, por razones de disputa de áreas de mercados, de equilibrio militar estratégico, o ambas a la vez. Una alarma mayor aún produjeron estas declaraciones en los gobiernos de América Latina.

Ante la dinámica que ha activado la inesperada afrenta sufrida por Estados Unidos y las consecuencias inconmensurables que puede desatar el despliegue bélico ordenado por Bush, la mayoría de los mandatarios de todo el mundo omitió contradecir los ejes conceptuales esgrimidos por Bush, tanto menos sus disposiciones militares. No obstante, pocas veces como en esta oportunidad es tan elocuente el silencio de las figuras clave en el escenario planetario; tan ostensibles los giros retóricos, los extremos de ambigüedad en el lenguaje de quienes se han visto obligados a hablar.

Tras la aquiescencia verbal casi unánime se dibuja una fragmentación que, si bien sigue líneas de antigua demarcación, acentuadas con nitidez en los últimos cinco años, exponen ahora la extraordinaria paradoja de una superpotencia a la que se le rinde pleitesía por temor, mientras se adoptan medidas en sentido inverso.

Es un hecho que en el inicio del despliegue militar, enderezado “en su fase inicial” –según la expresión del secretario de Estado Colin Powell– exclusivamente contra Afganistán, Washington no logró arrastrar a la Unión Europea. “Yo prefiero utilizar la palabra conflicto”, descerrajó el presidente francés Jacques Chirac contra la noción de guerra definida por el gobierno estadounidense(1); “Tenemos que reaccionar con la cabeza fría. Esto no debe ser como una venganza”(2), sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores alemán Joschka Fisher, dos años atrás fervoroso defensor de los ataques de la OTAN contra Yugoslavia(3); “Hay una condición (para la aplicación de la cláusula 5 de la OTAN, por la cual los miembros se obligan a defender a cualquiera de ellos atacados desde el exterior): cuando votamos a favor de invocar el artículo dijimos que lo haríamos si EE.UU. puede proveer evidencia”, dijo Lord Robertson, secretario general de la OTAN(4); “Las tropas rusas no participarán en ninguna operación militar en Afganistán”, declaró el ministro de Defensa ruso Sergei Ivanov, quien agregó: “No se abrirá el espacio aéreo ruso a los vuelos militares estadounidenses”(5). Hasta el gobierno argentino se permitió una toma de distancia: “No es momento de neutralidad ni de indiferencia”, dijo el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, para agregar ante la presión periodística: “Nos tiene que guiar la solidaridad, pero con cautela y prudencia”(6). Por detrás de estos pronunciamientos latía una realidad aun más elocuente: “Cerca del 80% de los europeos y aproximadamente el 90% de los sudamericanos dan preferencia a medidas de extradición y juzgamiento judicial en lugar de un ataque militar estadounidense a los supuestos responsables por los atentados, dijo en Zurich la empresa Isopublic”(7).

La Casa Blanca intentó encubrir la realidad con una excusa pueril: “Bush y el primer ministro de Gran Bretaña, Anthony Blair, acordaron que se necesita una fuerte estructura de mando y que la operación militar debe ser llevada adelante completamente por las fuerzas de los dos países. Una alianza más grande como la que operó en Kosovo complicaría la toma de decisiones”(8). Transformar necesidad en virtud y presentar a Alemania y Francia como “aliados no principales” no son indicadores de fuerza; tanto menos rasgos de genialidad de un presidente travestido de la noche a la mañana de objeto de befa, a gran “estadista”.

 

Argentina como clave

Antes de estos acontecimientos inesperados Estados Unidos avanzaba ya a paso resuelto hacia la reconfiguración de los ejércitos latinoamericanos(9). Ahora esgrime las imágenes estremecedoras de las torres derrumbadas (a la vez que oculta las del Pentágono en ruinas) y con ese argumento poderoso se propone consumar la articulación de una fuerza armada hemisférica bajo su mando. Una vez más, Brasil salió al cruce de esta avanzada hegemonista, con un recurso inesperado y de dudosa efectividad: intentó revitalizar, como alternativa, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Aun con la ostensible debilidad, propia de las dirigencias latinoamericanas a la hora de decisiones cruciales, la intencionalidad es obvia: “Brasil apuesta al TIAR para conservar su gravitación regional, amenazada por las incursiones de Estados Unidos en Colombia, por las constantes invitaciones seductoras de Estados Unidos para negociar el libre comercio en forma bilateral camino al ALCA”(10). Un signo de la brusca aceleración de los tiempos es la ya corriente asociación entre replanteo de conceptos estratégicos y dispositivos militares con la imposición de un mercado único de Alaska a la Patagonia. En esa tensión, Venezuela ratificó también su conducta de los últimos tiempos: “Hemos manifestado nuestra solidaridad con Estados Unidos y nuestra disposición a unirnos a la lucha contra el terrorismo –dijo el presidente Hugo Chávez durante su mensaje radiofónico semanal a la nación– pero no podemos dar un cheque en blanco (a Estados Unidos) porque no podemos dejar que tomen nuestra posición firme en contra del terrorismo como una patente para tomar cualquier acción que pudiera estar lesionando los principios fundamentales de los derechos humanos o el derecho internacional”(11). Como era de esperar, el gobierno mexicano acentuó su perspectiva subordinada a la estrategia estadounidense.

En Argentina, aun con las habituales indefiniciones y ambigüedades, desde la esfera oficial se adoptaron posiciones encaminadas a respaldar el viraje deseado por Estados Unidos: “En adelante, el concepto de seguridad y defensa será uno solo”, adelantó un portavoz no identificado del ejército(12). El ministro de Defensa Horacio Jaunarena, quien semanas atrás planteó la necesidad de unificar la prefectura con la armada, extendió ahora explícitamente el concepto a una fusión de gendarmería con ejército. “Con cierta ambigüedad (el ministro) sugirió que las fuerzas armadas podrían hacer inteligencia contra el terrorismo internacional y desplazar a la gendarmería en la custodia de las fronteras desérticas”(13). Tales cambios conceptuales y la consecuente reestructuración cumplen el doble objetivo de que, con la excusa del terrorismo, los militares retornen a tareas de seguridad interna y la fuerza armada se internacionalice con mando en Washington. El Departamento de Estado no disimula ya sus intenciones: la embajadora estadounidense en Venezuela, Donna Hrinak, en el marco de una campaña que incluyó la solicitud de “colaboración para el rastreo de cuentas bancarias de sospechosos vinculados a los ataques del 11 de septiembre”, advirtió que “es importante limitar el uso del territorio latinoamericano a terroristas”, e informó que la región “va a tener a corto plazo un intercambio de información de inteligencia sobre grupos o individuos terroristas que pueden estar actuando en el continente. Sabemos que hay grupos terroristas en el continente, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”(14). En Buenos Aires la acometida no causó sorpresa: “Los militares argentinos creen que será inevitable el alineamiento con un nuevo orden en materia de seguridad. Sorprende, sin embargo, que se propongan como ensayo. ‘Creemos que por el nivel de liderazgo de las Fuerzas Armadas en el subcontinente, Estados Unidos buscará ponerlo en práctica en Argentina’”(15). No es sólo una opinión militar, el propio presidente Fernando de la Rúa definió los nuevos términos hoy predominantes en los ámbitos de decisión: “El terrorismo es un ataque exterior; de modo que las fuerzas armadas deben actuar también en eso”(16).

Un ex secretario general de la fuerza aérea, el brigadier mayor Carlos Enrique Corino, puso en esta paleta un color diferenciado. A tono con el modo del debate político actual en Argentina, Corino elude definiciones y apela a una retórica cargada de sugerencias anfibológicas: “(la paz y la seguridad) no se logran desde ninguna ideología: ni la del pensamiento único ni la de la ingenuidad estratégica, ni de la infalibilidad de la democracia o de la implacable lógica de los mercados (…) Seamos capaces de hacer lugar a los marginados y a los excluidos, porque de lo contrario estaremos siempre expuestos a actos tan terribles, producto del resentimiento, de la impotencia o la irracionalidad (…) El mundo está en un laberinto y que yo sepa, de los laberintos sólo se sale por arriba”(17).

Rodríguez Giavarini ofreció su versión de lo que sería “salir del laberinto por arriba”: tras reunirse con Condoleezza Rice en Washington y antes de hacerlo con Robert Zoellick, el secretario de Comercio estadounidense, en un encuentro que al parecer ha puesto la lápida al Mercosur, declaró: “Me parece importante el ALCA, no puedo dejar de asociarlo, y me parece que ahora toma una dimensión especial: no sólo una lectura económica sino de integración y de seguridad continental”(18).

 

Racionalidad y sinrazón

El 20 de septiembre pasado el Congreso estadounidense aplaudió de pie definiciones como éstas: “Vamos a utilizar cualquier arma. Ningún procedimiento, sin importar cuál desde el punto de vista ético, ninguna amenaza por mortífera que sea –nuclear, química, biológica u otras– han sido excluidos (…) No será un breve combate; será una guerra prolongada, de muchos años, sin paralelo en la historia (…) Es la lucha de todo el mundo, es la lucha de la civilización (…) Dios no es neutral”.

Excepto los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro –cuyo discurso 36 horas después del de Bush debiera ser meditado sin prejuicios por toda persona sensata y honesta– no ha habido gobernantes ni dirigentes políticos de peso que contradijeran explícitamente el rumbo en el que Washington pretende lanzar al mundo. Tamaña omisión es por demás indicativa del clima ideológico y político que vive la humanidad. No será posible eludir el precio que esta degradación plantea. La noción de que “Dios no es neutral” iguala a Bush y Ben Laden en la irracionalidad y el fanatismo (con la diferencia de que a Bush le escribieron su discurso quienes representan el poder del mayor imperio de la historia), pero no son ellos los contendientes y no es la “tercera guerra mundial” lo que se ha desatado, por mucho que cierta prensa, a la medida de estos dos personajes, se empeñe en afirmarlo. Aunque esté involucrado, no es Ben Laden quien provocó esta hecatombe. Y no es contra él que el Capitolio aplaude a quien esgrime armas nucleares y bioquímicas para llevar a cabo “una guerra prolongada, de muchos años, sin paralelo en la historia”. Fidel Castro resumió así el panorama que enfrenta la humanidad: “El jueves, ante el Congreso de Estados Unidos, se diseñó la idea de una dictadura militar mundial bajo la égida exclusiva de la fuerza, sin leyes ni instituciones internacionales de ninguna índole. La Organización de Naciones Unidas, absolutamente desconocida en la actual crisis, no tendría autoridad ni prerrogativa alguna; habría un solo jefe, un solo juez, una sola ley”.

El estrépito de aviones de línea chocando contra edificios cuyo simbolismo supera toda enunciación; el espanto por los millares de personas asesinadas, ocupan el lugar que han dejado vacío la cobardía intelectual y política, la incapacidad para elucidar cuáles son las fuerzas en rumbo de colisión y por qué se expresan a través de la irracionalidad y el crimen. Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha podido alinear hasta ahora siquiera a sus aliados; y los intentos de intoxicación de la opinión pública mundial han producido un resultado inverso al buscado por los grandes medios. A la embestida guerrerista le saldrá al paso en todo el mundo –ya está a la vista dentro mismo de Estados Unidos– un movimiento masivo por la paz; a la amenaza de restricción a las libertades democráticas y los derechos civiles la contrarrestará una fuerza que si hasta ahora pudo ser definida como “globalifóbica”, de aquí en más levantará banderas de redención. Si las medidas económicas aplicadas por Washington inmediatamente después de los atentados han cerrado el brevísimo ciclo de reinado del “neoliberalismo”, el impacto que derribó el World Trade Center y dos de los cinco lados del Pentágono clausuran, en la conciencia de miles de millones de seres humanos, el igualmente fugaz reinado del irracionalismo posmoderno y sus incontables prolongaciones de tilinguería intelectual y travestismo político. Una nueva fase de la historia, pletórica de confrontación de ideas y proyectos –como todas las que prologaron grandes saltos de la humanidad– comienza en estos momentos. El luto por los muertos, la fatiga moral ante tanto cinismo, no debieran ocultarlo.

