Luis Bilbao

Los misiles que Estados Unidos arrojó el viernes 16 sobre Bagdad definen un nuevo panorama mundial, cuyo rasgo esencial había logrado disimularse hasta hoy: Washington está decidido a llevar a adelante su política aun al precio del aislamiento internacional. América Latina deberá tener en cuenta estos desarrollos en la definición de sus alianzas.

Duda, rechazo y temor signaron la respuesta generalizada de quienes en América Latina habitualmente acompañan las decisiones de la Casa Blanca: «Sin el menor embozo o tapujo (Estados Unidos y Gran Bretaña) han asumido con entera naturalidad el papel de gendarmes globales (…) Mal que le pese a la tradición política de Occidente, hoy están plenamente impuestas la libre injerencia en función del poder militar y la noción de supranacionalidad como trasunto de un arbitrio extranjero proporcionado a la fuerza necesaria para aplastar a quien se ha resuelto que no merece existir (…) siglos de lucha por constituir un mundo más justo y más racional han terminado creando un sistema que sin apelar a creencias, leyes ni conveniencias limita sus aspiraciones a la aplicación de la ley del más fuerte», dice el editorial de «La Nación» de Buenos Aires, un medio a quien nadie osaría calificar de izquierdista(1).

Tan brutal, injustificada y extemporánea ha sido esta enésima agresión contra Irak (conviene recordar los bombardeos ordenados por William Clinton en septiembre de 1997 y en diciembre de 1998 y registrar que desde esta última fecha ha habido 29.209 incursiones aéreas estadounidense-británicas con base de partida en Turquía, Kuwait y Arabia Saudita), que las voces de condena no ocultan la confusión respecto de los verdaderos móviles de la Casa Blanca, pero coinciden en la alarma por la dinámica que presupone el hecho en sí y, sobre todo, el modo en que se llevó a cabo.

El Consejo de Seguridad de la ONU no fue consultado y ni siquiera informado. Lo mismo ocurrió con la OTAN, lo cual expone con crudeza sin precedentes la fractura entre Estados Unidos y la Unión Europea. Al parecer, tampoco el presidente ruso Vladimir Putin fue advertido por Washington con antelación. El Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado en el que sostiene que «esta línea de acción contradice la Carta de la ONU y otras normas de derecho internacional, y agudiza la ya explosiva situación en Oriente Próximo». Hubo algo más elocuente que la declaración del Kremlin: ese mismo día Rusia disparó tres misiles estratégicos que desde un submarino nuclear en el Mar de Bárents, una base terrestre cercana a Moscú y un avión cuya posición no fue informada, recorrieron una distancia equivalente a la que separa las capitales de Rusia y Estados Unidos, aunque en esta oportunidad dieron en el blanco de un polígono de pruebas, en la península de Kamchatka. El amenzante despliegue fue explícitamente presentado como réplica a los planes estadounidenses de replantear el escudo espacial antimisiles, calificado por el general Leonid Ivashov como medida contra Rusia y China, frente a la cual «encontraremos una respuesta simétrica». La simultaneidad del ensayo con el ataque a Bagdad permite creer que los sucesores de la KGB continúan bien informados y Putin ha resuelto tensar los músculos.

Ante la difícil opción diplomática la Unión Europea dejó a París el centro del escenario. Horas después del ataque, el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia hizo pública su «sorpresa e indignación» y declaró a la prensa que estaba «a la espera de explicaciones de la administración estadounidense». El gobierno chino condenó el bombardeo y sostuvo «la necesidad de respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Irak». La Liga Arabe, que agrupa a 22 países, reprobó con énfasis «este ataque que no tiene justificación, al tiempo que infringe las resoluciones y bases de la legalidad internacional». Desde las propias filas laboristas del primer ministro británico Anthony Blair, el líder Anthony Benn calificó el ataque como «un acto de terrorismo de Estado». En este concierto y pese a su reconocida preocupación por los derechos humanos, el canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini no emitió ninguna declaración.

Hechos y argumentos 

Los hechos son conocidos: 24 aviones de la US Air Force y la RAF británica atacaron Bagdad durante 50 minutos, escoltados por otras 26 naves de apoyo. El flamante presidente estadounidense, George Walker Bush, dio la orden desde México, donde visitaba a su par Vicente Fox, estupefacto por el inocultable mensaje que tal simultaneidad conlleva. Las bajas reportadas por el gobierno iraquí son tres muertos y 30 heridos, todos civiles, aunque según Washington el objetivo fueron cinco centros militares de radares, comunicaciones y control aéreo, situados en la capital iraquí. La operación fue explicada por un portavoz del Pentágono -hasta la hipocresía está en decadencia- como «un acto de autodefensa».

«Fue una misión de rutina», dijo Bush. El jefe de operaciones del Estado Mayor estadounidense, lo contradijo. Según el general Gregory Newbold, nuevos radares «aumentaron la eficacia» de la defensa antiaérea iraquí, poniendo en peligro a los aviones que garantizan el bloqueo aéreo. Esto, según la lógica de Washington, constituye «una provocación» y «una amenaza intolerable». El Pentágono se escudó en la ONU para legitimar el mantenimiento de la prohibición que aísla a Irak. Pero no hay tal base de justificación, como se encargó de subrayar el diario español «El País», que al igual que la totalidad de la prensa liberal internacional dejó en claro su rechazo a la escalada de Bush: «Las zonas de exclusión aérea sobre Irak no se fundan en ninguna resolución de la ONU. Fueron decididas por Estados Unidos y algunos de sus aliados en la guerra del Golfo»(2).

El citado editorial de «La Nación» duda entre «que verdaderamente no hubo motivo alguno para hacer lo que se hizo (…) o bien que esa acción haya obedecido a razones que no se juzgó prudente dar a conocer». Para explicar el ataque desde otros ángulos, se apela al sencillo recurso ofrecido por los singulares rasgos intelectuales del Presidente estadounidense, hijo además de quien una década atrás desató la guerra contra Irak. Pero el simplismo no aventaja a la lógica del Pentágono cuando se trata de explicar un punto en el que se resumen múltiples y complejísimos cambios en las relaciones económicas, políticas y militares del mundo de hoy.

Si el hecho dominante aparece al comparar las reacciones actuales con el mundo encolumnado tras Estados Unidos en la guerra de 1991, no es menos significativo que tras diez años de destrucción y bloqueo y pese al desmesurado costo humano de esta política, Saddam Hussein continúe al comando de Irak. Una especulación sobre este nuevo ataque alude a la inminencia de un avance de la oposición interna, a cuya victoria apostaría Washington con el bombardeo. Los despachos de la prensa occidental desde Bagdad, sin embargo, coinciden en que la agresión ha abroquelado aún más a la población en torno a Hussein y contra Estados Unidos. Está a la vista, además, que el mundo árabe, aliado a Washington en 1991, está ahora sin fisuras con Hussein, con la explicable excepción de Kuwait y Arabia Saudita.

La amenaza de Hussein de «bombardear Kuwait y Arabia Saudita» y atacar a Estados Unidos «por cielo, mar y tierra» debe entenderse en un contexto en el que se hunde el plan de paz estadounidense para Medio Oriente (resultante precisamente de la guerra de 1991) y recrudece la posibilidad de una guerra regional. Esa perspectiva fractura con más radicalidad que nunca al mundo árabe de la alianza israelí-estadounidense. Y el hecho es que Hussein no sólo recupera el apoyo árabe, sino que se eleva como líder de los palestinos. En este sentido, no cabe tomar a la ligera la decisión de Bagdad de formar, el día siguiente del bombardeo, «21 nuevas divisiones de voluntarios para la lucha por la liberación de Palestina»(3).

