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El primer signo inocultable fue el golpe contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002. Pero a partir de allí, y acelerado al compás de los preparativos bélicos contra Irak, Estados Unidos parece dar por terminado el período histórico en el que su estrategia continental demandaba gobiernos constitucionales.

Entre las revelaciones a que dio lugar en las últimas semanas la embestida estadounidense para ocupar Irak, destaca con singular relieve el posicionamiento de los gobiernos latinoamericanos ante el dilema que afronta el planeta: la región enfrentó la voluntad de la Casa Blanca. Las excepciones brillan precisamente por su escaso valor geopolítico en el hemisferio. Y el saldo inmediato es inequívoco: Washington se ha quedado solo también en su área de influencia más directa.

No debiera sorprender. Que los presidentes Vicente Fox de México y Eduardo Duhalde de Argentina hayan tomado tan tajante distancia frente a la Casa Blanca es inesperado solo para quien no advirtió el fenómeno en curso en la región durante los cuatro últimos años. Aunque desde un ángulo diferente, la causa que contrapone a George W. Bush con gobiernos insospechados es la misma que produjo la irreparable hendidura entre Estados Unidos y la Unión Europea: la debacle económica con epicentro en las cúspides del sistema mundial lanza unos contra otros a los principales beneficiarios del orden actual.

Fox y Duhalde (y desde un ángulo diferente el presidente chileno Ricardo Lagos), no son Jacques Chirac y Gerhard Schroeder por lo mismo que los grandes empresarios de aquellas dos potencias imperiales no pueden compararse con sus homólogos transatlánticos. No obstante, a la hora de defenderse de la compulsiva voracidad del socio mayor, son explicables la altiva decisión del presidente francés de acudir él mismo a ejercer el derecho a veto que su país tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la tajante toma de distancia de Duhalde en su discurso de apertura del período legislativo.

Engañarse respecto de la naturaleza de los actores es tan grave y ominoso como negarse a admitir quién escribe, con mano invisible pero inapelable, el libreto que asombra a algunos y confunde a muchos más: la crisis verdadera; la que aún permanece camuflada por la tragedia iraquí; la que lanza unos contra otros a los máximos representantes de las potencias y sus subordinados en todo el orbe; la que se mide más fría y precisamente en los balances de las multinacionales, en la caída de la tasa de ganancia, en el derrumbe de los índices bursátiles.

Otros actores

En América Latina, sin embargo, gravita de manera decisiva un factor diferencial respecto de las posibles derivaciones de la coyuntura en el resto del mundo: los gobiernos de Brasil y Venezuela y, en otro plano, el de Cuba. Tras haber transformado los intentos golpistas de 2002 en contudente victoria y base para una ofensiva acelerada ya en pleno desarrollo, Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana se proyectan en la región como puntal alternativo frente al descalabro y la ingobernabilidad. Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores de Brasil, a la cabeza del Estado más poderoso al Sur del río Bravo, expresan a su vez una vuelta de campana en las relaciones de fuerzas hemisféricas y constituyen una plataforma hoy muy elevada para cualquier proyección política regional (la propuesta de Lula de convocar inmediatamente en la ONU a todos los países que se oponen a la guerra es revulsiva no ya para Bush, sino para Fox, Duhalde y decenas de otros jefes de gobierno en el mundo). Fidel Castro, firme pese a los pronósticos que aseguraban su caída 13 años atrás, es un baluarte moral y político para una mayoría abrumadora de los más de 400 millones de habitantes de la región. Las diferencias de todo orden entre estas tres instancias alternativas en el tifón de la crisis, no podrían desdibujar lo obvio: Fox y Duhalde (o quienquiera que lo reemplace), no podrían jamás torcer a su favor el eje apoyado en Brasilia, Caracas y La Habana.

Más importante es, con todo, verificar que lejos de operar en los hechos contra éste, Fox y Duhalde (y lo mismo ocurrirá con quien lo reemplace), fueron empujados a sumarse objetivamente a él, en un punto tan crucial como es hoy para el Departamento de Estado obtener apoyo político formal y público para avanzar hacia la invasión en Medio Oriente. Y este cuadro adquiere su verdadera dimensión cuando se toma cuenta del trasfondo: los índices elevadísimos de oposición a la guerra en todos y cada uno de los países del área.

Sentimientos anti-Estados Unidos

Todo lo que en términos ideológicos ganaron los defensores del sistema capitalista señoreado por Washington entre 1987 y 1997, lo perdieron en el lapso que va de aquel momento a la fecha. Sólo una pertinaz propensión a negar los hechos pudo ocultar que con el colapso bursátil de 1997, el derrumbe de los entonces ensalsados «tigres asiáticos» y la sublevación masiva que en Indonesia derrocó una dictadura de medio siglo, se iniciaba el canto del cisne imperial. A partir de aquel punto se comprobaban la imposibilidad de un «nuevo orden internacional», la certeza de un insondable e incontenible desorden, resumido por Chirac y Duhalde, hoy abanderados contra un objetivo irrenunciable para la Casa Blanca.

Desde el lejano Oriente la oleada antimperialista, supuestamente sepultada para siempre, cobró por entonces cuerpo de masas y se desplazó a las propias capitales del Norte, en un fenómeno mal representado por el concepto «antiglobalización». Ahora inunda al planeta entero. Y es tan poderosa que desde el Papa al New York Times deben pagarle tributo.

Al margen de las múltiples consecuencias estratégicas de este fenómeno, en América Latina plantea para Washington un desafío inmediato y de enormes proporciones. Y como frente todo lo que ya no puede resolver con ideología, promesas y dinero (porque aquéllas se revelaron hipócritas e inconsistentes y éste se agotó), el Departamento de Estado responde con violencia. Y opera directa, brutal y abiertamente contra los regímenes constitucionales en el área. Ya ha sido subrayada la significación inequívoca del pedido del presidente colombiano Alvaro Uribe para que Washington haga en Sudamérica «lo mismo que en Irak»(1). Pero en los dos meses subsiguientes la escalada se amplió.

El punto de aceleración ocurrió cuando ya estaba clara la dinámica de oposición mundial a la guerra y la imposibilidad de derrocar a Chávez: «Mañana, una delegación de funcionarios de alto nivel de EE.UU se reunirá aquí con representantes de la Cancillería para cruzar información y sobre todo, para evaluar de qué manera se puede atacar el financiamiento de organizaciones terroristas hacia Medio Oriente. Suponen, se realiza desde ese triángulo donde convergen Puerto Iguazú, Foz de Iguazú y Ciudad del Este»(2). Tropas estadounidenses ingresaban sigilosamente a sumarse a destacamentos ya instalados y operando en «prácticas conjuntas», en esa zona y, al misma altura hacia el Oeste, en la provincia argentina de Salta.

Diez días antes una voz insospechable constataba: «Una guerra de Estados Unidos con Irak echaría combustible a los ya considerables sentimientos anti estadounidenses, que han crecido pronunciadamente en muchos países islámicos en años recientes, y dividiría a los estadounidenses del público de algunos tradicionales aliados, revela un sondeo de opinión pública global»⁽³⁾.

Otras voces confirmaron la escalada:

«Un grupo de 60 soldados estadounidenses se encuentra en la región petrolera de Arauca, al noreste de Colombia, para entrenar a militares de ese país en la protección de oleoductos contra atentados terroristas»(4). Nota bene: esto ocurrió una semana después de la demanda pública de Uribe y cuando ya en Venezuela el golpe petrolero se había vuelto contra sus ejecutores, transformándose en un poderoso motor de impulso a la Revolución Bolivariana.

«El general de EE.UU James Hill, comandante del Comando Sur en Miami, dijo que grupos islámicos radicales de Oriente Medio reciben ´entre 300 y 500 millones de dólares anuales desde redes criminales de Latinoamérica»(5).

Para colmo ocurrieron accidentes: «El presidente de EE.UU, George W. Bush, ordenó ayer el envío a Colombia de 150 soldados estadounidenses para asistir en la búsqueda de tres ciudadanos de ese país que permanecen como rehenes de guerrilleros de las FARC (…) una avioneta, que supuestamente hacía tarea de espionaje, cayó al Sur de Colombia el 13 de febrero. Viajaban cinco hombres de los cuales cuatro eran norteamericanos»(6).

Simultáneamente, periodistas reconocidos por su sagacidad para adelantarse en la interpretación de lo que el Departamento de Estados transformará en líneas de acción, comenzaron a machacar sobre dos nuevos y gravísimos riesgos que azotarían a Sudamérica: las «áreas sin ley», que reclaman «una fuerza regional multinacional», y el hecho de que «a Chavez le conviene» la invasión a Irak, por lo cual se debe impedir que la ocupación de aquel país mitigue la atención puesta en Venezuela(7).

El obvio impacto negativo sobre las economías sudamericanas y las actitudes de los respectivos gobiernos también ha sido considerado: «EE.UU necesita el apoyo de México y Chile en especial, ya que precisa sus votos en el Consejo de Seguridad, del que son miembros actualmente (…) ´Los países más grandes están sufriendo presiones grotescas´, que para el presidente de México ´representan amenazas´, dijo Joseph Tulchin, del Centro Woodrow Wilson. Bush sugirió esta semana que podría darse en EEUU una reacción contra los mexicanos como la que tiene lugar contra los franceses, y un diplomático estadounidense dijo a The Economist que la falta de apoyo de México en la ONU podría ´provocar sentimientos negativos´»(8).

Mientras tanto, se hacía público que «Brasil y Argentina pusieron ayer en marcha una ambiciosa idea para exportar juntos productos agropecuarios y coordinar estrategias comunes ante la Organización Mundial de Comercio»(9).

Democracia en peligro

Con un dispositivo militar creciente; con argumentos -casi nunca probados- tendientes a lanzar una caza de «terroristas» y «fuentes de financiación» de organizaciones islámicas en Medio Oriente; con presiones y descarada intervención de sus embajadores en cuestiones políticas internas; con la obsesiva idea de cambiar el concepto de fuerzas armadas de cada país por el de una estructura conjunta continental con mando en Washington, Estados Unidos está avanzando a paso acelerado contra la institucionalidad democrática, ya exhausta y transfigurada a menudo en su contrario tras una década de políticas anticrisis denominadas «neoliberalismo».

Si gobiernos elegidos democráticamente se suman a la oposición a la ofensiva económico-militar de Washington, y si para colmo apuntan a formas de unidad en diferentes planos para afrontar una crisis que no da -y no dará- respiro, cae de su peso cuál es el más reciente enemigo de Estados Unidos: las democracias latinoamericanas.

