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Coincidente con la gravísima aceleración de la crisis económica y la amenaza de un colapso político, el arresto de Carlos Menem aparece como el símbolo del ocaso de dirigentes e instituciones, sin que a la vista aparezcan los recambios capaces de conquistar la voluntad ciudadana y afirmar un proyecto de país.

Toda una época de la política argentina quedó atrás en la mañana del 7 de junio, cuando con paso vacilante y gesto de presa acorralada el ex presidente Carlos Menem salió del despacho del juez que acababa de dictarle prisión. Cuarenta días después, el anuncio de un nuevo ajuste, la pulverización de la Alianza, el debilitamiento extremo del gobierno y el estado anímico de la ciudadanía reafirman en otro plano que el país ha cerrado un ciclo histórico. Pero ¿qué hay por delante? No se perciben signos inequívocos de lo que comienza. Sólo confusión, desmembramiento y parálisis de la totalidad de los partidos, como si la honda depresión económica invadiera el espíritu de gobernantes y opositores.

El país celebró la detención de Menem. Hubo un instante de alegría en las calles de Buenos Aires, desde hace tiempo capital de la hosquedad y la tristeza. Sonaron bocinas de automovilistas sonrientes y sin diferencia social se multiplicaron las expresiones de enfático respaldo a la posibilidad de que «vayan todos a la cárcel». Apenas unas 400 personas con ostensible ausencia de fervor daban vivas a Menem frente al tribunal, apremiados a gritar y golpear tambores por un puñado de individuos para cuya función la lengua de los argentinos encontró una palabra exacta en su neutra descripción: «punteros»(1).

Pero la noticia no abrió paso al optimismo; tuvo el efecto de un relámpago: mostró por un instante que hay signos de vida bajo el manto de oscuridad. Tras el destello volvió a imponerse una realidad perceptible en el rostro del ciudadano anónimo, aunque no faltan datos más rotundos: reaparición del accionar de grupos parapoliciales como el que recientemente secuestró y torturó a una hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; insólita embestida de la iglesia católica, que pretende retroceder más de un siglo para reimplantar la enseñanza religiosa en las escuelas; despidos masivos en todas las áreas; rebaja de salarios a quienes con temor aceptan cada día mayores exigencias para conservar el empleo…

Con todo, hay algo nuevo, revulsivo y trascendental en el hecho de que el hombre que ganó dos elecciones presidenciales y durante diez años encarnó un poder inatacable -puesto que provenía del voto popular y del maciso respaldo de los más poderosos grupos económicos locales y extranjeros- haya quedado solo, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que durante su mandato contrabandeó armas a Croacia y Ecuador por 100 millones de dólares, en flagrante violación del embargo decretado por las Naciones Unidas a la ex Yugoslavia y del protocolo de Río, del cual Argentina era uno de los garantes, en el caso del conflicto entre Perú y Ecuador. «Algo así como un Al Capone con banda presidencial y bastón de mando» disparó sin piedad ni memoria el más antiguo diario del país(2). Las figuras más relevantes del Partido Justicialista, formalmente presidido por Menem, le dieron ostensiblemente la espalda, al igual que las cúpulas sindicales. Y Peter Romero, secretario para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, no fue menos elocuente cuando dos días antes de que se dictara la prisión dijo públicamente: «no creo que (la detención de Menem) afecte a la democracia argentina»(3).

De hecho no hubo el menor signo de inestabilidad, aunque los acontecimientos en curso, sea cual sea su desenlace en el terreno judicial, equivalen a un terremoto político: en el camino a prisión Menem fue precedido por el ex jefe del ejército, general Martín Balza, el ex ministro de Defensa Erman González (quien también ocupó las carteras de Economía y de Trabajo) y Emir Yoma, cuñado y testaferro de Menem. Hay otros dos ex ministros, el de Relaciones Exteriores Guido Di Tella y el de Defensa, Oscar Camilión, procesados por la misma causa; y una larga lista de nombres distinguidos aguarda su turno en los expedientes del fiscal. Detrás, una docena de suicidios más que dudosos y oportunos accidentes fatales -entre los cuales la nunca aclarada muerte del propio hijo del ex Presidente al caer el helicóptero que piloteaba- amplían el arco de presunciones a otros rubros delictivos -tráfico de drogas en primer lugar- y la esfera de personas e instituciones involucradas(4). Con el arresto de Menem tambalea la certeza de impunidad y cunde el pánico: «hay motivos para imaginar que muchos hombres que hoy desempeñan funciones de gobierno en el país -ya sea en el orden nacional o en el provincial- sintieron que un escalofrío les recorría la espalda (…) en la intimidad (se formuló) esta audaz hipótesis: lo que se está produciendo en la Argentina es una suerte de golpe de Estado (…) ¿Un golpe de Estado? Sí, una suerte de mani pulite a la criolla»(5).

«¿Qui prodest?»

La identificación del mani pulite italiano con un golpe de Estado, en sí mismo reveladora, tiene para el caso argentino al menos un punto de apoyo: no son los partidos -mucho menos la ciudadanía- quienes pusieron en movimiento esta operación punitiva. Nadie supone que se trate de la decisión solitaria del juez Jorge Urso, peronista y designado por el propio Menem, él mismo sospechado de enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de sus funciones. Domingo Cavallo, uno de los ministros que firmara los decretos de exportación de armas que luego se revelarían falsos, no parece el más interesado en activar esa bomba de explosión retardada. Los principales dirigentes del peronismo, por grande que sea la necesidad de arrojar el lastre electoral que supone Menem, difícilmente colaborarían a colgar esta filosa espada sobre sus propias cabezas. Y quienes han seguido de cerca la gestión de De la Rúa en sus dieciocho meses de gobierno dudan que sea él quien dio el impulso inicial a este torbellino de enorme potencia destructiva.

«Qui prodest», la pregunta clásica en estos casos, no encuentra un sujeto único: circunscripta al círculo del ex presidente la operación podría dejar un enorme saldo ganancioso al gobierno. Pero el riesgo es demasiado alto. Sea como sea, está a la vista una operación tendiente a montarse sobre la ola e intentar capitalizar el extendido y muy profundo rechazo de la sociedad civil a las corruptas dirigencias políticas. Acompañado por al menos una gota de oxígeno para la economía, el mani pulite bajo control permitiría establecer una hegemonía hoy inexistente, que haga posible el ejercicio de gobierno, el control de la gravísima crisis social y la toma de decisiones perentorias en el terreno internacional, específicamente la que resuelva si el país rompe o no su alianza estratégica con Brasil y se encamina, como pretende Estados Unidos, hacia una integración al Area de Libre Comercio de las Américas en detrimento del Mercosur.

Nada de eso será posible sin antes neutralizar la fuerza centrífuga que deshace partidos y equipos de gobierno a velocidad descontrolada. Resolver la fractura de las clases dominantes es el prerrequisito para impedir que la crisis derive en colapso político. Y eso es lo que está en curso por estos días. Sin cuidado por las formas, a la misma hora en que Menem era detenido el presidente Fernando de la Rúa se reunía con quien fuera su rival peronista en las elecciones de 1999, Eduardo Duhalde, para hacerle en secreto una oferta que el ahora principal dirigente del Partido Justicialista aceptó: formar un gobierno de «unidad nacional» para afrontar la triple amenaza de la depresión económica, el debilitamiento extremo del gobierno central y el riesgo de colapso ante la segura derrota del oficialismo en los comicios del 14 de octubre próximo. El artífice de esta operación es el ministro de Economía Domingo Cavallo, el mismo que una década atrás produjo la ilusión de un país estable y próspero bajo la conducción de Menem.

Descomposición política

Es dudoso que esta operación de «unión nacional» tenga éxito. Pero sobre todo es incierto el signo que podría llegar a tener. El país viene de una experiencia que ha sumido a las mayorías en el pesimismo y el individualismo extremos. Franz Biberkopf, prototipo del hombre aniquilado por la crisis social en la Alemania prefascista de la novela «Berlin Alexanderplatz», camina por las calles de Buenos Aires. Fue gestado menos por la calamidad económica que por la ausencia reiterada de respuesta política con horizonte. La secuencia y el ritmo son brutales: tras la dictadura militar la voluntad ciudadana dio la espalda al peronismo que había votado en 1973, puso su expectativa en la Unión Cívica Radical (UCR) y en 1983 llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín. Hubo una fugaz primavera, pero la herencia era demasiado pesada y nula la capacidad del partido gobernante. La cadena de frustración y desengaño culminaría con una hiperinflación que junto con los ingresos de los asalariados y las clases medias licuó la esperanza de un país que vivió con alegría y compromiso el fin de la dictadura. Sólo en ese estado de decepción era imaginable el triunfo de un elenco encabezado por un personaje de opereta al que ahora se califica como Al Capone con bastón de mando. Luego de otros dos picos hiperinlfacionarios que completaron la obra de devastación económica y moral de las mayorías, vinieron Cavallo y la estabilidad. El despertar llegó cuatro años después bajo la forma de recesión y aceleración a cielo abierto de la corrupción. Ocurrió entonces que una minúscula coalición de izquierda, denominada Frente del Sur y personificada en un cineasta de militancia peronista, Fernando Solanas, fue avistada como la ansiada «alternativa» frente al bipartidismo tradicional. Se aceleraron los tiempos y el Frente del Sur convergió con desprendimientos peronistas y dio nacimiento al Frente Grande. Solanas retornó al cine y su lugar lo ocuparon Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide. Luego el Frente Grande se fusionó con una fracción del PJ y se transformó en Frente País Solidario (Frepaso), el cual con José Bordón como candidato presidencial rozó la victoria electoral en 1995. Acto seguido Bordón renunció a la coalición y volvió al PJ. Alvarez recuperó el mando y la señora Fernández Meijide -madre de un adolescente desaparecido bajo la dictadura- se elevó al sitial de símbolo de lucha contra contra la corrupción. Apenas dos años más tarde, en un giro insólito para sus adherentes, el Frepaso se unió a la UCR y marchó a las elecciones de 1999 con Fernando de la Rúa, ala derecha de la UCR, y Carlos Alvarez del Frepaso, como candidatos a presidente y vice. Puesta ante la opción del mal menor, la mayoría ciudadana votó contra dos nombres suficientemente conocidos: Duhalde y Cavallo. Mientras tanto, la Alianza había asumido la política económica del gobierno que reemplazaría y, en consecuencia, al día siguiente de asumir adoptó las medidas que ésta requería: aumento de impuestos a las clases medias, rebaja de salarios, aceleración del endeudamiento. En un giro impensado de esta dinámica, a mediados de 2000 Carlos Alvarez propició el ingreso de Cavallo al gobierno y, acto seguido, renunció a la vicepresidencia, para abandonar meses después su militancia en el Frepaso. Fernández Meijide se eclipsó hasta renunciar al ministerio de Bienestar Social acosada por escándalos de corrupción y dislates políticos. Ya en el curso de 2001, a la reiteración de ajustes con inmediato efecto recesivo se sumó la renuncia de dos ministros de economía en 15 días y el colofón: la asunción del cargo por Domingo Cavallo. En esta carrera hacia el abismo el movimiento sindical se fracturó sólo para sumarse a las propuestas políticas descriptas con el obvio saldo actual: la Central General de Trabajadores (CGT) original, fiel soporte de Menem durante su gobierno, se alínea ahora con Cavallo; una fracción de ésta, denominada CGT disidente, hace ostentación opositora en connivencia con Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf, quien esgrime un discurso xenófobo y tiene como panacea «meter bala» a la delincuencia que crece en espiral en su distrito; y una escuálida estructura limitada a empleados públicos (estatales y docentes), la Central de Trabajadores Argentinos, que integra la Alianza gobernante y hace paro tras paro contra ella al lado de la CGT disidente.