1. Ana Barón, “Europa pone límites a la alianza militar de EE.UU.”, Clarín, Buenos Aires, 19-9-2001.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. “Putin revela cómo colaborará Rusia en la lucha contra el terrorismo”; CNN en español, Moscú, 24-9-01.
6. “El gobierno ratificó que será solidario, pero aclaró: ‘con cautela y prudencia’”, Clarín, 18-9-01.
7. “Europa e America do Sul contra ataques”, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 22-9-01.
8. “EE.UU. y Gran Bretaña atacarán Afganistán”, Clarín, Buenos Aires, 23-9-01.
9. Luis Bilbao, “Estados Unidos alista un ejército para el ALCA”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos Aires, septiembre de 2001.
10. Luis Esnal, “Brasil busca recuperar el liderazgo en la región”, La Nación, Buenos Aires, 16-9-01.
11. “Venezuela apoya lucha antiterrorista de EE.UU., pero no ataques”, AP, Caracas, 22-9-01; 11:52 AM
12. Walter Curia, “Para la región, un viejo ‘nuevo orden’”, Clarín, 21-9-01.
13. Graciela Mochkofsky, “Por la crisis, nuevo rol de las FF.AA.”, La Nación, Buenos Aires, 16-9-01.
14. “FBI rastrea bancos venezolanos en busca de terroristas”, El Universal, Caracas, 21-9-01; y “América Latina es vulnerable al terrorismo”, El Universal, 21-9-01.
15. “Para la región, un viejo ‘nuevo orden”, Ibid.
16. “El terrorismo es un ataque externo”, La Nación, 25-9-01.
17. Carlos Enrique Corino, “Después del horror, el mundo en el laberinto”, La Nación, 19-9-01.
18. Clarín, 24-9-01

 

Dos lugares estratégicos de la geografía argentina fueron escenarios simultáneos de entrenamiento de tropas latinoamericanas y estadounidenses, planeadas, comandadas y financiadas por Washington: Salta, en el vértice de un triángulo de crisis social y política extrema que abarca a Perú, Bolivia y Paraguay y apoya su lado más sensible sobre Brasil; y el puerto de Ibicuy, en la embocadura del Paraná, a tiro de piedra de Zárate-Campana, el centro industrial más importante de Argentina. Estas maniobras no fueron autorizadas por el Congreso y violan la Constitución nacional. Washington está preparando un dispositivo bélico hemisférico; una fuerza armada única, comandada desde el Pentágono. Está en curso la transformación de los ejércitos nacionales en meras patrullas de seguridad interior con estructura y línea de mandos federadas desde la capital del hemisferio.

 

En Salta, la conmemoración del “día del padre de la patria”, José de San Martín, comienza en la madrugada del 17 de agosto de una manera inverosímil: decenas de soldados y oficiales estadounidenses, vestidos con uniformes de combate, salen ruidosamente de los hoteles más distinguidos de la capital y se dirigen a los cuarteles de la V Brigada Mecanizada del ejército. Allí se preparan las maniobras “Cabañas 2001”, planeadas, financiadas y comandadas por Estados Unidos, en las que participan tropas de ocho países latinoamericanos. Luego del tumulto casi sin testigos, la ciudad vuelve a la calma. El feriado ha sido trasladado al lunes siguiente y no hay un solo indicio, siquiera en los edificios públicos, de una celebración nacional. Hacia el mediodía, en el parque San Martín, se realiza la ceremonia oficial, presidida por el vicegobernador Walter Wayar y el comandante del regimiento local, general Jorge Olivera. La presencia de un grupo de alumnos sordos de escuela primaria no logra disimular el vacío en el que se realiza el acto. La atención del observador a la traducción de previsibles discursos al alfabeto mudo se pierde cuando un representante de la Asociación Cultural Sanmartiniana invita a “reflexionar sobre los ideales de unión para trabajar por la libertad como lo hizo el General San Martín”. Ni un músculo se mueve en los rostros de las autoridades. La rutina todo lo puede; y la rigidez está además en consonancia con el frío intenso de un día inusualmente gris. Horas después, a las cuatro en punto de la tarde, el general Olivera recibe en su despacho a Le Monde diplomatique.

La posición del general es sólida: él está –“gracias a Dios”, dice, elevando las manos– subordinado a las políticas definidas por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente Fernando de la Rúa. Además, éstas son maniobras de paz, en el marco de las Naciones Unidas. Y los trámites relativos a la exigencia constitucional de aprobación del Congreso para el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional son responsabilidad del ministerio de Defensa. Se trata de un entrenamiento de rutina y cualquier otra interpretación es fruto de oscuras intenciones.

De hecho, la sociedad salteña no se ha detenido a pensar en el significado de esos soldados que, con uniformes apropiados para camuflarse en la selva pero en exceso vistosos en los alrededores de la Catedral, salen por la mañana y regresan por la tarde al centro de la ciudad. Más aún: el país todo ha permanecido ajeno a la significación de estas maniobras, absorto como está ante los vaivenes del índice “riesgo país” y las noticias provenientes de la misión que en Washington negocia un préstamo de emergencia para evitar la cesación de pagos. Prensa, partidos, sindicatos e intelectuales permanecen en general ajenos al hecho de que ingresen tropas estadounidenses a territorio argentino para entrenar a militares latinoamericanos en situaciones de conmoción urbana.

Pero acaso por efecto del excesivo contraste entre esta presencia y la celebración del aniversario sanmartiniano, el silencio se quiebra. Desde la mañana las radios de la capital provincial han difundido un comunicado de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Salta(1), cuyo texto expresa “extrema preocupación por la falta casi total de información precisa sobre los motivos, objetivos, duración, consecuencias y necesidad de tales actividades, que en el actual momento de tensión y conflicto social en la región aparecen como inoportunas e imprudentes”. El documento exige que “en forma inmediata se informe a la comunidad de la manera más amplia y explícita sobre los extremos mencionados, permitiéndose el acceso irrestricto de los trabajadores de prensa al ámbito de las maniobras, para que se pueda obtener de fuente directa y veraz la realidad de los hechos”(2).

Olivera se apresura a subrayar que no habrá restricciones a la prensa, “en tanto no se interfiera en las operaciones”. No hay nada que ocultar, insiste. Documentos en mano, el jefe militar ofrece datos ligeramente diferentes a los aparecidos en otros medios: Cabañas 2001 será llevada a cabo por 1200 efectivos; el 60% argentinos; 200 estadounidenses; el resto proporcionalmente integrado por los 7 países restantes: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay (tras el inicio de las operaciones la prensa local dio cifras muy diferentes: 464 efectivos argentinos, 574 estadounidenses)(3). Venezuela y Colombia, que no participan, tienen no obstante un observador. El comandante enfatiza que no hay costo alguno para el escuálido fisco argentino: ignora el monto de los gastos, pero es claro que paga Estados Unidos. Incluso las raciones de los soldados en maniobras vienen directamente desde el país del Norte. Respecto de la cadena de mandos, Olivera afirma que la jefatura está compartida por él mismo y el general estadounidense Remo Butler (“nosotros porque somos anfitriones; ellos porque ponen los recursos”). Un alto oficial de España participa como observador.

El jefe militar pisa terreno firme también cuando desestima la idea de que nueve ejércitos entrenen en Salta como respuesta a las recientes movilizaciones en las localidades de Tartagal y General Mosconi, episodios de sublevación urbana que dieron lugar a dos muertes y decenas de detenidos, varios de ellos torturados en dependencias policiales, según testimonios de los abogados defensores y del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El general vacila en cambio cuando se le presenta el panorama regional: inestabilidad extrema en Paraguay, un año y medio de movilizaciones masivas y constantes en Bolivia, crisis permanente en Perú y Ecuador y, sobre todo, giro drástico del cuadrante geopolítico a partir de la asunción de Hugo Chávez en Venezuela y sus acuerdos con el gobierno brasileño en oposición a la voluntad estadounidense de inmediata activación del Área de Libre Comercio de América (ALCA), para no hablar de la situación en Colombia. Como ciudadano, dice Olivera, puede tener sus opiniones. Pero el oficial está comandando una maniobra de rutina, destinada a preparar tropas para intervenir en otras áreas del planeta a las que se llevará la paz.

Tras la cordial entrevista, el periodista debe esperar varios minutos sobre la Avenida Belgrano donde se emplaza el comando de la V Brigada: una caravana interminable de tractores y pequeños acoplados colmados por campesinos de rasgos duros y gestos amigables, desfilan con tranquilidad provinciana y determinación propia de quienes ya han soportado todo lo posible: demandan solución para sus unidades productivas en quiebra.

 

De Salta al Paraná

Mientras tanto, voces aisladas en el poder Legislativo se elevaron para denunciar que se estaba violando la Constitución, porque el Congreso no había autorizado el ingreso de tropas extranjeras, como lo establece taxativamente la Carta Magna. El diputado Héctor Polino, integrante de la Alternativa para una República de Iguales (ARI) emitió un duro comunicado denunciando que el tema no había sido tratado por la Cámara; su par Ramón Torres Molina, ex integrante del bloque del Frepaso, presentó una vibrante y documentada cuestión de privilegio en la sesión del 22 de agosto pasado, en la que denunció la flagrante violación a la Constitución. Torres Molina intentó que la Cámara de Diputados interpelara a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, argumentando además que “Este tipo de ejercicios –en referencia a Cabañas 2001– contradice la tradicional política argentina de solidaridad con los países de nuestro continente, pone en serio riesgo la paz en nuestra región y potencialmente nos coloca en conflicto con países hermanos como Ecuador, Venezuela y Panamá, objetivos de la Iniciativa Andina (antes llamada Plan Colombia) y de la política exterior estadounidense”.

No hubo eco. Diputados no aprobó la interpelación y el poder Ejecutivo no se dio por aludido. “¿Cómo no entienden los legisladores que esto es el Plan Colombia?”, exclamó un alto oficial del ejército en actividad consultado por LMD. En las antípodas, Ángel Tello, secretario de Asuntos Militares del ministerio de Defensa, negó terminantemente cualquier vinculación con cuestiones internas o regionales y respecto de la violación de la Constitución explicó que el requisito de la autorización por el Congreso proviene de un artículo de 1853, superado por la realidad actual de un mundo globalizado. Tello aclara además que el decreto fue enviado al Congreso con suficiente antelación, pero no fue tratado, aunque tuvo dictamen favorable de la Comisión de Defensa. No podía postergarse la realización de una operación tan compleja por esa omisión. Y la distancia entre el orden constitucional y el ejercicio del poder político no supone un desmedro de la democracia.

Sin embargo, horas más tarde de esa entrevista se sabría que la violación de la Constitución adquiría carácter de felonía en otras maniobras, acaso de mayor envergadura, en territorio nacional. Un diario de Gualeguaychú, El Argentino, informó el 22 de agosto que en Mazaruca, un paraje próximo al puerto natural de aguas profundas de Ibicuy, al sur de Entre Ríos, dos barcos, numerosos helicópteros y un número indeterminado de tropas estadounidenses realizaban maniobras con efectivos de la Armada argentina. En este caso no hubo pedido de autorización al Congreso, ni informe a la prensa, ni resquicios por donde se filtrara la operación. “¿El pie para una futura presencia en el Delta?” se pregunta el periódico; y agrega: “Estados Unidos tiene planeadas tres bases en territorio argentino: la Antártida en el Sur; el Delta en el Centro y Salta en el Norte”(4).