1. Luis Bilbao, «El enemigo principal es Lula»; Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, febrero 2003.
2. «60 soldados de las fuerzas especiales de EEUU llegan a Colombia»; El País, Madrid, 19-1-03.
3. Brian Knowlton, «A rising anti-American tide»; International Herald Tribune; París, 5-12-02.
4. Guido Braslavsky; «EE.UU vuelve a poner su mira en la Triple Frontera»; Clarín, Buenos Aires, 15-12-02.
5. «Nueva denuncia de EE.UU sobre la triple frontera»; Clarín, 10-3-03.
6. EE.UU envía tropas a colombia para recuperar a sus rehenes»; Clarín, 23-2-03.
7. Andrés Openheimer, «Las amenazas de las áreas sin ley», La Nación, Buenos Aires, 11-3-03, y Jorge Ramos Avalos, «A Chávez le conviene la guerra», Clarín, Buenos Aires, 8-3-03.
8. «La guerra perjudicará las economías de América Latina»; Clarín, 11-3-03.
9. Cristian Mira, «Brasil y Argentina quieren unirse para exportar alimentos»; La Nación, Buenos Aires, 11-3-03.

El llamado del presidente Alvaro Uribe a que Washington intervenga militarmente en América Latina y la forzada incorporación de EE. UU. al «grupo de países amigos» de Venezuela, originalmente programado por el gobierno brasileño, son movimientos destinados a recuperar la iniciativa política en la región. Tratando de utilizar a Lula para cercar a Hugo Chávez, Washington busca impedir que el liderazgo regional del Presidente brasileño catalice el descontento generalizado y consolide una relación de fuerzas adversa a Estados Unidos.

Lo hizo con gesto de monaguillo compungido, pío servidor de la iglesia al que un superior ha dado una reprimenda, aceptada con el placer intenso de los fanáticos. Por mucho menos, en otro momento de la historia semejante conducta hubiese levantado una marejada de indignación y su autor hubiese sido declarado “traidor a la patria”. Signo de los tiempos, apenas si hubo contenidos gestos de sorpresa e incomodidad cuando el presidente de Colombia pidió que Estados Unidos invada su país y descargue su poderío militar sobre el corazón sudamericano, la Amazonia.

Alvaro Uribe utilizó dos escenarios internacionales para publicitar su insólita demanda: el “despliegue en los cielos y mares de una fuerza multilateral liderada por Estados Unidos para combatir con toda fortaleza el narcotráfico y el terrorismo en Colombia, que potencialmente puede destruir la Amazonia e impactar en toda la región sudamericana”(1). En Quito primero, durante la ceremonia de asunción del presidente Lucio Gutiérrez, en Davos después, rodeado de las altas finanzas del planeta, Uribe repitió su argumentación: “Yo veo que es más grave el conflicto del narcotráfico y el terrorismo en Colombia para la estabilidad democrática del continente en el mediano y largo plazo, que el mismo conflicto en Irak. Este problema nuestro es una amenaza mayor”. Y agregó, para que no haya equívocos: “si Estados Unidos está movilizando al Golfo Pérsico miles y miles de hombres y toda la tecnología, pues lo que hay que hacer es taponar con la misma fuerza y con la misma decisión todas las vías por donde se surte el comercio del narcotráfico”(2).

Uribe pide decenas de miles de soldados estadounidenses y la panoplia ultratecnificada que hace posible “en las primeras 48 horas lanzar 800 misiles y arrasar Bagdad”, para lograr la “destrucción psicológica y la voluntad del enemigo”(3). Si resultare imprescindible para la alta misión de “combatir el narcotráfico”, esa tecnología permitiría asumir, como hace el Pentágono en estas horas respecto de Irak, que “sólo las armas nucleares pueden ser el camino eficaz para destruir objetivos altamente sofisticados”(4).

¿Sobreactúa Uribe y obran con sabiduría gobiernos, partidos e intelectuales latinoamericanos que se limitan a registrar con nerviosismo –si acaso lo hacen– tal propuesta? Ni lo uno, ni lo otro. Uribe no obra con mayor autonomía de la que podía expresar un presidente de Vietnam del Sur durante los años de la invasión estadounidense en el Sudeste Asiático. Su voz repite la indicación de quienes en los centros reales de poder en Washington observan, a mitad de camino entre la incomprensión y la alarma, que Estados Unidos ha perdido la iniciativa política y carece de instrumentos institucionales aptos para recuperarla en los perentorios plazos exigidos por la crisis global y su manifestación singular en el hemisferio Sur del continente.

No son improvisados los escenarios escogidos por Uribe. Por sobre los debates agendados, en Davos dominó la honda fractura producida entre la Unión Europea y Estados Unidos a propósito del ataque a Irak, cuyas causas sin embargo encuentran explicación de última instancia en el tema prohibido del cónclave: la recesión combinada de Europa, Estados Unidos y Japón y la certeza ya asumida de que, lejos de remontarla en 2003, la caída se acentuará, dándole amenazante corporeidad al fantasma de un colapso del sistema financiero mundial(5). En Quito, mientras tanto, el foco de todas las cámaras resumió involuntariamente el hecho político nuevo en el continente al apuntar, como había hecho diez días antes en Brasilia durante la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva, a la imagen que para la prensa, sin excepción, dominó ambas ceremonias: el encuentro de Lula, Fidel Castro y Hugo Chávez.

Convergen aquí dos datos mayores del momento político internacional: ruptura de la alianza estratégica entre Europa y Estados Unidos –admitida ya a ambos lados del Atlántico(6)–, es decir, demolición de lo que fuera, junto con la ex Unión Soviética, viga maestra del equilibrio planetario dominante desde la Segunda Guerra Mundial; conformación de un bloque latinoamericano objetivamente confrontado con Washington, con centro de gravedad en Brasil y respaldo activo de Venezuela y Cuba.

Réplica caribeño-integrista del agnóstico británico Anthony Blair, Uribe fue encomendado para llevar la respuesta de Washington a los presidentes reunidos en Quito y, en Davos, a quienes pudieran aspirar, alentados por aquella fractura, a repetir el papel de Gran Bretaña frente a España durante la lucha americana por la Independencia, dos siglos atrás: si lo intentan, vamos como a Irak. La advertencia era también, y sobre todo, para el presidente brasileño, que acaso llevado por la misma lógica, estuvo en la localidad suiza donde Thomas Mann situara La montaña mágica.

Golpe de mano de Washington

En diciembre último, antes de asumir el Ejecutivo de Brasil, Lula envió un delegado personal a entrevistarse con el presidente Hugo Chávez, quien para entonces había ya quebrado el intento opositor de derrocarlo mediante una campaña de sabotaje masivo contra la empresa petrolera del Estado, PDVSA. El comisionado brasileño llevó una propuesta, consistente en formar un grupo integrado por países latinoamericanos y de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) que mediara entre el gobierno y la oposición venezolana y facilitara una salida a ambas partes, urgidas –por razones diferentes– a hallar una vía de rápida salida al fallido golpe de Estado detonado a comienzos de diciembre. A la sazón, el presidente saliente Fernando Henrique Cardoso, en acuerdo con el presidente entrante, había facilitado la utilización de barcos petroleros brasileños y el envío de gasolina a Venezuela, lo cual contribuyó a que Chávez superara la emergencia en el punto de mayor efecto de la campaña de sabotaje, que había provocado desabastecimiento de combustibles y gas. Según fuentes venezolanas, la propuesta de crear el grupo de países amigos era conocida por las autoridades estadounidenses. Sin embargo un portavoz del Departamento de Estado condenó la iniciativa en el mismo momento en que Lula asumía la Presidencia, el 1º de enero. La primera reacción fue formar otro grupo de países, presidido por Estados Unidos. Pero en la semana transcurrida entre esa fecha y la asunción de Gutiérrez, el secretario de Estado del gobierno de George W. Bush, Colin Powell, aplicó la antigua máxima del pragmatismo militar: si no puedes vencer a tu enemigo, únetele. En Quito, mientras Uribe hacía su provocativo pedido, se consumaba la incorporación de Estados Unidos, España y Portugal al grupo de “amigos”. La propuesta de Lula se daba vuelta como un guante. Y la mano de hierro que éste envolvía se cerraba en torno al cuello del presidente brasileño. Fuentes cercanas a la dirección del PT tradujeron el impacto paralizante de la primera gran prueba de fuerzas con Estados Unidos. En Miraflores hubo estupor y desconcierto.

El revés para Chávez resulta obvio. El involucramiento directo de la Casa Blanca y la CIA en el golpe de abril es cosa sabida, denunciada incluso por la gran prensa estadounidense. Los gobiernos de Estados Unidos y España fueron los dos únicos que en todo el mundo reconocieron formalmente el 13 de abril pasado a Pedro Carmona, el efímero dictador que en apenas 36 horas anuló la Constitución, disolvió el Parlamento, destituyó gobernadores y alcaldes y lanzó una persecución feroz en todo el país contra dirigentes chavistas, antes de huir con escala en Bogotá y destino Miami. Los dos intentos de golpe posteriores, en octubre y diciembre, contaron, como mínimo, con respaldo diplomático, político y comunicacional del Departamento de Estado.

Va de suyo que los delegados estadounidense y español en el “grupo de países amigos” reiterarán la conducta de abril, desconociendo la legitimidad de Chávez y el carácter anticonstitucional del accionar opositor. La aceptación inicial de esta instancia se transforma así en una trampa que puede dificultar la consumación de la estrategia de Chávez, quien ha logrado deslegitimar a la oposición en términos de legalidad constitucional y, en consecuencia, privarla de respaldo público por parte de gobiernos extranjeros. No obstante, dada la relación de fuerzas internas tras el fracaso rotundo de la intentona(7), el respaldo renovado y creciente de la población y los anuncios recientes del Presidente venezolano apuntados a profundizar la “revolución bolivariana” con medidas letales para el núcleo eficiente de la oposición golpista –todos datos conocidos de antemano por Washington– acorralar a Chávez no es en modo alguno el objetivo principal de la Casa Blanca en el “grupo de amigos”.

La clave es el ALCA

El centro estratégico de esta arremetida estadounidense son Brasil y su presidente. Las clases dirigentes del gigante sudamericano expusieron su oposición al ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas) mucho antes de la victoria del Partido de los Trabajadores (PT). El justificado temor de franjas de la alta burguesía latinoamericana ante el ímpetu arrollador de Estados Unidos en su empeño por unificar un mercado de Alaska a la Patagonia, tomó cuerpo en la diplomacia de Itamaraty ya durante el gobierno de Cardoso. Fue este presidente, declarado socialdemócrata, quien consumó un vuelco del tablero político regional al convocar en julio de 2000 a una reunión de presidentes sudamericanos, es decir, excluyendo no sólo a Estados Unidos, sino también a México, su socio latinoamericano en el Tratado de Libre Comercio (TLC) y a los gobiernos subordinados a éste en América Central y el Caribe.