En este punto, la revelación del vaciamiento por parte de sus propietarios españoles de una empresa súbitamente transformada en símbolo nacional, Aerolíneas Argentinas, ha obrado como catalizador y detonante de un cambio en el espíritu colectivo, que ahora acusa a la «globalización» y el «neoliberalismo» por el desastre nacional y esboza un giro hacia expresiones nacionalistas. Ese vuelco es el que transformó a Menem en reo y a su antiguo ministro de Economía en último madero al que se aferra el sistema político.

Desestabilización

Madero frágil, por cierto. Tras el canje de deuda y el conjunto de medidas económicas anunciadas por Cavallo, lo que estaba planificado como respiro para el sector externo y reactivación de la economía, se reveló en pocas semanas como un nuevo empantanamiento. Una de las medidas adoptadas por Cavallo parece ser la causa del voto negativo que los centros financieros internacionales y locales emiten diariamente contra los intentos del ministro: el llamado «factor de empalme», una devaluación efectiva del peso disfrazada con el adelanto de la doble convertibilidad contra el texto de la ley que prescribe su punto de partida en el hipotético momento en que el euro se cotice en paridad con el dólar.

Con el «factor empalme» se puso fin a diez años de convertibilidad del peso en paridad 1 por 1 con el dólar. Ya es una proeza que al aflojar el cinturón de acero que durante una década sostuvo artificialmente el precio de la moneda nacional, ésta no se haya disparado fuera de control. Pero hay consenso general en que el 8% de devaluación limitada al sector externo es a la vez insuficiente en porcentaje e imposible de circunscribir a exportaciones e importaciones. Las voces más mesuradas, dentro y fuera del país, consideran que la moneda debiera depreciarse como mínimo un 30%. Otros cálculos multiplican ese porcentaje en tres, cuatro y más veces.

Un sector del establishment y sus economistas ultraortodoxos acentúan hoy su voluntad de dar lugar a una devaluación que permita bajar salarios y precios relativos y congelar el nuevo cuadro resultante mediante una simultánea dolarización. Cavallo reconoce la imposibilidad de mantener la sobrevaluación del peso, pero hasta el momento se ha mostrado contrario a la dolarización (pese a que no hace mucho tiempo, como asesor del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, la propuso para aquel país) y se muestra empeñado en una recomposición del poder político en torno a su plan de reactivación.

El grado de confrontación entre ambos bandos ha llegado a límites extremos: Cavallo acusó a los economistas del CEMA (centro al que pertenece el ex ministro de Economía Roque Fernández) de «infames traidores a la Patria»; y éstos replicaron calificando al ministro de «oxidado y obsoleto».

En medio de una ola de rumores que llegó al punto de obligar a De la Rúa a desmentir la renuncia de su ministro de Economía, los capitales reiniciaron un nervioso movimiento de retirada y, en pocos días, obligaron a Cavallo a anunciar un ajuste objetivamente confrontado con todas las expresiones públicas del ministro respecto de la necesidad de reactivar la economía.

Al cierre de esta nota, mediodía del 12-7-01, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 13%, mientras los centros financieros aumentaron el «riesgo país» hasta hacerlo llegar a 1500 puntos. Es la fuga del peso al dólar y de éste hacia fuera del circuito. El malestar social amenaza con estallidos. Los empleados estatales enfrentan el anuncio de reducción salarial con una huelga por tiempo indeterminado. Los piqueteros se proponen rechazar la disminución de los planes trabajar en 35 mil puestos con cortes generalizados de calles y rutas y el bloqueo a la Capital Federal. La diputada Elisa Carrió sostuvo que «estamos en el final» y pidió serenidad dado que un rechazo violento al ajuste sería «funcional a la reconducción del régimen por métodos fascistas». Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Carlos Reuteman se negaron a opinar sobre las nuevas medidas: son el ala del Partido Justicialista que con o sin Cavallo y De la Rúa se proponen usufructuar la crisis. La inestabilidad económica toma como nunca carácter de inestabilidad política.

Menem arrestado simboliza el fin de una época. De la Rúa paralizado encarna el fracaso de la Alianza para configurar los rasgos de la que se inicia. Cavallo acorralado patentiza la imposibilidad de dar continuidad a la política económica aplicada durante la última década sin el recurso de la fuerza en escala tal que excede el marco del régimen constitucional. Raúl Alfonsín y las hilachas de la Alianza que lo siguen emitieron un comunicado que lo ubica contra el plan anunciado y propone «construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas a fin de elaborar un conjunto de propuestas que, basadas en la equidad distributiva, den respuesta a esta crisis financiera, económica y social». La propia formulación en medio del cataclismo evidencia la distancia entre el requerimiento de la realidad y la vitalidad de las antiguas dirigencias. La crisis se precipita. El futuro está abierto y a la espera de una respuesta que demora en hacerse escuchar.

1. Asalariado de un partido para cumplir funciones de contacto y articulación con la población ante elecciones u otras exigencias del accionar político.
2. Bartolomé de Vedia, «El espejo Menem», La Nación, Buenos Aires, 10-6-01.
3. María O´Donnell, «Si Menem va preso la democracia no se verá afectada»; La Nación, Buenos Aires 6-6-01.
4. Una explosión de una fábrica de armas en la localidad de Río Tercero (Córdoba), el 3 de noviembre de 1995, produjo 7 muertes y 300 heridos, ha sido conectada por el fiscal Carlos Stornelli con la venta ilegal de armas: con este atentado se habría tratado de destruir pruebas.
5. Bartolomé de Vedia, Ibíd.

Inexorable como la lluvia, la dinámica económica borra fronteras para trazar otras nuevas. Combinados la coyuntura mundial de retracción económica y los efectos de fuerzas centrífugas gestadas por el choque de intereses, la creación de instancias supranacionales se impone por sobre la voluntad de quienes empuñan las palancas de comando y diseña un mapa político marcadamente diferente del procurado por estrategas y gobernantes. Así, el Mercosur llegó a un acuerdo para negociar en bloque con Estados Unidos y la Unión Europea.

Entre el 21 y el 24 del pasado mes de junio se reunieron los Presidentes de dos bloques regionales sudamericanos, el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia). La búsqueda de paliativos inmediatos para la crisis de sus economías nacionales privó por sobre consideraciones políticas y estratégicas y, en el caso de Argentina, les cambió el rumbo. Una excepción fue el presidente venezolano, Hugo Chávez, quien asistió al cónclave del Mercosur en Asunción como invitado; dos días después actuó como anfitrión de los presidentes de la CAN en Valencia y en las dos tribunas abogó por un objetivo más ambicioso que una mejora en el intercambio comercial: “Debemos empezar a pensar, a trabajar, para crear –ojalá podamos hacerlo en la primera década de este siglo– una unión de naciones bolivarianas en Sudamérica, mucho más allá de los convenios comerciales. Se trata de política; un bloque de fuerza; el mundo marcha en esa dirección”(1).

Las dos reuniones dejaron un saldo simétrico: por sobre las crudas disputas entre los componentes, la necesidad con su cara de hereje exige fortalecer mecanismos regionales para aumentar el intercambio, pero sobre todo para presentarse como bloque capaz de negociar en mejores términos con Estados Unidos y la Unión Europea. En palabras de un funcionario argentino: “Negociando país por país somos muy chiquititos. Con el bloque, la idea es llegar a un acuerdo para decirles: ‘Señores, dennos un poco más, amplíennos el cupo’”(2).

¡Dennos un poco más! Por cierto no es el grito de Bolívar, la enseña de San Martín, ni la proclama de Martí. Con todo, a tono con los tiempos y sus protagonistas destacados, he allí un clamor unificante. Con ese punto como mínimo común denominador, el Mercosur sorteó una encrucijada que lo amenazaba de muerte, en tanto la CAN reafirmó, en el Acta de Carabobo, una línea de acción que bajo la fórmula ritual de “enfrentar la pobreza y el narcotráfico y fortalecer la integración regional” acelera en dirección a una unión aduanera. Más aun: en ambos encuentros estuvo planteada la combinación y convergencia de los bloques, precisamente con el objetivo de afrontar desde una posición más sólida el desafío planteado por la exigencia estadounidense: la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

Frágil acuerdo

En Asunción no hubo acuerdos de fondo. Pero, como señala un editorial de un diario paulista, “No retroceder es una gran hazaña en ciertas situaciones”(3). La ostensible divergencia entre Brasil y Argentina tuvo un punto de máxima tensión en los días previos a la reunión en la capital paraguaya. Pero la fuerza centrípeta pudo más: “El bloque se mantiene como unión aduanera, a pesar de los esfuerzos del ministro argentino de Economía, Domingo Cavallo, por llevarlo hacia atrás, a la condición de área de libre comercio”, sigue diciendo el editorial, que agrega: “Del lado brasileño se continúa concibiendo el Mercosur como un proyecto colectivo de inserción en la economía mundial. Ésa fue la noción original de los creadores del bloque. De parte de Argentina, los compromisos con el bloque se muestran cada vez más frágiles: serían fácilmente puestos en jaque si fuese menor su dependencia comercial en relación con Brasil”. Nada es definitivo y ni siquiera estable por estos días en la política argentina. Sin embargo, en Asunción el Presidente De la Rúa y su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, enfatizaron el compromiso con el Mercosur. Cavallo, por su parte, pareció girar en redondo y disponerse no sólo a ratificar el bloque, sino a utilizarlo como plataforma personal, no ya para llevar a cabo su promesa de reactivación económica, sino para proyectarse como líder político regional.

El saldo fue entonces la revigorización del Mercosur, formalizada en tres medidas significativas: se elevaron los impuestos de importación para productos agrícolas subsidiados en los mercados de origen, con lo cual, según cálculos del autor de la propuesta, el ministro de Agricultura de Brasil, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, se bloqueará el ingreso de estos productos por un monto superior a los mil millones de dólares anuales; se esbozó un acuerdo –dado por hecho por Cavallo y negado luego por el representante brasileño José Botafogo Gonçalves– destinado a poner en marcha desde septiembre próximo el libre comercio de automotores; y se resolvió formalizar un “grupo negociador” para entablar discusiones con Estados Unidos (la fórmula 4 + 1, ya defendida en los comienzos del Mercosur).