Ante la evidencia, las autoridades se esforzaron igualmente por quitarle dramatismo a los hechos. El intendente de Ibicuy, Ángel Tramontín, del Partido Justicialista, explicó que se trata de “un convenio de la Armada con la Marina estadounidense. En Ibicuy se instalaron marinos norteamericanos para hacer ejercicios comunes, que son los que se hacen todos los años. Los pedidos de autorización para estas operaciones se piden entre mayo y junio de cada año ante la Municipalidad de Ibicuy”(5). Como el funcionario de Defensa, el intendente peronista dijo mucho más de lo que se proponía en su esfuerzo por minimizar la significación de estos hechos: “Son simulacros de combate, suponemos nosotros, utilizando lo agreste de la región, que no afectan el medio ambiente, ni la región, no perjudican la pesca ni tampoco hemos recibido comentarios de gente de las islas. No sabemos qué hicieron, pero pasaron totalmente inadvertidas”, abundó Tramontín(6). En medios políticos entrerrianos hay sospechas de que en realidad en esa zona se emplaza un contingente militar permanente, con presencia de tropas estadounidenses. A escasa distancia del puente Zárate-Brazo Largo, que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, el olvidado puerto de Ibicuy está a tiro de piedra del complejo Zárate-Campana, el centro industrial más importante de Argentina.

 

Bases en territorio argentino

Hay algo más que consistentes análisis respecto de la estrategia estadounidense de emplazar bases propias en Argentina. Aun sin prueba fáctica, la alegación de que Washington presiona sobre la crisis financiera con el objetivo de imponer el ALCA a la vez que ofrece cambiar deuda externa por bases militares, tiene sustento a la vista: cuando tras dos semanas de zozobra inaudita y por pública disposición del presidente George W. Bush se concedió al gobierno argentino un préstamo por 8.000 millones de dólares, Fernando de la Rúa hizo el feliz anuncio y agregó que Argentina, junto al Mercosur, se incorporaría “en el menor plazo posible al mercado más grande del mundo”, mientras el secretario del Tesoro estadounidense, Paul O’Neill, anunciaba que su país “ha propuesto reuniones con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para impulsar el comercio, probablemente en septiembre”(7). Días antes, la corresponsal de una agencia de noticias brasileña enviaba desde Buenos Aires el siguiente despacho: “Una importante fuente del gobierno argentino confirmó a la Agencia Estado que el equipo económico está tratando de negociar la deuda total de Argentina y que el apoyo del Fondo Monetario Internacional incluiría la instalación de una base de radares o de misiles en la ciudad de Salta (…) La fuente informó que durante la administración Menem el gobierno argentino aprobó un proyecto de instalación de radares en la región de Salta y que entre las empresas que competían para llevar a cabo el proyecto estaban las estadounidenses Raytheon y General Electric”(8).

Después de este despacho pero antes del acuerdo con el FMI, tomó estado público el propósito de instalar una base militar estadounidense en Chubut. Confirmó el rumor el propio gobernador de aquella provincia, José Luis Lizurume, quien admitió que “La idea no me resulta muy atractiva, aunque esperamos detalles oficiales de la Cancillería para saber hasta qué punto se avanzó en esto (…) Hasta ahora se venía hablando de la Patagonia, sin especificar el lugar, pero ya se habla concretamente de Chubut aunque nosotros no tenemos más informaciones para opinar”(9). Superados por los acontecimientos, los funcionarios dicen otra vez más de lo que se proponen: el hecho de que Estados Unidos emplace una base militar en su provincia no provoca en el gobernador más que un escaso atractivo…

El caso es que se hablaba de la Patagonia no sólo por Chubut. Según una denuncia de la Asamblea Popular en Defensa de la Soberanía, de Río Grande, Tierra del Fuego, el decreto 1369/01 del gobierno provincial “habilita a Estados Unidos a instalar una serie de bases en territorio provincial”. Este agrupamiento civil, integrado por profesionales, intelectuales, sindicatos y partidos, sostiene que mediante esa disposición el gobernador Carlos Manfredotti “cede tierras de Tolhuin para este fin”. Y concluye: “nos queda a nosotros la posibilidad de rechazar cualquier intento de intrusión que afecte nuestra soberanía”(10).

Según las informaciones oficiales, esta base no sería tal, sino una instalación científica, destinada a detectar ensayos nucleares. El gobernador peronista de Tierra del Fuego “cedió cinco hectáreas de tierra para la edificación de la estación de vigilancia, que estará ubicada en la zona del río Valdez, a 15 kilómetros de Tolhuin, en el centro de Tierra del Fuego. En ese lugar se emplazarán dos de las ocho estaciones científicas previstas en distintos puntos del país”(11).

La ofensiva no deja flancos desprotegidos: por esos días se conocía la decisión oficial de cerrar bases argentinas en la Antártida. Como es de rigor, la autoridades se esforzaron por desvincular esa decisión de cualquier tipo de presión política, aunque con escasa fortuna: “Fuentes diplomáticas británicas, y legislativas y militares de Argentina coincidieron en lo esencial: Londres modificó su oposición a que Argentina sea sede del organismo que regula la Antártida a cambio de una ‘desmilitarización parcial’ de la zona”(12).

La escalada está convenientemente respaldada por instrumentos legales. En noviembre de 1999 –es decir, minutos antes del cambio de gobierno– el entonces ministro de Defensa de Argentina, Jorge Domínguez, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, firmaron un acuerdo mediante el cual se conformó un “Grupo de trabajo bilateral sobre defensa Argentina-Estados Unidos”. Con esa base, el 21-7-2000 el embajador estadounidense James Walsh envió al canciller argentino un documento que transforma aquel convenio en disposiciones específicas relativas a “las condiciones del personal civil y militar de los Estados Unidos de América, dependiente de las Fuerzas Armadas de dicho país, el cual permanecerá temporariamente en la República Argentina con relación al ejercicio de mantenimiento de la paz ‘Fuerzas Aliadas Cabañas 2000’”. Entre otros detalles, el texto de Washington impone que “El personal de Estados Unidos de América podrá usar uniforme mientras desempeñe sus responsabilidades oficiales en la República Argentina”. Ese mismo documento, devuelto por el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini con “el agrado de manifestar la conformidad de mi gobierno”, establecía que “los reclamos de terceros que se originen en las actividades de los ejércitos serán dirigidos al Estado presuntamente responsable y serán resueltos de conformidad con las normas legales aplicables en ese Estado”; disposición de inmunidad jurídica que enrojeció el rostro y levantó sonoras protestas de no pocos oficiales del ejército argentino.

Estados Unidos ha logrado quebrar incluso los arrestos de independencia del gobierno brasileño: se propone “alquilar una base militar en Alcántara, una población cercana a Ecuador”, con el objetivo de desarrollar “un centro espacial dedicado en principio al lanzamiento de satélites”(13). En este caso, la mayoría de los legisladores brasileños, incluyendo a los oficialistas, condenaron el proyecto considerándolo “un atropello a la soberanía nacional” y cabe la posibilidad de que el gobierno retire el proyecto.

 

Subordinación y valor

Tal parece que el profesionalismo de un ejército subordinado finalmente al poder político y las leyes, está destinado ahora, por la lógica de la situación, a cumplir en el actual contexto mundial el papel que otrora desempeñaron las Fuerzas Armadas adueñándose del gobierno: coincidir con la voluntad política –y los intereses económicos– de Estados Unidos. Sólo que ahora los imperativos estratégicos de la gran potencia suponen un designio diferente para los militares. Basta observar la realidad para comprobar que Washington está preparando un dispositivo bélico hemisférico bajo su mando. Ya no se trata de adiestrar oficiales y suboficiales en la Escuela de las Américas, como en los ’60 y ’70. Ni de armar bandas mercenarias como en los ’80. A tono con estos tiempos unilateralmente descriptos con la noción de globalización, Washington se propone tener una fuerza armada única, comandada desde el Pentágono. Está en curso la transformación de los ejércitos nacionales en meras patrullas de seguridad interior con estructura y línea de mandos federadas desde Washington. Sucesivos ocupantes de la Casa Blanca han explicitado su estrategia de “mercado único de Alaska a la Patagonia” y menos estridente, aunque más eficiente, el propósito de moneda única ha tomado cuerpo ya en Ecuador y El Salvador, mientras apunta a Honduras, está concretándose en Guatemala y sigue al acecho en Argentina. No es extraño que el tema militar sea tratado con cautela y argucias. Pero las bases estadounidenses ya desplegadas y planificadas, así como la proliferación de maniobras conjuntas financiadas y comandadas por el Pentágono, prueban que el plan está en marcha y a velocidad de vértigo.

Por la coyuntura de extrema fragilidad económica que atraviesa, por su singularidad política dada a partir de la ausencia de hegemonía entre las múltiples fracciones de sus clases dominantes, por el lugar geopolítico que ocupa y ante todo porque es el más vulnerable entre los que gravitan en el hemisferio, Argentina se ha transformado hoy en el país clave para este plan estadounidense. La subordinación militar al gobierno civil es un valor fundamental para el régimen constitucional vigente, una conquista lograda con costos enormes y por lo mismo irrenunciable. El detalle es que si el gobierno cede ante las presiones de Washington y para hacerlo no vacila en violar la Constitución, todos los factores cambian de signo.

Atrapado en esta paradoja, el teniente general Juan Carlos Mugnolo comienza un artículo con la conocida frase de San Martín “Serás lo que debas ser; y si no no serás nada”(14). El núcleo de su respuesta a la incógnita sobre la razón de ser de las Fuerzas Armadas le atribuye a éstas el compromiso con “intereses vitales de la Nación”, que enumera así: “Soberanía e independencia de la Nación; Integridad territorial y capacidad de autodeterminación; Vida, libertad, justicia y derechos individuales de los habitantes; Preservación de los recursos naturales”. Si las palabras tienen algún sentido, estrictamente ninguno de estos “intereses vitales” tienen la más mínima vigencia hoy en Argentina. El espectáculo bochornoso de funcionarios mendicantes vapuleados por el secretario del Tesoro estadounidense; la presencia clandestina e ilegal de tropas de aquel país que traen hasta la ración de comida para los soldados de Argentina; el asesinato y la tortura de obreros desocupados que resisten la destrucción del aparato productivo nacional; el latrocinio a ojos vista de todos los recursos naturales por parte de capitales extranjeros, dan una respuesta contundente a la alternativa planteada por San Martín: la línea de continuidad con casi un siglo de compromiso con lo que no se debe ser, conduce a no ser nada.

Esto resulta tanto más evidente cuando el gobierno estadounidense, en sus documentos oficiales, no oculta sus planes: “El objetivo de la estrategia es asegurar la protección de las necesidades permanentes y fundamentales de nuestra Nación: proteger la vida y la seguridad de los norteamericanos, mantener la soberanía de EE.UU. con sus valores, instituciones y territorio intactos y proveer la prosperidad de la Nación y la población”(15) . En consecuencia con esta clara estrategia, los “intereses vitales” son definidos por Washington con idéntica nitidez: “La seguridad física de nuestro territorio y la de nuestros aliados; la seguridad de nuestros ciudadanos; nuestro bienestar económico”. Para sostener estos intereses, el gobierno de Estados Unidos reconoce que “nuestra misión ha sido derribar las barreras comerciales en el extranjero con el objeto de crear puestos de trabajo en el país”. Y por si alguien tiene dudas el documento subraya: “Haremos lo que sea necesario para defender estos intereses. Incluso usaríamos nuestro poder militar en forma unilateral y decisiva, si fuera necesario”(16). No hace falta traducción: Estados Unidos se propone utilizar su poderío militar sin condicionamientos para derribar barreras comerciales y crear puestos de trabajo en su territorio. Eso es el ALCA.

 

Temor al “chavismo”

Aunque no se perciba desde fuera ni pese hoy en las preocupaciones políticas inmediatas, este cuadro provoca descontento generalizado en las Fuerzas Armadas. Una neta mayoría circunscribe sus reclamos a cuestiones económicas individuales y de sus fuerzas (ver “Cambios sociales…”, pág. 9). Incluso desde una perspectiva estrictamente profesional, la cuestión plantea problemas gravísimos. Según fuentes insospechables, en una reciente reunión de altos mandos con autoridades civiles, al considerar los riesgos de una conmoción social de envergadura un oficial de máxima graduación dijo textualmente: “A nosotros sólo nos cabe encerrar a todos los efectivos en un cuartel y ponerles ocho cadenas y dieciséis candados a los portones: si mandamos reprimir, no sabemos para dónde apuntarán los soldados, que cobran menos de 500 pesos; e incluso los oficiales, que tienen doble trabajo o dependen del sueldo de su mujer”.