Para resistir la embestida estadounidense, Brasil necesita de un bloque regional que, desde la perspectiva de Itamaraty, sólo puede consolidarse en torno a la única burguesía industrial con existencia real en el área: la suya propia. El otro punto de apoyo de ese eje está hoy en Caracas. Y el tercero, potencial y por el momento altamente improbable, en Buenos Aires.

Si con la operación “grupo de amigos” los agentes de Bush logran distanciar en los hechos al proceso revolucionario venezolano del gobierno brasileño, debilitarán al extremo la estrategia diplomática delineada por el gran capital brasileño en su intento por levantar una barrera de resistencia frente al ALCA. También, y de un mismo golpe, acaban con el potencial revulsivo del liderazgo de Lula en la región.

El éxito inicial de la maniobra que ubicó a Lula en el imposible papel de gestor de la voluntad de Washington no debiera ocultar la sustancia del fenómeno: la Casa Blanca va detrás de los acontecimientos en Sudamérica. Tiene el poderío necesario para imponerse en circunstancias puntuales (es obvio que el gobierno del PT es chantajeado a partir de la gravísima situación económica que lo acosa), pero está a la defensiva. El recurso de la amenaza bélica, la carta Uribe, es prueba de una debilidad insanable que, vista del revés, inaugura una etapa histórica en América Latina: ahora la iniciativa política para la región está en manos de una singular alianza social –simbolizada por Lula y Alencar en el Ejecutivo brasileño–, todavía sin signo definitivo y, por ello, con el rumbo abierto en numerosos senderos, hoy inescrutables. Alguno de ellos lleva presumiblemente a los jardines de la Casa Blanca; otros entrevén el sentido inverso.

“Hacia donde se incline Brasil irá América Latina”, dijo Henry Kissinger en los años ’60, cuando teledirigía el golpe militar en aquel país. Sin duda el Departamento de Estado sigue hoy, con mayor énfasis aun, aquella noción estratégica (la cual, apoyada en lo obvio, desconoce por cierto la abigarrada complejidad del continente y el devenir desigual y combinado de la dialéctica de la historia). Como quiera que sea, desde el 1° de enero y por todo un período Brasil y Lula serán el fiel de la balanza en el Cono Sur y gravitarán sobre todo el continente, incluido Estados Unidos, donde el 70% de la población se opone a la guerra contra Irak y la primera minoría étnica, con 37 millones de ciudadanos, es de origen latino. Ocurre que precisamente el Cono Sur está hoy en una situación de inestabilidad sin precedentes en la historia de la región.

Bolivia, Paraguay, Argentina

En Bolivia, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada asumió hace apenas seis meses y ya afronta una insurrección de masas que, cualquiera sea su desenlace inmediato, revela una nueva y original reconfiguración política de las organizaciones indígenas, obreras y de las capas medias urbanas. Si la impotencia oficial revela el callejón sin salida de las políticas resumidas en el vocablo “neoliberalismo”, la creación de un Estado Mayor del Pueblo, al calor de una sublevación que desde el 13 de enero paralizó al país y desarticuló el poder político (con un saldo a fin de enero de 11 muertos y centenares de heridos), indica grado y carácter de una confrontación social cuyo horizonte no encuadra en el régimen actual, mucho menos con la participación del embajador estadounidense a la usanza de un virrey del siglo XXI.

En Paraguay, en medio de una campaña electoral para las elecciones generales del próximo 27 de abril, el mismo día en que el Congreso debía votar si destituía o no al presidente Luis González Macchi éste ordenó la salida a las calles de unidades del ejército para “apoyar a los efectivos policiales en la búsqueda de poner freno a la ola de delincuencia y alta inseguridad ciudadana”(8). Centrales sindicales y la poderosa Federación Nacional Campesina discuten mientras tanto la fecha y condiciones de una huelga general. También en este país, el conflicto real está físicamente planteado: hay tropas estadounidenses estacionadas en la Triple Frontera.

Pero acaso más que en cualquier otro país, Brasil gravita hoy sobre la coyuntura en Argentina. Tras el cataclismo económico y la volatilización de todos los partidos, la simpatía por Lula –que las encuestas miden en más de un 60%– revela que mientras un sector numéricamente considerable de las clases dirigentes se esperanza con el relanzamiento del desarrollo mediante una proyección local de la alianza Lula-Alencar, el grueso de los trabajadores y específicamente la juventud ven en Lula a “un compañero”. Aun antes de que comience a tomar forma la propuesta brasileña de crear una moneda única y revitalizar el Mercosur, este sentimiento cobra fuerza política, se extiende a toda la región y atraviesa líneas partidarias y definiciones ideológicas, mientras la explosiva situación económica, además de alimentar una coalición sin precedentes a escala continental plantea un riesgo que amenaza cada mañana: “América Latina podría proveer la chispa para que se produzca una debacle financiera mundial”(9). He allí la medida de la desazón estadounidense.

1. “Uribe pidió un despliegue como en Irak”, La Nación, Buenos Aires, 16-1-03.
2. “Uribe le pide a EE. UU. un bloqueo militar a Colombia”, Clarín, Buenos Aires, 16-1-03.
3. “EE. UU. atacará Irak con una lluvia de misiles nunca vista”, Clarín, Buenos Aires, 26-1-03.
4. Paul Richter, “La Casa Blanca analiza un golpe nuclear táctico”, Los Angeles Times, publicado por Clarín, Buenos Aires, 26-1-03.
5. Pierre-Antoine Delhommais, “Qui peut croire encore à la reprise en 2003?”, Le Monde, París, 7-1-03; Jeffrey E. Garten, “The world economy needs help”, International Herald Tribune, París, 13-1-03.
6. Javier Solana, “Las semillas de una posible ruptura entre EEUU y Europa”, El País, Madrid, 13-1-03.
7. Luis Bilbao, “Dos semanas de fraude en Venezuela”, Info Dipló, Buenos Aires, 16-12-02 (www.eldiplo.org).
8. “En busca de seguridad sacan militares a la calle”, Noticias, Asunción, 29-1-03.
9. Jeffrey E. Garten, “The world economy needs help”, International Herald Tribune, París, 13-1-03.

Inopinadamente, Washington resolvió que era necesario realizar una reunión fuera de agenda de los 34 países americanos (todos menos Cuba) que integran la denominada “Cumbre de las Américas”. Los motivos de la urgencia llevan inquietud a las cancillerías del hemisferio: se teme una intervención militar en Colombia y las reacciones frente a Bolivia.

Faltaban indicios precisos para explicar la premura de la Casa Blanca por congregar a los 34 presidentes admitidos en la Cumbre de las Américas, el 12 y 13 de enero, en la ciudad mexicana de Monterrey. Pero una escalada en los últimos días permite adelantar conclusiones: el presidente estadounidense George Bush llega a Monterrey con el objetivo de contrarrestar el conjunto de medidas que desde el terreno económico y político, chocan con la creación de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, por el contrario, delínean un futuro mercado Sur-Sur y avanzan hacia la constitución de alguna forma estable de institucionalidad política común a escala suramericana.

La cuarta reunión ordinaria de la Cumbre de las Américas debía realizarse en 2005 en Buenos Aires; pero Washington forzó un abrupto cambio de fecha y lugar, rompiendo la regularidad de estas reuniones: 1994 en Miami, 1998 en Santiago de Chile, 2001 en Quebec. A estar por los documentos oficiales del Departamento de Estado estadounidense, nada justifica el adelanto de la fecha. En un seminario realizado el 15 de diciembre último en el Departamento de Estado, John Maisto, representante permanente de la Casa Blanca ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que el objetivo es “enfocar la atención en los temas del crecimiento económico, el desarrollo social y la gobernabilidad democrática en el Hemisferio Occidental”.

Funcionarios consultados en la Casa Rosada se mostraban perplejos, hasta el lunes 5, y evitaban toda conjetura a partir de una serie de señales inconexas dadas en las últimas semanas por figuras clave de la política estadounidense para América Latina. Sin embargo el martes 6, en Buenos Aires, aquella suma de datos cobró coherencia y significado cuando dos horas después de una reunión del Canciller argentino Rafael Bielsa con el embajador estadounidense Lino Gutiérrez, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, Roger Noriega (como Gutiérrez de origen cubano y de la comunidad de Miami), acusó al gobierno argentino casi como un émulo subversivo de Fidel Castro: «He notado que la política argentina parece haber hecho un giro hacia la izquierda. Y es desconcertante porque Argentina es un país importante que debería estar con nosotros en la promoción de los derechos humanos y la democracia -señaló-. Cuando el canciller Bielsa (Rafael) viajó a La Habana y no se reunió con ninguno de los disidentes eso envió una muy mala señal para la política exterior argentina».

No era un rayo en cielo sereno. Dos días antes, el Nuevo Herald de Miami había reproducido declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Adam Ereli, en las cuales se da otra puntada al entramado presumiblemente tejido con vistas a Monterrey: “Destacaría que el régimen de Castro, como es bien sabido, tiene una larga historia de intentar socavar los gobiernos democráticos a través de la región. Y por esa razón los estrechos lazos entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba plantean preocupaciones entre los socios democráticos de Venezuela”.

A través de la agencia de noticias Associated Press, funcionarios no identificados del gobierno estadounidense agregaron que la caída del presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, sería responsabilidad del dirigente campesino Evo Morales… financiado por el presidente venezolano Hugo Chávez. Como se sabe, en su visita a Santa Cruz de la Sierra con motivo de la cumbre iberoamericana, en noviembre pasado , el presidente argentino Néstor Kirchner tuvo un encuentro privado con Morales. Noriega, por su parte, en diversas intervenciones públicas machacó la idea de que “Castro, en sus días finales, parece tener la nostalgia de desestabilizar gobierno electos”. La deliberada amalgama es tan evidente como inconsistente.

Nerviosismo e incompetencia

No es el modo en que se mueve una diplomacia segura del terreno sobre el que está parada y de la estrategia que articula. Por el contrario, este tipo de operaciones expone una marcada alteración en el ánimo de los hombres del presidente de Estados Unidos. Sea por la aceleración de los tiempos hacia la creación de una instancia de unidad política suramericana, sea por el temor a una derrota electoral de Bush en las elecciones de octubre próximo, el hecho es que el círculo íntimo de Bush agudiza sus aristas de incompetencia diplomática al trasladar lenguaje y métodos de un lobby anticubano de Miami a la estrategia hemisférica de Estados Unidos. De esta manera multiplica enemigos y exacerba contradicciones de por sí difíciles de resolver.

Gutierrez se reunió con Bielsa el martes 6 a las 16 hs. Noriega descargó su andanada a las 18. ¿Qué exigió el embajador estadounidense al preparar la reunión entre Bush y Kirchner para el martes 13, que la cancillería argentina no podía aceptar?