En este punto hubo más de un forcejeo. El primero fue en torno a la propuesta argentina de designar un representante común y permanente con cargo de “presidente coordinador”. Según una publicación brasileña, “Cavallo quería dar al presidente del grupo un status semejante al del comisario de comercio de la UE, Pascal Lamy, o del representante comercial estadounidense, Robert Zoellick”(4). El presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso sorteó el conflicto con un doble movimiento: cedió a la exigencia de formar el grupo negociador, pero sostuvo que debería haber un titular rotativo, en coincidencia con el país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Además, propuso para el cargo al uruguayo Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y amigo de Cardoso, quien completó la operación para bajar el perfil de la nueva instancia al declinar el título de “presidente coordinador” y postularse como “asesor general”. Citado por un diario brasileño, el canciller brasileño Celso Lafer “parece entender que esta concesión fue más nominal que real. El gobierno estadounidense, según él, difícilmente podrá abrir negociaciones en el corto plazo con el Mercosur” (5).

¿Se consolidó entonces el bloque regional? ¿Avanza América Latina hacia la confluencia de Mercosur y CAN? ¿Resolvió Argentina su ambivalencia y adoptó una línea definitiva de alianza estratégica con Brasil? Es improbable. La fuerza que impuso este curso en la coyuntura la expuso Cavallo sin tapujos: “Los mercados de Estados Unidos y Europa están muy cerrados. La negociación Mercosur-Europa y Mercosur-Estados Unidos es una herramienta muy eficaz. Podremos negociar cupos más amplios”(6). El ministro soslayó un dato más inmediato en relación con su ansiedad por abrir mercados: la amenaza, sutilmente explicitada en Asunción por Cardoso, de que Argentina pierda a Brasil como comprador: si no existiese el Mercosur, dijo Cardoso en una hipótesis retórica supuestamente enderezada a celebrar los diez años del bloque, “quizá Argentina no estaría comprando automóviles, autopiezas y tantos otros productos brasileños. Y tal vez Brasil no estaría importando petróleo, trigo y automóviles de Argentina”(7).

A la valoración casuística y economicista de un bloque regional por parte de Cavallo (“¡amplíennos el cupo!”), se contrapone la estrategia desplegada por Brasil: “En las condiciones actuales de la economía internacional –dijo Cardoso en su discurso– la integración es un imperativo. Como imperativo es el modelo de regionalismo abierto en el que se consolida el Mercosur”. Y agregó en inequívoca referencia al ALCA: “Dije y repito: el Mercosur es, para Brasil, un destino. Las opciones vienen después”(8).

Además de sus pares de Argentina, Paraguay y Uruguay, otros tres Presidentes seguían las palabras de Cardoso: Chávez, el chileno Ricardo Lagos y Joaquim Chissano de Mozambique. Cada uno desde diferentes ángulos prefiguraba con su presencia el curso objetivo de los acontecimientos: Chile encontró una muralla en su intento reciente de cerrar un acuerdo bilateral con Estados Unidos para integrarse al ALCA; Mozambique simboliza la proyección de Brasil hacia el continente africano y Venezuela es el otro punto de apoyo del eje sobre el que comenzó a girar, desde hace dos años, la política hemisférica. Argentina queda en posición excéntrica: las autoridades no saben cuáles son sus fronteras.

1. “Presidentes andinos sucribieron el Acta de Carabobo”, El Universal, Caracas, 24-6-01.
2. “Buscan vender el doble a EE.UU. y a Europa”, La Nación, Buenos Aires, 24-6-01. El funcionario citado por el artículo es Federico Sturzenegger, secretario de Política Económica del ministerio de Economía.
3. “O Brasil preserva o Mercosul”, Editorial de O Estado de São Paulo, San Pablo 27-6-01.
4. Valor Econômico; www.mercosul.gov.br/resenha/
5. Ibid. “O Brasil preserva o Mercosul”.
6. Ibid. “Buscan vender el doble a EE.UU. y a Europa”.
7. Discurso de Fernando Henrique Cardoso en Asunción; www.mre.gov.br
8. Ibid.

Coincidente con la gravísima aceleración de la crisis económica y la amenaza de un colapso político, el arresto de Carlos Menem aparece como el símbolo del ocaso de dirigentes e instituciones, sin que a la vista aparezcan los recambios capaces de conquistar la voluntad ciudadana y afirmar un proyecto de país.

Toda una época de la política argentina quedó atrás en la mañana del 7 de junio, cuando con paso vacilante y gesto de presa acorralada el ex presidente Carlos Menem salió del despacho del juez que acababa de dictarle prisión. Cuarenta días después, el anuncio de un nuevo ajuste, la pulverización de la Alianza, el debilitamiento extremo del gobierno y el estado anímico de la ciudadanía reafirman en otro plano que el país ha cerrado un ciclo histórico. Pero ¿qué hay por delante? No se perciben signos inequívocos de lo que comienza. Sólo confusión, desmembramiento y parálisis de la totalidad de los partidos, como si la honda depresión económica invadiera el espíritu de gobernantes y opositores.

El país celebró la detención de Menem. Hubo un instante de alegría en las calles de Buenos Aires, desde hace tiempo capital de la hosquedad y la tristeza. Sonaron bocinas de automovilistas sonrientes y sin diferencia social se multiplicaron las expresiones de enfático respaldo a la posibilidad de que «vayan todos a la cárcel». Apenas unas 400 personas con ostensible ausencia de fervor daban vivas a Menem frente al tribunal, apremiados a gritar y golpear tambores por un puñado de individuos para cuya función la lengua de los argentinos encontró una palabra exacta en su neutra descripción: «punteros»(1).

Pero la noticia no abrió paso al optimismo; tuvo el efecto de un relámpago: mostró por un instante que hay signos de vida bajo el manto de oscuridad. Tras el destello volvió a imponerse una realidad perceptible en el rostro del ciudadano anónimo, aunque no faltan datos más rotundos: reaparición del accionar de grupos parapoliciales como el que recientemente secuestró y torturó a una hija de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo; insólita embestida de la iglesia católica, que pretende retroceder más de un siglo para reimplantar la enseñanza religiosa en las escuelas; despidos masivos en todas las áreas; rebaja de salarios a quienes con temor aceptan cada día mayores exigencias para conservar el empleo…

Con todo, hay algo nuevo, revulsivo y trascendental en el hecho de que el hombre que ganó dos elecciones presidenciales y durante diez años encarnó un poder inatacable -puesto que provenía del voto popular y del maciso respaldo de los más poderosos grupos económicos locales y extranjeros- haya quedado solo, acusado de ser el presunto jefe de una asociación ilícita que durante su mandato contrabandeó armas a Croacia y Ecuador por 100 millones de dólares, en flagrante violación del embargo decretado por las Naciones Unidas a la ex Yugoslavia y del protocolo de Río, del cual Argentina era uno de los garantes, en el caso del conflicto entre Perú y Ecuador. «Algo así como un Al Capone con banda presidencial y bastón de mando» disparó sin piedad ni memoria el más antiguo diario del país(2). Las figuras más relevantes del Partido Justicialista, formalmente presidido por Menem, le dieron ostensiblemente la espalda, al igual que las cúpulas sindicales. Y Peter Romero, secretario para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, no fue menos elocuente cuando dos días antes de que se dictara la prisión dijo públicamente: «no creo que (la detención de Menem) afecte a la democracia argentina»(3).

De hecho no hubo el menor signo de inestabilidad, aunque los acontecimientos en curso, sea cual sea su desenlace en el terreno judicial, equivalen a un terremoto político: en el camino a prisión Menem fue precedido por el ex jefe del ejército, general Martín Balza, el ex ministro de Defensa Erman González (quien también ocupó las carteras de Economía y de Trabajo) y Emir Yoma, cuñado y testaferro de Menem. Hay otros dos ex ministros, el de Relaciones Exteriores Guido Di Tella y el de Defensa, Oscar Camilión, procesados por la misma causa; y una larga lista de nombres distinguidos aguarda su turno en los expedientes del fiscal. Detrás, una docena de suicidios más que dudosos y oportunos accidentes fatales -entre los cuales la nunca aclarada muerte del propio hijo del ex Presidente al caer el helicóptero que piloteaba- amplían el arco de presunciones a otros rubros delictivos -tráfico de drogas en primer lugar- y la esfera de personas e instituciones involucradas(4). Con el arresto de Menem tambalea la certeza de impunidad y cunde el pánico: «hay motivos para imaginar que muchos hombres que hoy desempeñan funciones de gobierno en el país -ya sea en el orden nacional o en el provincial- sintieron que un escalofrío les recorría la espalda (…) en la intimidad (se formuló) esta audaz hipótesis: lo que se está produciendo en la Argentina es una suerte de golpe de Estado (…) ¿Un golpe de Estado? Sí, una suerte de mani pulite a la criolla»(5).

«¿Qui prodest?»

La identificación del mani pulite italiano con un golpe de Estado, en sí mismo reveladora, tiene para el caso argentino al menos un punto de apoyo: no son los partidos -mucho menos la ciudadanía- quienes pusieron en movimiento esta operación punitiva. Nadie supone que se trate de la decisión solitaria del juez Jorge Urso, peronista y designado por el propio Menem, él mismo sospechado de enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de sus funciones. Domingo Cavallo, uno de los ministros que firmara los decretos de exportación de armas que luego se revelarían falsos, no parece el más interesado en activar esa bomba de explosión retardada. Los principales dirigentes del peronismo, por grande que sea la necesidad de arrojar el lastre electoral que supone Menem, difícilmente colaborarían a colgar esta filosa espada sobre sus propias cabezas. Y quienes han seguido de cerca la gestión de De la Rúa en sus dieciocho meses de gobierno dudan que sea él quien dio el impulso inicial a este torbellino de enorme potencia destructiva.

«Qui prodest», la pregunta clásica en estos casos, no encuentra un sujeto único: circunscripta al círculo del ex presidente la operación podría dejar un enorme saldo ganancioso al gobierno. Pero el riesgo es demasiado alto. Sea como sea, está a la vista una operación tendiente a montarse sobre la ola e intentar capitalizar el extendido y muy profundo rechazo de la sociedad civil a las corruptas dirigencias políticas. Acompañado por al menos una gota de oxígeno para la economía, el mani pulite bajo control permitiría establecer una hegemonía hoy inexistente, que haga posible el ejercicio de gobierno, el control de la gravísima crisis social y la toma de decisiones perentorias en el terreno internacional, específicamente la que resuelva si el país rompe o no su alianza estratégica con Brasil y se encamina, como pretende Estados Unidos, hacia una integración al Area de Libre Comercio de las Américas en detrimento del Mercosur.

Nada de eso será posible sin antes neutralizar la fuerza centrífuga que deshace partidos y equipos de gobierno a velocidad descontrolada. Resolver la fractura de las clases dominantes es el prerrequisito para impedir que la crisis derive en colapso político. Y eso es lo que está en curso por estos días. Sin cuidado por las formas, a la misma hora en que Menem era detenido el presidente Fernando de la Rúa se reunía con quien fuera su rival peronista en las elecciones de 1999, Eduardo Duhalde, para hacerle en secreto una oferta que el ahora principal dirigente del Partido Justicialista aceptó: formar un gobierno de «unidad nacional» para afrontar la triple amenaza de la depresión económica, el debilitamiento extremo del gobierno central y el riesgo de colapso ante la segura derrota del oficialismo en los comicios del 14 de octubre próximo. El artífice de esta operación es el ministro de Economía Domingo Cavallo, el mismo que una década atrás produjo la ilusión de un país estable y próspero bajo la conducción de Menem.