Que este ex aliado de la Casa Blanca -demonizado luego por crímenes que ya cometía contra kurdos y shiitas en la época en que coincidía con el Departamento de Estado en la guerra contra Irán- amenace transformarse en el líder de uno de los más explosivos movimientos antiestadounidenses en el mundo, es también un signo objetivo de la dinámica global. Como lo es el hecho de que pese al insólito despliegue de fuerzas militares para garantizar el bloqueo y las increíbles medidas destinadas a evitar el ingreso de fondos a Bagdad(4), en estos diez años Hussein no sólo ha logrado perforar el bloqueo en todos los sentidos imaginables, sino que ha recompuesto su posición diplomática, económica y militar. El 18 de enero Irak firmó un tratado de libre comercio con Egipto y el 1º de febrero hizo otro tanto con Siria; están previstos acuerdos similares con Jordania y Yemen. Desde noviembre último se reabrió el oleoducto entre Siria e Irak. Turquía (integrante de la OTAN y esperanza clave de Washington para su estrategia militar hacia Europa del Este, además de Medio Oriente), ha elevado la voz porque alega haber perdido 35.000 millones de dólares a causa del bloqueo a Irak.

«Saddam ha maniobrado respecto de las restricciones financieras contrabandeando petróleo. Pronto puede comenzar a desafiar la prohibición de importar armamento, porque sus fronteras son porosas y pocas naciones hacen esfuerzos por bloquear la venta y transporte de armamentos hacia Irak» reconocía un editorial de «The Washington Post» tres días antes del bombardeo(5). Falta agregar que entre esos países «despreocupados» por el bloqueo están algunos -y no los menos importantes- que acompañan a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU: China, Rusia y Francia (en ese orden y seguidos por Egipto), son los principales socios comerciales de Irak. Existen fundadas denuncias de que Ucrania, alentada por Rusia, provee los recursos técnicos y armamentos que al parecer resultan «intolerables» para el Pentágono.

¿Advertencia para América Latina? 

Con todo, es conjeturable que la causa circunstancial más candente del conflicto de Estados Unidos con Irak resida en otro punto, incluso en otras latitudes. Desde hace dos años, el alza del precio del petróleo se ha convertido en acelerador de una crisis económica que, determinada por otras causas, perdió de este modo un factor clave de neutralización temporaria. Esa mudanza estuvo directamente provocada por una decisión política puesta en movimiento por el presidente venezolano Hugo Chávez, antes incluso de asumir su cargo, a inicios de 1999. La reactivación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el posterior reanimamiento de diversas expresiones de lo que fuera el Movimiento de Países No Alineados, que culminarían el año pasado con la reunión de presidentes sudamericanos convocada en Brasilia por el presidente Fernando Henrique Cardoso, son otras tantas manifestaciones de un fenómeno inocultable ya por más tiempo: la gravedad sin precedentes de la crisis económica mundial provoca a la vez el creciente encono entre los tres grandes centros del poder (Estados Unidos, la Unión Europea y Japón); lleva al fracaso los ensueños de un dulce retorno al liberal-capitalismo de la ex Unión Soviética y China; induce un acto reflejo de unidad para la autodefensa en el conjunto de países subdesarrollados y dependientes… y empuja a Estados Unidos hacia un progresivo asilamiento.

Ya pueden leerse en los titulares de cada día, como cosa normal, datos reveladores de un drástico cambio mundial ocultados con celo hasta ayer: «Brasil relanza el Mercosur mientras Bush aprieta el acelerador a favor del ALCA»(6); «Tras su visita a México, Bush se concentra en América Latina»(7); «Chávez plantea un desafío mayor que Castro para los intereses estadounidenses» (8); «Repensar el liderazgo estadounidense para un mundo diferente»(9); «La Alianza (Estados Unidos-Unión Europea) se encuentra nuevamente dividida»(10); «Estados Unidos sospecha que Chávez intenta exportar su proyecto bolivariano»(11); «La UE asume como realidad el proyecto (de escudo antimisiles) de Bush»(12); «Rusia dispara tres misiles estratégicos en abierto desafío al escudo nuclear de Estados Unidos(13); «Revisando la guardia»(14); y como resumen de una lista inacabable de signos de los nuevos tiempos, la conclusión del ya reiterado editorial de La Nación: «estos trastornos entrañan el gran riesgo de generar un malestar que acaso un día resulte incontrolable, quizá conformado por partes parejas de hartazgo de los eternos perdidosos y descomposición moral de los perpetuos ganadores».

El diario liberal argentino asume que los misiles apuntan a todos quienes actual o potencialmente se nieguen a aceptar las decisiones de la Casa Blanca. Más aún, revela que, ideologías aparte, el peso de la crisis resulta insoportable ya no sólo para los desposeídos, al tiempo que reaparece como factor político el temor a eventuales desafíos al poder por parte de «los eternos perdidosos», que no son precisamente las clases gobernantes.

En Oriente Medio este cuadro se expresa en la dramática figura de los habitantes de Israel recurriendo nuevamente a las máscaras antigás, en previsión de un contragolpe iraquí, mientras las fuerzas armadas israelíes y estadounidenses realizan prácticas con los misiles Patriot. En América Latina la apariencia es menos trágica y aunque no hay espacio para ensoñaciones (mientras acelera la marcha del Plan Colombia y presiona desde todos los ángulos para imponer la dolarización, Bush acaba de designar como embajador en la ONU a John Negroponte, el organizador de la llamada «contra» nicaragüense), se multiplican los signos de un cambio en la actitud de los más diversos sectores sociales y en las relaciones de fuerza a todo nivel. El desembarco de David Rockefeller en La Habana en el mismo momento en que Bush escuchaba a Fox advirtiendo: «soy partidario de un acuerdo continental pero tenemos que consolidar primero los muchos acuerdos que tenemos» (adelanto de lo que se verá el 20 de abril en la reunión de presidentes americanos en Canadá), más que la impotencia del bloqueo a Cuba y la resistencia a las impiadosas condiciones del ALCA, mostró que la grieta entre Estados Unidos y el mundo tiene también una línea de prolongación interior.

La política exterior de Estados Unidos respecto de América Latina (cuya peor variante llevaría al límite el conflicto con Cuba; agravaría la situación en Colombia y podría desembocar en un enfrentamiento abierto con Venezuela), dependerá sobre todo de la conducta que definan los propios países latinoamericanos.

1. «Bombas sobre Bagdad»; editorial de «La Nación», Buenos Aires, 19-02-01.
2. «Exclusión aérea, una medida sin sanción de la ONU», El País, Madrid, 17-02-01.
3. «Irak amenazó con tomar represalias», «La Nación», Buenos Aires, 18-02-01.
4. Alain Gresh, «¡Irak pagará!», «Le Monde Diplomatique» edición Cono Sur, octubre de 2000.
5. Anti-Saddam Tactics; International Herald Tribune, 13-02-01
6. Juan Arias, «El País», Madrid, 17-02-01.
7. María O’Donnell, «La Nación», Buenos Aires, 18-02-01
8. Jim Hoagland, «Chávez Poses a Bigger Challenge to US Interests Than Castro», «International Herald Tribune», 03-02-01.
9. Chester a. Crocker and Richard H. Solomon, «Rethink US Leadership for a Different World»; «International Herald Tribune», 26-01-01.
10. Antonio Polito, «E l´Alleanza si ritrova nuovamente divisa», «La Repubblica», Roma, 18-02-01.
11. Juan Jesús Aznarez, «El País», Madrid, 11-02-01.
12. Bosco Esteruelas, «El País», Madrid, 17-02-01.
13. Rodrigo Fernández, Ibíd.
14. «Reviewing the Guard»; editorial de «The Washington Post» referido a los planes de rearme del gobierno Bush; «International Herald Tribune», 13-02-01.