Una hipótesis que se baraja en círculos diplomáticos alude a la intención estadounidense de proponer en Monterrey una fuerza militar conjunta interamericana –obviamente bajo mando de Washington- para intervenir en Colombia. Otra, supone la exigencia de un giro en la política supuestamente ya acordada entre Luiz Inacio Lula da Silva, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, destinada a concretar en tiempo perentorio una unión política suramericana, que prevé “una reunión extraordinaria de presidentes, a mediados de 2004, para formalizar la creación del espacio de integración regional” . Una tercera conjetura transmitida por altas fuentes diplomáticas refiere a los temores de Washington por la posible evolución de la situación en Bolivia: informes respecto de la existencia de una fracción militar que apoyaría a los movimientos indígenas impulsa a Bush a adelantarse proponiendo, también allí una “fuerza interamericana de paz”.

En rigor, una hipótesis no invalida la otra: una fuerza militar conjunta comandada por Washington que ocupe Colombia e irradie el hecho hacia toda la región (lo mismo vale para Bolivia), es precisamente el único freno a la vista para impedir la dinámica centrípeta que, con eje en Brasilia y Caracas, opera hoy sobre el subcontinente. La participación o no de Buenos Aires en ese movimiento de alcances históricos puede volcar a uno u otro lado el fiel de la balanza. De allí las presiones sobre el gobierno argentino, que comenzaron hace dos semanas con las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (a pesar de que Argentina cumplió cabalmente con todo lo acordado), y culminaron con el rapto de prepotencia imperial del funcionario Noriega.

Desde el 2 de diciembre pasado, el futuro de la democracia venezolana se juega en el actual enfrentamiento entre gobierno y oposición. Ante la descarada manipulación de los medios de comunicación, el presidente Hugo Chávez moviliza a la ciudadanía y parece contar con el apoyo de las fuerzas armadas. El desenlace es decisivo para América Latina.

No es nuevo el actor, pero sí lo es su protagonismo central, su transformación de figura de reparto en autor, director y primer personaje de la obra: los medios de comunicación en Venezuela dejaron de reflejar e interpretar los acontecimientos para pasar a diseñarlos según su voluntad, imponerlos como realidad virtual y luego conducirlos.

La osada operación ha fallado. Pero deja hondas y peligrosas heridas en la sociedad venezolana e inaugura una fase singular de la lucha política, más allá de aquel país y del presidente Hugo Chávez.

Es un hecho nuevo en cuanto al papel de la prensa en la política contemporánea, incluso en comparación con la función cumplida por estos mismos medios durante el golpe de Estado de abril pasado. Entonces, un paro fallido encubrió un golpe exitoso (durante sólo 36 horas, es verdad, pero exitoso) de grandes empresarios, una parte sustantiva de los mandos militares y las zonas más corruptas del aparato del Estado. En esta oportunidad, a la imposibilidad de paralizar al país se sumó la hasta ahora inconmovible actitud militar de subordinación a sus mandos naturales y alineamiento explícito con el gobierno del presidente Hugo Chávez. Además, muchos de los sectores empresarios que se sumaron a la asonada de abril, ganados por las concesiones ofrecidas por Chávez, se alinearon del lado oficial en esta oportunidad. Importantes sectores medios, que en abril marcharon contra Chávez, retrocedieron luego horrorizados ante la descarnada condición fascista, ultrarrepresiva y proestadounidense del fugaz presidente Pedro Carmona. Y a diferencia de la actitud inicialmente pasiva de las organizaciones sindicales en abril, ahora las nuevas estructuras y dirigencias, enfáticamente convocadas e impulsadas por Chávez en los últimos 9 meses, tomaron la iniciativa e hicieron imposible siquiera una apariencia presentable de huelga general.

En abril los medios de prensa habían propagandizado la huelga y transformado radios, diarios y canales de televisión en instrumentos de propaganda para llamar al derrocamiento de Chávez. Luego magnificaron algunos hechos, ocultaron otros y manipularon todo. Ya aquello, puesto al servicio de un golpe fascista, era una enormidad anunciadora de graves males. Pero ahora se trata de otra cosa: como el escenario social era antes del punto de partida adverso a los intereses y planes representados por los medios de comunicación privados, fabricaron una realidad a la medida de sus intenciones y la machacan con absoluto desprecio por los hechos objetivos, durante 24 horas y en cualquier circunstancia, al parecer convencidos de que es posible convencer a cada ciudadano de que su mundo es el que se le impone desde la pantalla de los televisores y no el que cada uno vive en su hogar, en su trabajo, en su ciudad.

No es posible dejar de sorprenderse -y de alarmarse- ante la conducta de tantos periodistas y profesionales que, atrapados al parecer por un torbellino enajenante, se encapsulan en esta licantropía colectiva y ensayan una operación masiva que ya no es de desinformación, sino de reemplazo del mundo real, con la aparente certidumbre de que lograrán su objetivo.

Acompañado no sin fruición por la casi totalidad de los grandes medios de todo el mundo -y muy especialmente en Argentina, acaso porque un tobellino semejante azota estas latitudes- este fenómeno se transformó, en las últimas dos semanas, en una estafa informativa sin precedentes.

El fenómeno importa por lo que atañe a Venezuela y por su ineludible proyección urbi et orbi. Pero acaso lo más relevante es el anticuerpo a su medida que ha creado allá y en todo el mundo, lo cual no dejará de tener también una proyección de seguro impacto político.

Los hechos

Por tercera vez en el año, Fedecámaras, CTV (Central de Trabajadores de Venezuela) y la Coordinadora Democrática convocaron a una huelga general para el 2 de diciembre. En abril, como se sabe, la paralización fracasó, no obstante lo cual sirvió como telón de fondo para el golpe de Estado cuyo desenlace es por todos conocido(1). En octubre, tras otro pico de tensión, volvió a fracasar, pero esta vez con mengua notoria en la participación empresaria y, como se ha dicho, una actitud diferente de la clase obrera, ya ostensiblemente ajena a la estructura de la CTV.

Cabe hacer un paréntesis para subrayar que «huelga general» es un concepto que sólo puede aplicarse a la conducta de los trabajadores. Cuando son los empresarios quienes convocan a detener la actividad productiva y comercial, el término que describe el hecho es la voz inglesa lock out. Esta es la primera razón por la cual en Venezuela no hubo huelga el lunes 2 y mucho menos los días siguientes. La segunda, es que el sector patronal que adhirió a la medida de fuerza fue mínimo, circunscripto sobre todo al sector comercial y dentro de éste al área rica de Caracas, en la zona Este. La tercera, es que en esta oportunidad un gran número de establecimientos cerrados por sus dueños fueron abiertos por los trabajadores, lo cual sumado al hecho de que funcionó sin mengua el transporte, completó un panorama de casi total normalidad en la capital venezolana y tanto más en el interior del país.

Al atardecer del lunes 2, el paro había fracasado por tanto estrepitosamente, no obstante lo cual -y con el respaldo de la insólita cobertura televisiva, capaz de mostrar la calle donde uno está parado frente a un tránsito infernal como un desierto, como le ocurrió a este corresponsal el 21 de octubre pasado- la cúpula opositora llamó a continuarlo al día siguiente. Así ocurrió día por día durante toda la semana, pese a que en cada jornada desertaban los pocos adherentes a la protesta. Una excepción a esta regla ocurrió en PDVSA, la empresa petrolífera de Venezuela, donde la llamada «nómina mayor», es decir el cuerpo de gerentes de mayor nivel, lograba dificultar en grado diferente, pero en todo caso preocupante, la producción, la refinación y distribución de petróleo.

Al cabo de la semana, el viernes por la noche un tirador solitario disparó un arma en la Plaza Francia, elegante bastión de un grupito de altos oficiales golpistas instalados allí desde el 21 de octubre, y asesinó a tres personas. Los jefes militares ahora sin mando más allá de las 200 personas que los acompañan en su lánguida estadía en Plaza Francia, acusaron de asesino a Chávez. En cadena espontánea, los medios amplificaron la acusación. Pero el asesino fue detenido y su identidad (es portugués y había entrado cinco días antes al país), sugiere una cantidad de conexiones que por el momento están en investigación pero tienden líneas de explosivas derivaciones hacia la dirección ideológica y política de la oposición que pretende derrocar a Chávez.

Como de rayo, la población asoció este atentado terrorista con la provocación montada en abril, cuando francotiradores luego identificados como mercenarios pagados por la propia oposición, dispararon contra manifestantes opositores, provocaron muertes y detonaron la movilización y los hechos posteriores. Hecha la asociación y ante la convicción de que se estaba ante un nuevo golpe de Estado, esta vez las masas no esperaron a que Chávez fuera desplazado de Miraflores, sino que se volcaron en masa desde todos los puntos cardinales hacia el centro de Caracas: el sábado 7 una multitud que cubría unos 20 kilómetros de avenidas centrales ponía de manifiesto la correlación de fuerzas sociales existente hoy en Venezuela. Y el alto mando de la Fuerza Armada Nacional (FAN), en su totalidad, como lo había hecho el 22 de octubre, cuando 14 oficiales llamaron a la rebelión desde la Plaza Francia, se presentó en televisión junto con el ministro de Defensa para garantizar a la población que respaldaba el orden constitucional y al presidente Chávez.

Éste habló el sábado ante la multitud, denunció la escalada golpista y llamó al pueblo a quedarse en las calles e impedir toda provocación. Al día siguiente, desde su programa «Aló presidente», hizo un cuadro de situación, garantizó que no había posibilidad de golpe de Estado exitoso y ratificó el llamado a la población a mantenerse alerta y movilizada.

Horas más tarde se sabría que había sido descubierto y neutralizado un ataque a Miraflores, que pretendía bombardear el Palacio y asesinar al Presidente. La prensa internacional calló toda esta información. La prensa venezolana fue más allá: agudizó su prédica golpista, mostrando una ficción según la cual Chávez se debilitaba, la huelga general se fortalecía y el fin era inminente. Ni siquiera por un elemental sentido de autopreservación los analistas de la oposición aludieron a un dato ya señalado con hechos incontrovertibles como prueba: si no infiltrados, los grupos opositores embarcados en actos terroristas destinados a matar a Chávez, están seguidos muy de cerca por la seguridad que defiende al Presidente (2).

El lunes, sin embargo, sería el día clave. Pasó también inadvertido para la prensa, pero es probable que tenga hacia el futuro una relevancia mayor aun que la del 13 de abril, cuando las masas populares se lanzaron a las calles en todo el país y rescataron a Chávez para reubicarlo en su cargo de Presidente. Por un lado, cientos de miles de personas rodearon los canales de televisión, en una pacífica pero no por ello menos amenazante demanda de que se dejara de mentir y de convocar a la violencia y al golpe. Por otro lado, los obreros petroleros comenzaron a actuar para neutralizar el accionar de la plana mayor asociada a los golpistas. Y aquí ocurrió un hecho importante: cuando la antigua cúpula de la empresa vio que comenzaba a perder terreno ante la embestida obrera, lanzó una ola general de acciones de sabotaje: si no lo puedo controlar, lo paralizo o lo destruyo.