Descomposición política

Es dudoso que esta operación de «unión nacional» tenga éxito. Pero sobre todo es incierto el signo que podría llegar a tener. El país viene de una experiencia que ha sumido a las mayorías en el pesimismo y el individualismo extremos. Franz Biberkopf, prototipo del hombre aniquilado por la crisis social en la Alemania prefascista de la novela «Berlin Alexanderplatz», camina por las calles de Buenos Aires. Fue gestado menos por la calamidad económica que por la ausencia reiterada de respuesta política con horizonte. La secuencia y el ritmo son brutales: tras la dictadura militar la voluntad ciudadana dio la espalda al peronismo que había votado en 1973, puso su expectativa en la Unión Cívica Radical (UCR) y en 1983 llevó a la presidencia a Raúl Alfonsín. Hubo una fugaz primavera, pero la herencia era demasiado pesada y nula la capacidad del partido gobernante. La cadena de frustración y desengaño culminaría con una hiperinflación que junto con los ingresos de los asalariados y las clases medias licuó la esperanza de un país que vivió con alegría y compromiso el fin de la dictadura. Sólo en ese estado de decepción era imaginable el triunfo de un elenco encabezado por un personaje de opereta al que ahora se califica como Al Capone con bastón de mando. Luego de otros dos picos hiperinlfacionarios que completaron la obra de devastación económica y moral de las mayorías, vinieron Cavallo y la estabilidad. El despertar llegó cuatro años después bajo la forma de recesión y aceleración a cielo abierto de la corrupción. Ocurrió entonces que una minúscula coalición de izquierda, denominada Frente del Sur y personificada en un cineasta de militancia peronista, Fernando Solanas, fue avistada como la ansiada «alternativa» frente al bipartidismo tradicional. Se aceleraron los tiempos y el Frente del Sur convergió con desprendimientos peronistas y dio nacimiento al Frente Grande. Solanas retornó al cine y su lugar lo ocuparon Carlos Alvarez y Graciela Fernández Meijide. Luego el Frente Grande se fusionó con una fracción del PJ y se transformó en Frente País Solidario (Frepaso), el cual con José Bordón como candidato presidencial rozó la victoria electoral en 1995. Acto seguido Bordón renunció a la coalición y volvió al PJ. Alvarez recuperó el mando y la señora Fernández Meijide -madre de un adolescente desaparecido bajo la dictadura- se elevó al sitial de símbolo de lucha contra contra la corrupción. Apenas dos años más tarde, en un giro insólito para sus adherentes, el Frepaso se unió a la UCR y marchó a las elecciones de 1999 con Fernando de la Rúa, ala derecha de la UCR, y Carlos Alvarez del Frepaso, como candidatos a presidente y vice. Puesta ante la opción del mal menor, la mayoría ciudadana votó contra dos nombres suficientemente conocidos: Duhalde y Cavallo. Mientras tanto, la Alianza había asumido la política económica del gobierno que reemplazaría y, en consecuencia, al día siguiente de asumir adoptó las medidas que ésta requería: aumento de impuestos a las clases medias, rebaja de salarios, aceleración del endeudamiento. En un giro impensado de esta dinámica, a mediados de 2000 Carlos Alvarez propició el ingreso de Cavallo al gobierno y, acto seguido, renunció a la vicepresidencia, para abandonar meses después su militancia en el Frepaso. Fernández Meijide se eclipsó hasta renunciar al ministerio de Bienestar Social acosada por escándalos de corrupción y dislates políticos. Ya en el curso de 2001, a la reiteración de ajustes con inmediato efecto recesivo se sumó la renuncia de dos ministros de economía en 15 días y el colofón: la asunción del cargo por Domingo Cavallo. En esta carrera hacia el abismo el movimiento sindical se fracturó sólo para sumarse a las propuestas políticas descriptas con el obvio saldo actual: la Central General de Trabajadores (CGT) original, fiel soporte de Menem durante su gobierno, se alínea ahora con Cavallo; una fracción de ésta, denominada CGT disidente, hace ostentación opositora en connivencia con Duhalde y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Carlos Ruckauf, quien esgrime un discurso xenófobo y tiene como panacea «meter bala» a la delincuencia que crece en espiral en su distrito; y una escuálida estructura limitada a empleados públicos (estatales y docentes), la Central de Trabajadores Argentinos, que integra la Alianza gobernante y hace paro tras paro contra ella al lado de la CGT disidente.

En este punto, la revelación del vaciamiento por parte de sus propietarios españoles de una empresa súbitamente transformada en símbolo nacional, Aerolíneas Argentinas, ha obrado como catalizador y detonante de un cambio en el espíritu colectivo, que ahora acusa a la «globalización» y el «neoliberalismo» por el desastre nacional y esboza un giro hacia expresiones nacionalistas. Ese vuelco es el que transformó a Menem en reo y a su antiguo ministro de Economía en último madero al que se aferra el sistema político.

Desestabilización

Madero frágil, por cierto. Tras el canje de deuda y el conjunto de medidas económicas anunciadas por Cavallo, lo que estaba planificado como respiro para el sector externo y reactivación de la economía, se reveló en pocas semanas como un nuevo empantanamiento. Una de las medidas adoptadas por Cavallo parece ser la causa del voto negativo que los centros financieros internacionales y locales emiten diariamente contra los intentos del ministro: el llamado «factor de empalme», una devaluación efectiva del peso disfrazada con el adelanto de la doble convertibilidad contra el texto de la ley que prescribe su punto de partida en el hipotético momento en que el euro se cotice en paridad con el dólar.

Con el «factor empalme» se puso fin a diez años de convertibilidad del peso en paridad 1 por 1 con el dólar. Ya es una proeza que al aflojar el cinturón de acero que durante una década sostuvo artificialmente el precio de la moneda nacional, ésta no se haya disparado fuera de control. Pero hay consenso general en que el 8% de devaluación limitada al sector externo es a la vez insuficiente en porcentaje e imposible de circunscribir a exportaciones e importaciones. Las voces más mesuradas, dentro y fuera del país, consideran que la moneda debiera depreciarse como mínimo un 30%. Otros cálculos multiplican ese porcentaje en tres, cuatro y más veces.

Un sector del establishment y sus economistas ultraortodoxos acentúan hoy su voluntad de dar lugar a una devaluación que permita bajar salarios y precios relativos y congelar el nuevo cuadro resultante mediante una simultánea dolarización. Cavallo reconoce la imposibilidad de mantener la sobrevaluación del peso, pero hasta el momento se ha mostrado contrario a la dolarización (pese a que no hace mucho tiempo, como asesor del ex presidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, la propuso para aquel país) y se muestra empeñado en una recomposición del poder político en torno a su plan de reactivación.

El grado de confrontación entre ambos bandos ha llegado a límites extremos: Cavallo acusó a los economistas del CEMA (centro al que pertenece el ex ministro de Economía Roque Fernández) de «infames traidores a la Patria»; y éstos replicaron calificando al ministro de «oxidado y obsoleto».

En medio de una ola de rumores que llegó al punto de obligar a De la Rúa a desmentir la renuncia de su ministro de Economía, los capitales reiniciaron un nervioso movimiento de retirada y, en pocos días, obligaron a Cavallo a anunciar un ajuste objetivamente confrontado con todas las expresiones públicas del ministro respecto de la necesidad de reactivar la economía.

Al cierre de esta nota, mediodía del 12-7-01, el índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires caía un 13%, mientras los centros financieros aumentaron el «riesgo país» hasta hacerlo llegar a 1500 puntos. Es la fuga del peso al dólar y de éste hacia fuera del circuito. El malestar social amenaza con estallidos. Los empleados estatales enfrentan el anuncio de reducción salarial con una huelga por tiempo indeterminado. Los piqueteros se proponen rechazar la disminución de los planes trabajar en 35 mil puestos con cortes generalizados de calles y rutas y el bloqueo a la Capital Federal. La diputada Elisa Carrió sostuvo que «estamos en el final» y pidió serenidad dado que un rechazo violento al ajuste sería «funcional a la reconducción del régimen por métodos fascistas». Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, José De la Sota y Carlos Reuteman se negaron a opinar sobre las nuevas medidas: son el ala del Partido Justicialista que con o sin Cavallo y De la Rúa se proponen usufructuar la crisis. La inestabilidad económica toma como nunca carácter de inestabilidad política.

Menem arrestado simboliza el fin de una época. De la Rúa paralizado encarna el fracaso de la Alianza para configurar los rasgos de la que se inicia. Cavallo acorralado patentiza la imposibilidad de dar continuidad a la política económica aplicada durante la última década sin el recurso de la fuerza en escala tal que excede el marco del régimen constitucional. Raúl Alfonsín y las hilachas de la Alianza que lo siguen emitieron un comunicado que lo ubica contra el plan anunciado y propone «construir de inmediato consensos con otras fuerzas políticas a fin de elaborar un conjunto de propuestas que, basadas en la equidad distributiva, den respuesta a esta crisis financiera, económica y social». La propia formulación en medio del cataclismo evidencia la distancia entre el requerimiento de la realidad y la vitalidad de las antiguas dirigencias. La crisis se precipita. El futuro está abierto y a la espera de una respuesta que demora en hacerse escuchar.

1. Asalariado de un partido para cumplir funciones de contacto y articulación con la población ante elecciones u otras exigencias del accionar político.
2. Bartolomé de Vedia, «El espejo Menem», La Nación, Buenos Aires, 10-6-01.
3. María O´Donnell, «Si Menem va preso la democracia no se verá afectada»; La Nación, Buenos Aires 6-6-01.
4. Una explosión de una fábrica de armas en la localidad de Río Tercero (Córdoba), el 3 de noviembre de 1995, produjo 7 muertes y 300 heridos, ha sido conectada por el fiscal Carlos Stornelli con la venta ilegal de armas: con este atentado se habría tratado de destruir pruebas.
5. Bartolomé de Vedia, Ibíd.

El arresto del ex presidente coincide significativamente con el anuncio de lo que podría ser el tiro de gracia para Aerolíneas Argentinas. Certezas e incertidumbres ante el fin de una época.

Como símbolo de lo ocurrido en Argentina en la última década, junto con la noticia de la detención del ex presidente Carlos Menem, en la mañana del jueves 7 de junio se conocía la decisión del ente liquidador de empresas del Estado Español, SEPI, de suspender siete de los últimos ocho destinos internacionales que le restaban a Aerolíneas Argentinas.

La acusación contra Menem es escueta: presunto jefe de la asociación ilícita que años atrás vendió armas a Ecuador y Croacia. No menos rotunda es la causa alegada por los propietarios de AA: imposibilidad de pagar el combustible de las aeronaves.