Compelido por intereses más sólidos que los circunstanciales ocupantes de la Casa Blanca, Estados Unidos coloca a América Latina ante una opción inaplazable: la autonomía o la sujeción. Mientras tanto la guerra recrudece y se extiende, merced al Plan Colombia. La militarización de la política regional y las presiones para conformar un Área de Libre Comercio Americana (ALCA) conforman la tenaza con que Washington pretende paliar su propia crisis, acallar todo gesto de rebeldía y cerrar el paso a sus competidores por el mercado de la región.

Como en un Aleph del universo político, la elección del nuevo gobierno estadounidense -y la reacción interna e internacional que provocó- contiene el cuadro de situación mundial y en particular latinoamericano. Sin excepciones, la prensa internacional ha lanzado dardos envenenados contra George Walker Bush, sea apuntados a sus definiciones ideológicas, a su coeficiente intelectual, o a ambos. Habrá que reconocerle al 43º Presidente de Estados Unidos, sin embargo, una cualidad infrecuente: logró que puedan verificarse a simple vista las hondas diferencias que fracturan a los intereses económicos y sus representaciones políticas en el conturbado tablero político latinoamericano. Y puso al rojo vivo la necesidad de definirse ante los dos ejes de la Casa Blanca para la región: la aceleración en la creación de «un mercado único de Alaska a la Patagonia» con el dólar como alambrado para cerrar ese área mercantil a sus competidores de Europa, Japón y China; y las medidas políticas y militares para prevenirse contra la múltiple reacción -ya detonada y en curso- que después de una década de ensueño vuelve a poner a Washington como causa de los males que azotan a la región. En otras palabras: la eventual imposición del dólar como moneda nacional al sur del Río Bravo y la militarización del hemisferio.

Vienen tiempos turbulentos. Pero es una injusticia -y un error- atribuir esta perspectiva a la asunción de Bush. Durante su período en la Casa Blanca se agudizarán conflictos múltiples en el planeta, mas no es un individuo quien provocará ese efecto, sino las causas profundas de la crisis. Por eso carece de sustento el clima de espanto creado por quienes interpretan la asunción de Bush (es decir, la derrota de su contrincante demócrata Albert Gore), como un acontecimiento que tuerce el curso del mundo en sentido negativo. Esto equivale a reivindicar la continuidad de la política aplicada durante los últimos ocho años por William Clinton e implica también desconocer que el titular del ejecutivo tiene cada vez menos la capacidad de definir el rumbo de Estados Unidos. Las políticas estratégicas del Departamento de Estado no dependen de los rasgos particulares del Presidente. «Los intereses económicos financian no sólo a los ganadores de las elecciones sino a todos los posibles perdedores (…) Un gobierno de Gore se habría diferenciado del que ahora comienza principalmente en el tratamiento de las denominadas cuestiones culturales: raza, homosexuales, feminismo, aborto. Se habría mostrado más amistoso con los trabajadores, pero no tanto como para distanciar a las empresas «(1).

Los gestos de preocupación frente a la asunción de Bush pueden hacer perder de vista algunos hechos fundamentales para caracterizar el actual momento político internacional. Bush no estrena su cargo con ventaja. Asume después de haber ofrecido a la historia una prueba cabal del tipo de civismo y democracia sobre el que se asienta el poder político estadounidense. ¿Cómo sostener de ahora en más la impostura consistente en proclamarse modelo y garantía de la democracia en el mundo?

«Donde tengo que dejar de ser moral no tengo ya ningún poder», advertía Goethe. Y a esto se suman otros síntomas: a la par de la revelación del fraude y la cretinización de la política se anuncia que en California… hay apagones. ¡George W. Bush presidente y Silicon Valley sin electricidad! ¿Es ésta la representación simbólica de un poder moral, económico y político que se consolida?

Con todo, éste es el costado anecdótico. Por debajo, el hecho es que el nuevo gobierno se inicia en el momento en que la curva económica cambia de sentido y Estados Unidos pasa del crecimiento sostenido durante casi una década a una recesión cuya profundidad potencial pone en vilo a banqueros, empresarios y políticos (ver pág. 10 y 11). El crecimiento sostenido de los últimos años, presentado como prueba irrefutable de la victoria final del «pensamiento único», tuvo una cara oculta que ahora salta a la vista y lo hará con mayor vigor en el futuro inmediato: la precarización del trabajo, la inseguridad que hizo presa de millones de estadounidenses respecto de su futuro y el hecho estadísticamente incontrastable de que la masa asalariada (y se trata del más importante proletariado del mundo), perdió en los últimos 20 años, según los casos, entre un 5 y un 20% de sus ingresos reales.

Son estos factores lo que estallaron en movilizaciones masivas como la que en 1999 frustró en Seattle la reunión de la Organización Mundial de Comercio y se proyectó dentro y fuera de Estados Unidos con extraordinaria potencia. Bush asume no sólo sin consenso nacional, sino con una sociedad que ha perdido en una medida todavía imprecisa, pero sin duda crucial, la cohesión que sostuvo el sistema político interno del imperio más poderoso de la historia.

Más aún: como queda registrado en esta misma edición, el conjunto de nociones ideológicas defendidas por las personas que sostienen al flamante Presidente estadounidense (equipos de asesores con las máximas calificaciones, que en ese sentido hacen irrelevante la alegada inepcia de Bush, como en su momento la de Ronald Reagan), han sido desafiadas en Porto Alegre por un bloque policlasista y multinacional que representa un salto cualitativo en la oposición a la política impuesta por Estados Unidos desde hace dos décadas.

El ojo del huracán

Antes de que un terremoto devastara a El Salvador, otro sismo, menos dramático pero no menos letal en sus consecuencias de largo plazo se hizo sentir a lo largo del continente y repercutió en todo el mundo. El epicentro estuvo el 3 de enero pasado en la mesa de trabajo de Alan Greenspan, cuando el presidente de la Reserva Federal estadounidense redujo la tasa de interés en medio punto. «Circula la especulación de que Greenspan encubrió algo sucio en el sistema financiero», afirma The Economist(2).

Tal convicción fue alentada por la forma en que se llevó a cabo la reducción y por el monto del recorte. «Algo hizo entrar en pánico al jefe usualmente impasible», dice el semanario británico, que a continuación describe noticias para entonces difundidas en todos los medios (de hecho, The Economist sigue paso a paso el análisis de un editorial de The New York Times del 4 de enero titulado «The Fed moves first»): el año bursátil había comenzado con ventas sin precedentes de acciones de fondos mutuales -13.100 millones de dólares-; la recesión en la economía estadounidense era admitida ya sin subterfugios por los más reconocidos economistas del santuario de las finanzas y, como se sabría horas después, el American Bank afrontaba el riesgo de un default por un derrumbe de sus acciones que le hizo perder en una sola rueda, el 5 de enero, 6.500 millones de dólares(3).