Advertido, Chávez ordenó la intervención de las FAN para garantizar la seguridad de la empresa y la continuidad de la producción. Y se produjo allí una significativa conjunción de cuadros militares y obreros físicamente enfrentados con la cúpula de PDVESA, a la que se sumaron los pobladores de los barrios donde hay instalaciones de la empresa. Entre cientos, hay una anécdota impresionante: en Anaco, cerca de Puerto La Cruz, los gerentes decidieron cortar el suministro de gas con el que funcionan las grandes plantas de aluminio de Puerto Ordaz. Enterados, los obreros, encabezados por Ramón Machuca -un dirigente independiente que no milita en las filas del oficialismo- ocuparon varios colectivos, se dirigieron a Anaco, enfrentaron y neutralizaron a la policía enviada por el alcalde local -obviamente asociado a la oposición golpista- ocuparon las instalaciones y restablecieron el suministro de gas, impidiendo que se apagaran los altos hornos de su empresa.

Paralelamente, se tomaban medidas frente a algunos capitanes de barcos petroleros que pretendieron paralizar el transporte y obstruir las vías fluviales. Ese mismo lunes renunciaba la comisión directiva de PDVESA y luego, en un acto de autoridad de inequívoco significado, el presidente de la empresa, Alí Rodríguez, un hombre de larga trayectoria e inequívoco alineamiento con la revolución bolivariana y el presidente Chávez, destituyó a todos los involucrados en actos de sabotaje y anunció una reestructuración profunda de PDVESA, la ansiada presa de grandes capitales locales e internacionales que pretenden privatizarla y que está en el centro de las intentonas golpistas.

Horas de riesgo extremo

Recrudecieron en esos momentos los rumores y temores de que se sublevarían algunas divisiones militares. De hecho, falladas todas las instancias previas, la oposición afrontaba la opción de jugar el todo por el todo o sufrir una derrota de la que no podría levantarse. Por lo demás, nadie imagina que, pese a la exoneración de más de 400 altos oficiales de las cuatro fuerzas desde el golpe de abril, en la FAN no hay remanentes opositores, eventualmente dispuestos a sublevarse contra la Constitución y contra Chávez con el aliento del gran capital opositor y de la embajada estadounidense.

Sin embargo, desde el martes 10 hasta el momento en que se redacta este informe (en la mañana del lunes 16), no hubo signo alguno de malestar militar. Oficialmente, la oficialidad mayor se mantiene subordinada a los mandos naturales, en una cadena hoy de altos jefes que según todos los indicios se mantiene fiel a Chávez y dispuesta a defender la vigencia de la Constitución. Informes confidenciales no niegan la posibilidad de que algún cuerpo pudiera sublevarse. Pero no se lo considera probable, por la abrumadora disparidad de fuerzas entre chavistas y antichavistas, entre legalistas y golpistas. De hecho, la FAN está cumpliendo un papel múltiple en relación con la recuperación de PDVESA, que se extiende además a una operación de alto contenido político, un «megamercado» instalado en las calles de Caracas y otras capitales, destinada a garantizar no ya el abastecimiento, sino precios significativamente más baratos, de comestibles y otras mercaderías para las fiestas de fin de año.

Desde las filas golpistas el sábado 14 fue convocada a una manifestación a la que denominó Marcha sobre Caracas. Tuvo un eco considerable, aunque los manifestantes fueron menos que los reunidos en la embestida del 9 de octubre, oportunidad en que ante unas 300 mil personas se lanzó el paro del día 21 de ese mes. Pero más allá de las cantidades -que como se ve no son menores e indican una fractura importante de una franja social- lo significativo fue que en lugar de marchar hasta Miraflores, como habían anunciado sus organizadores, la concentración se realizó fuera de esa área, en la Autopista Fajardo, y no intentó aproximarse al Palacio de gobierno, rodeado por cientos de miles de partidarios de Chávez.

El día anterior, otro dato mayor apareció en el tablero de la crisis: el gobierno de Estados Unidos, hasta entonces limitado a «hallar una salida democrática», se vio obligado a acudir en respaldo de quienes demandan «Fuera Chávez ya» y anunció oficialmente que en Venezuela debían adelantarse las elecciones. Pocas horas después Chávez respondió que no cree que el gobierno de Estados Unidos esté interesado en que se viole la Constitución; ofreció enviarle al gobierno de Washington un ejemplar de los que siempre carga en sus bolsillos y subrayó que no existe la menor posibilidad de adelantar las elecciones al margen de las disposiciones constitucionales.

En su programa radial del domingo 15, Chávez denunció la última táctica empleada por la oposición, que por cierto volvió a llamar a «continuar con la huelga general el lunes 16»: transmitiendo desde Miraflores, el presidente sostuvo que «el gobierno constitucional y defensor de los intereses nacionales, enfrenta ahora un autobloqueo intentado por venezolanos, pero que ya hemos comenzado a derrotar». Se refiere a la ola de sabotajes en PDVSA y lo hace en explícita comparación con el bloqueo que Venezuela sufrió a fines del siglo XIX, cuando el presidente Cipriano Castro resolvió no pagar la deuda externa y fue bloqueado por Francia y Alemania(2). Chávez denunció que el bloqueo cuenta con la participación desembozada de los gobernadores del Estado Zulia, Manuel Rosales, y del Estado Carabobo, Enrique Salas Feo, lo cual subraya la magnitud del conflicto político planteado.

Sea como fuere que se desenvuelva esta confrontación, parece evidente la imposibilidad de cualquiera de las partes involucradas para volver sobre sus pasos. Aparece así en toda su trascendencia el carácter y las perspectivas de un conflicto económico, social y político que, mucho más allá de las fronteras venezolanas, muestra que en este naciente siglo XXI, mucho más que el anterior, la mera intención de un gobierno de defender la soberanía, propender al desarrollo económico y a una distribución menos inequitativa de la renta, desata fuerzas poderosísimas empeñadas en impedirlo sin reparar en métodos. Y como siempre, pero más, Estados Unidos está allí para intervenir en la política interna de otros países. Y como siempre, pero mucho más, los medios de prensa se distancian de su función original para intentar reemplazar la ausencia -por agotamiento y muerte- de los partidos, sindicatos y otros instituciones que hasta ahora obraron como efectivos instrumentos de poder, para transformarse en vehículo de la mentira y la manipulación, creando involuntariamente una necesidad cuya satisfacción acaso sea más relevante que el triste papel de los medios comerciales de difusión: una red multiforme y omnipresente de medios alternativos de toda escala y condición, que lenta pero efectivamente va ocupando el espacio informativo abandonado por los medios.

1. Ver dossier «Lecciones desde Venezuela», por Carlos Gabetta, Maurice Lemoine, Bernard Cassen y Alfredo Eric y Eric Calcagno, en Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, mayo de 2002.
2. Esto daría lugar a la célebre «Doctrina Drago», por el canciller argentino Luis María Drago, quien denunció la ilegalidad del cobro compulsivo de deudas a un Estado. Ver Salvador María Lozada, «Moderna condena de Sísifo», Le Monde diplomatique Edición Cono Sur, junio de 2.000.

El fallido atentado contra Hugo Chávez indica hacia dónde intenta desplazar la lucha política un sector de la oposición. Con el ultimátum para que el Presidente renunciase antes del 16 de octubre último, el paro cívico del 21 y el patético pronunciamiento de 14 jefes militares involucrados en el fracasado golpe de Estado de abril pasado, la oposición jugó más allá de sus fuerzas. El paro quedó limitado a un sector del comercio y del área educativa y un 40% del personal jerárquico en Petróleos de Venezuela (Pdvesa). La industria trabajó a pleno.

En la madrugada del sábado 19 de octubre un disparo de bazooka podría haber cambiado el curso de la historia en Venezuela. Seis días después de la prueba de fuerza en las calles, cuando el presidente Hugo Chávez habló ante una multitud que cubría 19 kilómetros de amplias avenidas en el centro de Caracas, y dos días antes de un paro cívico –a esa altura ya condenado al fracaso– un sector de la oposición optó por lo que hoy parece el único modo de sacar a Chávez del Palacio de Miraflores: el magnicidio. Pero el atentado fue descubierto y el avión presidencial no aterrizó en el aeropuerto caraqueño de Maiquetía, donde lo esperaba un comando terrorista apostado en las playas aledañas.

La noticia la dio el propio Chávez en su programa dominical Aló Presidente. Horas antes, transluciendo la honda preocupación que lo embargaba, un comandante militar comprometido desde el primer momento con el gobierno había explicado a este enviado detalles del atentado y de la operación de inteligencia que lo desbarató. Informada de movimientos extraños en el Paseo La Zorra, zona cercana al aeropuerto, una comisión especial del Ministerio del Interior se dirigía al lugar cuando fue atacada con armas de fuego pesadas y una granada. Los atacantes habrían cubierto así su retirada, dejando tras de sí un arma denominada AT4, de origen sueco, especie de moderna bazookaantitanque, portable como un fusil y poderosa como un misil. También abandonaron un bolso donde había dos teléfonos celulares (uno de ellos con 49 llamados en la última hora), instrucciones de ubicación para el tirador y precisas coordenadas para apuntar el arma.

Más que los detalles, sin embargo, importa el doble significado del hecho: ahondadas sus divisiones internas, con los empresarios industriales en actitud de repliegue táctico, un sector de la oposición ha optado públicamente por la violencia, lo cual permite presumir que, cuanto más difícil se le haga consumar el asesinato de Chávez, más cerca estará de apelar al terrorismo contra otros objetivos. Por su parte el gobierno tiene bajo la mira, y presumiblemente infiltrados, a esos grupos. Ambas presunciones se vieron avaladas el lunes 21, cuando una hora antes de la finalización del paro, personal del Ministerio del Interior detectó una camioneta desde la cual dos hombres con armas sofisticadas merodeaban el palco donde se haría un acto oficial como contraparte del paro. Esta vez hubo dos detenidos. Uno de ellos, el ingeniero Argimiro Fernández, tenía credenciales de la policía del Chacao, el departamento capitalino donde viven las clases altas y se concentra el grueso de la oposición; entre las llamadas de su celular poco antes de la detención figuraba el comisario general Leonardo Díaz Paruta, director de policía en ese distrito. Sumadas estas dos operaciones a la realizada a comienzos de octubre, cuando fue desbaratado un plan de golpe y detenido quien sería designado Presidente(1), resulta evidente cuál es hoy la situación de ambas partes en este ámbito.