La misma fuente informa que semanas atrás en prácticamente todas las unidades militares, e incluso en el Edificio Libertador –sede del ministerio de Defensa y comando del ejército– aparecieron volantes sin firma de grupos militares cuyo título es toda una proclama: “¡Que el ajuste lo paguen Santibañes y Escasany!”(17). Otro alto jefe militar señala que en la reciente movilización del sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) frente al Edificio Libertador, había numerosos militares ataviados de civil.

Ante la pregunta respecto de la existencia de grupos organizados dentro de las Fuerzas Armadas, un general profesionalista admite que sí los hay. Y de manera creciente. ¿Qué proponen? Hay de todo. ¿Qué significa eso? Hay sectores nacionalistas como definición general, pero de las más diversas orientaciones. Algunos oficiales jóvenes, y otros que no lo son tanto, viven la presencia de tropas estadounidenses como una afrenta intolerable. Pero no hay ideas definidas ni estructuras con peso real. Además, están rodeados por una mayoría que, aun bajo protesta, sigue la corriente y trata de hacer su carrera. ¿Qué puntos de referencia toman los rebeldes? Como regla general, hay una gran simpatía con Chávez. ¿Hay líderes reconocidos? No. Pero es sabido que la demanda garantiza la oferta.

 

Otra vez, un cruce de caminos

Colocarse al servicio de la represión frente a las demandas dramáticas de la población, ahora mediante mecánicas políticas inversas a las empleadas durante décadas de feroces dictaduras militares –que además implican autosuprimirse– no es un dilema exclusivo para los militares de Argentina. A comienzos de agosto el diario brasileño Folha de São Paulo reveló documentos militares que ponían en evidencia la utilización de la inteligencia militar contra partidos y movimientos sociales, a los que clasifican como “fuerzas adversarias”(18). Mucho menos se trata de una perspectiva espontánea. A través del Center for Hemispheric Defense Studies (Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa) el Pentágono organizó en Miami en marzo pasado un seminario donde “pudo escucharse la sugerencia de que las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, supuestamente sin amenazas de conflictos externos, deben pasar a ocuparse de conflictos internos (…) El término acuñado por algunos participantes del encuentro es ‘policiación’ de las Fuerzas Armadas”(19). La aceleración por este camino ha sido determinada por la irrupción de la crisis argentina. Otro seminario, esta vez en Washington y patrocinado por el Washington Center for Strategic and International Studies, observó con justificada alarma que “Si el país de América Latina que más ha privatizado, desregularizado y liberalizado se cae, el llamado ‘Consenso de Washington’ se rompería”(20).

Basta observar la proliferación de “seminarios” y cotejarlos con fechas y secuencias de maniobras bélicas y anuncios de emplazamientos militares para comprobar que el futuro ha llegado. No el de la guerra, por cierto, sino el de las definiciones estratégicas para evitarla, en beneficio de impostergables necesidades y de una genuina democracia.

1. La Federación de Entidades Profesionales de Salta incluye a las Asociaciones de Bioquímica; de Agrimensores; de Ingenieros; de Asistentes Sociales; de Fisioterapeutas y kinesiólogos; Odontológica; el Círculo Médico; los Colegios de abogados; de Escribanos; Farmacéuticos; Médicos veterinarios; Profesional de psicólogos; de Ciencias Económicas; de Arquitectos.
2. Solicitada en el diario El Tribuno, Salta, 18-8-01.
3. El Tribuno, Salta, 23-8-01.
4. El Argentino, Gualeguaychú, 22-8-01, citado por El Diario, Paraná, 23-8-01 y por El Heraldo, Concordia, 23-8-01.
5. “Confirman la actuación de ejércitos combinados en el sur de Entre Ríos”, El Diario, Paraná, 24-8-01.
6. Ibíd.
7. DPA, EFE, Télam, “Apuran el libre comercio entre los Estados Unidos y el Mercosur”; Clarín, Buenos Aires, 22-8-01.
8. Marina Guimaraes, corresponsal de Agencia Estado, Buenos Aires, 11-8-01. Cabe repetir que el grupo empresario periodístico al que pertenece esta agencia es el más tradicional y acaso el más poderoso de Brasil, que habitualmente mantiene sintonía fina con la cancillería.
9. Ramiro González, La Capital, Rosario, 14-8-01.
10. “Concentración contra bases extranjeras”, Diario Provincia 23, Tierra del Fuego, 27-8-01.
11. “Instalarán una base para detectar ensayos nucleares”, Clarín, 17-8-01.
12. “Antártida: buscan desvincular el cierre de bases de un acuerdo con Londres”, Clarín, 16-8-01.
13. “Brasil le daría una base espacial a EE.UU.”, Página/12, 24-8-01.
14. Juan Carlos Mugnolo; “Razón de ser de las Fuerzas Armadas”, La Nación, Buenos Aires, 22-8-01.
15. “A National Security for a New Century”, The White House, Washington, diciembre de 1999.
16. Ibíd.
17. Referencia a Fernando de Santibañes, banquero, ex jefe de la SIDE y consejero íntimo del presidente Fernando de la Rúa, y a Eduardo Escasany, presidente del Banco de Galicia que recientemente reclamó represión contra los piqueteros.
18. “FH manda apurar abusos do exército, Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 2-8-01.
19. Luis Esnal, “Militares con trabajo fronteras adentro”; La Nación, Buenos Aires 19-8-01.
20. “Temen que la crisis traiga desconfianza en el capitalismo”, La Nación, 7-8-01.

 

El próximo septiembre, el Frente Amplio de Uruguay celebrará el más importante Congreso de su historia: la izquierda uruguaya podría ser gobierno en un par de años y debe homogeneizar su discurso y accionar. Las opiniones de las diferentes tendencias confrontan en el bloque de izquierdas más antiguo y original de América Latina.

 

Flanqueado por dos vecinos gigantescos de aliento entrecortado, Uruguay oscila entre el temor al impacto de la crisis combinada de Brasil y Argentina y la euforia que despierta en las filas del Frente Amplio la expectativa inversa: “Si en 2002 se concreta la anunciada victoria del Partido dos Trabalhadores, los sondeos que hoy le dan al Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA) un 44% en las intenciones de votos se transformarán en 2004 en el triunfo de un gobierno de izquierda. Y hay que ver si para 2003 no se afirma una coalición de signo semejante en Argentina y toda la región abandona el neoliberalismo y cambia de rumbo”, se entusiasma un dirigente del sector “moderado” del Frente Amplio.

Contrasta este optimismo con el paisaje montevideano en un invierno gélido por partida doble: el viento cortante que viene del Río y la ostensible pobreza de la alguna vez llamada “Suiza de América”. Sin embargo, con apenas matices, las múltiples fracciones que componen el FA coinciden en la verosimilitud de tal pronóstico. Acaso esta esperanza, entrelazada con una singularidad organizativa que ya lleva treinta años de vida, mantiene unidas a tendencias francamente divergentes, que disputan programas, planes de acción y definiciones ideológicas en el laberinto de esta coalición formada en 1971 por el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y una cantidad de agrupamientos menores, que hallaron su punto de unidad en la presidencia del general Líber Seregni.

Por aquel entonces el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros ocupaba el centro del escenario político con su guerrilla urbana. Un “brazo político” de los insurgentes, el Movimiento 26 de Marzo, presidido por el escritor Mario Benedetti, también participó como fuerza fundadora del FA. Luego vendría la progresiva militarización del régimen y en 1973 la huelga general del Plenario Intersindical de Trabajadores –la central obrera conducida por los partidos comunista y socialista–, el golpe militar, la dictadura…

El retorno de la democracia, en 1984, ratificó la vigencia del FA, al cual se sumarían formalmente Tupamaros y otros agrupamientos revolucionarios hasta entonces fuera de la coalición. Más tarde, los coletazos del derrumbe de la Unión Soviética fracturaron y debilitaron al extremo al Partido Comunista. Al interior del FA, como en todo el mundo, cambiaron las posturas ideológicas y las relaciones de fuerza. El centro hegemónico se desplazó hacia el Partido Socialista, Asamblea Uruguay y Vertiente Artiguista, tendencias consideradas “moderadas”. Pero a diferencia del resto del mundo, el FA se transformó en una potente fuerza electoral. En 1989 la izquierda ganó en Montevideo y llevó a Tabaré Vázquez al gobierno municipal. Una década después el mismo Vázquez perdió por escaso margen la elección presidencial en la segunda vuelta, pero el EP-FA se afirmó como partido mayoritario frente a los tradicionales Blanco y Colorado, obligados a deponer rivalidades históricas para impedir la victoria de la izquierda(1).

 

Actualización

“Un día histórico”, nos explica el diputado Carlos Baráibar, refiriéndose a la exitosa convocatoria del FA a todas las cámaras empresarias, para celebrar el 18 de julio, aniversario de la jura de la Constitución. “No faltó nadie, excepto los banqueros”, se congratula el dirigente de Asamblea Uruguay. Concurrieron también representantes de la central obrera PIT-CNT, de la Universidad y de diferentes denominaciones religiosas. Frente a ellos, Tabaré Vázquez desplegó un Plan de Emergencia. El programa apunta a la reactivación productiva con 15 medidas, entre las cuales la sustitución del Impuesto a los Activos Bancarios (IMBA) por un impuesto a los débitos bancarios (cuentas corrientes y plazos fijos), reducción a la mitad del depósito obligatorio para los exportadores en Banco Central, baja de la tasa de interés para el consumo, aumento de reintegros por exportaciones, barreras arancelarias y cupos de importación para bienes de consumo, rebaja selectiva de tarifas de energía eléctrica y combustible, y un plan de viviendas y de obras públicas. El documento advierte que “El Uruguay está en emergencia nacional (…) Pero la emergencia social es urgentísima”, y propone un Plan Alimentario para niños menores de cinco años, asistencia social y económica a jefes de familia desocupados, seguro de desempleo para trabajadores rurales. Los recursos para financiar estas medidas provendrían de un aumento de la presión fiscal “sobre las ganancias elevadas de personas físicas y sobre los consumos suntuarios”.

La respuesta fue positiva: “Las cámaras empresariales y el PIT-CNT apoyaron el plan de reactivación del EP”, titulaba en portada al día siguiente el diario La República. “Medidas del FA obtienen buena acogida por parte de empresarios”, reafirmó también desde el titular principal La Juventud.

En implícita respuesta, el ministro de Economía Alberto Bensión declaraba en una cuidada entrevista: “Si me dieran plenos poderes, mañana decreto toda la serie de reformas estructurales (para acabar con el déficit fiscal)”(2). Y el presidente Jorge Batlle proponía al Mercosur una elevación de aranceles comunes. La prensa tradicional hizo hincapié en las contrainiciativas oficiales y poco menos que ocultó el encuentro de empresarios y el EP-FA. Pero los medios frenteamplistas tienen un peso considerable: La República, un diario de gran tirada, no oculta su simpatía por la coalición de izquierdas; La Juventud, también cotidiano, es el órgano del Movimiento 26 de Marzo (M26M, desde hace años desligado de Tupamaros y definido como marxista-leninista). Aquél utiliza las dos primeras letras de la sigla y éste las dos últimas para referirse al EP-FA, signo diferenciador más que suficiente para los entendidos: uno acentúa la “actualización”, el otro la “tradición” del FA. Pero ambos sostienen a Tabaré Vázquez y saludan la convergencia con el empresariado, aunque La Juventud no deja de denunciar la activa participación en el encuentro de Hugo Manini Ríos, terrateniente y “fundador de la Juventud Uruguaya de Pie, grupo fascista que actuó en la década del ’70 e indicado como integrante del Escuadrón de la Muerte”(3). Además de dos diarios, la izquierda cuenta con la radio de mayor audiencia (CX 36, también del M26M) y con varios semanarios, independientes o formalmente portavoces de tendencias internas del FA.

