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Por primera vez en décadas Estados Unidos encuentra reticencia e incluso franca oposición al intentar desplegar una estrategia continental. Un cuadro general de crisis -cuya última manifestación es Bolivia- se expresa en levantamientos populares y desestabilización política.

En Manaos, centro candente de la geografía sudamericana desde que comenzó el operativo militar con eje en Bogotá, Estados Unidos acaba de sufrir una nueva afrenta, ahora en el terreno donde se supone imbatible: su relación con las fuerzas armadas del hemisferio. Tres reveses sucesivos en lo que desde siempre consideró su patio trasero es más de lo que el Departamento de Estado y el Pentágono pueden digerir. El significado y la trascendencia de estos hechos -y la aceleración del contexto en que ocurren- al parecer han excedido también al análisis político corriente tanto de derechas como de izquierdas, inmerso en anécdotas y sonsonetes y ajeno al seguimiento y caracterización de cambios de extrema complejidad.

Dos meses después del desembarco de William Clinton en Cartagena, desde donde demandaría apoyo al Plan Colombia, y de la reunión de Presidentes sudamericanos que en Brasilia contradijo -por primera vez en muchas décadas- la voluntad de un presidente estadounidense, el secretario de Defensa William Cohen naufragó en Manaos en el intento de alinear a los ministros de Defensa del continente para contrarrestar el nulo apoyo al Plan Colombia de la reunión de Presidentes de Brasilia(1). Habituado a hablar sin eufemismos y con gesto altanero, Cohen tuvo que cambiar vocabulario y modales cuando comprobó, en la IX Conferencia de ministros de Defensa de América, que tampoco obtenía consenso al demandar el alineamiento de quienes, por regla general, representan ante los gobiernos civiles la opinión de las fuerzas armadas. Antes de Clinton y Cohen, también había fracasado en agosto último la secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando en un viaje de emergencia a Quito, Santiago, Buenos Aires y Brasilia, intentó alterar lo que auguraba ser un fracaso para Washington en la inédita reunión sudamericana convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.

Apuntando a introducir una cuña entre Argentina y Brasil, los dos miembros principales del Mercosur, Cohen apeló a un recurso vidrioso: anunciar en territorio brasileño un acuerdo bilateral de inteligencia militar con el ministro de Defensa argentino Ricardo López Murphy. La maniobra no fue suficiente para ocultar el fracaso del representante de Clinton, pero sí encendió los ánimos de funcionarios argentinos, quienes hicieron trascender el malestar en franjas de la cancillería y del ejército por la estocada de Cohen y la aquiescencia de López Murphy

Existen varias y complejas razones que explican la progresiva pérdida de autoridad de Washington respecto de quienes fueron, hasta épocas recientes, subordinados incondicionales. En las filas militares latinoamericanas gravitan causas de signo diverso, desde el desplazamiento en el negocio del narcotráfico para algunos altos jefes, hasta el instinto de supervivencia de aquellos que intuyen el lugar que les ha reservado la línea de acción estadounidense, que impone reducir los presupuestos de las fuerzas armadas y tiende a transformarlas en meras «Guardias Nacionales». En otro plano, sangra todavía la herida provocada por la experiencia de la guerra en Malvinas, cuando a pesar de la ilegitimidad del régimen militar toda América Latina se alineó con Argentina y Estados Unidos decidió la victoria británica mientras fingía obrar como mediador. Los resultados de la doctrina de Defensa Nacional y la represión sistemática de sus propios pueblos -que en muchos casos los ha transformado en parias de su propio país- han trastocado la percepción de no pocos oficiales, perplejos por el sitio de subordinación, pauperización y marginación social al que han ido a parar.

El factor decisivo de este cambio estriba no obstante en el desplazamiento de la política sudamericana, con eje en Brasilia y Caracas, que apunta a fusionar el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, con respaldo de la Unión Europea y en franca contraposición con el ALCA (Alianza de Libre Comercio de América) mediante la cual Washington proyecta un mercado único de Alaska a la Patagonia bajo su mando y control exclusivo(2).

Todo esto sería todavía insuficiente para explicar el nuevo cuadro en gestación si no fuese por el ya inocultable fracaso de la política económica predominante en las dos últimas décadas y sus consecuencias: clausura de toda perspectiva de crecimiento sin un giro cuyo ángulo pocos se atreven a establecer; vaciamiento de las instituciones y fragilización extrema de los mecanismos de ejercicio del poder; malestar generalizado de un amplísimo espectro social y ostensible radicalización de nuevas direcciones políticas, en detrimento de las tradicionales.

Como prueba de esto conviene repasar los hechos que dominaban la coyuntura regional mientras los ministros de Defensa y contingentes de altos mandos de todo el continente arribaban a Manaos. Perú y Ecuador volvían a trastabillar (en ambos casos con fracturas de oscuro pronóstico en las fuerzas armadas); en Paraguay recrudecía la confrontación entre las facciones gobernantes, ahora con la demanda de inmediata renuncia de un presidente sin legitimidad; en Argentina renunciaba el vicepresidente y varios ministros y tambaleaba la Alianza a la que se había apostado la gobernabilidad; en Brasil el vuelco electoral masivo de la población en detrimento de los partidos gobernantes y a favor del Partido de los Trabajadores (PT) indicaba la magnitud de un descontento que, aunque carente de cauce de expresión, acota cada paso de Cardoso.

Pero en esos mismos días la arquitectura del Departamento de Estado colapsaba precisamente allí donde la aplicación de las políticas económicas impulsadas desde Washington y el objetivo alegado del Plan Colombia -la erradicación de las plantaciones de coca- ha llegado más lejos: Bolivia estaba en llamas y fuera de control gubernamental(3). Pocos días antes de la reunión de Manaos Guillermo Fortún, ministro de Gobierno del presidente Hugo Banzer, había reconocido que «el chavismo está pegando en el país», aludiendo explícitamente al llamado que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez: «soldado, cuando te ordenen que mates al pueblo, date vuelta y mata al que te ordena»(4).

 

La irrupción de Bolivia

Una sublevación de masas sacude a Bolivia desde mediados de septiembre. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron sitiadas durante semanas por columnas indígenas que bloquearon todas las vías de acceso a estas ciudades, las tres principales del país, mientras se multiplicaban las movilizaciones de estudiantes, maestros, periodistas y hasta policías en huelga. Gobierno y partidos de oposición quedaron paralizados. Las fuerzas armadas postergaron una y otra vez la orden de ataque para despejar las rutas y romper el asedio. Mientras los líderes campesinos advertían que resistirían con las armas en la mano, grupos de empresarios comenzaron a organizar una fuerza armada civil. Un sector de la central sindical campesina echó las bases de un nuevo partido político. Otro adelantó su determinación de refugiarse en la selva y constituirse en fuerza guerrillera (ver recuadro).

A comienzos de octubre, una crónica periodística describía con precisión el panorama: «La consigna «coca o muerte» se convirtió ayer en el pegamento de la alianza de resistencia que conformaron cocaleros, maestros, campesinos y la Coordinadora Cochabambina. Pese a los desesperados esfuerzos del gobierno por minar la solidez del bloqueo (…) lo que surgió en la tercera semana de crisis fue que el presidente Banzer se encuentra en un callejón sin salida. Washington tuvo que reiterar su apoyo al gobierno (…) La incertidumbre adquirió mayores proporciones con la misteriosa aparición de un supuesto comunicado de coroneles y generales de las fuerzas armadas que reclaman «una solución política». El comunicado no fue desmentido por la cúpula castrense. La ola de violencia puede crecer aún más en las próximas horas. Quince tanquetas avanzan hacia Chapare. Los cocaleros los esperan con hondas y con puentes minados, como en una guerra»(5).

En ese punto, la fractura entre los indígenas aymaras del altiplano encabezados por Felipe Quispe y los cocaleros del trópico cochabambino conducidos por Evo Morales permitió a Banzer llegar a un acuerdo con el primero y terminar con el cerco a La Paz. El precio, demasiado alto para los terratenientes, fue la derogación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 a la medida de los grandes propietarios de tierra y calificada por los campesinos como «la ley maldita». «Si se ha firmado la abrogación de esta ley, mañana puede, ante nuevas presiones, anularse otra disposición», dice un tonante editorial titulado «Pésimo precedente»(6). En efecto: la crónica de los días siguientes mostró al gobierno amenazando cada día con el uso de las fuerzas armadas para despejar el asedio a Cochabamba y posponiendo una y otra vez la medida.

Los campesinos del Chapare pretenden que la erradicación de la coca se detenga en esa zona, legalizando la producción medida para cada familia. «En el trópico cochabambino existen sólo 1789 hectáreas de cocales excedentarios. La Fuerza de Tarea Conjunta acantonada en Chimoré, logró erradicar de enero a la fecha más de 5.700 hectáreas»(7).  La negociación dio lugar al despeje pacífico una semana después, a cambio de la promesa de 80 millones de dólares (aportados por Washington) en fondos para plantaciones alternativas. Los cocaleros apuntaron en el documento de acuerdo que «mantienen su posición», consistente en reivindicar el derecho a sembrar coca para uso propio, como lo hacen desde el fondo de los tiempos(8). Pocos días más tarde, entrados en acción los equipos destinados a completar la erradicación de los cocales, los enfrentamientos se reiniciaron y numerosos campesinos fueron detenidos, mientras se sumaban voces que desde la prensa exigían la entrada en acción de las fuerzas armadas antes de que volvieran a ser cercadas las ciudades.

Como quiera que continúe en lo inmediato esta lucha frontal, culmina en este punto un largo período de estabilidad basada en la pasividad y la sumisión, durante el cual Bolivia pareció haber dejado definitivamente en el pasado las grandes luchas sociales que, desde la rebelión de Túpac Katari, a fines del siglo XVIII, dieron lugar a la revolución obrero-campesina de 1952, las grandes huelgas mineras y los incontables golpes de Estado.