En el otro, el de las relaciones de fuerzas sociales, los datos no son menos rotundos. No es posible tener dudas respecto de los resultados del paro. El comercio adhirió en su totalidad en la zona este de Caracas, reducto de las clases altas. En el opuesto geográfico y social, la actividad fue normal. Menos drástica fue la fractura en el interior del país, donde los informes indican adhesión minoritaria en el área comercial. Pero la verdadera batalla se dirimió en otro terreno: el de la producción. Este enviado tuvo contacto directo con los dirigentes de base de las industrias principales del país y en varias de ellas comprobó in situ, más que la asistencia, la determinación antigolpista de los trabajadores, dispuestos a ocupar las fábricas si sus patrones cerraban las puertas. El protagonismo de la clase obrera industrial y el pronunciamiento contra el paro y el golpismo por parte de dirigentes con gran respaldo de bases en sindicatos y federaciones como Fedepetrol, sindicato de la electricidad, petroquímicos, automotrices, transporte, docentes y otros, dejó a la cúpula de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) sin sustento y en franca colisión con el conjunto de los trabajadores. Los colectivos circularon a pleno el 21, y también los taxis, un sector fuertemente opositor hasta no hace mucho. “El metro operó normalmente durante el día del paro”, admitió el órgano mayor del antichavismo(2).

Así, es explicable que ninguno de los dirigentes principales de la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática (articulación de esas dos entidades con los partidos de oposición), aceptaran un encuentro personal con este enviado durante el día del paro y el martes posterior. Sólo un intelectual de peso en las filas opositoras se avino a exponer su balance, a condición de mantener el anonimato: “el desastre comenzó cuando en el acto del 10 Carlos Ortega (máximo dirigente de la CTV) puso el ultimátum y llamó al paro de hoy. No podemos seguir con estas figuras odiadas por quienes supuestamente son sus bases y desprestigiadas en todos los segmentos de la sociedad. Habrá que hacerlo lentamente y con el máximo de cuidado, para que nadie en nuestras filas suponga que nos aproximamos al gobierno; pero hay que romper con ellos y crear un verdadero liderazgo opositor. Esto está acabado”.

Otro era el clima en Miraflores, sede del gobierno. A las 18.30 horas del día 21, la ministra de Trabajo María Cristina Iglesias entró al Palacio con el rostro radiante: “superó nuestras expectativas: el sector responsable por el 81% del PBI, es decir los obreros industriales, no paró en absoluto”, nos explicó, mostrando planillas y reportes de todo el país. Menos expresivo, el presidente de Pdvesa, Alí Rodríguez, se explayó ante este enviado con los resultados del paro en lo que es el corazón de la economía venezolana: “tuvimos asistencia completa en todas las áreas, excepto en la nómina mayor (personal jerárquico), donde hubo un ausentismo de algo más del 35%”, afirmó, para luego insinuar que los huelguistas serían sancionados. Poco después, el diputado Nicolás Maduro, dirigente sindical, resumió la táctica oficialista en el ámbito gremial: “Tomamos la consigna de la oposición. Ahora sí, elecciones ya… ¡en la CTV!”.

Mientras tanto, miles de personas comenzaban a llegar a las puertas del Palacio de Gobierno. Habían hecho un acto multitudinario en el centro de Caracas, donde el vicepresidente José Vicente Rangel hizo un balance neto: “Venezuela no paró. La gente de trabajo ganó la batalla”, mientras la multitud coreaba “¡mano dura!, ¡mano dura!”. Rápido de reflejos, Rangel respondió: “mano dura, sí, en el marco de la ley”, antes de explicar que la única garantía de paz está en Chávez y que su gobierno tendía nuevamente una mano a la oposición, lo que en términos efectivos supone acentuar la línea de acción destinada a arrancarle, bajo los efectos del fracaso del paro, un fragmento más al bloque golpista.

Dos tácticas

Magnicidio, terrorismo, es una de las líneas de acción adoptadas por la oposición. La otra, aunque no necesariamente opuesta, consiste en persistir en la exigencia de la renuncia de Chávez, como si los hechos de la realidad no existieran. Así como al día siguiente del fracaso del golpe de Estado en abril, diarios, radios y canales de televisión continuaron reclamando la renuncia de Chávez y un mes después asumieron la insólita posición de que no había habido golpe de Estado, ahora fingen que el paro fue un éxito.El Universal, decano de la prensa venezolana transformado en hoja de agitación golpista, tituló en primera plana: “Fue rotundo. La paralización fue un ensayo general para la ofensiva final”(3). Y a vuelta de página en un recuadro titulado “Los próximos pasos”, como si fuese un órgano partidario en combate, expuso el plan de acción inmediato, apuntado a exigir elecciones ya(4).

En ese punto el gobierno tiene una carta fuerte: la Constitución permite hacer un “referendum revocatorio” a mitad del mandato de cualquier funcionario. Para Chávez el plazo vence en agosto próximo, pero ya ha vencido para todos los diputados, alcaldes y gobernadores.

La oposición sabe que no puede ganar una elección. Y que no puede sublevar a las Fuerzas Armadas: la pantomima de 14 altos oficiales –todos comprometidos con el golpe de abril, sumariados y despojados de mando– vociferando en una plaza rodeados por 2 ó 3 mil personas que demandaron el día 22 la sublevación de las Fuerzas Armadas y la desobediencia civil, es un remedo patético del ultimátum de Ortega dos semanas antes: “no nos retiramos de la plaza hasta que no renuncie”, dijeron en posición de firme; “pueden quedarse cuanto quieran, mientras no obstruyan el tránsito”, respondió el Vicepresidente. Dos horas después, el general Raúl Baduel, comandante de la Brigada Aérea de Maracay, declaró que su fuerza estaba en alerta, bajo sus mandos naturales y dispuesta a hacer cumplir la Constitución. El argumento de los Mirage pesa en estos casos. A las 21hs el ministro de Defensa, general José Luis Prieto, rodeado de los comandantes y vicecomandantes de las cuatro fuerzas, condenó por cadena nacional la actitud de los 14 oficiales, indicó que incurrían en delitos penales y serían enjuiciados. No hubo un solo regimiento que se solidarizara con ellos. Y no porque no existan jefes contrarios a Chávez, sino porque ahora todos conocen las relaciones de fuerza y está clara la convergencia entre los sectores bolivarianos de las Fuerzas Armadas –largamente mayoritarios y hegemónicos– y la población civil organizada en los Círculos Bolivarianos. Esto pesó también en la OEA, que respondió inmediatamente condenando el conato. Incluso el gobierno de Estados Unidos los abandonó, con una declaración en la que se asegura que “no apoya ningún escenario inconstitucional o violento en Venezuela”. Los 14 oficiales golpistas quedaron aislados en la Plaza Francia, corazón del este caraqueño, con la inútil adhesión de Fedecámaras, CTV, Coordinadora Democrática y la prensa, a su vez puestos en la incómoda situación de tener que respaldar una causa perdida.

Chávez consolida su poder y la confrontación real se desplaza a otro plano. En el constitucional, se reconfigurará no sólo la oposición, sino el oficialismo, donde también hay turbulencias y división de aguas. El otro escenario, ya prefigurado por dos intentos de magnicidio, antes y después del paro, lo adelantó el alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, cuando el lunes 21 insultó por televisión al general Jorge García Carneiro, comandante del ejército, contraponiéndole la policía metropolitana, ahora formalmente comprometida con uno de los comandos terroristas detenidos.

1. Luis Bilbao, “Horas decisivas en Venezuela”, Info Dipló (www.eldiplo.org), 15-10-02.
2. “El metro operó con pocos trabajadores”, El Universal, Caracas, 22-10-02. El título contradice el texto del artículo y los hechos constatables: este corresponsal comprobó la normalidad del servicio y la asistencia.
3. Título de portada y comienzo del copete. El Universal, Caracas, 22-10-02.
4. R. Giusti, “El chavismo terminará en las urnas”, ibid.

Un millar de delegados y más de un centenar de invitados al IIIer Congreso de la regional Capital de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), se pronunciaron por la necesidad de crear una nueva herramienta política para responder a la grave crisis argentina. El Congreso Nacional deberá tomar una decisión en diciembre próximo.

Dos mundos por entero diferentes. La Plaza Constitución de la Capital argentina, sus aledaños colmados de miseria extrema, degradación humana, decadencia agobiante. Pocas cuadras hacia el Sur, ya en el barrio de Barracas, zona legendaria de las luchas sociales desde fines del siglo XIX, una fábrica abandonada (la antigua imprenta de la editorial Losada), transfigurada para alojar a una multitud resuelta: quiere revertir el curso de catástrofe por el que está lanzado el país. El primero revela destrucción y caída. El otro, anuncia exigencias y esperanzas.

Como siempre, aun los mundos más distantes tienen mucho en común. En la desolada Plaza Constitución contrasta el color inefable de los jacarandaes ganados pese a todo por la primavera. Y entre estos hombres y mujeres reunidos para escuchar y debatir propuestas, el espectro de la fábrica inexistente, símbolo de una Argentina devastada, se hace tangible con perfiles paradojales.

Como quiera que sea, algo nuevo puja por ocupar su lugar en «La Fábrica», el inmenso galpón ahora gestionado como cooperativa por el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos, donde casi un millar de delegados acudió el pasado viernes 15 de noviembre al IIIer Congreso de la regional Capital de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Varios centenares de invitados de muy diversa filiación completaban un conjunto movido por el punto dominante que debía tratar este Congreso: la creación de una nueva fuerza política.

La ausencia de cualquier respuesta efectiva frente a la crisis en constante aceleración, la disgregación de los dos grandes partidos que dominaron el escenario político durante el siglo XX, late en el hecho aparentemente paradojal de que una organización definida como central sindical obre como punto de encuentro para congregarse como expresión política. Pero la paradoja no lo es tanto cuando se tiene en cuenta que la propia CTA, en su nacimiento una década atrás, se denominaba Congreso de Trabajadores Argentinos y perfilaba como una fuerza política nueva frente a una crisis que, ya por entonces, invalidaba a la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista(1).

Hay un retorno a aquel origen cuando el material de debate para el Congreso nacional de la CTA, que tendrá lugar en Mar del Plata los días 13 y 14 de diciembre próximo, registra «una crisis capitalista de índole global», y tras describir los efectos de esa crisis en Argentina concluye que «debemos afianzarnos en la propuesta de construir, junto con otros, el Movimiento Político-Social que exprese nuestros intereses de clase y la independencia de nuestra Patria»(2).