Llegado a semejante extremo, es obvia la voluntad de la SEPI de acabar con Aerolíneas Argentinas y obvia la responsabilidad que le cabe al gobierno argentino ahora para evitar la quiebra y desaparición de esta empresa. En cuanto al arresto de Menem, con prescindencia del desenlace inmediato o de mediano plazo (diligentes justicialistas ya han comenzado a hablar de un indulto presidencial), no debería minimizarse la significación de la detención del ex presidente. Tanto más cuanto el día anterior había sido detenido el ex jefe del ejército, general Martín Balza, precedido a su vez por otros dos nombres prominentes del gobierno anterior: el ex ministro Erman González y el ex cuñado de Menem, Emir Yoma.

Si la causa puede ser interpretada como imposible reducción de la tragedia nacional a un puñado de individuos hoy en la picota, no cabe duda en cambio que el hecho traduce en términos procesales un vuelco espectacular en la política argentina: el día anterior a la detención de Menem el número dos en el Partido Justicialista, el ex gobernador de Buenos Aires Eduardo Duhalde, almorzó con el presidente Fernando de la Rúa luego de haber declarado: «si Menem va preso, no pasa nada». Con curiosa simultaneidad, se difundía la afirmación del secretario para América Latina del Departamento de Estado estadounidense, Peter Romero: «no creo que (la detención de Menem) afecte a la democracia argentina»(1).

Duhalde fue vicepresidente y ahijado político de Menem, cuyo gobierno tuvo como rasgo sobresaliente el «alineamiento automático» con la voluntad estadounidense, política descripta por el el canciller Guido Di Tella con una malhadada expresión de triste memoria.

No menos significativo es el vuelco -perceptible a simple vista- de la opinión ciudadana. Mientras en las calles de Buenos Aires sonaban bocinas festejando la decisión del juez y se repetían voces de aprobación y satisfacción desde todos los ángulos sociales, sólo unos pocos centenares de personas -llevadas con malas artes a la puertas del Tribunal por sectores marginales del aparato del PJ- fueron a solidarizarse con el ex mandatario en desgracia. Para completar el clima farsesco, la escuálida movilización fue denominada «marcha de la dignidad menemista». Ningún dirigente de peso en el peronismo, con excepción de los senadores Eduardo Menem y Eduardo Bauzá, se hizo presente en esa estridente muestra de flaqueza y aislamiento. Las únicas voces de rechazo airado a la detención de Menem fueron las de personajes funambulescos como el empresario Armando Gostanián o el ex funcionario Jorge Asís. La CGT encabezada por hombres que siguieron paso a paso las disposiciones del gobierno peronista durante diez crudelísimos años para los trabajadores, no sólo estuvo ausente en la solidaridad con el antiguo jefe, sino que horas antes mantuvo una cordial reunión con De la Rúa, para discutir una vagarosa «refundación de la República».

Los hechos no dejan lugar a duda: el hombre bajo cuya presidencia se produjo a la vez la más desmesurada enajenación del patrimonio nacional y el más violento desplazamiento de la riqueza en detrimento de los asalariados y las clases medias que registra la historia nacional, ha quedado solo. Esto es tanto más significativo si se tiene en cuenta que Menem cumplió esta función con el respaldo también convergente de millones de votos y de los más concentrados grupos económicos.

¿Fin de una época?

Por confuso y contradictorio que aparezca en la superficie, algo trascendental se expresa a través de estos acontecimientos. Si acaso nadie lo sabe a ciencia cierta, lo intuye hasta el más desavisado ciudadano. Bajo las conductas erráticas y a menudo ridículas de figuras de relieve, tras insólitos alineamientos partidarios, se esboza una recomposición de fuerzas sociales y políticas que, sin estrategias claras ni roles definidos, atraviesa e involucra a todas las instituciones tradicionales del país. Nadie duda que este episodio prefigura el fin de una época. Nadie tiene certezas respecto de los rasgos fundamentales de la etapa histórica que comienza.

En la turbulenta coyuntura dominada ahora por la prisión de Menem continúan gravitando no obstante factores tales como la reciente refinanciación de deudas, promesas de reactivación, huelgas con diferente signo y contenido pero en todo caso distantes de la voluntad y la participación de los asalariados, confusos preparativos electorales… y con fuerza singular el impacto social de las revelaciones respecto del caso Aerolíneas Argentinas, transformado de súbito en prueba avasallante de los resultados de una política impuesta desde 1989 y aún vigente. Lejos de poner de relieve los rasgos de una nueva etapa, este conjunto caracteriza una transición de signo indefinido, cuya resolución dependerá del curso que adopte la complejísima situación actual. La misma dualidad manifiesta en el régimen político vigente (Domigo Cavallo ministro del gobierno de la Alianza, en uso de poderes especiales cedidos por el Congreso) se proyecta hacia el futuro: ¿cuáles serán los carriles y quiénes los hombres y partidos que darán cauce a lo que vendrá? ¿será Cavallo con los restos del PJ (Ruckauf en primer lugar, y acaso franjas del radicalismo) el motor de la recomposición en marcha? ¿puede tal coalición plasmar como alternativa de gobierno en el marco del régimen actual? ¿o habrá en cambio un realineamiento de partidos y figuras en continuidad con las bases que dieron lugar a la Alianza en 1998?

En cualquier hipótesis, el arresto de Menem, es apenas un escalón en el empinado futuro inmediato que el país. Fundada en argumentos evidentes e irrebatibles, la acusación contra el ex presidente deja sin embargo la impresión de ocultar más de lo que revela: basta recordar que la viciada venta de AA fue obra del gobierno encabezado por Menem, comparar la magnitud del daño múltiple que implica el vaciamiento de la aerolínea de bandera con los provocados por la enjenación de YPF o ENTel (sólo dos entre innumerables ejemplos), o por el sideral endeudamiento de los últimos diez años, para concluir que por muy justificada que sea la acusación contra el ex presidente y aun admitiendo que el proceso culmine en la condena efectiva, la justicia es todavía una asignatura pendiente en Argentina. Y que la salida del pantano requerirá mucho más que la labor del poder judicial.

1. María O´Donnell, «Si Menem va preso la democracia no se verá afectada»; La Nación, Buenos Aires 6-6-01.

Observada desde Brasilia, la crisis argentina plantea severos interrogantes. Algunos atañen a que ésta termine apartando a ambos países de una estrategia común. Otros devienen de una certeza que enciende luces de alarma en el Palacio del Planalto: de no resolverse a corto plazo el descontrol económico en Argentina, éste provocará la ruptura del equilibrio político. Lo que colocaría a Brasil ante la perspectiva de una polarización abrupta que ensombrecería no ya los sueños de gran potencia, sino la propia gobernabilidad.

Desde que en agosto del año pasado se convocó en Brasilia a todos los presidentes sudamericanos, se multiplicaron las evidencias de que el presidente Fernando Henrique Cardoso encarna una estrategia apuntada a dar vuelta a favor de su país -y específicamente de la gran burguesía industrial, comercial y financiera- la coyuntura crítica que azota a América Latina y ante la cual Estados Unidos, lejos de poder actuar como salvador, se ve compelido a obrar como factor de agravamiento extremo. El propósito del sector hoy hegemónico de la burguesía brasileña consiste en usufructuar la coyuntura mundial para ocupar, a contramano de los planes de Washington, un lugar preponderante en el escenario internacional, como cabeza de un poderoso bloque económico y geopolítico sudamericano.

Dentro de ciertos límites, esta osada estrategia es viable. Pero requiere de un acuerdo de largo plazo con una Argentina estable. Pese a su ventaja objetiva cuando se mide en territorio, población y producción (8,5 millones de kilómetros cuadrados; 170 millones de habitantes; más de 1 billón de dólares de PBI), Brasil no podría reubicarse con saldo positivo en el volátil sistema de fuerzas planetario sin el concurso de su vecino. Mucho menos si éste, arrastrado por la estrategia estadounidense, acaba por romper con el Mercosur, agrava su crisis y transforma su decadencia en descontrol y disgregación (ver pág. 3).

Indefinición argentina

Por el momento el curso de los hechos choca de frente con los planes brasileños. Pero nada hay definido y es precisamente esta batalla la que está librándose entre ambos gobiernos y al interior de cada uno de ellos. La conducta errática del gobierno argentino desde la asunción del ministro de Economía Domingo Cavallo está volcada hacia una ostensible política contraria al Mercosur. En Brasil, en cambio, la ruptura de la alianza gobernante y la estrepitosa caída del senador Antonio Carlos Magalhaes -un señor feudal perteneciente al aparato político ultraconservador que sostuvo, con el respaldo de Estados Unidos, la dictadura militar gobernante entre 1964 y 1984- parece haber definido las relaciones de fuerzas a favor del presidente Cardoso y el bloque social representado por su Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB).

Aunque no es novedoso que un empantanamiento de la economía deflagre conflictos entre naciones vecinas, podía esperarse otro curso para las relaciones entre ambos países en esta fase de la historia mundial. La naturaleza y magnitud de la crisis económica que desde fuera y dentro de su espacio propio acosa a ambas naciones, obra como fuerza objetiva para que Buenos Aires y Brasilia se aferren a una estrategia común. Sin embargo, el comportamiento de los componentes de la Alianza gobernante en Argentina ha contrarrestado esa fuerza, en particular desde el ingreso de Cavallo al gabinete. El hecho es que en los últimos tiempos la relación entre los dos socios mayores del Mercosur se tensó más allá de lo que sus protagonistas se muestran en condiciones de manejar. Las agresiones de Cavallo (un mes atrás dijo ante los parlamentarios brasileños que el Mercosur era una payasada; recientemente volvió a la carga acusando a Brasil de «robar al vecino» con la devaluación de su moneda), complicaron al extremo la política de Itamaraty, empeñada en evitar un choque frontal. Ese papel ha quedado a cargo de la prensa, que califica al ministro argentino con inusual dureza. En un editorial que desde el título define el tono del enfrentamiento «Cavallo, como su nombre indica», el habitualmente circunspecto O Estado de São Paulo advierte: «El gobierno brasileño no puede permanecer impasible frente a una ofensiva que, más que traducir sentimientos antibrasileños, está poniendo en cuestión la propia existencia del Mercosur y comprometiendo la eficacia del bloque como instrumento de negociación en relación con Estados Unidos y la Unión Europea, en un momento crucial para el futuro de las relaciones con el mundo desarrollado»(1).

El diario paulista define la coyuntura como un «momento crucial» y subraya la necesidad de asumir los hechos tal como son: «si el presidente De la Rúa no consigue contener a su ministro de Economía, exigiéndole que se abstenga de atacar a Brasil y el Mercosur con referencias cada vez más groseras, para no decir estúpidas, tanto peor»; y adelanta la perspectiva de obvias represalias: «El presidente Fernando de la Rúa debe ser llevado a comprender que es gracias al Mercosur que Argentina viene obteniendo superávits comerciales con Brasil, y que tales superávits son vitales para el equilibrio de las cuentas externas de Argentina. Brasil compra grandes volúmenes de trigo y petróleo a Argentina -y no a otros países- porque tiene el interés estratégico de preservar un mínimo de estabilidad en el Mercosur. Torpedeando el Mercosur, ese interés desaparecerá y, con él, se desvanecerán las razones que llevan a Brasil a mantener la balanza comercial desequilibrada a favor de Argentina».