El antecedente inmediato de esta sublevación está en las masivas movilizaciones de abril pasado en Cochabamba, conocidas como «la guerra del agua». Aquella confrontación aunó a todas las clases sociales contra el consorcio Aguas del Tunari -registrado en las islas Caimán e integrado por grandes capitales de Estados Unidos (50%) Italia y España (25%) y cuatro grupos bolivianos-(9), que tras apropiarse del servicio de aguas corrientes pretendía cobrar una tarifa de 35 dólares por mes por el agua a una población que gana menos de 60 dólares mensuales. La rebelión (con un saldo de 10 muertos, 22 heridos, 135 detenidos, hasta que el gobierno concedió todo lo que exigía la Coordinadora formada al calor de la lucha) fue, por tanto, resultado directo de las privatizaciones, en el marco de una sociedad ultrapauperizada luego de dos décadas de exitosa aplicación de las políticas económicas de ajuste.

Ahora el detonante fue el éxito alcanzado en la erradicación de las plantaciones de coca, que hace de Bolivia un simple eslabón en la cadena del Plan Colombia. El descontento se tradujo en explosión porque los partidos y estructuras gremiales, por completo subordinados a los centros de poder económico, carecen de toda representatividad real y son incapaces de responder a los reclamos de las mayorías. Las instituciones se mostraron vacías, las fuerzas armadas divididas…

Si cada uno de estos componentes del cuadro boliviano son comunes -con matices, es cierto- a toda la región, es de suponer que, mutatis mutandi, el cúmulo de éxitos de la política estadounidense durante los últimos años tenderá a traducirse de manera análoga. «La lucha de los campesinos del trópico de Cochabamba es ahora contra el gobierno de Estados Unidos y no con el boliviano», afirmó Evo Morales(10).

¿Cuánto más debe deteriorarse la situación latinoamericana para que se produzca una recomposición general de fuerzas políticas y sociales, en reemplazo de las que revelan cada día su corrupción e inutilidad? Tras su fiasco en Manaos, el secretario de Defensa estadounidense debe tener una previsión al respecto.

1. Dossier «La hora de Sudamérica», por L.Bilbao, A. y E. Calcagno y C. Gabetta, en Le Monde diplomatique edición Cono Sur, 09-2000.
2. Ibid. A.E. y E. Calcagno, «Sudamérica es el camino».
3. A. Rossi, «América Latina en vías demilitarización», Le Monde diplomatique ed. Cono Sur,10-2000.
4. Mabel Azcui, «Se agrava la revuelta social en Bolivia», El País, Madrid, 29-09-00.
5. Los Tiempos, Cochabamba, 04-10-00.
6. La Razón, La Paz, 09-10-00.
7. Ibid.
8. Ver «As Sociedades andinas antes de 1532»; en The Cambridge History of Latin America, USP, 1998.
9. Luis Tapia, «La crisis de abril» Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, 09-2000.
10. «Cocaleros cambian de enemigo, ahora es el gobierno de EE.UU»; Los Tiempos, Cochabamba, 09-10-00.

 

 

Mientras comienza a verificarse la temida extensión del conflicto bélico en Colombia, en una provincia argentina tropas de ocho países, comandadas por oficiales estadounidenses, realizaron maniobras militares consistentes en retomar el control de un país de ficción, «Sudistán», dominado por una población sublevada. A la vista de los efectos iniciales del «Plan Colombia», con Perú y Bolivia a punto de colapso y un cuadro económico-social en acelerado deterioro a escala regional, la ficción semeja demasiado a una perspectiva real.

 

«Sudistán» existe. La república imaginaria diseñada por los estrategas del Departamento de Estado y el Pentágono para ensayar la represión a una sublevación popular, es la inexorable prolongación del Plan Colombia, puesto en movimiento por el presidente William Clinton el pasado 30 de agosto en Cartagena. En la percepción de quienes trazan la política exterior de Estados Unidos, «Sudistán» es América Latina. Y el operativo «Cabañas 2000», llevado a cabo en Córdoba (Argentina) con derroche de dinero, tecnología y armamento, es una muestra de lo que espera Washington en la región y de sus aprontes para responder. Pero acaso el factor más alarmante es que urgido por recuperar la iniciativa a escala continental, reubicar bajo su férula a gobiernos arrastrados por una fuerza centrífuga e impedir la consolidación de un bloque regional que escape a su estricto control, la Casa Blanca está obrando de modo tal que sus decisiones implican una acelerada desestabilización político-institucional en la región, a la que ofrece como alternativa una variante, aún con perfiles borrosos, de regímenes afirmados sobre la militarización de la vida política.

No hay sofisma capaz de ocultar este deslizamiento hacia «Sudistán». Con el sigilo de quien a sabiendas hace algo reprensible, 1.200 efectivos de ocho países (Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay), se entrenaron durante dieciseis días en técnicas operativas para afrontar insurrecciones populares. Todos los gastos, estimados oficialmente en 2,5 millones de dólares -exceptuado el costo de los 400 marines que encabezaron la maniobra- fueron saldados con fondos estadounidenses. El argumento con que el Pentágono logró vencer las reticencias de sus pares latinoamericanos para encarar, por primera vez en la historia, maniobras de esta naturaleza, fue la promesa de ayuda estadounidense para el reequipamientos de fuerzas armadas duramente afectadas por los recortes presupuestarios. Dos reuniones organizadas desde junio pasado por el Comando Sur del ejército estadounidense en Miami, de las que participaron jefes militares sudamericanos, allanaron el camino hacia Córdoba. Las dudas y objeciones de mandos altos y medios, expuestas en voz baja antes y durante esas reuniones, confirmaron a la Casa Blanca la necesidad de acelerar esta nueva modalidad operativa, por irritante que resulte: ya no se trata sólo de prever sublevaciones provocadas por la pobreza, sino de adelantarse al malestar en las filas militares del hemisferio, a su vez azuzadas por franjas empresariales perdidosas en el último tramo de centralización y transnacionalización del capital.

No es preciso forzar la interpretación para ubicar al operativo «Cabañas 2000» como contrafigura de la reunión de presidentes sudamericanos convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso el 31 de agosto pasado y avalada precisamente por la necesidad de las burguesías regionales de tomar distancia frente a las sofocantes exigencias económicas de Estados Unidos. Basta registrar la ausencia de los ejércitos de Venezuela y Brasil en «Sudistán» para comprobar que el terreno perdido en aquella oportunidad Washington pretende recuperarlo allí donde su supremacía resulta más difícil de desafiar: el de la cruda confrontación de fuerzas militares.

 

¿Fracasa el plan de paz?

Una semana después de que Clinton entregara al presidente colombiano Andrés Pastrana los 1.300 millones de dólares oficialmente destinados a combatir la producción y el tráfico de drogas, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense comenzó a discutir una nueva asignación de 99,5 millones adicionales, destinada específicamente a la policía de aquel país. De esa suma, 39 millones son para adquirir tres aviones de transporte Búfalo, 15 millones para un helicóptero Black Hawk, 25 para comprar municiones durante un año y 5 para un avión espía SA2-37A(1).  Antes de comenzar los combates en regla, la fría contabilidad ya muestra una escalada. Simultáneamente se iniciaban las operaciones apuntadas a destruir plantaciones de coca. El «Operativo Manglar», llevado a cabo en la zona de Nariño, en las cercanías de la frontera con Ecuador, inauguró esta nueva etapa: «Hemos destruido unas 5.000 hectáreas sembradas de coca y unos 90 laboratorios» informó el director de la policía colombiana, Luis Gilibert(2). Se calcula que en Colombia hay 103.000 hectáreas de hoja de coca, con las que se producen anualmente unas 520 toneladas de cocaína. En la misma región las fuerzas armadas lanzaron un ataque contra las tropas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reacción contra esta doble tenaza en la que queda atrapada la población civil no se hizo esperar: unos cinco mil jóvenes y niños, acompañados por organizaciones de derechos humanos y autoridades de los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá, marcharon el 9 de septiembre por las calles de Puerto Asís: «No queremos fumigaciones ni guerra» repetía desde un micrófono una muchacha de unos 14 años(3). Ese es, fuera de duda, el sentimiento dominante en la población colombiana: la inmensa mayoría quiere el fin de la guerra y teme los efectos devastadores de las fumigaciones: el hongo que mata la hoja de coca impide también -y por muchos años- cualquier otro cultivo. La eliminación de esas plantaciones supone la emigración de poblaciones enteras.

Nada más lejano, sin embargo, que una solución a estas dos demandas. Como si faltaran flagelos, recrudecieron durante el mes de septiembre las operaciones de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, los paramilitares encabezados por Carlos Castaño, quienes han cobrado mayor autonomía y tratan de lograr un lugar propio en el escenario político, como parte beligerante que no acepta la negociación de paz. En el último mes esta organización ha realizado incontables ataques a campesinos y pobladores civiles supuestamente simpatizantes de la guerrilla, asesinando a centenares de personas. En una carta abierta dirigida al ministro de Defensa, Luis Ramírez, Castaño admite que recibe dinero de empresas privadas: «¿Por qué no deberían apoyarnos las compañías nacionales e internacionales cuando ven sus inversiones amenazadas por el terrorismo y la barbarie guerrillera? El apoyo del sector empresario es una urgente necesidad. O se defienden ellos mismos de nuestro enemigo nacional, o desaparecerán»(4).