Hay una deliberada ambigüedad en la noción «movimiento político-social». Cabe en ella tanto como lleve quien se proponga asumirlo. Pero vale sobre todo por lo que no es. Y no es una continuidad de la política hegemónica en la CTA desde fines de 1994, cuando sus principales dirigentes fueron atrapados por una lógica que, un lustro más tarde, los puso como sostén y socios del gobierno de Fernando De la Rúa. Esa experiencia traumática marca los debates de todas las instancias preparatorias del Congreso nacional. Y produce alineamientos marcadamente diferenciados que plantean dilemas severos, sobre todo ante la enorme presión de las elecciones en medio de la crisis. Es sintomática la declaración de Víctor De Gennaro, secretario general de la CTA, al día siguiente del Congreso de la regional capital: «Para mí, Elisa Carrió, Alicia Castro, sectores de izquierda y el gobernador Néstor Kirschner son compañeros de una construcción de un país»(3). De hecho, en la propia cúpula de la CTA, la hegemonía lograda para formar parte de la Alianza se transformó en la difícil coexistencia de las orientaciones que De Gennaro se esfuerza por presentar como comunidad para la «construcción de un país».

Al margen de opiniones presumiblemente encontradas al respecto, lo cierto es que hoy, en período pre-electoral, aquellas partes se confrontan con creciente radicalidad.

Por eso cobra una significación singular el material votado por el Congreso de la CTA Capital, cuyas definiciones son más terminantes: «la capacidad de organizarse con autonomía e independencia de los factores de poder dominantes remite, necesariamente, a la construcción de un nuevo movimiento político (…) -y no un partido ni un frente- porque ese formato es el único que puede dar cuenta de la amplia diversidad de actores que pueden componerlo. En una coyuntura en la que es preciso superar la fragmentación política, la idea de movimiento remite al reconocimiento y pleno respeto por las identidades particulares legítimamente adquiridas durante la resistencia»(4).

Tras haber pasado de la necesidad de una nueva herramienta política a la fase más ardua de definirla incluso en términos organizativos, el documento precisa que «no se trata de un instrumento circunstancial, mucho menos de un mero dispositivo electoral, ni de un simple acuerdo de unidad en la acción. Hablamos de una herramienta estratégica que, tanto por sus contenidos como por las tareas que debe cumplir, rechaza cualquier atajo superestructuralista y se afirma como movimiento de liberación nacional y social».

El documento -discutido en 18 comisiones- llega incluso a esbozar criterios para dar corporeidad a la propuesta: «Los modos de creación del Movimiento pueden ser varios y hasta simultáneos. Desde ´fijar un mecanismo de encuentro de la militancia y de las representaciones de las distintas organizaciones´, pasando por ´acordar un piso mínimo de coincidencias entre las distintas fuerzas´, para luego ´evaluar la convocatoria a una consulta popular que plebiscite ese marco de coincidencias´ e, incluso, ´promover una asamblea o asambleas del movimiento popular para definir la constitución del nuevo movimiento político´. Pero lo que no puede quedar librado al azar es la decisión de impulsarlo ahora, en esta coyuntura de crisis, porque si no creamos el Movimiento en medio de la crisis no es verosímil ninguna salida propia frente a ella».

Punto de encuentro

Antes del Congreso en «La Fábrica» y de la aparición de estos documentos, de hecho fue constatable en todo el país la aparición de innumerables nucleamientos de todo tipo con propuestas análogas, acompañadas por personalidades de diversos ámbitos y las más dispares proveniencias, coincidentes en la necesidad de hallar un parapeto común ante los golpes despiadados de la crisis. La idea de ocupar el lugar abandonado por el PJ y la UCR, sin embargo, ya no transita por los carriles que predominaron durante la larga última década -y que llevaron del Frente Grande a la Alianza- aunque todavía no ha depurado un programa para la acción efectiva.

Un ejemplo: convocado por dirigentes de Luz y Fuerza de Córdoba, el 26 de octubre se reunió en La Falda un Plenario cuya resolución proclama: «no basta con echarlos, hace falta reemplazarlos y para ello Argentina precisa un proyecto popular. ¿Qué es un proyecto popular? Es reorganizar la economía, la utilización de los recursos económicos, naturales y técnicos disponibles, para que en nuestra sociedad cada argentino y todos los argentinos puedan tener asegurados el trabajo, la vivienda, alimentación de calidad, educación y cultura. Para ello es preciso democratizar la riqueza acumulada, con pesadas penas sobre fortunas y herencias formadas en la corrupción, igualar los salarios a la canasta familiar. Romper con la dependencia externa que desvía millones de dólares mensuales a la usura internacional, enfrentar el capital financiero que es hoy uno de los más importantes centros de acumulación de riquezas y explotación. Renacionalizar las empresas estratégicas como la energía, la comunicación y la banca. Enfrentar el monopolio de los medios de comunicación para que sean vehículo de educación popular y no de manipulación para defender intereses de los poderosos. Porque nuestro país precisa recuperar su soberanía sobre la economía, los recursos naturales y la cultura en una segunda y definitiva independencia nacional».

Además de este esbozo programático de netas definiciones (cuyos términos revelan la honda huella dejada en ese sindicato por el legendario dirigente Agustín Tosco), los obreros cordobeses afirman también la necesidad de «formar un movimiento político de base social que resuelva la dispersión» y subrayan que esa nueva herramienta debe «estar dispuesta a disputar el poder» y decidida a «la construcción de un nuevo estado democrático y participativo al servicio de los intereses populares».

En implícita coincidencia con un cuerpo conceptual que se abre paso más allá de las fronteras partidarias e ideológicas conocidas, la resolución de La Falda aclara que «el movimiento que planteamos debe ser amplio, abierto, en constante construcción, de base social, incluyente, democrático y participativo. Un encuentro abierto de convocatoria permanente cuyo lema sea ´convocar a convocar´, que respete la diversidad, las identidades y las autonomías de las organizaciones participantes, de acción política concreta, que diga lo que piensa y haga lo que dice».

Por poco más o menos, las mismas ideas se reiteran en documentos y llamamientos que llegan desde lugares tan diferentes como Chubut, Entre Ríos o Misiones. «Juntas Promotoras por una herramienta política de masas» u otras denominaciones semejantes aparecen en Zárate-Campana, corazón de la producción industrial (con predominancia de militantes provenientes de diversas vertientes de izquierda, del PJ y la UCR), pero también en las zonas más devastadas del Gran Buenos Aires, donde prevalecen jóvenes sin experiencia política y sin embargo enderezados tras la misma noción, ambigua en muchos aspectos, pero nítida y contudente en lo fundamental: además de las resoluciones relativas al ámbito nacional, el IIIer Congreso de la CTA Capital votó a favor de la construcción de «un bloque continental antimperialista».

¿Punto de partida?

El Congreso de la CTA Capital mostró y puso en movimiento una voluntad convergente. Aunque es prematuro dar por seguro que la voluntad se transformará en capacidad. En «La Fábrica» se dieron cita cuadros políticos de un arco amplio ideológico y político. Y desde la mesa que condujo la inauguración, miembros de la dirección de la regional expusieron conceptos poco habituales al convocar a respetar las disidencias, discutir fraternalmente, forjar una unidad plural…

No es un dato menor que los diputados del Partido Socialista Oscar González y Alfredo Bravo, sentados al lado de la diputada y dirigente sindical Alicia Castro, fueran cálidamente saludados por el Congreso, que no obstante silbó a representantes de ARI. En el IIº Congreso de la CTA Capital, en 1999, la mayoría de la dirección de la CTA se embanderaba con la Alianza y ésa fue la tónica de las deliberaciones. Ahora el punto de partida fue la edificación de una organización independiente y los miembros de dirección nacional de la CTA que ocupan cargos de diputados e integran el ARI, no estuvieron presentes.

En los talleres el debate sencillamente desechó aquello que fue la definición política de la CTA hasta el año pasado y se centró en votar a favor o en contra de una nueva fuerza política. Es significativo de los nuevos aires que corren en la política argentina el hecho de que la oposición a ese objetivo fuera asumida por un infrecuente bloque de organizaciones que se reivindican revolucionarias, encabezadas por el Partido Comunista.

Con diferente argumentación según el caso, ese bloque insistió en la necesidad de crear una central sindical clasista y condenó la idea de que el Congreso impulsara una herramienta política.

Al momento de la definición, la votación fue clara: 572 votos a favor de la resolución sobre «Estrategia y Táctica» arriba citada; 61 en contra; 6 abstenciones.

La mayoría, por cierto, está a su vez compuesta por corrientes que no necesariamente convergen cuando se pasa a discutir forma y contenidos concretos del «movimiento político-social». Por otra parte, allí se vio, sin embargo, algo más que diferentes concepciones estratégicas y lineamientos tácticos. En las críticas de la minoría, muchas cuestiones claves apuntaban al corazón de errores políticos y metodológicos graves de los últimos años, cuyas consecuencias están a la vista. La mayoría omitió referirse a ellos, confiando en su segura predominancia numérica. La minoría, por su parte, pareció no comprender no ya el cuadro de situación nacional, sino la propia realidad de los participantes del Congreso: enajenó voluntades y clausuró el camino de la reflexión, como si abdicara formalmente de la tarea de concientizar y elevar el nivel político de los trabajadores.

Por su parte, los mismos dirigentes que comenzaron el Congreso reivindicando la democracia, el respeto por las diferencias y el trato fraternal entre quienes confrontan posiciones, primero fijaron un 25% de votos en las comisiones para que posiciones minoritarias pudiesen ser expresadas y votadas en el plenario y luego, en medio de la confusión, llegaron a sostener que el Congreso debía votar una posición para llevar a la instancia nacional y no cabía suponer que se llevara también una opinión por minoría.

Tal vez el estruendo de tambores y redoblantes impidió reflexionar sobre la trascendencia, más allá de las filas de la CTA, del acto que estaba llevándose a cabo: ¿cómo construir un movimiento político de masas sin dar espacio y protagonismo a quien no reúna como mínimo un 25% de las voluntades en movimiento? ¿cómo respetar diferencias si ni siquiera ese porcentaje desmedido tiene derecho a hacerse oir en una instancia nacional? ¿cómo debatir fraternalmente si el lugar de las ideas lo ocupan instrumentos de percusión?

No es asombroso que al tomar impulso para dar el paso decisivo, el cuerpo resienta sus antiguas heridas. Resta saber si la energía -que tiene también fuentes en el pasado- combina con las exigencias de la hora.

1. Luis Bilbao, «Oportunidad para un gran debate»; Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur; Buenos Aires, septiembre de 2002.
2. Mesa Nacional de la CTA; Apuntes sobre nuestra estrategia. Documento para el debate Nº1. Hacia el 6º Congreso Nacional de Delegados; Bs.As., 2002.www.cta.org.ar
3. Luis Laugé, «No basta con pedir que se vayan todos; hay que echarlos»; La Nación, Buenos Aires, 18-11-02.
4. Documento de la CTA Capital Federal. Las citas del párrafo remiten al documento nacional.