La unidad política, sin embargo, no excluye duras confrontaciones y sucesivas crisis. En 1995 Seregni renunció a la presidencia del FA, tras una sorda confrontación en torno al apoyo a la reforma electoral que daría lugar al ballotage. Dos años después, su sucesor, Tabaré Vázquez, hizo lo propio ante la negativa de Jorge Zabalza, edil (concejal) montevideano y miembro del Movimiento de Participación Popular (MPP), bloque hegemonizado por el MLN-Tupamaros, a votar a favor de la privatización del Hotel Casino. La oposición de Tupamaros a la conducta de su edil daría lugar a una fractura del MPP y Zabalza, junto con el entonces senador Helios Sarthou y otros agrupamientos rebeldes impulsarían un nuevo bloque interno: Corriente de Izquierda. Mientras tanto, Vázquez proponía una “refundación del Frente Amplio”, con el propósito de delimitar las posiciones del EP-FA y precisar los ámbitos de toma de decisiones. Un año más tarde quedó constituido el Encuentro Progresista “como alianza política con carácter permanente (…) Son sus integrantes el Frente Amplio, Partido Demócrata Cristiano, Corriente 78 y Batllismo Progresista. Este acuerdo obliga al acatamiento de los compromisos políticos y programáticos, al igual que el respeto irrestricto a los mecanismos de resolución que se establecen”(4). En las filas del FA esto se traduciría mediante la propuesta de “actualización ideológica”, sobre la que deberán resolver unos 1.500 delegados al IV Congreso del Frente Amplio, los días 21, 22 y 23 de septiembre próximo.

 

Hacia el Congreso

No será una resolución sencilla. El 1° de junio pasado la comisión encargada de elaborar el anteproyecto para el Congreso culminó su labor con dos documentos: uno presentado por Vertiente Artiguista y avalado por la mayoría, otro defendido por Corriente de Izquierda. “No consideramos que el proyecto de Encuentro Progresista haya cumplido sus objetivos –dice el texto minoritario– hacemos manifiesta la preocupación ante el deshilachamiento de los fundamentos que originaron al FA; tememos que nos encaminemos a otra Concertación Democrática a la chilena, convirtiendo a la izquierda en ejecutante de las directrices del gran capital o, más triste, que terminemos en la catástrofe del Frepaso argentino”. Con el correr de los días otros agrupamientos (Partido Comunista, MLN, M26M), aportaron precisiones que los distancian del documento oficial.

Baráibar es optimista y terminante: “La actualización ideológica debe hacerse en unidad y a partir de reafirmar los principios”; y agrega: “Hay que asumir que el proceso de transformaciones al que aspiramos transcurrirá en los marcos del sistema capitalista”. Ex dirigente de las juventudes cristianas de América Latina y ex presidente de la Cámara de Diputados, Baráibar subraya que “el FA nunca tuvo una definición socialista. José Mugica (actual senador por Tupamaros) dice que el FA era complementario a la guerrilla. Pero en verdad era lo opuesto. Eso no implica aceptar las injusticias del capitalismo. Pero hay que asumir los límites que inevitablemente va a tener un gobierno progresista”.

Fernando Vázquez, miembro del M26M y de la dirección del FA, sostiene que lo principal es llevar el debate a las bases. “Hay que llevar alegría y cultura a los barrios y con ella la línea política del FA al pueblo”. En otro orden insiste en “terminar con las privatizaciones y tercerizaciones internas: se llega a dar concesiones para hacer una rifa, para vender panchos o cerveza”. Desde la redacción de La Juventud afirma que “tenemos que aceitar las Coordinadoras y los Comités de Base. Cuando esto no ocurre, como ahora, se pierde la participación”.

Seguro de contar con amplia mayoría, Manuel Laguarda, secretario general del PS, nos expone el punto exacto de la actualización: “Hemos pegado un salto en los últimos 15 años. Tenemos programas más realistas, más posibles, más serios. Pero no hemos hecho lo mismo en materia ideológica. La actualización no es otra cosa que la formulación ideológica de lo que estamos haciendo desde el ’85”. En su consultorio médico de un barrio elegante, Laguarda explica que el documento respaldado por el PS “apuesta a la transformación democrática, paso a paso”. Y agrega otro factor: “El proyecto progresista no sería viable sin una estrategia internacional. Nuestro partido integra la Internacional Socialista y el Foro de São Paulo. Tenemos que integrarnos; y privilegiar la Unión Europea para no dar pie al ALCA”.

Desde la Corriente de Izquierda, Sarthou desgrana sus reflexiones con gesto apasionado: “Estamos obligados a un replanteo ideológico. Los medios fabrican un hombre adaptado. Los partidos de izquierda abandonaron el trabajo capilar; ese lugar lo ocupan las sectas religiosas. Se ha perdido la bronca contra la injusticia. La fatalidad neoliberal ha ganado al hombre de la calle. La idea enajenante de conquistar el gobierno a todo precio está respaldada por la gente en su desesperación. Y se han vaciado los Comités de Base: si no se restablecen, al Congreso se va simplemente a levantar la mano”.

En coincidencia con estas apreciaciones, un artículo resumía recientemente desde el título el clima social que muchos creen ver en Uruguay: “Causa sin rebeldes”(5). Desde el otro margen del Plata el panorama se observa diferente.

1. En las elecciones del 31 de octubre el EP-FA obtuvo en primera vuelta el 40% de los votos. Cuenta con 12 senadores y 40 diputados.
2. Búsqueda, Montevideo, 19-7-01.
3. “Las vueltas de la vida”, La Juventud, Montevideo, 19-7-01.
4. M. Aguirre Bayley, Frente Amplio: la admirable alarma de 1971, Ed. La República, Montevideo, 2000.
5. Ivonne Trías, Brecha, Montevideo, 10-7-01.

 

Coincidente con la gravísima aceleración de la crisis económica y la amenaza de un colapso político, el arresto de Carlos Menem aparece como el símbolo del ocaso de dirigentes e instituciones, sin que a la vista aparezcan los recambios capaces de conquistar la voluntad ciudadana y afirmar un proyecto de país.

 

Toda una época de la política argentina quedó atrás en la mañana del 7 de junio, cuando con paso vacilante y gesto de presa acorralada el ex presidente Carlos Menem salió del despacho del juez que acababa de dictarle prisión. Cuarenta días después, el anuncio de un nuevo ajuste, la pulverización de la Alianza, el debilitamiento extremo del gobierno y el estado anímico de la ciudadanía reafirman en otro plano que el país ha cerrado un ciclo histórico. Pero ¿qué hay por delante? No se perciben signos inequívocos de lo que comienza. Sólo confusión, desmembramiento y parálisis de la totalidad de los partidos, como si la honda depresión económica invadiera el espíritu de gobernantes y opositores.

El país celebró la detención de Menem. Hubo un instante de alegría en las calles de Buenos Aires, desde hace tiempo capital de la hosquedad y la tristeza. Sonaron bocinas de automovilistas sonrientes y sin diferencia social se multiplicaron las expresiones de enfático respaldo a la posibilidad de que «vayan todos a la cárcel». Apenas unas 400 personas con ostensible ausencia de fervor daban vivas a Menem frente al tribunal, apremiados a gritar y golpear tambores por un puñado de individuos para cuya función la lengua de los argentinos encontró una palabra exacta en su neutra descripción: «punteros»(1).

Pero la noticia no abrió paso al optimismo; tuvo el efecto de un relámpago: mostró por un instante que hay signos de vida bajo el manto de oscuridad. Tras el destello volvió a imponerse una realidad perceptible en el rostro del ciudadano anónimo, aunque no faltan datos más rotundos: reaparición del accionar de grupos parapoliciales como el que recientemente secuestró y torturó a una hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; insólita embestida de la iglesia católica, que pretende retroceder más de un siglo para reimplantar la enseñanza religiosa en las escuelas; despidos masivos en todas las áreas; rebaja de salarios a quienes con temor aceptan cada día mayores exigencias para conservar el empleo…

Con todo, hay algo nuevo, revulsivo y trascendental en el hecho de que el hombre que ganó dos elecciones presidenciales y durante diez años encarnó un poder inatacable -puesto que provenía del voto popular y del maciso respaldo de los más poderosos grupos económicos locales y extranjeros- haya quedado solo, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que durante su mandato contrabandeó armas a Croacia y Ecuador por 100 millones de dólares, en flagrante violación del embargo decretado por las Naciones Unidas a la ex Yugoslavia y del protocolo de Río, del cual Argentina era uno de los garantes, en el caso del conflicto entre Perú y Ecuador. «Algo así como un Al Capone con banda presidencial y bastón de mando» disparó sin piedad ni memoria el más antiguo diario del país(2). Las figuras más relevantes del Partido Justicialista, formalmente presidido por Menem, le dieron ostensiblemente la espalda, al igual que las cúpulas sindicales. Y Peter Romero, secretario para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, no fue menos elocuente cuando dos días antes de que se dictara la prisión dijo públicamente: «no creo que (la detención de Menem) afecte a la democracia argentina»(3).

De hecho no hubo el menor signo de inestabilidad, aunque los acontecimientos en curso, sea cual sea su desenlace en el terreno judicial, equivalen a un terremoto político: en el camino a prisión Menem fue precedido por el ex jefe del ejército, general Martín Balza, el ex ministro de Defensa Erman González (quien también ocupó las carteras de Economía y de Trabajo) y Emir Yoma, cuñado y testaferro de Menem. Hay otros dos ex ministros, el de Relaciones Exteriores Guido Di Tella y el de Defensa, Oscar Camilión, procesados por la misma causa; y una larga lista de nombres distinguidos aguarda su turno en los expedientes del fiscal. Detrás, una docena de suicidios más que dudosos y oportunos accidentes fatales -entre los cuales la nunca aclarada muerte del propio hijo del ex Presidente al caer el helicóptero que piloteaba- amplían el arco de presunciones a otros rubros delictivos -tráfico de drogas en primer lugar- y la esfera de personas e instituciones involucradas(4). Con el arresto de Menem tambalea la certeza de impunidad y cunde el pánico: «hay motivos para imaginar que muchos hombres que hoy desempeñan funciones de gobierno en el país -ya sea en el orden nacional o en el provincial- sintieron que un escalofrío les recorría la espalda (…) en la intimidad (se formuló) esta audaz hipótesis: lo que se está produciendo en la Argentina es una suerte de golpe de Estado (…) ¿Un golpe de Estado? Sí, una suerte de mani pulite a la criolla»(5).

 

«¿Qui prodest?»

La identificación del mani pulite italiano con un golpe de Estado, en sí mismo reveladora, tiene para el caso argentino al menos un punto de apoyo: no son los partidos -mucho menos la ciudadanía- quienes pusieron en movimiento esta operación punitiva. Nadie supone que se trate de la decisión solitaria del juez Jorge Urso, peronista y designado por el propio Menem, él mismo sospechado de enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de sus funciones. Domingo Cavallo, uno de los ministros que firmara los decretos de exportación de armas que luego se revelarían falsos, no parece el más interesado en activar esa bomba de explosión retardada. Los principales dirigentes del peronismo, por grande que sea la necesidad de arrojar el lastre electoral que supone Menem, difícilmente colaborarían a colgar esta filosa espada sobre sus propias cabezas. Y quienes han seguido de cerca la gestión de De la Rúa en sus dieciocho meses de gobierno dudan que sea él quien dio el impulso inicial a este torbellino de enorme potencia destructiva.

«Qui prodest», la pregunta clásica en estos casos, no encuentra un sujeto único: circunscripta al círculo del ex presidente la operación podría dejar un enorme saldo ganancioso al gobierno. Pero el riesgo es demasiado alto. Sea como sea, está a la vista una operación tendiente a montarse sobre la ola e intentar capitalizar el extendido y muy profundo rechazo de la sociedad civil a las corruptas dirigencias políticas. Acompañado por al menos una gota de oxígeno para la economía, el mani pulite bajo control permitiría establecer una hegemonía hoy inexistente, que haga posible el ejercicio de gobierno, el control de la gravísima crisis social y la toma de decisiones perentorias en el terreno internacional, específicamente la que resuelva si el país rompe o no su alianza estratégica con Brasil y se encamina, como pretende Estados Unidos, hacia una integración al Area de Libre Comercio de las Américas en detrimento del Mercosur.