Mientras tanto, la mesa de negociaciones tambalea. La espectacular fuga de un guerrillero de las FARC es uno de los dos episodios que inesperadamente pusieron al borde del fracaso definitivo las tratativas de paz. Durante un traslado aéreo desde Bogotá a Caquetá para ser juzgado, el miliciano Arnubio Ramos redujo a los tres guardianes que lo custodiaban, secuestró el avión, lo hizo descender en San Vicente del Caguán y se internó en la «zona de despeje», donde el gobierno tiene el compromiso de no emplear sus fuerzas. «Si las FARC no son capaces de entregar a Ramos, significa que no están dispuestas a meterse en una negociación de paz verdadera», es la declaración atribuída a Pastrana ante sus ministros el lunes 18 de septiembre(5). La respuesta que llegó tres días más tarde desde el alto mando de las FARC: «Si el presidente no pasa por encima de este incidente, menos va a haber proceso de paz, pues si no cede en esto menos lo va a hacer cuando lleguen los temas gruesos de la agenda»(6). En la reunión aludida del presidente con sus ministros, Pastrana debía tomar en sus manos otra brasa ardiendo: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había capturado 42 rehenes el día anterior en las cercanías de Cali. Esta operación, al parecer destinada a reunir fondos para el ELN, tuvo lugar en el preciso momento en que el gobierno cubría el último tramo en dirección a entablar también con esta organización negociaciones para poner fin a la guerra. No puede sorprender que en una población que demanda masivamente un tránsito urgente hacia la paz, sólo el 17% crea que Pastrana está haciendo bien las cosas en esa dirección.

Con todo, es previsible que las partes -con excepción de los paramilitares- actúen con la plasticidad necesaria para que la mesa de negociación continúe: Estados Unidos no puede defender políticamente su Plan Colombia si no va acompañado de negociaciones; Pastrana, las FARC y el ELN están obligados a responder a la opinión dominante en la población, que demanda paz. En el caso de las FARC, dan por seguro la intervención militar estadounidense y trabajan para continuar la guerra bajo las condiciones que tal presunción supone. El Estado Mayor que las combate piensa que esta organización ha montado una infraestructura de retaguardia en toda la región y lo mismo parecen creer los gobiernos del área, preocupados por el modus operandi que podría tomar esa estructura en condiciones de guerra sin cuartel. Por su lado, el Pentágono ha desembarcado ya en Colombia más de dos mil «asesores» militares. Hasta ahora, la propia táctica guerrillera de impedir todo posible argumento para el involucramiento directo de Estados Unidos en el combate los ha preservado. Pero es una ley de hierro que, en las nuevas circunstancias, estos hombres que asesoran a los mandos a todo nivel, conducen helicópteros, organizan la inteligencia, e incluso, según aseguran personalidades creíbles de Bogotá, alimentan y adiestran a los paramilitares, serán blanco del poder de fuego guerrillero. Y si hay algo que teme la Casa Blanca por su significado para la población estadounidense -que no olvida la guerra de Vietnam- es el arribo a sus aeropuertos de las tenebrosas bolsas de nylon negro con los restos de militares caídos en combate en el exterior.

En un doble sentido, los acontecimientos que sacudieron a Perú y Bolivia a partir del inicio del Plan Colombia, prefiguran un panorama que, mutatis mutandi, amenaza con prolongarse a cada país del hemisferio. Para frenar los desmanes políticos de Alberto Fujimori -incompatibles con un mecanismo institucional de gobierno y para colmo acompañados de gestos de autonomía- Washington apeló a lo que parece ser un nuevo recurso para controlar aliados: una denuncia que puso en evidencia la corrupción en puntos clave del gobierno, en este caso el ex oficial de ejército y jefe de los servicios de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos. No obstante su antigua pertenencia a la CIA, llevado por una combinación de avidez financiera y juego político propio en la región -en el que también está involucrado Fujimori- poco antes del inicio del Plan Colombia Montesinos y los militares que lo acompañan facilitaron la compra y recepción por parte de las FARC de diez mil fusiles Kalashnikov. Sin otra alternativa, la Casa Blanca tomó el camino de la desestabilización de la fragilísima institucionalidad peruana, inaugurando una etapa que, incluso si arribara al poder Alejandro Toledo, el elegido de Washington, estará signada por el desequilibrio permanente.

Bolivia es el ejemplo complementario: el aparentemente exitoso objetivo de destruir las plantaciones de coca provocó, como no podía ser de otro modo, la sublevación de los campesinos que viven de su cultivo(7). Y el régimen constitucional del recordado dictador Hugo Banzer tambalea bajo el fuego cruzado de masivas movilizaciones populares, intrigas de sus aliados en el gobierno y maniobras de la embajada estadounidense por mantener el actual esquema de poder.

Cualquiera sea el desenlace inmediato de la crisis en estos dos países, al Departamento de Estado le queda por resolver el papel de sus ejércitos. La presunción de que el dilema se resolvería enviándolos a «Sudistán» es, cuando menos, ilusoria. Este dilema es más serio en relación con Argentina, que a su peso específico regional suma una ambivalencia sin definición a la vista: integrante del bloque formado recientemente en Brasilia y, por lo tanto, opuesta a cualquier forma de participación directa en el Plan Colombia, a la vez presta su territorio para las maniobras conjuntas: para marzo próximo hay otras previstas en la provincia de Misiones(8).

 

Pesadillas estadounidenses

¿Hasta dónde llevará Washington las presiones que pueden derivar en desestabilización política? Por lo pronto, de las visitas de la secretaria de Estado Madeleine Albright en agosto, del jefe del Comando Sur Peter Pace al culminar el operativo «Cabañas 2000» y del secretario adjunto del Departamento de Estado William Brownfield (quien entre otras actividades el martes 26 de septiembre dictó una conferencia sobre el Plan Colombia en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales), el gobierno estadounidense no ha logrado del argentino más que una media palabra para brindar «asistencia técnica», hipérbole que aludiría, según fuentes de la cancillería, al permiso para instalar en el Noreste una estación de vigilancia satelital, de hecho una base militar al estilo de lo que se intenta hacer en Esequibo y se ha hecho ya en otros puntos de Latinoamérica (ver pág. 6).

Aunque el cuadro descripto no es reductible a una sola causa, también en América Latina la conducta de Washington está dictada por los efectos de la suba del petróleo para los países del primer mundo, insoportables incluso en el corto plazo para economías bajo cuya discutible prosperidad no hay cimientos seguros. Cuando en la Unión Europea cunde el pánico por las derivaciones del encarecimiento del crudo y el gobierno estadounidense (obligado por la proximidad de las elecciones) recurre a la utilización de sus reservas estratégicas -un mecanismo sólo sostenible en el cortísimo plazo- para impedir el alza de los combustibles, es posible comprobar la significación de la línea de acción adoptada por el presidente venezolano Hugo Chávez antes incluso de tomar posesión de su cargo: la reactivación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, ver pág. 12). Veinte meses después de aquellos primeros pasos, con un aumento superior al 400% de la materia prima a la que está ineludiblemente amarrada la tasa de ganancia media de los gigantes de la economía mundial, la aparentemente inconmovible marcha hacia arriba de la economía en los tres centros del poder planetario, y específicamente en Estados Unidos, se muestra en toda su vulnerabilidad. La otra cara de la misma medalla es la gravitación enorme de una voluntad política soberana, encarnada en el gobierno de un país de porte medio o incluso pequeño.

Desde el atalaya del planeta, observando la reunión de presidentes y ministros de energía que se desarrolló en Caracas en la última semana de septiembre, un analista inequívocamente alineado con la política estadounidense advertía que Chávez recibió a sus invitados (sólo faltaron, por razones de seguridad, los presidentes de Irak y Libia, Saddam Hussein y Mohammad Khadafi), asegurando que «esta reunión no es sólo sobre petróleo: (nuestros países deben discutir también acerca de) la pobreza, la desigualdad en el mundo, la deuda externa y la autonomía de las naciones»(9).

Entre las pesadillas de los estrategas estadounidenses, se repite una en la que semejantes temas son tomados como materia de discusión y acción política por los ignotos pobladores de «Sudistán».

1. EFE, 11-09-00.
2. Catholic Relief Services, Costa Rica,14-09-00.
3. Dimitri Barreto, El Tiempo, Bogotá, 10-09-00.
4. «Colombia Paramilitary Chief Says Businesses Back Him», Bogotá, Reuters, 06-09-00.
5. Revista Cambio, Bogotá, 25-09-00.
6. Id.
7. Natalia Rodriguez, entrevista a Raúl Garajulic, ex embajador de Bolivia en España, El País, Madrid, 14-9-00. Garajulic advertía que «Hay que ayudar a Colombia para que lo haga (liquidar las plantaciones de coca), pero hay que ayudar a Bolivia porque lo hizo». Tal parece que no fue así…
8. Clarín, Buenos Aires, 28-09-00.
9. Larry Rohter, The New York Times, 27-09-00.

 

Arrastrado por fuerzas que operan en la base misma de su poderio. Estados Unidos desata una situación bélica en colombia que podria propagarse a toda la región. El firme rechazo de los presidentes es un hecho sin precedentes en la historia americana, de seguras consecuencias en el mapa político internacional.

Ya no es una presunción: el cuadro geopolítico hemisférico ha consumado un drástico giro, tras el cual Estados Unidos se ve desafiado -como nunca antes en dos siglos de historia- por un conjunto diverso de países sudamericanos, a cuya vanguardia marchan, aunque por carriles diferentes, los gobiernos de Brasil y Venezuela.

Todavía envuelta en la retórica impuesta desde el gobierno de James Carter, con eje en la democracia y los derechos humanos, la Casa Blanca apela sin embargo a su ultima ratio para contrarrestar el reto e inicia en Sudamérica una escalada militar calificada con rara unanimidad -por las voces más dispares- en esta tónica: «El Plan Colombia amenaza con arrastrar a Estados Unidos a la guerra civil más prolongada y brutal de todo el hemisferio occidental»(1).