¿Cuántas veces puede una oposición política salir derrotada de una prueba de fuerza sin que la situación se resuelva? ¿Cuántas veces puede desafiar el régimen vigente, exigir la renuncia de las autoridades e intentar reemplazar al gobierno apelando a medidas extremas… sin lograrlo? En estos días debería resolverse la crisis política venezolana.

No importa el signo y el juicio de valor que se le adjudique a una y otra parte en pugna. En cualquier hipótesis, la respuesta es inequívoca: si una de ellas tiene más fuerza real, habrá de imponerse sobre la otra; si hay paridad, la sociedad ingresa en una fase de desgobierno, desagregación creciente y decadencia en todos los planos.

Gobierno y oposición saben esto en Venezuela. Y cada uno sabe, más allá de los desesperados esfuerzos por distorsionar los resultados ante la opinión pública nacional e internacional, cuál es su fuerza efectiva para continuar una batalla en la que no cabe suponer tregua ni armisticio.

Las movilizaciones del jueves 10 y el domingo 13 de octubre pasado en Caracas completaron una etapa más en el desarrollo de la feroz lucha por el poder en Venezuela. Al término de la primera los líderes de la oposición al presidente Hugo Chávez se trenzaron en una pelea a puñetazos en el palco mismo desde donde debían comunicar a los manifestantes los pasos siguientes para lograr la renuncia del gobierno. La causa de semejante conducta estaba delante de ellos: pese al mecanismo de prensa automático que desde Caracas a Buenos Aires comunicó que habían marchado «más de un millón de personas» (O Estado de Sao Paulo, un diario habitualmente serio, tituló no obstante «entre uno y dos millones de personas»), la verdad es que los manifestantes no llegaban a sumar 200 mil (fuentes creíbles de Caracas sostienen que apenas superaban los 100 mil). Y ése no era el problema mayor.

Tamaña multitud es en cualquier caso una fuerza poderosa y significativa de una realidad social -para constatarlo basta preguntarse cuánto tiempo hace que en Argentina, con un tercio más de habitantes que Venezuela, no se ve una marcha de tales dimensiones- pero más que la mengua de la masa dispuesta a seguirla, la dificultad de conducción opositora estriba en su propia fragmentación, en la deserción de franjas importantes del empresariado y en el cambio de actitud de buena parte de las clases medias. Como quiera que sea, cuando la batahola terminó sobre el escenario, quien arrebató el micrófono fue el titular de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, quien ante la consternación de los dirigentes de Fedecámaras exigió la renuncia de Chávez «antes del miércoles 16» y anunció que de lo contrario lanzaría una huelga general el 21.

A poco que se conozcan los acontecimientos previos a la marcha del 10, se entiende mejor el nerviosismo de los dirigentes de la Coordinadora Democrática que se trenzaron a golpes frente a sus seguidores y ante las cámaras de televisión de todo el mundo. En los días previos el ministerio de Interior había desbaratado y expuesto el plan que apuntaba a repetir el mecanismo del 11 de abril pasado, cuando las fuerzas armadas destituyeron y detuvieron a Chávez, quien como se sabe fue devuelto a su cargo por una movilización de masas en todo el país, acompañada por sectores claves de las fuerzas armadas que rechazaron el golpe. En esta oportunidad el hombre designado para asumir la presidencia era Enrique Tejera París (AD), quien junto con el general Raúl Salazar Rodríguez (Copei), son denominados en Caracas como «los hombres de Washington».

Tejera París, llamado «el Kissinger Venezolano», es un anciano de larga trayectoria en la cúpula del poder. Artífice del Pacto de Punto Fijo (el acuerdo entre Acción Democrática y Copei mediante el cual ambos partidos se turnaron en el ejercicio del poder durante casi medio siglo), fue abogado de empresas petroleras, funcionario de la ONU, funcionario de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, embajador de Venezuela en Washington, presidente del Banco Industrial y presidente alterno de la Corporación Venezolana de Petróleo, antes de ocupar la cartera de Relaciones Exteriores en 1989 y embajador ante la ONU durante la segunda administración de Carlos Andrés Pérez.

En las filas de la Coordinadora Democrática se reconoce a Tejera París como máxima figura intelectual de esa estructura que incluye a AD, Copei, CTV y Fedecámaras.

Pues bien, diez días antes de la marcha, la vivienda de Tejera París fue allanada por fuerzas del ministerio de Interior, donde se descubrieron documentos, videos y grabaciones de reuniones en las que se preparaba un golpe de Estado y la designación como presidente de este célebre anciano. En una de las grabaciones se urgía a consumar el golpe «antes del 6 de octubre, porque si gana Lula después será imposible».

Aunque el informe oficial no identifica la voz, es posible asociar esa premura con la que movió a Ortega, tras hacerse del micrófono a los golpes, a poner como día D el 21 próximo (la segunda vuelta en Brasil es el 27). La presunción respecto del dueño de la voz apresurada vacila sin embargo ante la noticia que daría Ortega, el mismo domingo 13, tras la marcha de los partidarios del gobierno. Allí, ante una multitud que cubrió 19 kilómetros a partir del escenario en la Avenida Bolívar (aproximadamente un millón 800 mil personas, según periodistas venezolanos que contaron con fotografías aéreas para hacer el cálculo), Chávez preguntó si debía aceptar la conminación de Ortega de renunciar antes del 15. Tras la previsible respuesta, el presidente desafió entonces al titular de la CTV a realizar el paro, dando por seguro que no tiene la fuerza necesaria. La réplica de Ortega fue adelantar la huelga general para el miércoles 16, día siguiente al que se redactan estas líneas.

De modo que los hechos que fatalmente llevan a una definición están desarrollándose ahora mismo. Para interpretarlos puede ser útil saber que luego de la detención domiciliaria de Tejera París y el conjunto de las acciones tomadas desde el ministerio de Interior, en la superficie del acontecer político venezolano se percibió un significativo cambio de actitud por parte de Washington. «Estados Unidos ha bajado el nivel de crítica que tenía antes de abril y se ha mostrado más pragmático y moderado en sus posiciones, ahora más apegadas a la Carta Democrática de la OEA, que condena toda ruptura del hilo constitucional», dice un medio de prensa insospechable(1), para agregar enseguida con inocultable rencor: «La moderación (de Washington) también le sirve para lavarse la cara por su cuestionada participación en los sucesos de abril».

Es como el episodio de pugilato en el escenario de la Coordinadora Democrática… pero a distancia. Y en este caso ocurre entre el máximo medio de prensa de la oposición antichavista y la fuerza que hasta el traspié de Tejera París seguía moviendo los hilos de la conspiración.

Aun antes de conocer el desenlace de la anunciada huelga general, es posible concluir que la honda e irreparable fractura social y política que marca el curso de Venezuela desde hace tres años tiende a resolverse, en la coyuntura, con un saldo favorable a Chávez: en su discurso del domingo 13 señaló que la revolución bolivariana ya demostró suficientemente su capacidad de defenderse. Ahora, dijo, deberá mostrar su capacidad ofensiva. Una ofensiva destinada a aumentar los niveles de organización popular, a controlar y hacer funcionar correctamente el aparato del Estado, y una ofensiva económica, cuyos términos no aclaró.

Vuelco geopolítico

Por otra parte, son pocas las dudas respecto del resultado de la segunda vuelta electoral en Brasil. De modo que el curso actual de los acontecimientos podría ser interpretado como un afianzamiento de Chávez dentro y fuera de las fronteras venezolanas, o lo que es lo mismo, como una derrota de proporciones de la Coordinadora Democrática.

Si esta presunción se confirma, en realidad su dimensión excede por mucho a la realidad política venezolana. Según se pudo leer durante las últimas semanas en diversos medios y por expresiones de comentaristas ubicados a uno y otro lado del arco ideológico, analistas del Departamento de Estado alertan sobre un «nuevo eje del mal» (la expresión alude a la del presidente George W. Bush para definir como enemigos a Corea del Norte, Irán e Irak), formado por Caracas, La Habana y Brasilia. «Gobiernos y partidos opositores de izquierda de América Latina empezaron a prepararse para el vuelco geopolítico que podría acarrear la victoria del ex sindicalista Luiz Inacio Lula da Silva en la elección presidencial de Brasil, considerada en la región como inevitable»(2).

Es una percepción aguda. Aunque algo tardía. El vuelco geopolítico ocurrió hace ya tiempo y viene determinando el conjunto de grandes líneas de acción por las cuales transitan los países de América Latina, y Estados Unidos frente a ella. Le Monde diplomatique Edición Cono Sur registraba en noviembre de 1999: «en el país de Simón Bolívar afloran corrientes subterráneas anunciadoras de alteraciones trascendentales a una escala que excede con largueza la geografía venezolana: en diez meses se reconstituyó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el barril de crudo aumentó alrededor de 300%, con el impacto que esto supone para la economía mundial. Al mismo tiempo, un brutal giro de los ejes geopolíticos del hemisferio pone en cuestión el significado estratégico del Mercosur para proyectar una nueva línea, con apoyo en Brasilia y Caracas»(3).

La probable victoria del Partido dos Trabalhadores de Brasil el próximo 27 de octubre acentuaría significativamente aquel giro, a tal punto drástico que pasó en buena medida inadvertido. La perplejidad y posterior incomprensión de los resultados del fallido golpe de Estado en Venezuela en abril pasado, así como las interpretaciones desnortadas (y en algún caso que ahora busca reubicación, sorprendente) respecto de qué significaba el hecho de que Chávez no hubiese lanzado una contraofensiva devastadora al recuperar su cargo el 14 de abril, fincan precisamente en limitar el análisis a la circunscripción venezolana. Es curioso que esto ocurra incluso a plumas cuya mayor energía en los últimos años estuvo apuntada a escribir acerca de la «globalización». Este concepto, viejo de cinco siglos, tiene sin embargo carnadura nueva en la América Latina contemporánea: ningún país puede orientar (ni tan siquiera entender) su rumbo si mira la realidad fronteras adentro. Ocurrió así en el siglo XIX. Y se repite en la era de la más formidable revolución tecnológica de la historia humana. Chávez y Lula configuran en efecto un nuevo eje continental. Y a nadie escapa que por detrás de esa fotografía nueva del hemisferio se recorta la alta figura de Fidel Castro.

¿Nuevo eje del mal? Sin estudiar filosofía, más de 400 millones de personas, de las cuales 260 bajo el nivel de pobreza, definirán acerca del mal y del bien en un futuro que ya comenzó.

1. María Teresa Romero, «Del coqueteo entre USA y Chávez»; El Universal, Caracas, 9-10-02.
2. «Latinoamérica atenta ante ola izquierdista»; El Universal, Caracas, 9-10-02.
3. Luis Bilbao, «La revolución pacífica del comandante Hugo Chávez», Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur, Buenos Aires, noviembre 1999.