Si el American Bank caía, el efecto dominó hubiese sido imparable. Tras la corrida vendedora estaban los datos inobjetables del giro bursátil durante el año 2000: todos los índices terminaron con saldo negativo; el Dow Jones perdió el 6,2%; el Standard & Poor´s cayó un 10,1%; la famosa «nueva economía», medida por el índice Nasdaq, se desplomó un 39,3%(4).

La trascendencia del artículo de The Economist, sugestivamente titulado «El extraordinario nerviosismo de las multitudes» estriba en las dos proposiciones que implícitamente admite: una decisión de tal magnitud de un organismo de la envergadura de la Reserva Federal es adoptada en función de la necesidad de una entidad financiera privada; el conjunto de la gran banca internacional está expuesto a un derrumbe en cadena: «El mercado de derivativos está mostrando ciertamente signos de stress; y el mercado de créditos derivativos (es decir, los bancos que prestan a las empresas embarcadas en ese juego), que ha crecido rápidamente en los últimos años, exhibe signos de stress en grado extremo. Cuáles instituciones están soportando el peso del riesgo en estos contratos no es algo claro para el público y puede no estar claro incluso para la Reserva Federal. Es posible que ciertos bancos hayan utilizado recursos de ingeniería financiera que les permiten afrontar riesgos que no aparecen en sus balances, en su mayoría aparentemente saludables (…) Cualquiera haya sido el peligro que asustó a Greenspan, el mercado piensa que no fue conjurado todavía»(5).

Algunas cifras más respecto de la mágica «nueva economía»: «Crayfish (…) saltó un 414% el 7 de marzo, cuando comenzó a negociar sus papeles. Desde entonces cayó un 99% en relación con el cierre del primer día -un 96% de su precio de oferta (…) Internet Capital Group (cuya cotización había subido el 2733% en 1999), cayó un 98% en el 2000, terminando un 45% por debajo de su precio original»(6). Algo similar vale para la «vieja economía»: la venta de automóviles en Estados Unidos «cayó un 18% respecto del nivel de un año atrás. Los fabricantes extranjeros, sin embargo, salieron casi ilesos y ganaron espacio en el mercado»(7).

Sobreproducción, caída de la tasa de ganancia, derrumbe de los mercados, riesgo de colapso financiero internacional. He aquí una de las razones -pero sólo una- por las cuales los primeros anuncios del gobierno Bush, antes de asumir, afirman el propósito de aumentar el presupuesto militar estadounidense, actualmente fijado en 310.000 millones de dólares anuales.

Ganar mercados a cualquier costo

El dato citado respecto de la venta de automóviles en Estados Unidos adelanta dos conclusiones obvias: la agudización de la competencia mercantil entre los grandes bloques económicos y el efecto que necesariamente tendrá la recesión estadounidense sobre la Unión Europea (UE) y Japón. Este último país, tras diez años de infructuosos esfuerzos para que su economía remonte, terminó el año 2000 con síntomas de agravamiento: «El índice Nikkei, que a comienzos de año estaba por sobre los 20.000 puntos, oscila ahora en torno a los 14.000″(8). La UE, trabada con Estados Unidos en durísimo combate por los mercados en su propio territorio, en el de su contrincante y cada día con mayor beligerancia en América Latina, tiene pronósticos de un crecimiento del 3% para el año en curso. Incluso si se cumple esta previsión, se trata de un nivel demasiado cercano al estancamiento, lo que explica que además de la competencia ultramarina, se haya desatado la rivalidad entre los propios integrantes de la UE, como quedó claro en la reciente conferencia de Presidentes, donde se impuso sin cortapisas la ley del más fuerte: «La cumbre de Niza, la más larga de la historia de la UE, consolida a Alemania como el país con mayor poder en su seno»(9). También se aceleró otra forma de la competencia: la fusión y absorción de grandes empresas. En las dos últimas décadas «el crecimiento de estas fusiones-adquisiciones ha sido del 42% anual y transitó de unos 100.000 millones de dólares en 1987 a 720.000 millones en 1999″(10). En el 2000, Pepsi Cola compró Quaquer Oats (alimentación), America On Line (cuyo directorio, casualmente, integra Colin Powell), deglutió a Time Warner (comunicaciones), y otro tanto ocurre entre Chevron y Texaco (petróleo), Daimler Benz y Chrisler (automotriz), entre tantas otras operaciones que, a su vez, coronan procesos previos de centralización de capitales a escala nunca vista.

En este contexto ¿qué lenguaje podría utilizar un presidente estadounidense, sino el de la guerra? La diferencia entre Bush y su antecesor William Clinton es paradojal. La administración saliente impuso la noción de «guerra humanitaria», mientras que el cerebro visible de la política internacional de Bush, la señora Condoleezza Rice, sostiene una doctrina aparentemente contraria: «Cuando la política internacional está centrada en valores, explica Rice, el interés nacional es reemplazado por los intereses humanitarios o los intereses de la comunidad internacional. La creencia de que Estados Unidos está ejerciendo su poder legítimamente sólo cuando está haciéndolo a favor de alguien o algo exterior, está hondamente arraigada en el pensamiento wilsoniano, del cual hay fuertes ecos en la administración Clinton. Por cierto no hay nada malo en hacer algo que beneficie a la humanidad, pero esto es, en un sentido, un efecto secundario».

Basado en esta cita, el autor de un documentado análisis publicado en The New York Times Magazine concluye que la administración Bush «tendrá el tipo de política exterior que le gusta a la comunidad corporativa: menos foco en derechos humanos, más en libre comercio»(11). La premisa es, claro, que las guerras de Clinton (incluso la devastación de Yugoslavia y el Plan Colombia) son acciones humanitarias. El problema con Bush es que se negaría a tales actos de generosidad…

Pero no hay motivo de alarma. Por intermedio de su secretario de Estado, el general Colin Powell -célebre por su papel en la guerra contra Irak como comandante de las fuerzas armadas estadounidenses- la nueva administración propone relanzar la idea del escudo espacial, denominado «guerra de las galaxias»en tiempos de Reagan. Con toda razón, los críticos estadounidenses de esta política -como el senador demócrata Joseph R. Biden, que interrogó a Powell en el comité del Senado que debía confirmar su designación como secretario de Estado- advierten que ese escudo no sólo planteará una crisis con Rusia y demolerá el acuerdo de desarme de 1982, sino que además llevará al punto de riesgo extremo las ya tensas relaciones con la UE. Pero además de condenar a Bush porque supuestamente no enviará marines allí donde se encienda una hoguera, tales críticos pasan por alto que la primera aseveración firme de Powell fue la ratificación del Plan Colombia y la determinación de continuar acosando a Cuba.

Tal omisión no ocurre por falta de evidencias: «El nuevo gobierno apoyará el Plan Colombia» dijo Powell ante el comité del Senado. «Nunca debemos descuidar nuestro propio vecindario (…) Apoyo las estrategias del presidente (Andrés) Pastrana para enfrentar a los narcotraficantes y su política con la guerrilla; y también estoy de acuerdo en que (el Plan Colombia) debe ser una política regional»(12). De modo que los críticos de Clinton no tienen argumentos contra Bush en relación con su política hacia América Latina; y quienes se desgarran las vestiduras por la asunción de Bush no tienen modo de diferenciar en este plano al nuevo Presidente del anterior. La política internacional estadounidense continúa idéntica a sí misma. Y esto se prueba hasta en los detalles más curiosos: el director de tesis de doctorado de Condoleezza Rice fue Josef Korbel… el padre de la secretaria de Estado Madeleine K. Albright.