Si fuese posible observar desde una cima el curso de los acontecimientos en esta región del mundo, el choque de impresiones y sensaciones llevaría a decir, como Macbeth: «En mi vida he visto un día tan hermoso, y tan feo a la par». La fealdad está a la vista: custodiado por mil hombres de su propia seguridad y otros diez mil de las fuerzas armadas y policiales de Colombia, el 30 de agosto pasado el presidente William Clinton arribó a Cartagena para entrevistarse con su par Andrés Pastrana y formalizar el inicio del «Plan Colombia». Tanto despliegue no es una incongruencia si se la entiende como el desembarco de un emperador de la era nuclear, que ostenta su poderío para amedrentar a quienes en la región osan cuestionar sus decisiones. Clinton aseguró que «no habrá intervención militar»(2), pero otra es la opinión de la prensa, incluso de la que habitualmente respalda la política exterior de Washington: la escala en Cartagena es «el inicio de una nueva era en las relaciones colombiano-estadounidenses y el acto que sigue incluirá probablemente el ataque a las guerrillas marxistas con helicópteros provistos por Estados Unidos»(3)
. Los helicópteros no vuelan solos y los hechos transforman la probabilidad en certeza: «Un grupo de 83 miembros de las Fuerzas Especiales del Comando Sur del Ejército de EE.UU. llegó en secreto al país la semana pasada para entrenar en las selvas del Sur a un segundo batallón antinarcóticos del ejército colombiano»(4).

No menos evidente es la otra faz de este momento crucial: pocas horas después del paso de Clinton por Colombia, los presidentes de los doce países sudamericanos se reunían en Brasilia, sin la presencia de Washington y con una impronta dominante: tomar distancia de la estrategia estadounidense para el hemisferio. Aun en la obligada ambigüedad de todo paso diplomático, los términos habían quedado claros desde antes del encuentro: luego de que el consejero nacional de Seguridad estadounidense declarara que «es muy difícil imaginarse que la democracia sobreviva en Colombia con estos dos problemas (la guerrilla y el narcotráfico)»(5), en la capital brasileña el canciller Luiz Felipe Lampreia formuló conceptos terminantes: «prevemos la intensificación del conflicto desde comienzos del año 2001 (lo cual) representa una amenaza para el territorio brasileño (porque) implica el empleo de nuestro territorio como santuario, e incluso, la realización de acciones militares colombianas en nuestro país con fines de persecución»(6).

En boca de la diplomacia más afiatada, consecuente y equilibrada de todo el continente, tales aseveraciones deben ser tomadas como lo que son: aprestos de guerra. Lampreia se ocupa de que sea exactamente ése el signo de su exposición: «Desde el punto de vista de la preparación, para esa nueva etapa de profundización del conflicto, la primera acción del gobierno brasileño es aumentar la coordinación entre los diversos sectores del gobierno: fuerzas armadas, Policía Federal y ministerio de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, se ha decidido aumentar la capacidad de disuasión militar. Esto es, aumentar la presencia y con planes para una intervención rápida en el caso de existir problemas. En tercer lugar, estamos empeñados en mejorar los mecanismos de nuestra inteligencia para saber exactamente qué ocurre en la región»(7).

Que no hay un ápice de exageración en la respuesta brasileña lo prueba, aunque indirectamente, la titular de la política exterior estadounidense, Madeleine Albright. A su paso por Quito reconoció que «ha prometido 15 millones de dólares al gobierno ecuatoriano para compensar la eventual llegada masiva de refugiados colombianos huyendo de su país por miedo a la ofensiva antidroga del Plan Colombia»(8). De hecho el problema para Washington en Ecuador es otro: la dolarización ha exacerbado los ya intolerables sufrimientos de la población de ese país y -está en las páginas de la prensa- se espera en cualquier momento una insurrección general de las fuerzas que en enero derrocaron al presidente constitucional, tomaron el poder por pocas horas y retrocedieron para dejar el gobierno en manos de Gustavo Noboa, ahora amenazado de sufrir la suerte de sus dos antecesores inmediatos.

¿Más pruebas de que algo fundamental se ha dado vuelta en el cuadro geopolítico continental? Como parte del despliegue estratégico con punto de partida bélico en Colombia, el estadounidense Thomas Pickerin, subsecretario del Departamento de Estado, afirmó que se trata de un conflicto regional, con efectos en todos los planos sobre el área en su conjunto y que por lo mismo debe ser asumido por los gobiernos de todos los países. Preguntado sobre el punto Lampreia respondió: «Nosotros decimos exactamente lo contrario. No regionalizamos el conflicto. Es más, esperamos que el conflicto no traspase hacia nuestros países».

Dos días antes, el canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini se mostró igualmente alarmado y afirmó que Argentina no se involucrará directamente en el conflicto bélico. Pero ante la misma pregunta respondió: «Cualquier cosa que pase en Colombia impactará en Argentina, Brasil, Chile o Uruguay», refieriéndose a que el conflicto «ahuyentaría las inversiones».

No se trata de interpretaciones diferentes respecto de la dinámica de extensión del «Plan Colombia», tal como aclara el propio Lampreia al adelantar las medidas ya adoptadas por su gobierno. En ese matiz -y muy precisamente en la alusión a las «inversiones»- se explicita la determinación del Palacio del Planalto en la línea que lleva a una opción sudamericana y la vacilación actual del gobierno argentino entre la diplomacia menemista -que sigue por inercia- y el viraje hacia un nuevo rumbo.

En cualquier hipótesis, los hechos están a la vista: durante la semana anterior al arribo de Clinton a Cartagena cinco países (Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela) movilizaron tropas tomando posiciones en áreas fronterizas con Colombia, dato que no registra antecedentes en la historia latinoamericana desde las guerras de Independencia(9).

Por amenazantes que resulten, los alardes de fuerza de Clinton no pueden ocultar una evidencia clave: único dueño del escenario mundial desde fines de la década de 1980, Estados Unidos ha perdido la iniciativa en la región y desde hace tiempo viene actuando a contragolpe en más de un terreno. El punto de inflexión puede fijarse en diciembre de 1998, cuando un terremoto político demolió en Venezuela al sistema partidario que sostuvo el equilibrio durante medio siglo en aquel país, y dio paso a un fenómeno nuevo, encarnado en el presidente Hugo Chávez, quien desde entonces no sólo edificó en su país una institucionalidad que inquieta a tirios y troyanos, sino que además -y acaso sobre todo- promovió una sucesión de movimientos que precipitaron conflictos latentes hoy focalizados en dos puntos: la recomposición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el encuentro de Brasilia (10).

Nada prueba mejor este relevante cambio de las relaciones políticas en el hemisferio que la desprolija y frustrada gira reciente de la señora Albright. Imprevisto a tal punto que ciertos comentaristas llegaron a explicarlo como «un saludo de cortesía», el viaje de la Secretaria de Estado tuvo dos objetivos, además de sostener al gobierno de Ecuador: reclamar apoyo para el «Plan Colombia» y convencer a los presidentes de Chile y Argentina para que no se plieguen a la propuesta brasileña. No menos elocuente fueron los esfuerzos del Departamento de Estado por neutralizar el alza sostenida del precio del petróleo. En ambos casos, el gobierno estadounidense se vio compelido a correr tras los acontecimientos y, hasta ahora, en ambos fracasó.

Desde luego el punto nodal del conflicto en curso está hoy en el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan un 40% del territorio. Apenas cuatro meses atrás, cuando todavía no le resultaba obligatorio decir que la ayuda económica no estaba destinada a combatir la guerrilla, Clinton declaraba: «Que nadie se equivoque, si la democracia más antigua de América del Sur puede caer, también pueden caer otras»(11). En su discurso en la reunión anual del Consejo de las Américas, el presidente estadounidense aludía explícitamente a la inestabilidad extrema en Ecuador, Perú y Paraguay. Y por cierto no exageraba. Sin embargo, la preocupación del Departamento de Estado tiene también otro origen, que acaso podría ser el que explica el tempo de esta operación de desembarco militar: el brusco cambio de rumbo de un país que, además de ser una llave para América de Sur y poseer el segundo mayor yacimiento petrolífero del mundo, es el primer exportador de esa materia prima vital a EE.UU.

Desde antes de asumir su cargo el presidente Chávez atacó por ese flanco. Entonces el barril de petróleo estaba por debajo de los 10 dólares. Menos de un año después supera los 30 dólares y en ese nivel se mantiene. Pública y secretamente, EE.UU. (acompañado en este punto por la Unión Europea y Japón) ha reclamado a los países de la OPEP el aumento de la producción para que baje el precio del crudo. La Casa Blanca perdió la compostura el mes pasado, cuando intentó impedir que Chávez incluyera en su gira por las capitales del petróleo la visita a Saddam Hussein, presidente demonizado de un país sitiado y bloqueado desde hace nueve años por Washington. La respuesta del hombre a quien buena parte de la prensa insiste en denominar «ex coronel golpista», pese a que ha ganado con amplios márgenes seis elecciones en 30 meses, excedió los límites que una metrópoli imperial es capaz de soportar: «Somos un pueblo orgulloso y yo represento a un Estado soberano que toma sus propias decisiones en función de sus intereses»(12). Es difícil saber qué preocupa más a Washington, si el éxito del viaje de Chávez, quien obtuvo un contundente respaldo para la cumbre presidencial de países de la OPEP que se realizará en Caracas este mes (no es un detalle menor que Clinton visitara Nigeria antes de su escala en Cartagena), o el impacto peligrosamente fértil de un lenguaje político que desde hace mucho parecía desterrado de las relaciones internacionales.

 

¿Fin de las naciones?

Una de las innumerables vaciedades que alcanzaron categoría de verdad inapelable en los últimos años es la del fin de las naciones y fronteras, y en consecuencia el fin de las soberanías y el imperio urbi et orbi de la economía más fuerte. Que el mundo marcha en el sentido de la unificación es una obviedad con 500 años de antigüedad, contestada desde siempre por el pensamiento reaccionario. Pero en tanto el impulso hacia ese destino resida únicamente en la lucha por áreas de mercado, lejos de acabar con las naciones y los nacionalismos, la globalización revalidará a aquéllas contra todo anacronismo y exacerbará a éstos contra toda lógica. No otra cosa es lo que el mundo observa en el área del Golfo Arábigo-Pérsico, en la ex URSS y aun en la propia Unión Europea.