Nada de eso será posible sin antes neutralizar la fuerza centrífuga que deshace partidos y equipos de gobierno a velocidad descontrolada. Resolver la fractura de las clases dominantes es el prerrequisito para impedir que la crisis derive en colapso político. Y eso es lo que está en curso por estos días. Sin cuidado por las formas, a la misma hora en que Menem era detenido el presidente Fernando de la Rúa se reunía con quien fuera su rival peronista en las elecciones de 1999, Eduardo Duhalde, para hacerle en secreto una oferta que el ahora principal dirigente del Partido Justicialista aceptó: formar un gobierno de «unidad nacional» para afrontar la triple amenaza de la depresión económica, el debilitamiento extremo del gobierno central y el riesgo de colapso ante la segura derrota del oficialismo en los comicios del 14 de octubre próximo. El artífice de esta operación es el ministro de Economía Domingo Cavallo, el mismo que una década atrás produjo la ilusión de un país estable y próspero bajo la conducción de Menem.

 

Descomposición política

Es dudoso que esta operación de «unión nacional» tenga éxito. Pero sobre todo es incierto el signo que podría llegar a tener. El país viene de una experiencia que ha sumido a las mayorías en el pesimismo y el individualismo extremos. Franz Biberkopf, prototipo del hombre aniquilado por la crisis social en la Alemania prefascista de la novela «Berlin Alexanderplatz», camina por las calles de Buenos Aires. Fue gestado menos por la calamidad económica que por la ausencia reiterada de respuesta política con horizonte. La secuencia y el ritmo son brutales: tras la dictadura militar la voluntad ciudadana dio la espalda al peronismo que había votado en 1973, puso su expectativa en la Unión Cívica Radical (UCR) y en 1983 llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín. Hubo una fugaz primavera, pero la herencia era demasiado pesada y nula la capacidad del partido gobernante. La cadena de frustración y desengaño culminaría con una hiperinflación que junto con los ingresos de los asalariados y las clases medias licuó la esperanza de un país que vivió con alegría y compromiso el fin de la dictadura. Sólo en ese estado de decepción era imaginable el triunfo de un elenco encabezado por un personaje de opereta al que ahora se califica como Al Capone con bastón de mando. Luego de otros dos picos hiperinlfacionarios que completaron la obra de devastación económica y moral de las mayorías, vinieron Cavallo y la estabilidad. El despertar llegó cuatro años después bajo la forma de recesión y aceleración a cielo abierto de la corrupción. Ocurrió entonces que una minúscula coalición de izquierda, denominada Frente del Sur y personificada en un cineasta de militancia peronista, Fernando Solanas, fue avistada como la ansiada «alternativa» frente al bipartidismo tradicional. Se aceleraron los tiempos y el Frente del Sur convergió con desprendimientos peronistas y dio nacimiento al Frente Grande. Solanas retornó al cine y su lugar lo ocuparon Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide. Luego el Frente Grande se fusionó con una fracción del PJ y se transformó en Frente País Solidario (Frepaso), el cual con José Bordón como candidato presidencial rozó la victoria electoral en 1995. Acto seguido Bordón renunció a la coalición y volvió al PJ. Alvarez recuperó el mando y la señora Fernández Meijide -madre de un adolescente desaparecido bajo la dictadura- se elevó al sitial de símbolo de lucha contra contra la corrupción. Apenas dos años más tarde, en un giro insólito para sus adherentes, el Frepaso se unió a la UCR y marchó a las elecciones de 1999 con Fernando de la Rúa, ala derecha de la UCR, y Carlos Alvarez del Frepaso, como candidatos a presidente y vice. Puesta ante la opción del mal menor, la mayoría ciudadana votó contra dos nombres suficientemente conocidos: Duhalde y Cavallo. Mientras tanto, la Alianza había asumido la política económica del gobierno que reemplazaría y, en consecuencia, al día siguiente de asumir adoptó las medidas que ésta requería: aumento de impuestos a las clases medias, rebaja de salarios, aceleración del endeudamiento. En un giro impensado de esta dinámica, a mediados de 2000 Carlos Alvarez propició el ingreso de Cavallo al gobierno y, acto seguido, renunció a la vicepresidencia, para abandonar meses después su militancia en el Frepaso. Fernández Meijide se eclipsó hasta renunciar al ministerio de Bienestar Social acosada por escándalos de corrupción y dislates políticos. Ya en el curso de 2001, a la reiteración de ajustes con inmediato efecto recesivo se sumó la renuncia de dos ministros de economía en 15 días y el colofón: la asunción del cargo por Domingo Cavallo. En esta carrera hacia el abismo el movimiento sindical se fracturó sólo para sumarse a las propuestas políticas descriptas con el obvio saldo actual: la Central General de Trabajadores (CGT) original, fiel soporte de Menem durante su gobierno, se alínea ahora con Cavallo; una fracción de ésta, denominada CGT disidente, hace ostentación opositora en connivencia con Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf, quien esgrime un discurso xenófobo y tiene como panacea «meter bala» a la delincuencia que crece en espiral en su distrito; y una escuálida estructura limitada a empleados públicos (estatales y docentes), la Central de Trabajadores Argentinos, que integra la Alianza gobernante y hace paro tras paro contra ella al lado de la CGT disidente.

En este punto, la revelación del vaciamiento por parte de sus propietarios españoles de una empresa súbitamente transformada en símbolo nacional, Aerolíneas Argentinas, ha obrado como catalizador y detonante de un cambio en el espíritu colectivo, que ahora acusa a la «globalización» y el «neoliberalismo» por el desastre nacional y esboza un giro hacia expresiones nacionalistas. Ese vuelco es el que transformó a Menem en reo y a su antiguo ministro de Economía en último madero al que se aferra el sistema político.

 

Desestabilización

Madero frágil, por cierto. Tras el canje de deuda y el conjunto de medidas económicas anunciadas por Cavallo, lo que estaba planificado como respiro para el sector externo y reactivación de la economía, se reveló en pocas semanas como un nuevo empantanamiento. Una de las medidas adoptadas por Cavallo parece ser la causa del voto negativo que los centros financieros internacionales y locales emiten diariamente contra los intentos del ministro: el llamado «factor de empalme», una devaluación efectiva del peso disfrazada con el adelanto de la doble convertibilidad contra el texto de la ley que prescribe su punto de partida en el hipotético momento en que el euro se cotice en paridad con el dólar.

Con el «factor empalme» se puso fin a diez años de convertibilidad del peso en paridad 1 por 1 con el dólar. Ya es una proeza que al aflojar el cinturón de acero que durante una década sostuvo artificialmente el precio de la moneda nacional, ésta no se haya disparado fuera de control. Pero hay consenso general en que el 8% de devaluación limitada al sector externo es a la vez insuficiente en porcentaje e imposible de circunscribir a exportaciones e importaciones. Las voces más mesuradas, dentro y fuera del país, consideran que la moneda debiera depreciarse como mínimo un 30%. Otros cálculos multiplican ese porcentaje en tres, cuatro y más veces.

Un sector del establishment y sus economistas ultraortodoxos acentúan hoy su voluntad de dar lugar a una devaluación que permita bajar salarios y precios relativos y congelar el nuevo cuadro resultante mediante una simultánea dolarización. Cavallo reconoce la imposibilidad de mantener la sobrevaluación del peso, pero hasta el momento se ha mostrado contrario a la dolarización (pese a que no hace mucho tiempo, como asesor del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, la propuso para aquel país) y se muestra empeñado en una recomposición del poder político en torno a su plan de reactivación.

El grado de confrontación entre ambos bandos ha llegado a límites extremos: Cavallo acusó a los economistas del CEMA (centro al que pertenece el ex ministro de Economía Roque Fernández) de «infames traidores a la Patria»; y éstos replicaron calificando al ministro de «oxidado y obsoleto».

En medio de una ola de rumores que llegó al punto de obligar a De la Rúa a desmentir la renuncia de su ministro de Economía, los capitales reiniciaron un nervioso movimiento de retirada y, en pocos días, obligaron a Cavallo a anunciar un ajuste objetivamente confrontado con todas las expresiones públicas del ministro respecto de la necesidad de reactivar la economía.

Al cierre de esta nota, mediodía del 12-7-01, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 13%, mientras los centros financieros aumentaron el «riesgo país» hasta hacerlo llegar a 1500 puntos. Es la fuga del peso al dólar y de éste hacia fuera del circuito. El malestar social amenaza con estallidos. Los empleados estatales enfrentan el anuncio de reducción salarial con una huelga por tiempo indeterminado. Los piqueteros se proponen rechazar la disminución de los planes trabajar en 35 mil puestos con cortes generalizados de calles y rutas y el bloqueo a la Capital Federal. La diputada Elisa Carrió sostuvo que «estamos en el final» y pidió serenidad dado que un rechazo violento al ajuste sería «funcional a la reconducción del régimen por métodos fascistas». Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Carlos Reuteman se negaron a opinar sobre las nuevas medidas: son el ala del Partido Justicialista que con o sin Cavallo y De la Rúa se proponen usufructuar la crisis. La inestabilidad económica toma como nunca carácter de inestabilidad política.

Menem arrestado simboliza el fin de una época. De la Rúa paralizado encarna el fracaso de la Alianza para configurar los rasgos de la que se inicia. Cavallo acorralado patentiza la imposibilidad de dar continuidad a la política económica aplicada durante la última década sin el recurso de la fuerza en escala tal que excede el marco del régimen constitucional. Raúl Alfonsín y las hilachas de la Alianza que lo siguen emitieron un comunicado que lo ubica contra el plan anunciado y propone «construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas a fin de elaborar un conjunto de propuestas que, basadas en la equidad distributiva, den respuesta a esta crisis financiera, económica y social». La propia formulación en medio del cataclismo evidencia la distancia entre el requerimiento de la realidad y la vitalidad de las antiguas dirigencias. La crisis se precipita. El futuro está abierto y a la espera de una respuesta que demora en hacerse escuchar.

1. Asalariado de un partido para cumplir funciones de contacto y articulación con la población ante elecciones u otras exigencias del accionar político.
2. Bartolomé de Vedia, «El espejo Menem», La Nación, Buenos Aires, 10-6-01.
3. María O´Donnell, «Si Menem va preso la democracia no se verá afectada»; La Nación, Buenos Aires 6-6-01.
4. Una explosión de una fábrica de armas en la localidad de Río Tercero (Córdoba), el 3 de noviembre de 1995, produjo 7 muertes y 300 heridos, ha sido conectada por el fiscal Carlos Stornelli con la venta ilegal de armas: con este atentado se habría tratado de destruir pruebas.
5. Bartolomé de Vedia, Ibíd.

 

Inexorable como la lluvia, la dinámica económica borra fronteras para trazar otras nuevas. Combinados la coyuntura mundial de retracción económica y los efectos de fuerzas centrífugas gestadas por el choque de intereses, la creación de instancias supranacionales se impone por sobre la voluntad de quienes empuñan las palancas de comando y diseña un mapa político marcadamente diferente del procurado por estrategas y gobernantes. Así, el Mercosur llegó a un acuerdo para negociar en bloque con Estados Unidos y la Unión Europea.

 

Entre el 21 y el 24 del pasado mes de junio se reunieron los Presidentes de dos bloques regionales sudamericanos, el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia). La búsqueda de paliativos inmediatos para la crisis de sus economías nacionales privó por sobre consideraciones políticas y estratégicas y, en el caso de Argentina, les cambió el rumbo. Una excepción fue el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien asistió al cónclave del Mercosur en Asunción como invitado; dos días después actuó como anfitrión de los presidentes de la CAN en Valencia y en las dos tribunas abogó por un objetivo más ambicioso que una mejora en el intercambio comercial: “Debemos empezar a pensar, a trabajar, para crear –ojalá podamos hacerlo en la primera década de este siglo– una unión de naciones bolivarianas en Sudamérica, mucho más allá de los convenios comerciales. Se trata de política; un bloque de fuerza; el mundo marcha en esa dirección”(1).