Nadie duda que a través de los editoriales de este diario se expresa habitualmente la opinión oficial de la cancillería brasileña. Por eso han de tomarse estos conceptos con la gravedad que sugiere la conclusión del editorial: «Brasil está colaborando con Argentina para que salga de la crisis lo más rápidamente posible. No pide gratitud, porque hace lo que determina su interés nacional. Pero es hora de exigir, además de respeto, lealtad».

El dilema consiste en que el gobierno argentino no logra definir sus lealtades. La opción estratégica se explicita ahora como Área de Libre Comercio de las Américas o Mercosur. Henry Kissinger, quien como secretario de Estado sostuvo hace tres décadas que «América Latina irá hacia donde vaya Brasil», admite ahora que «el principal oponente del progreso rápido hacia el ALCA ha sido Brasil»(2).

Asumida la obvia deducción, Kissinger demuele el recurso bajo el cual han encubierto unos su oposición al ALCA, otros su oposición al Mercosur y otros su indecisión: que el Mercosur es un mero recurso para negociar en mejores términos con Estados Unidos la creación del ALCA: «Es difícil ver cómo el Mercosur podría fusionarse en un acuerdo más amplio con el Tratado de Libre Comercio (Estados Unidos, Canadá y México) para promover el crecimiento general en todo el hemisferio. Más bien, es probable que afirme la identidad latinoamericana como separada y, si fuera necesario, opuesta a la de EE.UU. y el TLC». El artífice de los golpes de Estado en el Cono Sur (a causa de uno de los cuales, el de Chile, acaba de ser citado a declarar por un juez francés), concluye que «Al emerger Brasil como uno de los principales países económicos y politicos del siglo XXI, se ha concentrado en hacer más lento el ALCA para solidificar el Mercosur; en comprometer a Argentina, Paraguay y Uruguay con su concepción del futuro de América Latina y en obligar a EE.UU. a hacer frente con un bloque regional más que con la voluntad de países individuales». El razonamiento -no por tardíamente expuesto menos ajustado a la realidad- continúa hasta su desenlace lógico: «Europa brilla con seducción» frente al Mercosur y, «si tales tendencias se siguen hasta su conclusión, el Mercosur se orientaría hacia Europa y en rivalidad institucional con el TLC y Estados Unidos. Esto sería, además de un revés económico para EE.UU., un duro cuestionamiento a la posición histórica de EE.UU. en el hemisferio».

Negro sobre blanco: la continuidad de la línea estratégica trazada por Brasilia presupone a la vez un revés económico y una derrota política para Estados Unidos. Tal como lo expone O Estado de São Paulo, Brasil está encaminado en este sentido porque así «lo determina su interés nacional». El punto es entonces: ¿cuál es y qué determina el interés nacional de Argentina?

Poderío real y potencial

La combinación de atraso y desarrollo gigantescos alimenta en intelectuales y políticos brasileños una composición de lugar igualmente singular, en la que se sustenta una suerte de ideología de gran potencia, permeada al conjunto social e incluso a pensadores y políticos de izquierda. «Somos la nueva Roma. Una Roma tardía y tropical», sostuvo una figura relevante del pensamiento brasileño(3). A diferencia de Argentina, donde el nacionalismo carece de sustento objetivo y subsiste sólo en reductos elitistas propensos a la grandeza utópica que desagua una y otra vez en sujeción a la voluntad de Washington, en Brasil arraiga y pone otros parámetros: «Nuestro destino común es unificarnos con todos los latinoamericanos por nuestra oposición común al mismo antagonista, que es la América anglosajona, para fundar, tal como ocurre con la comunidad europea, la Nación Latinoamericana soñada por Bolívar. Hoy somos 500 millones, mañana seremos mil millones. Es decir, un contingente humano con magnitud suficiente para encarnar la latinidad frente a los bloques chino, eslavo, árabe y neobritánicos en la humanidad futura»(4).

Sin vuelo teórico ni propósitos de reivindicación latinista, aguijoneada por el cuadro coyuntural internacional y con arreglo exclusivo al «interés nacional», ésa es la línea de acción que se impone hoy en Brasil. Más allá del anecdotario, el proceso y la exoneración de Magalhaes, que replantea la alianza política mediante la cual Cardoso obtuvo y ejerció el poder, refleja una recomposición de fuerzas determinada por esta definición estratégica y, presumiblemente, por los esfuerzos estadounidenses para evitarla mediante sus aliados históricos. Pero hay algo más, acaso decisivo: la previsión respecto de los efectos políticos que a corto plazo podrían saltar al centro del escenario si nadie lo ocupa con energía suficiente.

En este punto se plantea una paradoja más: Cardoso, que obtuvo el respaldo de las clases dominantes para evitar en 1994 la victoria del Partido dos Trabalhadores (PT), abandona ahora a sus aliados de la derecha liberal y vuelve a enfrentar el riesgo del impetuoso crecimiento electoral verificado por el PT en el último año, que plantea la posibilidad de una victoria de este partido en las presidenciales del año próximo. Sólo que ahora lo hace enarbolando una propuesta que, sin distanciarse de la defensa del sistema capitalista, se aparta de las nociones económicas predominantes bajo el marbete de «neoliberalismo» y, asumiendo que ha culminado una etapa histórica, se opone frontalmente a las intenciones económicas y geopolíticas de Washington.

Mientras tanto, el PT, que en 1994 aprobó en su 8º Encuentro (Congreso) Nacional un programa electoral socialista e impuso a su ala izquierda como conducción partidaria, fue adecuando paso a paso su propuesta al clima ideológico entonces predominante, desplazó a su izquierda, dejó la conducción en manos de su ala derecha, personificada por José Genoino (no obstante su pasado, la figura más conservadora, que en 1994 defendía la incorporación de cuadros del PT al gobierno del cual Cardoso era ministro de Economía) y en el último año, a la vez que ganaba terreno electoral, se negó a sacar las conclusiones programáticas y políticas que impone el viraje de Cardoso, de modo tal que ahora su adversario «neoliberal» lo jaquea por izquierda, con respaldo del sector empresarial cuyo apoyo busca igualmente la actual conducción del PT.

Como quiera que sea, el PT constituye una instancia de unidad social y política de decenas de millones de obreros, campesinos y jóvenes, que por sí misma representa una amenaza para el control político en tiempos de crisis. Ya es un hecho que el agravamiento de las condiciones sociales redundó en un crecimiento notable: «La ola roja se confirmó (…) Vencimos en seis capitales. Fuimos reelegidos en Porto Alegre y Belem, reconquistamos San Pablo y Goiania y conquistamos dos capitales del Nordeste, Recife y Aracajú. Conquistamos también importantes ciudades-polo como Campinas, Pelotas, Vitoria da Conquista, Imperatriz, Governador Valadares, Maringá y Criciuma; y fuimos reelegidos en Caxias do Sul y Santo André. Pasamos de 105 prefecturas en 1996 a 187 en 2000, un crecimiento del 78%. De los 5.500 municipios de Brasil el PT administra el 3%. Sin embargo ellas representan casi 25 millones de habitantes, lo que significa que gobernamos para el 15% de la población brasileña. De las 62 ciudades con más de 200 mil electores, el PT fue elegido en 17 (…) La explosión electoral del PT se expresó también en las ciudades donde no ganamos. Salimos en segundo lugar con altas votaciones en Salvador, Teresina, Natal y Osasco (…) Nuestra bancada de concejales creció un 38%, pasando de aproximadamente 1.800 en 1996 a 2.485 en estas elecciones»(5).

Si de una parte esta amplísima inserción en el aparato del Estado succiona al PT hacia políticas de conciliación e integración al sistema, en condiciones de agravamiento del cuadro económico esa base social, acicateada por una izquierda que mantiene su gravitación fuera y dentro del partido, podría transformarse en alternativa de poder real con reivindicaciones anticapitalistas. Hay que sumar el poder efectivo del muy extendido y más radicalizado Movimiento de los Sin Tierra (MST), para concluir que el establishment brasileño tiene buenas razones para precaverse respecto de los riesgos políticos que afronta en el próximo período. Incluso descartando la viabilidad de una revolución, este panorama presupone un desafío mayor para el poder político brasileño, que no deviene de la voluntad de un partido sino del desarrollo necesario del actual cuadro económico y social. En un lúcido ensayo, lo expone así el reconocido intelectual brasileño Helio Jaguaribe: «(Si Brasil) mantiene su actual subdesarrollo y pierde el margen de autonomía del cual todavía dispone, sufrirá (…) terribles procesos disruptivos, que podrían resultar en la fragmentación de su unidad nacional». En consecuencia, con esa previsión este autor plantea la relación con Argentina y concluye: «Argentina y Brasil disponen de exiguos plazos para asegurar para sí la condición de naciones desarrolladas y autónomas». Trasladando esa visión a la coyuntura agrega Jaguaribe: «Los países del Mercosur y, en forma general, de América del Sur, sólo cuentan con un par de años para reunir las condiciones que les permitan rechazar formalmente su adhesión al ALCA»(6).

Nada más elocuente que la crisis energética que irrumpió en Brasil a mediados de mayo y trastocó todos los planes y perspectivas económicas oficiales, para constatar la dimensión de los peligros planteados por el subdesarrollo y la dependencia financiera.

Incluso altos jefes militares, desde un ángulo por completo diferente y refiriéndose a los nuevos desafíos internacionales en relación con la Amazonia, un tema crucial para los estrategas brasileños, arriban a una conclusión idéntica: «Ya sabemos que Estados Unidos siempre tuvo gran atracción para intervenir en países extranjeros; es su política. Así (por ser la única superpotencia), ellos están prácticamente con las manos libres para conducir u orientar intervenciones. Y están con la luz amarilla en relación al agua potable, esto es, sufrirán escasez en el año 2025″(7).

Por si faltaran hipótesis de conflicto, el pasado lunes 28 el gobierno brasileño envió al ejército para sofocar una rebelión policial en Palmas, capital del Estado de Tocantins. Los policías-militares demandan aumento salarial, pero su condición de fuerza armada y el hecho de que la misma necesidad acucia a toda la policía militar del Norte brasileño, confiere un carácter de singular gravedad al conflicto.

Interdependencia múltiple

Aliados o enemigos, Brasil y Argentina han mostrado a lo largo de la historia una significativa combinación de sus desigualdades. En la actualidad, el entrelazamiento de sus marcadas diferencias es mayor que nunca. Y su dependencia mutua cualitativamente superior a la que dio lugar, dos décadas atrás, al abandono de la estrategia de «fronteras móviles» de Brasil y la presunción argentina de una guerra en toda la línea con su vecino mayor. Si el comercio intra Mercosur es ya un componente vital de la economía de ambos países, es mayor aún la proyección política del impacto que implicaría para el futuro de cada uno la asociación o el distanciamiento.

Hasta cierto punto Brasil puede responder a un eventual giro negativo de Argentina mediante otras alianzas internacionales, como por ejemplo el eje Brasilia-Caracas vigente desde la asunción de Hugo Chávez en Venezuela (que este mes de junio, en Asunción, formalizará su ingreso al Mercosur) y sobre el cual se apoyaron dos hechos políticos trascendentes: la reunión de Presidentes sudamericanos el año pasado -y el consecuente freno al Plan Colombia- y el «no ha lugar» al intento estadounidense de adelantar la vigencia de ALCA. En su estrategia de no alineamiento con Estados Unidos, Brasil también tiene líneas tendidas hacia otros países de grandes dimensiones geográficas y elevado número de habitantes: Rusia, China, India e Indonesia.