En América Latina, en cambio, la sobresaliente reaparición de conceptos y conductas de independencia y soberanía nacional no ha adoptado hasta el momento -aunque el riesgo está en la esencia del fenómeno- aquellos contenidos. Entre las muchas responsabilidades que afrontan los partidos e intelectuales sinceramente comprometidos con los valores democráticos está precisamente la de evitar que una continuada política de sumisión a las exigencias de Washington empuje hacia un nacionalismo ultramontano, que en última instancia sería percibido por Washington, con razón, como un mal menor.

Es por eso que la línea aplicada por el venezolano Chávez alarma tanto a la Casa Blanca como a la casi totalidad de los dirigentes políticos tradicionales de la región: «la democracia representativa ha fracasado en América Latina (…) es necesario que avancemos, sin temores, hacia la constitución de democracias participativas, con las que nuestros pueblos recuperen las sendas del desarrollo», afirmó en un discurso de apertura del Sistema Andino de Integración. Y agregó: «es absolutamente falso que triunfó el fundamentalismo de mercado; el neoliberalismo está realmente en retirada en la mayoría de los países del mundo»(13).

Se trata de tres nociones (agotamiento de las políticas dominantes en la última década, reivindicación de la soberanía y llamado a la participación), que actúan ahora como un manantial de agua fresca para decenas de millones de sedientos latinoamericanos, en especial de la juventud: 220 millones de personas, alrededor del 45% de la población latinoamericana, vive en la pobreza extrema; y de éstos, 117 millones son niños y menores de 20 años(14).

Es acaso por las inexorables derivaciones de esta realidad que Estados Unidos ha resuelto responder con la fuerza; una decisión de tal magnitud que incluso parte el corazón del poder estadounidense. El mismo día del desembarco de Clinton en Cartagena una deliberada filtración puso esa fractura a la vista: «Según un funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado, el entrenamiento, el equipamiento y los helicópteros que recibirán las fuerzas armadas colombianas serán utilizadas en la lucha contra los integrantes de las FARC y el ELN»(15). Con todo, aun desde el punto de vista militar, el centro de gravedad no está en el «Plan Colombia». EE.UU. ha montado una base aérea en el puerto ecuatoriano de Manta, que además de ratificar un concepto militarista para la región ha acelerado la fractura del ejército, como se comprobó en la participación de altos mandos en la insurrección de enero. En línea con esta política está la decisión de montar una base de lanzamiento de cohetes en El Esequibo, territorio en litigio entre Venezuela y Guyana, situado en la estratégica desembocadura del Orinoco. El conflicto viene tensándose desde que, tras la firma de un contrato entre la empresa estadounidense Beal Aerospace y el gobierno guyanés, el canciller venezolano José Vicente Rangel presentó una protesta formal oponiéndose al acuerdo. Aparte la histórica reclamación territorial, las autoridades venezolanas alegan contra el resquicio contractual abierto para que la base pudiera quedar bajo custodia de fuerzas militares extranjeras, es decir, estadounidenses.

A mediados de agosto Chávez sostuvo que Venezuela y Guyana deben buscar una solución práctica y desechó la alegación del ministro de Relaciones Exteriores guyanés, Clement Rohee, quien calificó de «inconsistente» la oposición a la instalación de la base y aludió a una amenaza militar por parte del gobierno venezolano. «No me hagan hablar más de la cuenta», dijo Chávez a los periodistas reunidos en el Palacio Miraflores, y alertó elípticamente sobre «lo que pudiese haber detrás de esta problemática territorial»(16).

La abrupta militarización de las relaciones y del lenguaje político provocada por el «Plan Colombia» es indicativa de una tendencia de altísimo riesgo para el futuro inmediato del hemisferio. En consonancia con las declaraciones del canciller Lampreia, Brasil ha informado que pondrá en funcionamiento en breve el llamado Sistema de Vigilancia Amazónica, mediante el cual se propone controlar con aviones, radares y satélites el espacio aéreo de la región. Es imposible no entender la señal dada por los gobiernos de Brasil y Venezuela horas antes del arribo de Clinton a Colombia: el jefe del Estado Mayor del ejército venezolano anunció que acababan de firmar con su par brasileño un acuerdo de cooperación militar. «Siempre mantuvimos relaciones militares con Brasil. Pero en esta oportunidad queremos darles a esos vínculos un mayor énfasis»(17), dijo el general Germán García Gómez, mientras el avión de Clinton cubría la distancia entre la capital nigeriana y la bella Cartagena.

Allí, en la antigua capital colonial, las autoridades se empeñaron por mostrar un panorama a la altura del ilustre visitante. Además de asumir los costos de refacción de varias casas derruidas (para sorpresa de sus paupérrimos habitantes), pintar muros y plantar árboles, juntaron apresuradamente a una multitud de niños que viven en la calle y los ubicaron, temporariamente, en un «centro recreacional». También levantaron 1500 puestos de venta callejeros y borraron de las paredes toda expresión de disenso político. «Es como una muchacha que ordena su casa para recibir por primera vez a su novio», señaló con acierto el diario El Tiempo de Bogotá. Tanto esmero se vio empañado en la mañana del 30 de agosto, durante el recorrido del Presidente estadounidense: aparecieron pintadas en letras rojas palabras de antigua resonancia: yanqui go home.

1. Tad Szulc, «El espectro de Vietnam», El País, Madrid, 27-08-00. Ver también «El plan Colombia desata un debate sobre el futuro de la paz», El País, 07-08-00; Natalio Botana, «Síntomas de regresión y de atascamiento del sistema democrático», La Nación, 27-08-00; Raúl Reyes, representante de las FARC, «El Plan Colombia significa guerra», Página 12, 27-08-00; Jim Hoagland, «The 1,3 billones to Colombia is about politics, no drugs», International Herald Tribune, 26-08-00; Carlos Fazio, «El conflicto colombiano a un paso de la vietnamización», La Jornada, México, 29-08-00; Steven Dudley: » Groups say, drug plan puts then in danger», «Más de 100 ONGs colombianas se unieron para resistir (al Plan Colombia), aduciendo que éste forma parte de la estrategia militar estadounidense», International Herald Tribune, París, 24-08-00.
2. Cambio, Bogotá. 28-08-00.
3. Clifford Krauss, The New York Times, 29-08-00.
4. Nelson Padilla, Clarín, Buenos Aires,12-08-00.
5. El Tiempo, Bogotá, 25-08-00
6. Eleonora Gosman, Clarín, Buenos Aires,29-08-00
7. Ibid.
8. Nicole Bonnet, «Ecuador afronta un nuevo período de inestabilidad política» Le Monde, París 26-08-00.
9. Clifford Krauss, «Vecinos preocupados con la ayuda a Colombia», The New York Times, 25-08-00.
10. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, noviembrede 1999 y julio de 2000.
11. María O»Donnell, Clarín, Buenos Aires,3-05-00.
12. El Nacional, Caracas, 10-08-00.
13. El Universal, Caracas, 18-08-00.
14. CEPAL, Panorama Social de América Latina1999-2000.
15. Ana Barón, Clarín, Buenos Aires,30-08-00.
16. El Universal, Caracas, 17-08-00.
17. Eleonora Gosman, Clarín,30-08-00.

 

 

 

Confrontada a la paradoja del enorme poder y desarrollo económicos y la pavorosa exclusión social del país, y ante dos cruciales procesos electorales en el horizante cercano, una parte importante de la dirigencia brasileña, presionada por la agitación sindical y campesina, se inclina por explorar la vía de un mercado regional sudamericano autónomo, capaz de explotar al máximo las posibilidades de la región.

 

¿Crisis en Brasil? A la vista del flamante conglomerado de torres surgidas casi de la noche a la mañana a lo largo de la Avenida Berrini -prolongación, a unos diez kilómetros de distancia, de la tradicional Avenida Paulista, centro histórico en San Pablo de las finanzas y la gran industria- la respuesta sería una rotunda negativa. Por las espectaculares dimensiones de los edificios, el despliegue arquitectónico y el ostensible derroche de tecnología y riqueza, el «bairro Berrini» muestra un país pujante, opulento, satisfecho de sus incontables recursos y lanzado hacia el futuro con la misma audacia de los rascacielos que hienden el manto de polución, prueba ella misma de sobresaliente capacidad económica.

Otra será la impresión, no obstante, si la vista logra vencer la atracción de tanta magnificencia y mira en derredor, a nivel de las suntuosas veredas donde deambulan como espectros, en cantidades que asombran incluso a conocedores de las miserias de San Pablo, personas que de tanta carencia, han perdido incluso la condición de tales.

Brasil no es Malasia y San Pablo no es Kuala Lumpur, donde edificios igualmente desmesurados hacían ostentación del milagro de un país monoproductor de caucho transformado en el mayor fabricante de semiconductores del mundo, antes de que el sueño se transformara en pesadilla, tras el colapso de 1997, y dejara como legado incontables edificios vacíos y sin utilidad alguna(1). El «bairro Berrini» no surgió de la nada ni en un período de auge, sino en el momento crítico de una nación altamente industrializada y con enorme acumulación de riquezas. Sin embargo, entre ambos países hay en común más que una coyuntura crítica: la marginalización. El destino de abismo dantesco para millones de seres humanos está a la vista en Brasil con dimensiones asiáticas y relieves del primer mundo. Y esa dualidad apabullante penetra como una cuña irrefrenable también en la sociedad y en el gobierno.

«Dos corazones laten en mi pecho» podría decir, como Fausto, el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso. A diferencia del personaje de Goethe, sin embargo, el ritmo desacompasado del país un año y medio después de haber soltado amarras de la paridad fija de su moneda, no proviene de vacilaciones metafísicas sino de poderosas fuerzas materiales que, desde la cúspide del poder, pujan en sentido inverso: una, hacia un mercado único «de Alaska a la Patagonia», como gustan decir en Washington; la otra, en dirección a un bloque sudamericano, encabezado y hegemonizado por Brasil y objetivamente enfrentado con el proyecto estadounidense de aunar el mercado continental no ya bajo su predominio, sino incluso con una moneda única: el dólar.