Las dos reuniones dejaron un saldo simétrico: por sobre las crudas disputas entre los componentes, la necesidad con su cara de hereje exige fortalecer mecanismos regionales para aumentar el intercambio, pero sobre todo para presentarse como bloque capaz de negociar en mejores términos con Estados Unidos y la Unión Europea. En palabras de un funcionario argentino: “Negociando país por país somos muy chiquititos. Con el bloque, la idea es llegar a un acuerdo para decirles: ‘Señores, dennos un poco más, amplíennos el cupo’”(2).

¡Dennos un poco más! Por cierto no es el grito de Bolívar, la enseña de San Martín, ni la proclama de Martí. Con todo, a tono con los tiempos y sus protagonistas destacados, he allí un clamor unificante. Con ese punto como mínimo común denominador, el Mercosur sorteó una encrucijada que lo amenazaba de muerte, en tanto la CAN reafirmó, en el Acta de Carabobo, una línea de acción que bajo la fórmula ritual de “enfrentar la pobreza y el narcotráfico y fortalecer la integración regional” acelera en dirección a una unión aduanera. Más aun: en ambos encuentros estuvo planteada la combinación y convergencia de los bloques, precisamente con el objetivo de afrontar desde una posición más sólida el desafío planteado por la exigencia estadounidense: la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

 

Frágil acuerdo

En Asunción no hubo acuerdos de fondo. Pero, como señala un editorial de un diario paulista, “No retroceder es una gran hazaña en ciertas situaciones”(3). La ostensible divergencia entre Brasil y Argentina tuvo un punto de máxima tensión en los días previos a la reunión en la capital paraguaya. Pero la fuerza centrípeta pudo más: “El bloque se mantiene como unión aduanera, a pesar de los esfuerzos del ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, por llevarlo hacia atrás, a la condición de área de libre comercio”, sigue diciendo el editorial, que agrega: “Del lado brasileño se continúa concibiendo el Mercosur como un proyecto colectivo de inserción en la economía mundial. Ésa fue la noción original de los creadores del bloque. De parte de Argentina, los compromisos con el bloque se muestran cada vez más frágiles: serían fácilmente puestos en jaque si fuese menor su dependencia comercial en relación con Brasil”. Nada es definitivo y ni siquiera estable por estos días en la política argentina. Sin embargo, en Asunción el Presidente De la Rúa y su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, enfatizaron el compromiso con el Mercosur. Cavallo, por su parte, pareció girar en redondo y disponerse no sólo a ratificar el bloque, sino a utilizarlo como plataforma personal, no ya para llevar a cabo su promesa de reactivación económica, sino para proyectarse como líder político regional.

El saldo fue entonces la revigorización del Mercosur, formalizada en tres medidas significativas: se elevaron los impuestos de importación para productos agrícolas subsidiados en los mercados de origen, con lo cual, según cálculos del autor de la propuesta, el ministro de Agricultura de Brasil, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, se bloqueará el ingreso de estos productos por un monto superior a los mil millones de dólares anuales; se esbozó un acuerdo –dado por hecho por Cavallo y negado luego por el representante brasileño José Botafogo Gonçalves– destinado a poner en marcha desde septiembre próximo el libre comercio de automotores; y se resolvió formalizar un “grupo negociador” para entablar discusiones con Estados Unidos (la fórmula 4 + 1, ya defendida en los comienzos del Mercosur).

En este punto hubo más de un forcejeo. El primero fue en torno a la propuesta argentina de designar un representante común y permanente con cargo de “presidente coordinador”. Según una publicación brasileña, “Cavallo quería dar al presidente del grupo un status semejante al del comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, o del representante comercial estadounidense, Robert Zoellick”(4). El presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sorteó el conflicto con un doble movimiento: cedió a la exigencia de formar el grupo negociador, pero sostuvo que debería haber un titular rotativo, en coincidencia con el país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Además, propuso para el cargo al uruguayo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y amigo de Cardoso, quien completó la operación para bajar el perfil de la nueva instancia al declinar el título de “presidente coordinador” y postularse como “asesor general”. Citado por un diario brasileño, el canciller brasileño Celso Lafer “parece entender que esta concesión fue más nominal que real. El gobierno estadounidense, según él, difícilmente podrá abrir negociaciones en el corto plazo con el Mercosur” (5).

¿Se consolidó entonces el bloque regional? ¿Avanza América Latina hacia la confluencia de Mercosur y CAN? ¿Resolvió Argentina su ambivalencia y adoptó una línea definitiva de alianza estratégica con Brasil? Es improbable. La fuerza que impuso este curso en la coyuntura la expuso Cavallo sin tapujos: “Los mercados de Estados Unidos y Europa están muy cerrados. La negociación Mercosur-Europa y Mercosur-Estados Unidos es una herramienta muy eficaz. Podremos negociar cupos más amplios”(6). El ministro soslayó un dato más inmediato en relación con su ansiedad por abrir mercados: la amenaza, sutilmente explicitada en Asunción por Cardoso, de que Argentina pierda a Brasil como comprador: si no existiese el Mercosur, dijo Cardoso en una hipótesis retórica supuestamente enderezada a celebrar los diez años del bloque, “quizá Argentina no estaría comprando automóviles, autopiezas y tantos otros productos brasileños. Y tal vez Brasil no estaría importando petróleo, trigo y automóviles de Argentina”(7).

A la valoración casuística y economicista de un bloque regional por parte de Cavallo (“¡amplíennos el cupo!”), se contrapone la estrategia desplegada por Brasil: “En las condiciones actuales de la economía internacional –dijo Cardoso en su discurso– la integración es un imperativo. Como imperativo es el modelo de regionalismo abierto en el que se consolida el Mercosur”. Y agregó en inequívoca referencia al ALCA: “Dije y repito: el Mercosur es, para Brasil, un destino. Las opciones vienen después”(8).

Además de sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay, otros tres Presidentes seguían las palabras de Cardoso: Chávez, el chileno Ricardo Lagos y Joaquim Chissano de Mozambique. Cada uno desde diferentes ángulos prefiguraba con su presencia el curso objetivo de los acontecimientos: Chile encontró una muralla en su intento reciente de cerrar un acuerdo bilateral con Estados Unidos para integrarse al ALCA; Mozambique simboliza la proyección de Brasil hacia el continente africano y Venezuela es el otro punto de apoyo del eje sobre el que comenzó a girar, desde hace dos años, la política hemisférica. Argentina queda en posición excéntrica: las autoridades no saben cuáles son sus fronteras.

1. “Presidentes andinos sucribieron el Acta de Carabobo”, El Universal, Caracas, 24-6-01.
2. “Buscan vender el doble a EE.UU. y a Europa”, La Nación, Buenos Aires, 24-6-01. El funcionario citado por el artículo es Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica del ministerio de Economía.
3. “O Brasil preserva o Mercosul”, Editorial de O Estado de São Paulo, San Pablo 27-6-01.
4. Valor Econômico; www.mercosul.gov.br/resenha/
5. Ibid. “O Brasil preserva o Mercosul”.
6. Ibid. “Buscan vender el doble a EE.UU. y a Europa”.
7. Discurso de Fernando Henrique Cardoso en Asunción; www.mre.gov.br
8. Ibid.

 

Coincidente con la gravísima aceleración de la crisis económica y la amenaza de un colapso político, el arresto de Carlos Menem aparece como el símbolo del ocaso de dirigentes e instituciones, sin que a la vista aparezcan los recambios capaces de conquistar la voluntad ciudadana y afirmar un proyecto de país.

 

Toda una época de la política argentina quedó atrás en la mañana del 7 de junio, cuando con paso vacilante y gesto de presa acorralada el ex presidente Carlos Menem salió del despacho del juez que acababa de dictarle prisión. Cuarenta días después, el anuncio de un nuevo ajuste, la pulverización de la Alianza, el debilitamiento extremo del gobierno y el estado anímico de la ciudadanía reafirman en otro plano que el país ha cerrado un ciclo histórico. Pero ¿qué hay por delante? No se perciben signos inequívocos de lo que comienza. Sólo confusión, desmembramiento y parálisis de la totalidad de los partidos, como si la honda depresión económica invadiera el espíritu de gobernantes y opositores.

El país celebró la detención de Menem. Hubo un instante de alegría en las calles de Buenos Aires, desde hace tiempo capital de la hosquedad y la tristeza. Sonaron bocinas de automovilistas sonrientes y sin diferencia social se multiplicaron las expresiones de enfático respaldo a la posibilidad de que «vayan todos a la cárcel». Apenas unas 400 personas con ostensible ausencia de fervor daban vivas a Menem frente al tribunal, apremiados a gritar y golpear tambores por un puñado de individuos para cuya función la lengua de los argentinos encontró una palabra exacta en su neutra descripción: «punteros»(1).

Pero la noticia no abrió paso al optimismo; tuvo el efecto de un relámpago: mostró por un instante que hay signos de vida bajo el manto de oscuridad. Tras el destello volvió a imponerse una realidad perceptible en el rostro del ciudadano anónimo, aunque no faltan datos más rotundos: reaparición del accionar de grupos parapoliciales como el que recientemente secuestró y torturó a una hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; insólita embestida de la iglesia católica, que pretende retroceder más de un siglo para reimplantar la enseñanza religiosa en las escuelas; despidos masivos en todas las áreas; rebaja de salarios a quienes con temor aceptan cada día mayores exigencias para conservar el empleo…

Con todo, hay algo nuevo, revulsivo y trascendental en el hecho de que el hombre que ganó dos elecciones presidenciales y durante diez años encarnó un poder inatacable -puesto que provenía del voto popular y del maciso respaldo de los más poderosos grupos económicos locales y extranjeros- haya quedado solo, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que durante su mandato contrabandeó armas a Croacia y Ecuador por 100 millones de dólares, en flagrante violación del embargo decretado por las Naciones Unidas a la ex Yugoslavia y del protocolo de Río, del cual Argentina era uno de los garantes, en el caso del conflicto entre Perú y Ecuador. «Algo así como un Al Capone con banda presidencial y bastón de mando» disparó sin piedad ni memoria el más antiguo diario del país(2). Las figuras más relevantes del Partido Justicialista, formalmente presidido por Menem, le dieron ostensiblemente la espalda, al igual que las cúpulas sindicales. Y Peter Romero, secretario para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, no fue menos elocuente cuando dos días antes de que se dictara la prisión dijo públicamente: «no creo que (la detención de Menem) afecte a la democracia argentina»(3).

De hecho no hubo el menor signo de inestabilidad, aunque los acontecimientos en curso, sea cual sea su desenlace en el terreno judicial, equivalen a un terremoto político: en el camino a prisión Menem fue precedido por el ex jefe del ejército, general Martín Balza, el ex ministro de Defensa Erman González (quien también ocupó las carteras de Economía y de Trabajo) y Emir Yoma, cuñado y testaferro de Menem. Hay otros dos ex ministros, el de Relaciones Exteriores Guido Di Tella y el de Defensa, Oscar Camilión, procesados por la misma causa; y una larga lista de nombres distinguidos aguarda su turno en los expedientes del fiscal. Detrás, una docena de suicidios más que dudosos y oportunos accidentes fatales -entre los cuales la nunca aclarada muerte del propio hijo del ex Presidente al caer el helicóptero que piloteaba- amplían el arco de presunciones a otros rubros delictivos -tráfico de drogas en primer lugar- y la esfera de personas e instituciones involucradas(4). Con el arresto de Menem tambalea la certeza de impunidad y cunde el pánico: «hay motivos para imaginar que muchos hombres que hoy desempeñan funciones de gobierno en el país -ya sea en el orden nacional o en el provincial- sintieron que un escalofrío les recorría la espalda (…) en la intimidad (se formuló) esta audaz hipótesis: lo que se está produciendo en la Argentina es una suerte de golpe de Estado (…) ¿Un golpe de Estado? Sí, una suerte de mani pulite a la criolla»(5).

 

«¿Qui prodest?»