Desestabilizar, militarizar

Desde estas páginas se han expuesto con abundancia los hechos que muestran al Plan Colombia como un despliegue militar mediante el cual Estados Unidos adelanta posiciones para acentuar aún más la dependencia de las clases gobernantes de la región respecto de Washington, desalentar todo intento de rebeldía y enfrentar a quienes, pese a todo, intenten romper el cerco (ver págs. 8 y 9). Falta agregar que, compelido por el cuadro interno y regional que augura el ingreso de Estados Unidos a una etapa recesiva, la política delineada durante la administración Clinton será aplicada con mayor intensidad durante el mandato de Bush. En todo caso, el gobierno republicano parte de un escalón muy alto: la guerra ya se ha expandido en la región. En Colombia el accionar represivo aumentó en todas sus formas, en especial a través de las formaciones paramilitares, que asesinan a un promedio de 20 civiles diarios desde octubre pasado. El terror empuja contingentes humanos hacia los países vecinos. Pero en lugar de hallar salvación, se transforman en el vehículo que lleva la guerra más allá de las fronteras. La violencia está en pleno auge: «Llegan a manos de los combatientes (guerrillas y paramilitares) armas de Francia, Austria, Alemania, Suecia, China, Portugal, España, Japón, Taiwán e Italia (…) colonos e indígenas denuncian casi a diario que aviones colombianos y estadounidenses están incursionando el espacio aéreo ecuatoriano»(13). El obispo de Sucumbíos, monseñor Gonzalo López explica la realidad de su región: «mientras a Colombia le llega la vietnamización, al Ecuador nos llega la colombianización»(14).

En tanto se suceden las maniobras militares de fuerzas multinacionales, comandadas por Estados Unidos: las realizadas en Córdoba (Argentina) en septiembre último se complementan con las programadas para marzo en Misiones y las que de modo regular se realizan en territorio paraguayo. Brasil, que no participa de esos operativos conjuntos, realiza sus propios operativos en previsión de lo que espera en su frontera amazónica. Venezuela -el otro país sudamericano ausente en las maniobras programadas y conducidas por el Pentágono- sufre una ofensiva desestabilizadora con base en sectores de las fuerzas armadas y la iglesia, con visible respaldo exterior. «Bush tomará probablemente una posición más dura contra el líder populista (…) la fricción es cada vez más difícil de ignorar», dice un analista atribuyendo la afirmación a un asesor del nuevo gobierno(15). «Conocemos de dónde proviene la conspiración, tanto la interna como la externa» dijo por su parte Hugo Chávez, sin entrar en detalles, en su programa radial del domingo 14 de enero.

La moneda como lanza y escudo

La guerra, sin embargo, se expresa sobre todo en otro frente. El 20 de abril próximo Bush tendrá en Canadá su primer encuentro con los presidentes de todo el continente, excepto el de Cuba. Cabe recordar que estas «Cumbres de las Américas» fueron dispuestas de apuro para contrarrestar los encuentros anuales de Presidentes iberoamericanos (donde sí participa Cuba) que España, como subrogante de la Unión Europea, realiza desde hace 8 años con ostensible éxito para sus objetivos de ganar espacio en el mercado latinoamericano. Para el encuentro en Québec el Departamento de Estado ha fijado como objetivo la eliminación inmediata de las barreras al comercio continental y el adelanto de los plazos para formalizar el ALCA. La palanca para imponer esa unidad de mercado -y a la vez cercar el área a los competidores- es la dolarización.

Esta línea de acción fue lanzada tentativamente en enero de 1999, cuando la devaluación en Brasil preanunció el tipo de conflicto en curso. Un año después fue asumida por Washington -aunque no abiertamente todavía- cuando en condiciones de crisis política extrema se apeló a ese recurso en Ecuador. Hacia fines del año pasado, llegó la hora de difundir esta propuesta, de manera oficial, para todo el continente. El 1 de enero pasado la asumió formalmente El Salvador. Costa Rica la puso también en su agenda inmediata, al igual que los restantes países centroamericanos. Ahora ingresa como agresiva propuesta en la campaña electoral en curso en Perú. En Argentina hay grupos de poder -entre ellos el propio presidente del Banco Central- que insisten con esta línea de acción.

Hasta abril, un tour de force de la nueva administración estadounidense intentará consolidar una relación de fuerzas favorable a un vuelco decisivo. Se trata de una necesidad imperiosa de Estados Unidos para facilitar el flujo de sus mercancías hacia el Sur, probada la caída de la demanda en el Norte, y para tender un cerco a su más peligroso competidor en el área, la UE. Ocurre que desde las capitales centro y sudamericanas, llegan voces por demás divididas, vacilantes y confusas: «Ecuador y El Salvador optaron por esa vía (la dolarización), pero otros países pueden perseguir los mismos objetivos (…) por otros caminos igualmente válidos y conducentes», balancea Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, en una larga entrevista en la que sistemáticamente elude una definición: «La dolarización soluciona unos problemas y crea otros (…) Si las circunstancias que debe atender (Estados Unidos) difieren de las prevalecientes en el país dolarizado, la política monetaria emergente puede resultar la opuesta a la deseable. Esto no significa que el país pierda completo control sobre la política económica»…(16). Las evasivas de Iglesias traducen la perplejidad de las clases dominantes latinoamericanas.

La fractura ante la decisión exigida no es entre países -con excepción de Brasil, homogéneamente definido contra la dolarización- sino entre bloques internos de poder. La presión de Washington contribuye a ahondar esa división, lo cual deriva en debilitamiento y constante amenaza de desestabilización política, a su vez utilizada por Estados Unidos a favor de su estrategia. En la primera semana de abril los ministros de Economía de «las Américas» se reunirán en Buenos Aires para medir las fuerzas que se expresarán luego en Québec. Los resultados calamitosos del primer año de dolarización en Ecuador y la coincidencia del inicio de esa experiencia en El Salvador con un terremoto que lleva al paroxismo las urgencias económicas de ese país se suman a los muchos argumentos contrarios a la voluntad de la Casa Blanca. Es previsible un fortalecimiento del bloque anti-dolarización. La respuesta de Bush ya la dio su secretario de Estado: «no debemos descuidar nuestro propio vecindario… el Plan Colombia debe ser una política regional».

La oposición al involucramiento en una guerra regional fue resumida en un editorial titulado «Para Estados Unidos es hora de evitar en Colombia el síndrome de Vietnam». El autor, tras hacer el paralelismo entre la escalada en Vietnam y la actual, registra que «los vecinos de Colombia no quieren esto», y cifra su esperanza en que el Plan Colombia contraría todos los conceptos de la llamada «doctrina Powell»: «no hay claridad de objetivos, no hay un programa convincente de éxito, no hay salvaguarda contra la escalada y no hay estrategia. ¿Será esto suficiente para cambiar de política?»(17).

No lo es. De modo que a los países latinoamericanos le restan pocas opciones ante la encrucijada: someterse a la dolarización y al Plan Colombia, admitir la pérdida definitiva de la soberanía e ingresar a una guerra impuesta según la divisa «divide y reinarás», o impedir que la tenaza de Washington estrangule la esperanza de un futuro sin miseria y sin guerra.