Otros tres países del área penden a ambos extremos de esa cuerda en tensión: Chile y Argentina de un lado; Venezuela del otro. Ese complejísimo entramado de fuerzas -a menudo alimentadas por causas ajenas a toda planificación y control- tendrá una instancia acaso decisiva el próximo 31 de agosto, cuando en el palacio del Planalto se reúnan los presidentes de toda la América Latina y el Caribe, en respuesta a una invitación de Cardoso y en clara muestra de que, al menos en ese gesto, un corazón muestra mayor vigor que el otro.

La batalla está librándose en cada capital (los intentos por acelerar el paso de la dolarización en Ecuador; las convulsiones en Paraguay; el resquebrajamiento de la alianza que sostuvo a Alberto Fujimori en Perú, son apenas algunos de los ejemplos a la vista). Y desde luego no intervienen en ella sólo las autoridades locales y los embajadores de Washington. Recientemente, en Buenos Aires, el diario La Nación puso el dilema a debate con un titular a toda página en su edición dominical: «Match económico entre los bloques más poderosos: Estados Unidos contra Europa en la Argentina»(2). Rota la regla no escrita que indicaba no hablar explícitamente del tema, dos días después Clarín complementaba: «Ofensiva diplomática europea: Alemania impulsa una alianza estratégica con Latinoamerica»(3).

Sin embargo, para jugar el papel que le cabe al país de mayor peso regional en la definición de esa controversia crucial, Brasil deberá ante todo saldar la contradicción instalada en el seno del propio gobierno desde la conformación de la alianza entre el Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB) y el Partido del Frente Liberal (PFL), acentuada por un novedoso factor externo luego de la devaluación del 13-1-1999.

Hasta esa fecha Cardoso había mantenido artificialmente el valor del real, con leves correcciones periódicas, en un sistema algo más flexible que la convertibilidad argentina pero basado en el mismo mecanismo. La aparente estabilidad que esta conducta monetaria suponía fue la clave para la victoria electoral de Cardoso en 1994 (el favorito hasta dos meses antes de los comicios era el candidato del Partido de los Trabajadores, Luiz Inacio Da Silva, «Lula») y continuaba siendo imprescindible para su reelección a fines de 1998. La ficción cambiaria era no obstante evidente y su sostenimiento produjo la fuga de unos 50 mil millones de dólares entre agosto y diciembre de 1998. Para sostener ese artificio mediante el endeudamiento interno y externo, las tasas de interés subieron hasta un 50%. El quinquenio del real «fuerte» le había costado a Brasil un aumento de su deuda pública de un 424%, pese a que, como en otras latitudes, simultáneamente se habían vendido empresas del Estado por unos 85 mil millones de reales, 30 mil de los cuales fueron destinados al pago de la deuda. Al momento de la devaluación el endeudamiento interno -a las tasas señaladas- se estimaba en un equivalente a 270 mil millones de dólares. El total de la deuda pública equivalía a mediados de enero de 1999 al 50% del PBI; entre enero y noviembre del año anterior se habían pagado 65.740 millones de reales (por entonces 1 dólar equivalía a aproximadamente 1,20 reales) sólo por intereses y con criterio unánime medios de prensa estimaban que para cumplir con sus compromisos externos e internos el gobierno necesitaría durante el transcurso de 1999 alrededor de 60 mil millones de dólares.

 

El poder financiero

Esta cascada de cifras siderales es necesaria para entender no sólo la exigencia impostergable de devaluar y frenar la fuga de divisas, sino también las condiciones en las que el presidente reelecto adoptó esa decisión. Porque es esa relación de fuerzas desfavorable al extremo la que explica un hecho sorprendente ocurrido dos semanas después: la asunción como presidente del Banco Central de Brasil de Arminio Fraga, quien al momento de su designación integraba el círculo áulico del magnate húngaro-estadounidense George Soros(4).

Luego de la sorpresa que enmudeció a políticos y analistas económicos, se sabría que dos ministros del gabinete (Pedro Malan, de Hacienda, y José Serra, de Salud, ambos militantes de izquierda en su juventud) se habían opuesto tenazmente a esa designación en los quince días posteriores a la devaluación, durante los cuales habían caído dos presidentes del Banco Central. Ambos ministros contaban con el discreto respaldo de la poderosa Federación de Industrias del Estado de São Paulo (FIESP) y, presumiblemente, el propio Presidente compartía esa posición. Pero el gobierno debía negociar con el FMI la efectivización de un préstamo excepcional de 42 mil millones de dólares, otorgado antes de la reelección de Cardoso para sostener las reservas mientras los capitales se fugaban en masa. Para liberar efectivamente el dinero, las autoridades del FMI querían garantías tan excepcionales como el monto en cuestión. Brasil conoció así por primera vez una práctica repetida en otros países del área: la llegada de una misión del FMI, que encabezada por el entonces vicepresidente Stanley Fisher, culminó una semana de controles con una conferencia de prensa en la que hizo exigencias escasamente originales: recorte de gastos, ajuste de tasas, privatización de empresas públicas, etc. A su lado, el ministro Malan lucía una forzada sonrisa.

Tras la «década perdida» de los años «80, entre 1990 y 1997 el PBI brasileño per capita había aumentado en total un 5% (0,6% anual), lo cual afectó duramente el nivel de ocupación(5). Pero la devaluación y su impacto múltiple sobre la economía acentuarían aún más el retroceso, dando lugar a una caída que recién comenzó a revertirse a comienzos de este año.

La destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo en la industria coincidió además con despidos en el sector público, sumándose a la sistemática expulsión de mano de obra en el campo por obra de la tecnificación. Esta convergencia maléfica -sumada a la racionalización en empresas del Estado privatizadas- completaba un proceso iniciado una década atrás en cuanto a cambios en la organización del trabajo, aumento de la explotación relativa y absoluta y exclusión social: durante el período 1986-1997 «el trabajo legal se redujo en un 5%, mientras la ocupación en negro aumentó un 32% y el cuentapropismo saltó un 70% en relación con el nivel de 1985″(6). El llamado «sector informal» de la economía abarca al 54% de la mano de obra considerada como ocupada en San Pablo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife y Porto Alegre.

Medir el nivel de desocupación y subocupación reales para el total del país constituye poco más que un ejercicio vano. Con todo, son suficientemente elocuentes las cifras relativas a la región metropolitana de San Pablo: un promedio de las diferentes estimaciones -a menudo muy distantes entre sí- indica que antes de la devaluación de 1999 la desocupación superaba el 18%. Este proceso se inscribe además en una dinámica estructural que en los últimos 50 años hizo que las ciudades brasileñas pasaran de 12 a 130 millones de habitantes. Hasta mediados de los «80 el desarrollo económico, aun con sus deformaciones y contradicciones, permitía albergar -en favelas de indecible miseria y degradación, pero albergar al fin- ese flujo constante del campo a la ciudad. Pero en las dos últimas décadas, en coincidencia con la tecnificación de las labores agrícolas y la consecuente expulsión de mano de obra, los centros urbanos no sólo no absorben nuevos contingentes humanos, sino que se han convertido a su vez en expulsores.

La primera y más impresionante expresión de esta tenaza es esa masa de despojos humanos que -sobre todo en San Pablo y Rio de Janeiro- contrasta tan violentamente con su contrafigura: la opulencia extrema. La otra manifestación de la misma causa tiene un carácter diferente y completa el panorama del Brasil actual: la beligerante militancia de campesinos sin tierra y lo que aparenta ser -tras una década de pasividad- una nueva oleada de demandas económicas y sociales por parte de los trabajadores urbanos.

 

Sem Terra

El pasado 2 de mayo contingentes campesinos de todo el país, convocados por el Movimento Sem Terra (MST), ocupó edificios públicos (principalmente sedes del INCRA -Instituto de Colonización y Reforma Agraria- y Ministerios de Hacienda) en 23 de los 26 Estados de la Unión. En un país donde, por razones históricas y geográficas, jamás ha habido una huelga general que abarcara realmente a todo el territorio, este despliegue de capacidad de convocatoria y organizativa impactó no sólo en los políticos de las clases altas: el jefe de la bancada de diputados del PT, Aloizio Mercadante, emitió de inmediato un comunicado en el que repudiaba la acción, alegando la defensa de los bienes públicos.

Mientras eso ocurría en Brasilia, la ocupación de ministerios se llevó a cabo con el mínimo de violencia que presupone tal actitud, pero alcanzó un carácter diferente en el Estado de Paraná, donde el intento oficial de detener la columna de sem terra antes de su ingreso a la capital acabó en la muerte del campesino Antonio Tavarez. Podía ser la chispa que detonara el polvorín. La bancada del PT desautorizó a Mercadante y se solidarizó con el MST, y el gobierno central buscó rápidamente la conciliación, mientras un sector del establishment político y la prensa denunciaba que el MST se proponía iniciar la lucha armada y aludió a la existencia de campos de entrenamiento militar. Un funcionario del INCRA que requirió el anonimato sostuvo ante este enviado que se han detectado dos lugares donde se imparte instrucción militar a campesinos, supuestamente ubicados en el Sur de San Pablo y en Goias. El MST califica esta información como infundio provocativo, destinado a justificar acciones represivas contra el movimiento.

De hecho, la alarma oficial y opositora no reside en la posibilidad de la aparición de una guerrilla, sino en otra perspectiva, esta sí constatable y asumida por la dirigencia de esta organización: durante el último período, además de su fuerte arraigo entre los campesinos sin tierra(7) el MST avanzó hacia una nueva base de sustentación de masas: las inmensas favelas que rodean a todas las ciudades brasileñas.