Los problemas sociales del Brasil no serán resueltos en el corto plazo en ninguna hipótesis, pero es evidente que un debilitamiento del Mercosur, defección argentina mediante, comprometería las posibilidades de gobernabilidad y las aspiraciones de potencia regional(8).

Con relativa prescindencia de quién venza en las presidenciales del año próximo, es previsible que Brasil acentúe de aquí en más el curso de la estrategia exigida por sus «intereses nacionales», es decir, el interés objetivo de un gran capital amenazado por la obligada voracidad estadounidense. Esta certeza redobla la necesidad de Estados Unidos de lograr el respaldo de Argentina para contrarrestar tal tendencia. La opción del gobierno argentino, puede deducirse, implica mucho más que una táctica frente al Mercosur.

1. «Cavallo, como o nome indica», O Estado de São Paulo, San Pablo, 23-5-01.
2. Henry Kissinger, «EE.UU. y Brasil: las potencias sean unidas», Clarín, Buenos Aires, 21-5-01.
3. Darcy Ribeiro, «O povo brasileiro», Companhia das letras, San Pablo, 1995.
4. Ibíd.
5. Heloisa Helena y Beto Bastos, Em Tempo, San Pablo, noviembre-diciembre de 2000.
6. Aldo Ferrer y Helio Jaguaribe, Argentina y Brasil en la globalización. ¿Mercosur o ALCA?, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, abril de 2001.
7. General Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, Conferencia en el Club Militar de Río de Janeiro, 13-10-1999. Tomado de «A visão militar sobre as «novas ameaças no cenario da Amazônia brasileira».
8. L. Bilbao, «Brasil tentado por una opción sudamericana», Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, julio de 2000.

El presidente estadounidense hizo un anuncio de imprevisibles consecuencias para el equilibrio mundial: desconoce el tratado sobre armas atómicas que regló la conducta de las grandes potencias.

Es a tal punto urgente la necesidad de autoprotección que, subraya Bush, su administración no tendrá en cuenta la prohibición que para tal tipo de armas establece el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM en su sigla inglesa), firmado en 1972 por los presidentes Richard Nixon de Estados Unidos y Leonid Brezhnev, de la entonces poderosa Unión Soviética.

Sobre aquel acuerdo reposó el equilibrio del terror, consistente en acrecentar y perfeccionar los arsenales atómicos de las dos superpotencias nucleares pero sin transgredir reglas que hacían poco menos que imposible una ventaja decisiva(2). La denuncia unilateral del ABM y la decisión hecha pública de construir el escudo cuyas características aún son imprecisas, es por tanto mucho más que el punto de partida de una nueva carrera armamentista: es el comienzo de una era sin reglas reconocidas y acordadas por los ahora numerosos países con capacidad nuclear, que marchará al ritmo de la decisión estadounidense de imponerse en esta nueva pugna de la irracionalidad.

Un aspecto positivo de la decisión estadounidense, según explicó Bush, es que su país reducirá de 7000 a 2500 el número de sus ojivas nucleares. Pocos son los espíritus que se tranquilizan con la noticia de que desde la Casa Blanca se podrá, cuando la reducción se concrete, destruir el planeta apenas veinte veces. Las proporciones quedan a la vista si se toma en cuenta que China, también potencia nuclear, cuenta con 284 cabezas nucleares.

Reacciones diferentes

Tal vez la opinión pública no tiene todavía la medida de las consecuencias de esta mudanza estratégica. Se trata de un cambio que, por su propia naturaleza, excluye definiciones extremas de los grandes actores directamente involucrados. Pero la ubicación de cada uno permite seguir el hilo rojo del entretejido político en ciernes. Europa reaccionó con un gesto de extraña resignación: «‘Sabíamos que el proyecto se pondría en marcha de todas maneras, así que sólo nos quedaba ser pragmáticos’, señaló una fuente oficial de la Unión Europea»(3). El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, que obtuvo su cargo como representante del Partido Verde, «señaló que el Tratado ABM ‘había funcionado bien en el pasado’, que sólo debería ser reemplazado por otros mecanismos ‘mejores o más efectivos’, y que ‘no queremos una nueva carrera de armas’ «(4).

Su par ruso, Igor Ivanov, fingió que no estaba ante hechos consumados y declaró en rueda de prensa que el Kremlin «insistirá en la preservación y fortalecimiento del Tratado ABM» , y agregó que «es extremadamente importante que la administración estadounidense no dé pasos unilaterales, y en cambio consulte con sus aliados y amigos, incluida Rusia»(5).

La posición más neta provino de China, que sin embargo no habló oficialmente; a través de la agencia de noticias Xinhua alertó que el desconocimiento del Tratado ABM «destruirá el equilibrio internacional de fuerzas de seguridad y podría provocar una nueva carrera armamentista»(6).

Hay múltiples razones para prever que la voz más neta de oposición a la decisión del Departamento de Estado se hará oír desde Pekín. El agudo conflicto desatado por el choque del avión espía estadounidense con un caza chino, el pasado 2 de abril, y la negativa de Pekín a devolver la ultrasofisticada aeronave, es apenas un detalle en el sistemático agravamiento de las relaciones entre ambos países. Como documenta un dossier de la edición de mayo de Le Monde diplomatique, está avanzado el curso de drástica recomposición en el mapa de alianzas y rivalidades planetarias, signada sobre todo por el viraje de Rusia, ahora recostada sobre China, India e Irán, y con su gran poder en tecnología nuclear como clave y contrapeso de la decadencia económica que la agobia(7).

Paradojalmente, las posturas más netas en oposición al anuncio de Bush provienen de los más altos círculos de poder en Estados Unidos mismo. «Tengo una gran preocupación con las decisiones unilaterales, porque creo que pueden detonar una segunda guerra fría -Guerra Fría II, la llamo» , declaró el senador demócrata Carl Levin(8). Uno de los argumentos más rotundos de la oposición interna es que, hasta el momento, hay muchos fracasos y ni una sola comprobación de efectividad del mecanismo sobre el que se basa el Plan de Bush.

¿Por qué ahora?

En las próximas semanas y meses este abanico de posiciones ambiguas tomará un relieve más nítido y será posible comprobar cómo tiende a rediseñarse el mapa geopolítico de las potencias militares mundiales. Sin embargo, es difícil admitir que la decisión de desconocer el Tratado ABM pueda residir en la conducta de «grupos terroristas atómicos» ; asimismo, esta determinación del Departamento de Estado es relativamente independiente del replanteo estratégico de los centros de poder mundial, aunque pueda derivar en una imprevisible aceleración de los cambios.

En realidad, la premura de Bush, que pretende tener un escudo «incluso rudimentario» para inicios de 2004 está asociada con la ansiedad por poner en vigencia el ALCA cuanto antes, frustrada en la reunión de presidentes americanos el pasado 20 de abril en Quebec. Y ambas conductas están dictadas por la situación económica mundial.

En momentos de sobreproducción de mercancías, proliferación de situaciones recesivas y acentuación de la disputa por mercados, la inversión masiva en armas es desde luego un recurso estratégico en términos políticos y militares. Pero es también -y acaso, hoy, sobre todo- un recurso económico. Entre las mercancías excedentes e imposibles de hallar mercado rentable se cuenta una muy particular: el dinero. Basta ver los índices de Wall Street para comprender por qué. Como la denominada «Guerra de las Galaxias» de Ronald Reagan en los ’80 y antes aún el «Sistema de Salvaguardia» de Richard Nixon en 1969, este nuevo proyecto sirve ante todo para valorizar cantidades siderales de dinero que no hallan destino. La carrera armamentista es beneficiosa para los atribulados poseedores o gestores de esas masas dinerarias. Si de esto deriva una situación mundial de extremo riesgo, siempre puede cargarse la responsabilidad al Sr. Bush.

1. Richard Butler, «Restarting the nuclear race» , The New York Times, New York, 2-5-01.
2. El Tratado ABM establece: no desplegar o proveer base para sistemas ABM para defensa del territorio; no desarrollar, experimentar o desplegar mecanismos de intercepción múltiple o de reacción rápida para lanzamisiles ABM; no desarrollar, experimentar o desplegar sistemas ABM o componentes, sea con base en tierra, mar espacio o móviles terrestres; no transferir a otros Estados, o desplegar fuera del territorio nacional, sistemas ABM o sus componentes.
3. Carlos Yárnoz, «China condena el escudo antimisiles y vaticina la ruptura del equilibrio mundial de seguridad» , El País, Madrid, 3-5-01.
4. Ibíd
5. Patrick Tyler, «Global reaction to missile plan is cautios» , The New York Times, 3-5-01.
6. Ibíd.
7. Dossier «Geopolítica» , Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo 2001.
8. Alison Mitchell, «Top democrats warn of a battle on missile plan» , The New York Times, 3-4-01.

Brasil y Venezuela trabaron el objetivo de Washington: situarse en mejores condiciones para competir con Asia y la Unión Europea.

Palabras e imágenes públicas, habitualmente destinadas a encubrir la realidad en acontecimientos como la III Cumbre de las Américas, fueron esta vez reveladoras de la sustancia. Un signo más de que el terreno bajo los pies de los 34 presidentes congregados en Quebec no es apropiado para movimientos sutiles.

Nada más elocuente que la imagen de todos los mandatarios americanos -menos el de Cuba- leyendo un documento según el cual una «condición esencial» para ser miembros del ALCA es «el respeto estricto al sistema democrático», luego de permanecer 48 horas abroquelados tras un muro de cemento y acero, custodiados por 6000 efectivos policiales y acosados por decenas de miles de estudiantes, trabajadores y campesinos venidos de todo el hemisferio para rechazar la propuesta de Washington. El despliegue represivo para leerle al mundo esta «condición esencial» dejó un saldo de 200 manifestantes heridos, 400 detenidos y un gasto de 100 millones de dólares(1).

Pero los discursos no fueron a la zaga en la revelación de lo que está en juego: al clausurar el encuentro George W. Bush redujo a cero los rebuscados argumentos enhebrados en sintonía con los estrategas del Departamento de Estado, cuando resumió las razones por las cuales su gobierno impulsa el Área de Libre Comercio de las Américas: «Tenemos que tomar una decisión: podemos combinar nuestros mercados de manera tal de poder competir en el largo plazo con Asia y Europa. O podemos ir por separado. Creo que el sentido común indica que debemos combinar los mercados de nuestro hemisferio»(2).

He allí, sin subterfugios, la causa por la cual Washington proyectó hace más de una década y relanzó con urgencia el año pasado una versión siglo XXI de la consigna «América para los (norte)americanos»: poder competir con Asia y Europa.