1. William Pfaff; «Estados Unidos S.A. da la bienvenida a su nuevo presidente ejecutivo», El País, Madrid,19-01-01.
2. La extraordinaria agudeza de las multitudes; The Economist; Londres, 13-01-01.
3. Financial Times, reproducido por Clarín,06-01-01.
4. Gretchen Mongenson; «Missing de mark in 2000, stocks look for a steadying hand ahead». The New York Times,02-01-01.
5. The Economist, 13-01-01.
6. Flyd Norris, «The hottest new issues grow cold». The New York Times, 02-01-01.
7. Keith Bradsher, «Vehicle sales fell sharply in December», The New York Times 04-01-01.
8. Paul Krugman, «We»re not Japan», The New York Times, 27-12-00.
9. El País, Madrid, 11-12-00.
10. Joaquin Rivery; œLas fusiones como síntoma». Granma, La Habana, 05-01-01.
11. James Trub, œW.»s World»; The New York Times Magazine, 14-01-01.
12. œBush regionalizará el Plan Colombia» La Nación, Buenos Aires, 18-01-01; The Washington Post, Washington, 18-01-01.
13. œGuerrilleros y «paras» se arman hasta los dientes»; La Hora, Quito, 08-01-01.
14. Ibid.
15. Christopher Marquis, œBush could get tougher on venezuela»s leader» The New York Times, 28-12-00.
16. Pulso Latinoamericano (suplemento publicado por 12 diarios latinoamericanos), Diciembre de 2000-Enero de 2001.
17. William Pfaff; œTime for the US to avoid the Vietnam Syndrome in Colombia» International Herald Tribune, 06-01-01.

Por primera vez en décadas Estados Unidos encuentra reticencia e incluso franca oposición al intentar desplegar una estrategia continental. Un cuadro general de crisis -cuya última manifestación es Bolivia- se expresa en levantamientos populares y desestabilización política.

En Manaos, centro candente de la geografía sudamericana desde que comenzó el operativo militar con eje en Bogotá, Estados Unidos acaba de sufrir una nueva afrenta, ahora en el terreno donde se supone imbatible: su relación con las fuerzas armadas del hemisferio. Tres reveses sucesivos en lo que desde siempre consideró su patio trasero es más de lo que el Departamento de Estado y el Pentágono pueden digerir. El significado y la trascendencia de estos hechos -y la aceleración del contexto en que ocurren- al parecer han excedido también al análisis político corriente tanto de derechas como de izquierdas, inmerso en anécdotas y sonsonetes y ajeno al seguimiento y caracterización de cambios de extrema complejidad.

Dos meses después del desembarco de William Clinton en Cartagena, desde donde demandaría apoyo al Plan Colombia, y de la reunión de Presidentes sudamericanos que en Brasilia contradijo -por primera vez en muchas décadas- la voluntad de un presidente estadounidense, el secretario de Defensa William Cohen naufragó en Manaos en el intento de alinear a los ministros de Defensa del continente para contrarrestar el nulo apoyo al Plan Colombia de la reunión de Presidentes de Brasilia(1). Habituado a hablar sin eufemismos y con gesto altanero, Cohen tuvo que cambiar vocabulario y modales cuando comprobó, en la IX Conferencia de ministros de Defensa de América, que tampoco obtenía consenso al demandar el alineamiento de quienes, por regla general, representan ante los gobiernos civiles la opinión de las fuerzas armadas. Antes de Clinton y Cohen, también había fracasado en agosto último la secretaria de Estado Madeleine Albright, cuando en un viaje de emergencia a Quito, Santiago, Buenos Aires y Brasilia, intentó alterar lo que auguraba ser un fracaso para Washington en la inédita reunión sudamericana convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.

Apuntando a introducir una cuña entre Argentina y Brasil, los dos miembros principales del Mercosur, Cohen apeló a un recurso vidrioso: anunciar en territorio brasileño un acuerdo bilateral de inteligencia militar con el ministro de Defensa argentino Ricardo López Murphy. La maniobra no fue suficiente para ocultar el fracaso del representante de Clinton, pero sí encendió los ánimos de funcionarios argentinos, quienes hicieron trascender el malestar en franjas de la cancillería y del ejército por la estocada de Cohen y la aquiescencia de López Murphy

Existen varias y complejas razones que explican la progresiva pérdida de autoridad de Washington respecto de quienes fueron, hasta épocas recientes, subordinados incondicionales. En las filas militares latinoamericanas gravitan causas de signo diverso, desde el desplazamiento en el negocio del narcotráfico para algunos altos jefes, hasta el instinto de supervivencia de aquellos que intuyen el lugar que les ha reservado la línea de acción estadounidense, que impone reducir los presupuestos de las fuerzas armadas y tiende a transformarlas en meras «Guardias Nacionales». En otro plano, sangra todavía la herida provocada por la experiencia de la guerra en Malvinas, cuando a pesar de la ilegitimidad del régimen militar toda América Latina se alineó con Argentina y Estados Unidos decidió la victoria británica mientras fingía obrar como mediador. Los resultados de la doctrina de Defensa Nacional y la represión sistemática de sus propios pueblos -que en muchos casos los ha transformado en parias de su propio país- han trastocado la percepción de no pocos oficiales, perplejos por el sitio de subordinación, pauperización y marginación social al que han ido a parar.

El factor decisivo de este cambio estriba no obstante en el desplazamiento de la política sudamericana, con eje en Brasilia y Caracas, que apunta a fusionar el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, con respaldo de la Unión Europea y en franca contraposición con el ALCA (Alianza de Libre Comercio de América) mediante la cual Washington proyecta un mercado único de Alaska a la Patagonia bajo su mando y control exclusivo(2).

Todo esto sería todavía insuficiente para explicar el nuevo cuadro en gestación si no fuese por el ya inocultable fracaso de la política económica predominante en las dos últimas décadas y sus consecuencias: clausura de toda perspectiva de crecimiento sin un giro cuyo ángulo pocos se atreven a establecer; vaciamiento de las instituciones y fragilización extrema de los mecanismos de ejercicio del poder; malestar generalizado de un amplísimo espectro social y ostensible radicalización de nuevas direcciones políticas, en detrimento de las tradicionales.

Como prueba de esto conviene repasar los hechos que dominaban la coyuntura regional mientras los ministros de Defensa y contingentes de altos mandos de todo el continente arribaban a Manaos. Perú y Ecuador volvían a trastabillar (en ambos casos con fracturas de oscuro pronóstico en las fuerzas armadas); en Paraguay recrudecía la confrontación entre las facciones gobernantes, ahora con la demanda de inmediata renuncia de un presidente sin legitimidad; en Argentina renunciaba el vicepresidente y varios ministros y tambaleaba la Alianza a la que se había apostado la gobernabilidad; en Brasil el vuelco electoral masivo de la población en detrimento de los partidos gobernantes y a favor del Partido de los Trabajadores (PT) indicaba la magnitud de un descontento que, aunque carente de cauce de expresión, acota cada paso de Cardoso.

Pero en esos mismos días la arquitectura del Departamento de Estado colapsaba precisamente allí donde la aplicación de las políticas económicas impulsadas desde Washington y el objetivo alegado del Plan Colombia -la erradicación de las plantaciones de coca- ha llegado más lejos: Bolivia estaba en llamas y fuera de control gubernamental(3). Pocos días antes de la reunión de Manaos Guillermo Fortún, ministro de Gobierno del presidente Hugo Banzer, había reconocido que «el chavismo está pegando en el país», aludiendo explícitamente al llamado que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez: «soldado, cuando te ordenen que mates al pueblo, date vuelta y mata al que te ordena»(4).