Con todo, el MST no tiene aún verdadera presencia urbana, carece de expresión política (aunque la mayoría de sus principales dirigentes son miembros del PT) y no parece en condiciones de plantearse en el corto plazo la lucha por el poder. Su fuerza reside en la avidez de millones de desposeídos por un pedazo de tierra. Una demanda que aúna socialmente pero no tiene -ni aparentemente pretende tener, por el momento- un proyecto político propio. Tras el demorado fin de las ocupaciones de mayo se estableció una tregua que el MST dio por finalizada el 10 de junio. Ante esto, hubo una fuerte mediación de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), que concluyó en una nueva reunión con los ministros de Desarrollo Agrario, Raul Jungman y Justicia, José Gresgori, el 21 de junio pasado. Allí se acordó postergar la adopción de medidas de acción directa, mientras el gobierno considera el petitorio presentado por los dirigentes campesinos: entrega formal de las tierras ya ocupadas por 150 mil familias, distribución de alimentos, duplicación del presupuesto oficial para la reforma agraria y créditos para los campesinos por 12.020 euros a pagar en 20 años(8).

Simultáneamente, la pasividad de los sindicatos urbanos, dominante desde hace casi una década y acentuada el año pasado pese al impacto de la devaluación, parece llegada a su fin: innumerables huelgas, entre las que se destacan la de los docentes universitarios y los empleados estatales de casi todo el país, acompañan una iniciativa tomada recientemente por la Central Unica de Trabajadores y acompañada por Fuerza Sindical, una expresión de las antiguas estructuras pelegas (burocráticas): la lucha por la reducción de la jornada laboral de 48 a 36 horas semanales. «La CUT calcula, con base en un estudio del Departamento Intersindical de Estadística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), que de esta manera se crearían 1.300.000 nuevos puestos de trabajo»(9). Inesperadamente, mientras contingentes metalúrgicos hacían marchas y actos públicos en San Pablo, Porto Alegre y otras ciudades, desde París el presidente Cardoso aconsejó a empresarios y trabajadores seguir el ejemplo de Francia y acordar una reducción de la semana laboral(10).

 

¿Contraofensiva política?

El 3 de octubre próximo hay elecciones municipales en todo Brasil. Y en el 2002, presidenciales. El creciente malestar social exige sin duda gestos oficiales que neutralicen el sostenido crecimiento electoral del PT, que pese a su ostensible giro hacia posiciones conservadoras continúa receptando descontento. Los sondeos previos indican que Lula tendría nuevamente chances de disputar la primera magistratura. Frente a él se perfila Ciro Gómez, un liberal asociado al Partido Popular Socialista (PPS, remanente del antiguo Partido Comunista Brasileiro), a quien amplios sectores del establishment ya parecen haber señalado como preferido. Otros candidatos en la línea de largada son el ministro José Serra y el controvertido gobernador de Minas Gerais y ex presidente Itamar Franco.

Mientras tanto, el presidente Cardoso suma gestos indicativos de que, al mejor estilo político brasileño, sin romper con el cúmulo de imposiciones del gran capital financiero internacional, toma distancia y ensaya otro rumbo. Es que la endeblez de la perspectiva de recuperación económica no podría ocultársele a un equipo gobernante con altas calificaciones académicas. Tanto menos la gravedad de la cuestión social. Y entre ambas, la voz apagada pero potente de una burguesía industrial y comercial a la que también amenaza la crisis.

El presidente del Banco Central, que había anunciado a principios de año un crecimiento superior al 5%, reconoció días atrás que éste será menor al 4%(11). «Consultores y empresarios comenzaron a revisar las proyecciones para el año, a causa de las turbulencias en el mercado internacional. Las conclusiones decepcionan…» dice un análisis periodístico(12). El texto cita al economista jefe del Citibank, Carlos Kawal: «la incertidumbre del escenario externo va a continuar afectando a la economía brasileña». Brasil vende el 23% de sus exportaciones a Estados Unidos y el 30% a la Unión Europea. El enfriamiento de la economía estadounidense y la caída del euro se suman al temor por la inestabilidad bursátil y tienden un manto de pesimismo. Los más optimistas estiman para el año en curso un crecimiento de entre el 2 y el 4% del PBI. Pero aun ese magro avance estaría basado en la exportación, es decir que tendría escasa o nula repercusión en el aumento del empleo. «La crisis argentina también incomoda a varios sectores de la economía brasileña, como la industria automovilística, que tiene el 58% de sus exportaciones en manos de los argentinos»(13).

Esos guarismos y perspectivas toman carnadura a simple vista: aparte los indigentes, lo más visible en las capitales son las legiones de personas cuya tarea consiste en cuidar y limpiar la propiedad de otros. La delincuencia, la violencia callejera, la inseguridad pública, han llevado a Cardoso a lanzar un Programa Nacional de Seguridad que prevé el desembolso de 1700 millones de dólares hasta fin del 2002 y, entre otras cosas, pone a los militares en la calle(14). Sin opciones, el gobierno ha debido enfrentar incluso la oposición militar: «Falta el Estado en las calles, no el ejército», declaró el comandante de esa fuerza, general Gleuber Vieira, quien sostuvo además días antes de adoptada la decisión presidencial: «la intranquilidad de la sociedad parte de problemas de remuneración, de empleo, de falta de presencia permanente del Estado y de la asistencia a las poblaciones, que debilitan y abren espacio para el crimen organizado» (15).

¿Un general dándole lecciones de sociología al profesor Cardoso? Una paradoja más en un país donde abundan. Pero también un signo adicional de que, incluso con prescindencia de la voluntad del heterogéneo equipo que ocupa el Planalto, Brasil pugna por hallar una salida a la encrucijada. No hay duda de que ese es el sentido de la decisión de Cardoso de convocar una reunión de presidentes de los 12 países sudamericanos a fines de agosto.

Estos pasos hacia un bloque alternativo al Tratado de Libre Comercio (TLC: EE.UU. Canadá, México), que objetivamente se contrapone a la estrategia del Area de Libre Comercio Americana (ALCA), impulsada por EE.UU., ya provocó reacciones. El presidente mexicano Ernesto Zedillo protestó por el carácter estrictamente «sudamericano» de la reunión. «Un síntoma del grado de aprensión con el que México ve el primer ejercicio claro de liderazgo de Brasil en América del Sur… pero los mexicanos no fueron los únicos», estima un agudo comentario diplomático(16). Con toda razón. El secretario de Comercio estadounidense, William Daley, durante una conferencia en España admitió por primera vez que el plan de concretar el ALCA en el 2005 podría fracasar. «Si eso ocurre será por culpa de Brasil», dijo(17).

Los mayores beneficiarios de su política hasta el momento cargan otras «culpas» sobre los hombros de Cardoso. La más reciente es el cambio drástico del modelo de privatización en el sector eléctrico. El gobierno decidió vender en subasta pública las acciones del complejo Furnas (nueve usinas hidroeléctricas y dos termoeléctricas), lo cual deja en sus manos el control de la empresa y sienta un precedente que, aplaudido por políticos opositores al declinante «neoliberalismo», significa en cambio «un enorme retroceso» para «ejecutivos de empresas privadas, consultores e incluso grandes consumidores de energía»(18). Se trata de una medida inesperada, a contramano de la conducta mantenida hasta ahora por el gobierno, como lo revela el principal ejecutivo de otra compañía energética de gran porte: «quedamos atónitos con la noticia ; ese cambio refleja peleas intestinas en el gobierno y pone a todos los inversores con las barbas en remojo, pues es el resultado de presiones políticas contrarias a la privatización»(19).

Si la política exterior de un país es -como asegura la teoría- una prolongación de la política interna, esta suma de mudanzas acaso esté poniendo de manifiesto, además de una necesaria adecuación electoral, las múltiples y muy complejas derivaciones del conjunto de fuerzas que entran en colisión por la hegemonía de los mercados y que en este momento parecen inclinar la balanza a favor de una integración sudamericana. En todo caso, Brasil ya ha puesto en marcha importantes proyectos bilaterales con Venezuela.

1. «Sólo llevaría un año de acuciantecrisis financiera y económica paralizar aquellas grúas (con las quese edificaban fantásticos edificios «inteligentes») y destruiruna parte sustancial de lo que se había logrado, tanto en Malasia como enla mayoría de sus vecinos y asociados regionales». Pioneros y líderes de la globalización, Daniel Yerguin y Joseph Stanislaw, Javier Vergara Ed., Grupo Z, Buenos Aires 1999.
2. La Nación, Buenos Aires, 18-06-00.
3. Clarín, Buenos Aires, 20-06-00.
4. Como empleado de Soros, Fraga tenía un ingreso anual de 700.000 dólares; su salario en el Banco central sería de 8.000 reales mensuales, unos 50.000 dólares anuales. La prensa que sugirió con ese dato la presumible intención de Fraga, continúa acusándolo. Folha de São Paulo, 13-6-00.
5. Economía global e exclusão social; GilbertoDupas. Ed. Paz e Terra, San Pablo, 1999.
6. Ibid.
7. Luis Bilbao, «Sem Terra, un movimiento original», Le Monde diplomatique, ed. Cono Sur, Septiembre1999.
8. El País, Madrid, 23-6-00.
9. Isto é, 14/6/00.
10. Esa posibilidad fue descalificada por O Estado de São Paulo, 8-6-00.
11. O Estado de São Paulo, 11-6-00.
12. Folha de São Paulo, 11-6-00.
13. Ibid.
14. Eleonora Gosman, Clarín, Buenos Aires, 21-6-00.
15. O Estado de São Paulo, 11-6-00.
16. Paulo Sotero, «Cúpula sul-americana preocupa mexicanos», O Estado de São Paulo, 11-6-00.
17. Idem.
18. Estado de São Paulo, 13-6-00
19. Idem.

 

 

Exigidos por economías debilitadas y sin perspectivas de crecimiento, los gobernantes de países subdesarrollados tratan de hallar puntos comunes y definiciones de largo plazo. La reunión en La Habana pone fin a una década de parálisis y desorientación del Tercer Mundo, aunque no resuelve su extrema heterogeneidad política.