La identificación del mani pulite italiano con un golpe de Estado, en sí mismo reveladora, tiene para el caso argentino al menos un punto de apoyo: no son los partidos -mucho menos la ciudadanía- quienes pusieron en movimiento esta operación punitiva. Nadie supone que se trate de la decisión solitaria del juez Jorge Urso, peronista y designado por el propio Menem, él mismo sospechado de enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de sus funciones. Domingo Cavallo, uno de los ministros que firmara los decretos de exportación de armas que luego se revelarían falsos, no parece el más interesado en activar esa bomba de explosión retardada. Los principales dirigentes del peronismo, por grande que sea la necesidad de arrojar el lastre electoral que supone Menem, difícilmente colaborarían a colgar esta filosa espada sobre sus propias cabezas. Y quienes han seguido de cerca la gestión de De la Rúa en sus dieciocho meses de gobierno dudan que sea él quien dio el impulso inicial a este torbellino de enorme potencia destructiva.

«Qui prodest», la pregunta clásica en estos casos, no encuentra un sujeto único: circunscripta al círculo del ex presidente la operación podría dejar un enorme saldo ganancioso al gobierno. Pero el riesgo es demasiado alto. Sea como sea, está a la vista una operación tendiente a montarse sobre la ola e intentar capitalizar el extendido y muy profundo rechazo de la sociedad civil a las corruptas dirigencias políticas. Acompañado por al menos una gota de oxígeno para la economía, el mani pulite bajo control permitiría establecer una hegemonía hoy inexistente, que haga posible el ejercicio de gobierno, el control de la gravísima crisis social y la toma de decisiones perentorias en el terreno internacional, específicamente la que resuelva si el país rompe o no su alianza estratégica con Brasil y se encamina, como pretende Estados Unidos, hacia una integración al Area de Libre Comercio de las Américas en detrimento del Mercosur.

Nada de eso será posible sin antes neutralizar la fuerza centrífuga que deshace partidos y equipos de gobierno a velocidad descontrolada. Resolver la fractura de las clases dominantes es el prerrequisito para impedir que la crisis derive en colapso político. Y eso es lo que está en curso por estos días. Sin cuidado por las formas, a la misma hora en que Menem era detenido el presidente Fernando de la Rúa se reunía con quien fuera su rival peronista en las elecciones de 1999, Eduardo Duhalde, para hacerle en secreto una oferta que el ahora principal dirigente del Partido Justicialista aceptó: formar un gobierno de «unidad nacional» para afrontar la triple amenaza de la depresión económica, el debilitamiento extremo del gobierno central y el riesgo de colapso ante la segura derrota del oficialismo en los comicios del 14 de octubre próximo. El artífice de esta operación es el ministro de Economía Domingo Cavallo, el mismo que una década atrás produjo la ilusión de un país estable y próspero bajo la conducción de Menem.

 

Descomposición política

Es dudoso que esta operación de «unión nacional» tenga éxito. Pero sobre todo es incierto el signo que podría llegar a tener. El país viene de una experiencia que ha sumido a las mayorías en el pesimismo y el individualismo extremos. Franz Biberkopf, prototipo del hombre aniquilado por la crisis social en la Alemania prefascista de la novela «Berlin Alexanderplatz», camina por las calles de Buenos Aires. Fue gestado menos por la calamidad económica que por la ausencia reiterada de respuesta política con horizonte. La secuencia y el ritmo son brutales: tras la dictadura militar la voluntad ciudadana dio la espalda al peronismo que había votado en 1973, puso su expectativa en la Unión Cívica Radical (UCR) y en 1983 llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín. Hubo una fugaz primavera, pero la herencia era demasiado pesada y nula la capacidad del partido gobernante. La cadena de frustración y desengaño culminaría con una hiperinflación que junto con los ingresos de los asalariados y las clases medias licuó la esperanza de un país que vivió con alegría y compromiso el fin de la dictadura. Sólo en ese estado de decepción era imaginable el triunfo de un elenco encabezado por un personaje de opereta al que ahora se califica como Al Capone con bastón de mando. Luego de otros dos picos hiperinlfacionarios que completaron la obra de devastación económica y moral de las mayorías, vinieron Cavallo y la estabilidad. El despertar llegó cuatro años después bajo la forma de recesión y aceleración a cielo abierto de la corrupción. Ocurrió entonces que una minúscula coalición de izquierda, denominada Frente del Sur y personificada en un cineasta de militancia peronista, Fernando Solanas, fue avistada como la ansiada «alternativa» frente al bipartidismo tradicional. Se aceleraron los tiempos y el Frente del Sur convergió con desprendimientos peronistas y dio nacimiento al Frente Grande. Solanas retornó al cine y su lugar lo ocuparon Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide. Luego el Frente Grande se fusionó con una fracción del PJ y se transformó en Frente País Solidario (Frepaso), el cual con José Bordón como candidato presidencial rozó la victoria electoral en 1995. Acto seguido Bordón renunció a la coalición y volvió al PJ. Alvarez recuperó el mando y la señora Fernández Meijide -madre de un adolescente desaparecido bajo la dictadura- se elevó al sitial de símbolo de lucha contra contra la corrupción. Apenas dos años más tarde, en un giro insólito para sus adherentes, el Frepaso se unió a la UCR y marchó a las elecciones de 1999 con Fernando de la Rúa, ala derecha de la UCR, y Carlos Alvarez del Frepaso, como candidatos a presidente y vice. Puesta ante la opción del mal menor, la mayoría ciudadana votó contra dos nombres suficientemente conocidos: Duhalde y Cavallo. Mientras tanto, la Alianza había asumido la política económica del gobierno que reemplazaría y, en consecuencia, al día siguiente de asumir adoptó las medidas que ésta requería: aumento de impuestos a las clases medias, rebaja de salarios, aceleración del endeudamiento. En un giro impensado de esta dinámica, a mediados de 2000 Carlos Alvarez propició el ingreso de Cavallo al gobierno y, acto seguido, renunció a la vicepresidencia, para abandonar meses después su militancia en el Frepaso. Fernández Meijide se eclipsó hasta renunciar al ministerio de Bienestar Social acosada por escándalos de corrupción y dislates políticos. Ya en el curso de 2001, a la reiteración de ajustes con inmediato efecto recesivo se sumó la renuncia de dos ministros de economía en 15 días y el colofón: la asunción del cargo por Domingo Cavallo. En esta carrera hacia el abismo el movimiento sindical se fracturó sólo para sumarse a las propuestas políticas descriptas con el obvio saldo actual: la Central General de Trabajadores (CGT) original, fiel soporte de Menem durante su gobierno, se alínea ahora con Cavallo; una fracción de ésta, denominada CGT disidente, hace ostentación opositora en connivencia con Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf, quien esgrime un discurso xenófobo y tiene como panacea «meter bala» a la delincuencia que crece en espiral en su distrito; y una escuálida estructura limitada a empleados públicos (estatales y docentes), la Central de Trabajadores Argentinos, que integra la Alianza gobernante y hace paro tras paro contra ella al lado de la CGT disidente.

En este punto, la revelación del vaciamiento por parte de sus propietarios españoles de una empresa súbitamente transformada en símbolo nacional, Aerolíneas Argentinas, ha obrado como catalizador y detonante de un cambio en el espíritu colectivo, que ahora acusa a la «globalización» y el «neoliberalismo» por el desastre nacional y esboza un giro hacia expresiones nacionalistas. Ese vuelco es el que transformó a Menem en reo y a su antiguo ministro de Economía en último madero al que se aferra el sistema político.

 

Desestabilización

Madero frágil, por cierto. Tras el canje de deuda y el conjunto de medidas económicas anunciadas por Cavallo, lo que estaba planificado como respiro para el sector externo y reactivación de la economía, se reveló en pocas semanas como un nuevo empantanamiento. Una de las medidas adoptadas por Cavallo parece ser la causa del voto negativo que los centros financieros internacionales y locales emiten diariamente contra los intentos del ministro: el llamado «factor de empalme», una devaluación efectiva del peso disfrazada con el adelanto de la doble convertibilidad contra el texto de la ley que prescribe su punto de partida en el hipotético momento en que el euro se cotice en paridad con el dólar.

Con el «factor empalme» se puso fin a diez años de convertibilidad del peso en paridad 1 por 1 con el dólar. Ya es una proeza que al aflojar el cinturón de acero que durante una década sostuvo artificialmente el precio de la moneda nacional, ésta no se haya disparado fuera de control. Pero hay consenso general en que el 8% de devaluación limitada al sector externo es a la vez insuficiente en porcentaje e imposible de circunscribir a exportaciones e importaciones. Las voces más mesuradas, dentro y fuera del país, consideran que la moneda debiera depreciarse como mínimo un 30%. Otros cálculos multiplican ese porcentaje en tres, cuatro y más veces.

Un sector del establishment y sus economistas ultraortodoxos acentúan hoy su voluntad de dar lugar a una devaluación que permita bajar salarios y precios relativos y congelar el nuevo cuadro resultante mediante una simultánea dolarización. Cavallo reconoce la imposibilidad de mantener la sobrevaluación del peso, pero hasta el momento se ha mostrado contrario a la dolarización (pese a que no hace mucho tiempo, como asesor del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, la propuso para aquel país) y se muestra empeñado en una recomposición del poder político en torno a su plan de reactivación.

El grado de confrontación entre ambos bandos ha llegado a límites extremos: Cavallo acusó a los economistas del CEMA (centro al que pertenece el ex ministro de Economía Roque Fernández) de «infames traidores a la Patria»; y éstos replicaron calificando al ministro de «oxidado y obsoleto».

En medio de una ola de rumores que llegó al punto de obligar a De la Rúa a desmentir la renuncia de su ministro de Economía, los capitales reiniciaron un nervioso movimiento de retirada y, en pocos días, obligaron a Cavallo a anunciar un ajuste objetivamente confrontado con todas las expresiones públicas del ministro respecto de la necesidad de reactivar la economía.

Al cierre de esta nota, mediodía del 12-7-01, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 13%, mientras los centros financieros aumentaron el «riesgo país» hasta hacerlo llegar a 1500 puntos. Es la fuga del peso al dólar y de éste hacia fuera del circuito. El malestar social amenaza con estallidos. Los empleados estatales enfrentan el anuncio de reducción salarial con una huelga por tiempo indeterminado. Los piqueteros se proponen rechazar la disminución de los planes trabajar en 35 mil puestos con cortes generalizados de calles y rutas y el bloqueo a la Capital Federal. La diputada Elisa Carrió sostuvo que «estamos en el final» y pidió serenidad dado que un rechazo violento al ajuste sería «funcional a la reconducción del régimen por métodos fascistas». Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Carlos Reuteman se negaron a opinar sobre las nuevas medidas: son el ala del Partido Justicialista que con o sin Cavallo y De la Rúa se proponen usufructuar la crisis. La inestabilidad económica toma como nunca carácter de inestabilidad política.

Menem arrestado simboliza el fin de una época. De la Rúa paralizado encarna el fracaso de la Alianza para configurar los rasgos de la que se inicia. Cavallo acorralado patentiza la imposibilidad de dar continuidad a la política económica aplicada durante la última década sin el recurso de la fuerza en escala tal que excede el marco del régimen constitucional. Raúl Alfonsín y las hilachas de la Alianza que lo siguen emitieron un comunicado que lo ubica contra el plan anunciado y propone «construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas a fin de elaborar un conjunto de propuestas que, basadas en la equidad distributiva, den respuesta a esta crisis financiera, económica y social». La propia formulación en medio del cataclismo evidencia la distancia entre el requerimiento de la realidad y la vitalidad de las antiguas dirigencias. La crisis se precipita. El futuro está abierto y a la espera de una respuesta que demora en hacerse escuchar.

1. Asalariado de un partido para cumplir funciones de contacto y articulación con la población ante elecciones u otras exigencias del accionar político.
2. Bartolomé de Vedia, «El espejo Menem», La Nación, Buenos Aires, 10-6-01.
3. María O´Donnell, «Si Menem va preso la democracia no se verá afectada»; La Nación, Buenos Aires 6-6-01.
4. Una explosión de una fábrica de armas en la localidad de Río Tercero (Córdoba), el 3 de noviembre de 1995, produjo 7 muertes y 300 heridos, ha sido conectada por el fiscal Carlos Stornelli con la venta ilegal de armas: con este atentado se habría tratado de destruir pruebas.
5. Bartolomé de Vedia, Ibíd.