La irrupción de Bolivia

Una sublevación de masas sacude a Bolivia desde mediados de septiembre. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz fueron sitiadas durante semanas por columnas indígenas que bloquearon todas las vías de acceso a estas ciudades, las tres principales del país, mientras se multiplicaban las movilizaciones de estudiantes, maestros, periodistas y hasta policías en huelga. Gobierno y partidos de oposición quedaron paralizados. Las fuerzas armadas postergaron una y otra vez la orden de ataque para despejar las rutas y romper el asedio. Mientras los líderes campesinos advertían que resistirían con las armas en la mano, grupos de empresarios comenzaron a organizar una fuerza armada civil. Un sector de la central sindical campesina echó las bases de un nuevo partido político. Otro adelantó su determinación de refugiarse en la selva y constituirse en fuerza guerrillera (ver recuadro).

A comienzos de octubre, una crónica periodística describía con precisión el panorama: «La consigna «coca o muerte» se convirtió ayer en el pegamento de la alianza de resistencia que conformaron cocaleros, maestros, campesinos y la Coordinadora Cochabambina. Pese a los desesperados esfuerzos del gobierno por minar la solidez del bloqueo (…) lo que surgió en la tercera semana de crisis fue que el presidente Banzer se encuentra en un callejón sin salida. Washington tuvo que reiterar su apoyo al gobierno (…) La incertidumbre adquirió mayores proporciones con la misteriosa aparición de un supuesto comunicado de coroneles y generales de las fuerzas armadas que reclaman «una solución política». El comunicado no fue desmentido por la cúpula castrense. La ola de violencia puede crecer aún más en las próximas horas. Quince tanquetas avanzan hacia Chapare. Los cocaleros los esperan con hondas y con puentes minados, como en una guerra»(5).

En ese punto, la fractura entre los indígenas aymaras del altiplano encabezados por Felipe Quispe y los cocaleros del trópico cochabambino conducidos por Evo Morales permitió a Banzer llegar a un acuerdo con el primero y terminar con el cerco a La Paz. El precio, demasiado alto para los terratenientes, fue la derogación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria), promulgada en 1996 a la medida de los grandes propietarios de tierra y calificada por los campesinos como «la ley maldita». «Si se ha firmado la abrogación de esta ley, mañana puede, ante nuevas presiones, anularse otra disposición», dice un tonante editorial titulado «Pésimo precedente»(6). En efecto: la crónica de los días siguientes mostró al gobierno amenazando cada día con el uso de las fuerzas armadas para despejar el asedio a Cochabamba y posponiendo una y otra vez la medida.

Los campesinos del Chapare pretenden que la erradicación de la coca se detenga en esa zona, legalizando la producción medida para cada familia. «En el trópico cochabambino existen sólo 1789 hectáreas de cocales excedentarios. La Fuerza de Tarea Conjunta acantonada en Chimoré, logró erradicar de enero a la fecha más de 5.700 hectáreas»(7).  La negociación dio lugar al despeje pacífico una semana después, a cambio de la promesa de 80 millones de dólares (aportados por Washington) en fondos para plantaciones alternativas. Los cocaleros apuntaron en el documento de acuerdo que «mantienen su posición», consistente en reivindicar el derecho a sembrar coca para uso propio, como lo hacen desde el fondo de los tiempos(8). Pocos días más tarde, entrados en acción los equipos destinados a completar la erradicación de los cocales, los enfrentamientos se reiniciaron y numerosos campesinos fueron detenidos, mientras se sumaban voces que desde la prensa exigían la entrada en acción de las fuerzas armadas antes de que volvieran a ser cercadas las ciudades.

Como quiera que continúe en lo inmediato esta lucha frontal, culmina en este punto un largo período de estabilidad basada en la pasividad y la sumisión, durante el cual Bolivia pareció haber dejado definitivamente en el pasado las grandes luchas sociales que, desde la rebelión de Túpac Katari, a fines del siglo XVIII, dieron lugar a la revolución obrero-campesina de 1952, las grandes huelgas mineras y los incontables golpes de Estado.

El antecedente inmediato de esta sublevación está en las masivas movilizaciones de abril pasado en Cochabamba, conocidas como «la guerra del agua». Aquella confrontación aunó a todas las clases sociales contra el consorcio Aguas del Tunari -registrado en las islas Caimán e integrado por grandes capitales de Estados Unidos (50%) Italia y España (25%) y cuatro grupos bolivianos-(9), que tras apropiarse del servicio de aguas corrientes pretendía cobrar una tarifa de 35 dólares por mes por el agua a una población que gana menos de 60 dólares mensuales. La rebelión (con un saldo de 10 muertos, 22 heridos, 135 detenidos, hasta que el gobierno concedió todo lo que exigía la Coordinadora formada al calor de la lucha) fue, por tanto, resultado directo de las privatizaciones, en el marco de una sociedad ultrapauperizada luego de dos décadas de exitosa aplicación de las políticas económicas de ajuste.

Ahora el detonante fue el éxito alcanzado en la erradicación de las plantaciones de coca, que hace de Bolivia un simple eslabón en la cadena del Plan Colombia. El descontento se tradujo en explosión porque los partidos y estructuras gremiales, por completo subordinados a los centros de poder económico, carecen de toda representatividad real y son incapaces de responder a los reclamos de las mayorías. Las instituciones se mostraron vacías, las fuerzas armadas divididas…

Si cada uno de estos componentes del cuadro boliviano son comunes -con matices, es cierto- a toda la región, es de suponer que, mutatis mutandi, el cúmulo de éxitos de la política estadounidense durante los últimos años tenderá a traducirse de manera análoga. «La lucha de los campesinos del trópico de Cochabamba es ahora contra el gobierno de Estados Unidos y no con el boliviano», afirmó Evo Morales(10).

¿Cuánto más debe deteriorarse la situación latinoamericana para que se produzca una recomposición general de fuerzas políticas y sociales, en reemplazo de las que revelan cada día su corrupción e inutilidad? Tras su fiasco en Manaos, el secretario de Defensa estadounidense debe tener una previsión al respecto.

1. Dossier «La hora de Sudamérica», por L.Bilbao, A. y E. Calcagno y C. Gabetta, en Le Monde diplomatique edición Cono Sur, 09-2000.
2. Ibid. A.E. y E. Calcagno, «Sudamérica es el camino».
3. A. Rossi, «América Latina en vías demilitarización», Le Monde diplomatique ed. Cono Sur,10-2000.
4. Mabel Azcui, «Se agrava la revuelta social en Bolivia», El País, Madrid, 29-09-00.
5. Los Tiempos, Cochabamba, 04-10-00.
6. La Razón, La Paz, 09-10-00.
7. Ibid.
8. Ver «As Sociedades andinas antes de 1532»; en The Cambridge History of Latin America, USP, 1998.
9. Luis Tapia, «La crisis de abril» Observatorio Social de América Latina, Buenos Aires, 09-2000.
10. «Cocaleros cambian de enemigo, ahora es el gobierno de EE.UU»; Los Tiempos, Cochabamba, 09-10-00.

Mientras comienza a verificarse la temida extensión del conflicto bélico en Colombia, en una provincia argentina tropas de ocho países, comandadas por oficiales estadounidenses, realizaron maniobras militares consistentes en retomar el control de un país de ficción, «Sudistán», dominado por una población sublevada. A la vista de los efectos iniciales del «Plan Colombia», con Perú y Bolivia a punto de colapso y un cuadro económico-social en acelerado deterioro a escala regional, la ficción semeja demasiado a una perspectiva real.