Días antes, con interpretación discutible pero como nunca de manera explícita, desde el otro lado del Atlántico se admitía también el punto en cuestión: «Estados Unidos asestó un duro golpe a la Unión Europea (en la reunión de ministros del ALCA en Buenos Aires). Durante todo este tiempo el ALCA era una nube negra en el horizonte de la UE en la carrera con EE.UU. por ganar influencia en América Latina. Desde hace una semana, la UE tiene la nube encima y la sorprende sin paraguas».

De hecho, en esto que ahora se califica abiertamente como «La batalla por América Latina»(3), la UE tuvo la delantera estratégica: la cumbre de presidentes de las Américas nació a instancias de Washington con dos años de retraso respecto de la reunión anual de presidentes iberoamericanos (donde no se excluye a Cuba) encabezada por España en representación de la UE; durante la última década multinacionales y bancos europeos han ocupado lugares preciados por Washington y, de hecho, la reunión de ministros de Buenos Aires estuvo lejos de significar un triunfo para la Casa Blanca, como queda ahora reconfirmado por los resultados obtenidos en Quebec.

Allí tomó forma explícita la fuerza representada de un lado por la multifacética oposición en las calles (30 mil personas según la policía canadiense, 70 mil según los manifestantes) y de otro por Brasil y Venezuela. El presidente Hugo Chávez no escatimó gestos para tomar distancia de la propuesta de Bush. Ya en su país declaró ante la Asamblea Nacional (repitiendo textualmente un concepto de la cancillería brasileña) que «el ALCA no es un destino sino una opción», que como tal será llevada a consulta popular en Venezuela. El presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso -«segundo gran protagonista de este encuentro tras Bush»(4)- fue menos enfático pero no menos claro: condenó la exclusión de Cuba, hizo explícita su simpatía por los manifestantes, repitió aquello de que el ALCA «es una opción» y sostuvo que no hay prisa para iniciarlo, y que no se concretará si EE.UU. no levanta sus barreras proteccionistas.

Si el ALCA es un proyecto estratégico para Washington, el intento de acelerar su concreción estriba en una urgencia coyuntural: es entendido como «esencial para revivir el crecimiento estadounidense»(5). Los acontecimientos muestran a Estados Unidos frenado en la coyuntura, trabado en su estrategia, desafiado por nuevos actores que avanzan hacia el proscenio en el teatro hemisférico. La obra toma un sesgo diferente al previsto. Se percibe confusión, mezcla y turbulencias entre los protagonistas, dentro y fuera del reducto amurallado que sirvió de escenario a la III Cumbre de las Américas. Nadie parece tener argumento claro ni guión preciso, excepto quien ostenta el cargo de director, pero no logra ejercerlo. No obstante, la obra comienza a hacerse inteligible.

1. Javier Valenzuela, «Las sombras del mercado americano», El País, Madrid 24-4-01.
2. «Una antorcha que necesita ser avivada», La Nación, Buenos Aires 23-4-01.
3. Fernando Gualdoni, «La batalla por América Latina», El País, Madrid, 15-4-01.
4. Javier Valenzuela, «Las protestas empañan la cumbre americana», El País, Madrid 22-4-01.
5. Alan Tonelson, «The Americas: Free trade can be a disappointing panacea», International Herald Tribune, París,19-4-01.

El presidente estadounidense hizo un anuncio de imprevisibles consecuencias para el equilibrio mundial: desconoce el tratado sobre armas atómicas que regló la conducta de las grandes potencias.

George W. Bush comunicó al mundo que su país abandona una doctrina estratégica y comienza a ajustarse a otra. ¿Cuál? Nadie fuera del Departamento de Estado y el Pentágono lo sabe hasta ahora. Puede que dentro tampoco. Como quiera que sea el anuncio es impactante: Estados Unidos considera que su sistema disuasivo construido durante la guerra fría ya no le es útil. Hay riesgo, asegura Bush, de que proliferen misiles con carga nuclear en manos de lo que denomina «Estados delincuentes» o incluso de grupos terroristas. Nada hay más peligroso, se sabe, que Estados empeñados en montar en secreto armas de destrucción masiva, o terroristas con millones de dólares para gastar y total ausencia de escrúpulos y sentimientos humanitarios. De allí la necesidad de construir un escudo capaz de detectar y destruir misiles antes de que lleguen a destino. El costo de semejante emprendimiento es «impreciso, variando entre 60 y 100 mil millones de dólares, o más»(1).

Es a tal punto urgente la necesidad de autoprotección que, subraya Bush, su administración no tendrá en cuenta la prohibición que para tal tipo de armas establece el Tratado de Misiles Antibalísticos (ABM en su sigla inglesa), firmado en 1972 por los presidentes Richard Nixon de Estados Unidos y Leonid Brezhnev, de la entonces poderosa Unión Soviética.

Sobre aquel acuerdo reposó el equilibrio del terror, consistente en acrecentar y perfeccionar los arsenales atómicos de las dos superpotencias nucleares pero sin transgredir reglas que hacían poco menos que imposible una ventaja decisiva(2). La denuncia unilateral del ABM y la decisión hecha pública de construir el escudo cuyas características aún son imprecisas, es por tanto mucho más que el punto de partida de una nueva carrera armamentista: es el comienzo de una era sin reglas reconocidas y acordadas por los ahora numerosos países con capacidad nuclear, que marchará al ritmo de la decisión estadounidense de imponerse en esta nueva pugna de la irracionalidad.

Un aspecto positivo de la decisión estadounidense, según explicó Bush, es que su país reducirá de 7000 a 2500 el número de sus ojivas nucleares. Pocos son los espíritus que se tranquilizan con la noticia de que desde la Casa Blanca se podrá, cuando la reducción se concrete, destruir el planeta apenas veinte veces. Las proporciones quedan a la vista si se toma en cuenta que China, también potencia nuclear, cuenta con 284 cabezas nucleares.

Reacciones diferentes

Tal vez la opinión pública no tiene todavía la medida de las consecuencias de esta mudanza estratégica. Se trata de un cambio que, por su propia naturaleza, excluye definiciones extremas de los grandes actores directamente involucrados. Pero la ubicación de cada uno permite seguir el hilo rojo del entretejido político en ciernes. Europa reaccionó con un gesto de extraña resignación: «‘Sabíamos que el proyecto se pondría en marcha de todas maneras, así que sólo nos quedaba ser pragmáticos’, señaló una fuente oficial de la Unión Europea»(3). El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Joschka Fischer, que obtuvo su cargo como representante del Partido Verde, «señaló que el Tratado ABM ‘había funcionado bien en el pasado’, que sólo debería ser reemplazado por otros mecanismos ‘mejores o más efectivos’, y que ‘no queremos una nueva carrera de armas’ «⁽⁴⁾.

Su par ruso, Igor Ivanov, fingió que no estaba ante hechos consumados y declaró en rueda de prensa que el Kremlin «insistirá en la preservación y fortalecimiento del Tratado ABM» , y agregó que «es extremadamente importante que la administración estadounidense no dé pasos unilaterales, y en cambio consulte con sus aliados y amigos, incluida Rusia»(5). La posición más neta provino de China, que sin embargo no habló oficialmente; a través de la agencia de noticias Xinhua alertó que el desconocimiento del Tratado ABM «destruirá el equilibrio internacional de fuerzas de seguridad y podría provocar una nueva carrera armamentista»(6).

Hay múltiples razones para prever que la voz más neta de oposición a la decisión del Departamento de Estado se hará oír desde Pekín. El agudo conflicto desatado por el choque del avión espía estadounidense con un caza chino, el pasado 2 de abril, y la negativa de Pekín a devolver la ultrasofisticada aeronave, es apenas un detalle en el sistemático agravamiento de las relaciones entre ambos países. Como documenta un dossier de la edición de mayo de Le Monde diplomatique, está avanzado el curso de drástica recomposición en el mapa de alianzas y rivalidades planetarias, signada sobre todo por el viraje de Rusia, ahora recostada sobre China, India e Irán, y con su gran poder en tecnología nuclear como clave y contrapeso de la decadencia económica que la agobia(7).

Paradojalmente, las posturas más netas en oposición al anuncio de Bush provienen de los más altos círculos de poder en Estados Unidos mismo. «Tengo una gran preocupación con las decisiones unilaterales, porque creo que pueden detonar una segunda guerra fría -Guerra Fría II, la llamo» , declaró el senador demócrata Carl Levin(8). Uno de los argumentos más rotundos de la oposición interna es que, hasta el momento, hay muchos fracasos y ni una sola comprobación de efectividad del mecanismo sobre el que se basa el Plan de Bush.

¿Por qué ahora?

En las próximas semanas y meses este abanico de posiciones ambiguas tomará un relieve más nítido y será posible comprobar cómo tiende a rediseñarse el mapa geopolítico de las potencias militares mundiales. Sin embargo, es difícil admitir que la decisión de desconocer el Tratado ABM pueda residir en la conducta de «grupos terroristas atómicos» ; asimismo, esta determinación del Departamento de Estado es relativamente independiente del replanteo estratégico de los centros de poder mundial, aunque pueda derivar en una imprevisible aceleración de los cambios.

En realidad, la premura de Bush, que pretende tener un escudo «incluso rudimentario» para inicios de 2004 está asociada con la ansiedad por poner en vigencia el ALCA cuanto antes, frustrada en la reunión de presidentes americanos el pasado 20 de abril en Quebec. Y ambas conductas están dictadas por la situación económica mundial.

En momentos de sobreproducción de mercancías, proliferación de situaciones recesivas y acentuación de la disputa por mercados, la inversión masiva en armas es desde luego un recurso estratégico en términos políticos y militares. Pero es también -y acaso, hoy, sobre todo- un recurso económico. Entre las mercancías excedentes e imposibles de hallar mercado rentable se cuenta una muy particular: el dinero. Basta ver los índices de Wall Street para comprender por qué. Como la denominada «Guerra de las Galaxias» de Ronald Reagan en los ’80 y antes aún el «Sistema de Salvaguardia» de Richard Nixon en 1969, este nuevo proyecto sirve ante todo para valorizar cantidades siderales de dinero que no hallan destino. La carrera armamentista es beneficiosa para los atribulados poseedores o gestores de esas masas dinerarias. Si de esto deriva una situación mundial de extremo riesgo, siempre puede cargarse la responsabilidad al Sr. Bush.

1. Richard Butler, «Restarting the nuclear race» , The New York Times, New York, 2-5-01.
2. El Tratado ABM establece: no desplegar o proveer base para sistemas ABM para defensa del territorio; no desarrollar, experimentar o desplegar mecanismos de intercepción múltiple o de reacción rápida para lanzamisiles ABM; no desarrollar, experimentar o desplegar sistemas ABM o componentes, sea con base en tierra, mar espacio o móviles terrestres; no transferir a otros Estados, o desplegar fuera del territorio nacional, sistemas ABM o sus componentes.
3. Carlos Yárnoz, «China condena el escudo antimisiles y vaticina la ruptura del equilibrio mundial de seguridad» , El País, Madrid, 3-5-01.
4. Ibíd
5. Patrick Tyler, «Global reaction to missile plan is cautios» , The New York Times, 3-5-01.
6. Ibíd.
7. Dossier «Geopolítica» , Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, mayo 2001.
8. Alison Mitchell, «Top democrats warn of a battle on missile plan» , The New York Times, 3-4-01.