 

Con una cumbre silenciada, el Grupo de los 77 resurgió de las cenizas y reapareció en sordina en el escenario internacional. La significación y el contenido potencial de esta reunión, en la cual también participó China, es inversamente proporcional a la difusión y el interés que despertó en analistas políticos y grandes medios de prensa.

Opiniones al margen, los números son elocuentes: 42 jefes de Estado y de gobierno, 13 vicepresidentes y viceprimeros ministros, 67 cancilleres y más de un centenar de altos funcionarios, en representación de 122 países cuya población suma 5000 de los 6000 millones de habitantes del planeta, sesionaron en La Habana entre el 12 y el 14 de abril. También estuvo presente el titular de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

El G-77 nació en otro contexto internacional: fue creado en 1963, en Nueva York, por 65 países subdesarrollados y al año siguiente, en Ginebra, se fundaría oficialmente con 12 nuevos integrantes. El propósito era participar como bloque en la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD). Nuevos componentes llevarían a 133 el número de países de este grupo que, no obstante, conservó su identificación original. Se trataba de un bloque de naciones típico de aquel mundo geopolíticamente polarizado por Estados Unidos y la Unión Soviética, en el cual había espacio para una «tercera posición», encarnada en el Movimiento de Países No Alineados (NOAL). Su reaparición en este momento fuerza la propia naturaleza del heterogéneo conjunto, como lo muestra la participación de sólo un presidente sudamericano, el venezolano Hugo Chávez, aunque todos los países enviaron representantes. Sin embargo, el hecho de que este cónclave del Sur aprobara en La Habana una Declaración y un Programa de Acción conjuntos en el mismo momento en que se iniciaba en Washington -con más controversias que nunca- la asamblea del Fondo Monetario Internacional, prueba que aquella antigua configuración geopolítica adormecida durante tanto tiempo reaparece impulsada por una necesidad inocultable y, aunque plagada de incongruencias e incompatibilidades, busca un nuevo perfil y espacio propio en el planeta «mundializado».

Este desplazamiento, al compás del cual varían todos los parámetros políticos internacionales dados como supuestos inamovibles durante la última década, no comenzó en La Habana y, previsiblemente, no concluye con la Declaración Final. Hay una significativa correspondencia de los pasos dados por este bloque y la crisis económica que azota a sus componentes. Los contactos que culminarían reavivando al Grupo de los 77 tras una década y media de desmembramiento y parálisis, comenzaron en Jakarta, dos años atrás, en una reunión internacional de ministros precisamente en momentos en que se desmoronaban las economías del sudeste asiático. Tiempo después, en el marco de la ONU en Nueva York, Cuba ofreció su capital como sede y plasmó el propósito de una reunión a nivel de presidentes, la primera en la historia del G-77.

Tal vez una explicación para la escasa o nula atención prestada a esta reunión en la cual estuvieron presentes los gobernantes de cinco sextas partes de la humanidad resida precisamente en el lugar en que se realizó. En su discurso de apertura el presidente cubano Fidel Castro expuso un diagnóstico crudo de la realidad mundial; y tras un llamado a «demoler el Fondo Monetario Internacional» y reemplazarlo por «un órgano regulador de las finanzas internacionales que funcione sobre bases democráticas y sin poder de veto para nadie», resumió el abrumador listado de cifras con una imagen y una propuesta: «Vemos a madres y niños en regiones enteras de Africa bajo el azote de la sequía y otras catástrofes. Nos recuerdan los campos de concentración de la Alemania nazi, nos hacen ver de nuevo las montañas de cadáveres o de hombres, mujeres y niños moribundos… Hace falta un Nüremberg para juzgar el orden económico que nos han impuesto, que cada tres años mata de hambre y de enfermedades previsibles o curables más hombres, mujeres y niños que todos los que en seis años mató la Segunda Guerra Mundial».

 

Norte y Sur: dos percepciones

Castro no dijo nada que no haya dicho antes. Pero la circunstancia -la audiencia- confirió un carácter diferente a sus palabras. «Estoy sorprendido por los otros líderes mundiales que estaban allí», dijo en Nueva York Abraham Foxman, director de la Liga Anti Difamación. Y subrayó: «Hubiese deseado que ellos se distanciaran de este tipo de afirmaciones. La pobreza es seria, es penosa y probablemente mortal, pero no es el Holocausto y no es campos de concentración»(1). He allí dos percepciones de la situación mundial que admiten la reducción de conflictos múltiples a una oposición geográfica: desde el Norte rico los crímenes nazis no pueden ser comparados con los sufrimientos actuales de la humanidad. Desde el Sur pobre y sometido, en cambio, la realidad es vivida en términos dramáticos y, en ocasiones, se impone por sobre diferencias ideológicas: ni una voz corrigió al líder comunista.

Por el contrario, uno a uno los oradores redoblaron las denuncias: «Nunca el mundo ha visto tan masiva disparidad social y económica» sostuvo el presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, quien condujo las sesiones de la cumbre. La brecha provocada por la desigualdad en el reparto de riquezas, agregó Obasanjo, «constituye una seria amenaza para la paz y la seguridad internacionales».

Esa consonancia se prolongará en otros escenarios. Además de la Declaración y también por unanimidad, los mandatarios aprobaron un Programa de Acción. Uno de los acuerdos para actuar en conjunto consiste en que el G-77 coordine con el NOAL una posición común con vista a la Cumbre del Milenio, convocada para septiembre próximo por la ONU.

Queda esbozada de esta manera una línea divisoria en el terreno internacional entre los países subdesarrollados y dependientes frente a las políticas alentadas por el Grupo de los 7 (Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Italia, Canadá y Gran Bretaña). Pero si desde un punto de vista económico y social el trazo es nítido ¿qué contenido político -estratégico, podría decirse- será el que obre como factor aglutinante? En la respuesta a esta incógnita reside la clave para prever el curso del mundo durante el siglo XXI.

Por lo pronto, el bloque es un conjunto difícil de amalgamar. Es ilustrativa la unanimidad de los asistentes en el rechazo a la «imposición de leyes y reglamentos de efectos extraterritoriales y de cualquier tipo de medida económica coercitiva». Pero otros debates de la Cumbre mostraron la índole de la heterogeneidad: la denuncia común al efecto devastador de la deuda externa se transformó en distancia a la hora de pronunciarse por el no pago, como propone el gobierno cubano. Es un ejemplo entre tantos otros.

Poca duda cabe de que aquella línea divisoria respecto del mundo altamente desarrollado marca igualmente límites al interior de la mayoría de los países firmantes de la Declaración de La Habana, razón por la cual, mientras no se alcance un punto de mayor definición, la efectividad práctica de tales acuerdos se verá limitada. En lo inmediato, parecen tener más vigencia propuestas de aglutinamiento regional. El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, proclama su voluntad de integrar Venezuela al Mercosur(2) tras haber firmado con este país acuerdos bilaterales de exploración petrolera. Cardoso firmó también acuerdos conjuntos con los gobiernos de Panamá, Belice y Santo Domingo y tomó una iniciativa de múltiple significación: convocó a una reunión de presidentes sudamericanos para fines de agosto(3). Chávez, por su parte, a la vez que acelera su aproximación al gigante sudamericano plantea como objetivo «reactivar el Tercer Mundo», alienta la creación de un Fondo de Solidaridad y dio un paso más audaz al abogar por la ampliación de un bloque que involucra a México, Venezuela y once países de Centroamérica y el Caribe. Los acuerdos de este grupo benefician a las economías centroamericanas y caribeñas cuando el precio del petróleo excede los 14 dólares por barril. «Hemos propuesto la ampliación del Pacto de San José, incluyendo a Cuba y otros países centroamericanos. Venezuela está dispuesta a otros acuerdos con países hermanos», dijo Chávez(4).

 

Cambio geopolítico mundial

Sin embargo, la real significación de esta reubicación planetaria en ciernes está dada más por el curso general de la situación mundial que por la propia voluntad de quienes protagonizaron este renacimiento del G-77 (más China), como amplio frente de resistencia al G-7 (más Rusia, cuyo flamante presidente, Vladimir Putin, envió no obstante un saludo al encuentro).

Días antes de la Cumbre Sur y la Asamblea del FMI un análisis insospechable alertaba: «De acuerdo con mediciones cuidadosas y probadas, Wall Street está hoy más sobrevaluada que en cualquier momento de los últimos 150 años. En septiembre de 1929, justo antes del crash (el índice de apreciación de las acciones) estaba en 33. Esto era mucho más alto que en los dos grandes picos del mercado durante el siglo pasado, en 1901 y 1966. Hasta 1999, estas tres fechas fueron los puntos más elevados en la historia de esta medida crucial: en los tres casos el mercado sufrió prolongadas (y, en 1929, catastrófica) caídas. En enero (de 2000) la apreciación de las acciones, calculada sobre las mismas bases, remontó a 44. Y en esta semana, después de tres meses de extraordinaria turbulencia, alcanzó otra vez ese nivel»(5).

Precisamente el viernes 14 de abril, cuando clausuraba sus sesiones el G-77 y comenzaba las suyas el FMI, Wall Street dio un nuevo aldabonazo. Los efectos múltiples de los temblores bursátiles, incluso si no desencadenan de inmediato un terremoto, mellan aún más las economías de los países atrasados, dependientes y endeudados. Es previsible que los objetivos de desarrollo, soberanía y discontinuidad en el pago de una deuda que supera los 2,5 millones de millones de dólares, genere fuerzas convergentes. La eventual transformación de esa necesidad objetiva en decisión política conjunta rediseñaría por completo un mapa internacional hoy inestable por demás. La protagónica participación de China en la Cumbre de La Habana habla por sí sola respecto de las fuerzas en juego.

1. New York Times, 13/4/00.
2. Clarín, 24/4/00.
3. Ver en esta edición, Carlos Gabetta, «Diplomacia de la sumisión», pág. 3.
4. Prensa Latina, 13/4/00.
5. The Economist, 25/3/00.