«Sudistán» existe. La república imaginaria diseñada por los estrategas del Departamento de Estado y el Pentágono para ensayar la represión a una sublevación popular, es la inexorable prolongación del Plan Colombia, puesto en movimiento por el presidente William Clinton el pasado 30 de agosto en Cartagena. En la percepción de quienes trazan la política exterior de Estados Unidos, «Sudistán» es América Latina. Y el operativo «Cabañas 2000», llevado a cabo en Córdoba (Argentina) con derroche de dinero, tecnología y armamento, es una muestra de lo que espera Washington en la región y de sus aprontes para responder. Pero acaso el factor más alarmante es que urgido por recuperar la iniciativa a escala continental, reubicar bajo su férula a gobiernos arrastrados por una fuerza centrífuga e impedir la consolidación de un bloque regional que escape a su estricto control, la Casa Blanca está obrando de modo tal que sus decisiones implican una acelerada desestabilización político-institucional en la región, a la que ofrece como alternativa una variante, aún con perfiles borrosos, de regímenes afirmados sobre la militarización de la vida política.

No hay sofisma capaz de ocultar este deslizamiento hacia «Sudistán». Con el sigilo de quien a sabiendas hace algo reprensible, 1.200 efectivos de ocho países (Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay), se entrenaron durante dieciseis días en técnicas operativas para afrontar insurrecciones populares. Todos los gastos, estimados oficialmente en 2,5 millones de dólares -exceptuado el costo de los 400 marines que encabezaron la maniobra- fueron saldados con fondos estadounidenses. El argumento con que el Pentágono logró vencer las reticencias de sus pares latinoamericanos para encarar, por primera vez en la historia, maniobras de esta naturaleza, fue la promesa de ayuda estadounidense para el reequipamientos de fuerzas armadas duramente afectadas por los recortes presupuestarios. Dos reuniones organizadas desde junio pasado por el Comando Sur del ejército estadounidense en Miami, de las que participaron jefes militares sudamericanos, allanaron el camino hacia Córdoba. Las dudas y objeciones de mandos altos y medios, expuestas en voz baja antes y durante esas reuniones, confirmaron a la Casa Blanca la necesidad de acelerar esta nueva modalidad operativa, por irritante que resulte: ya no se trata sólo de prever sublevaciones provocadas por la pobreza, sino de adelantarse al malestar en las filas militares del hemisferio, a su vez azuzadas por franjas empresariales perdidosas en el último tramo de centralización y transnacionalización del capital.

No es preciso forzar la interpretación para ubicar al operativo «Cabañas 2000» como contrafigura de la reunión de presidentes sudamericanos convocada por el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso el 31 de agosto pasado y avalada precisamente por la necesidad de las burguesías regionales de tomar distancia frente a las sofocantes exigencias económicas de Estados Unidos. Basta registrar la ausencia de los ejércitos de Venezuela y Brasil en «Sudistán» para comprobar que el terreno perdido en aquella oportunidad Washington pretende recuperarlo allí donde su supremacía resulta más difícil de desafiar: el de la cruda confrontación de fuerzas militares.

¿Fracasa el plan de paz?

Una semana después de que Clinton entregara al presidente colombiano Andrés Pastrana los 1.300 millones de dólares oficialmente destinados a combatir la producción y el tráfico de drogas, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense comenzó a discutir una nueva asignación de 99,5 millones adicionales, destinada específicamente a la policía de aquel país. De esa suma, 39 millones son para adquirir tres aviones de transporte Búfalo, 15 millones para un helicóptero Black Hawk, 25 para comprar municiones durante un año y 5 para un avión espía SA2-37A(1).  Antes de comenzar los combates en regla, la fría contabilidad ya muestra una escalada. Simultáneamente se iniciaban las operaciones apuntadas a destruir plantaciones de coca. El «Operativo Manglar», llevado a cabo en la zona de Nariño, en las cercanías de la frontera con Ecuador, inauguró esta nueva etapa: «Hemos destruido unas 5.000 hectáreas sembradas de coca y unos 90 laboratorios» informó el director de la policía colombiana, Luis Gilibert(2). Se calcula que en Colombia hay 103.000 hectáreas de hoja de coca, con las que se producen anualmente unas 520 toneladas de cocaína. En la misma región las fuerzas armadas lanzaron un ataque contra las tropas guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La reacción contra esta doble tenaza en la que queda atrapada la población civil no se hizo esperar: unos cinco mil jóvenes y niños, acompañados por organizaciones de derechos humanos y autoridades de los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá, marcharon el 9 de septiembre por las calles de Puerto Asís: «No queremos fumigaciones ni guerra» repetía desde un micrófono una muchacha de unos 14 años(3). Ese es, fuera de duda, el sentimiento dominante en la población colombiana: la inmensa mayoría quiere el fin de la guerra y teme los efectos devastadores de las fumigaciones: el hongo que mata la hoja de coca impide también -y por muchos años- cualquier otro cultivo. La eliminación de esas plantaciones supone la emigración de poblaciones enteras.

Nada más lejano, sin embargo, que una solución a estas dos demandas. Como si faltaran flagelos, recrudecieron durante el mes de septiembre las operaciones de las Fuerzas Unidas de Autodefensa de Colombia, los paramilitares encabezados por Carlos Castaño, quienes han cobrado mayor autonomía y tratan de lograr un lugar propio en el escenario político, como parte beligerante que no acepta la negociación de paz. En el último mes esta organización ha realizado incontables ataques a campesinos y pobladores civiles supuestamente simpatizantes de la guerrilla, asesinando a centenares de personas. En una carta abierta dirigida al ministro de Defensa, Luis Ramírez, Castaño admite que recibe dinero de empresas privadas: «¿Por qué no deberían apoyarnos las compañías nacionales e internacionales cuando ven sus inversiones amenazadas por el terrorismo y la barbarie guerrillera? El apoyo del sector empresario es una urgente necesidad. O se defienden ellos mismos de nuestro enemigo nacional, o desaparecerán»(4).

Mientras tanto, la mesa de negociaciones tambalea. La espectacular fuga de un guerrillero de las FARC es uno de los dos episodios que inesperadamente pusieron al borde del fracaso definitivo las tratativas de paz. Durante un traslado aéreo desde Bogotá a Caquetá para ser juzgado, el miliciano Arnubio Ramos redujo a los tres guardianes que lo custodiaban, secuestró el avión, lo hizo descender en San Vicente del Caguán y se internó en la «zona de despeje», donde el gobierno tiene el compromiso de no emplear sus fuerzas. «Si las FARC no son capaces de entregar a Ramos, significa que no están dispuestas a meterse en una negociación de paz verdadera», es la declaración atribuída a Pastrana ante sus ministros el lunes 18 de septiembre(5). La respuesta que llegó tres días más tarde desde el alto mando de las FARC: «Si el presidente no pasa por encima de este incidente, menos va a haber proceso de paz, pues si no cede en esto menos lo va a hacer cuando lleguen los temas gruesos de la agenda»(6). En la reunión aludida del presidente con sus ministros, Pastrana debía tomar en sus manos otra brasa ardiendo: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) había capturado 42 rehenes el día anterior en las cercanías de Cali. Esta operación, al parecer destinada a reunir fondos para el ELN, tuvo lugar en el preciso momento en que el gobierno cubría el último tramo en dirección a entablar también con esta organización negociaciones para poner fin a la guerra. No puede sorprender que en una población que demanda masivamente un tránsito urgente hacia la paz, sólo el 17% crea que Pastrana está haciendo bien las cosas en esa dirección.

Con todo, es previsible que las partes -con excepción de los paramilitares- actúen con la plasticidad necesaria para que la mesa de negociación continúe: Estados Unidos no puede defender políticamente su Plan Colombia si no va acompañado de negociaciones; Pastrana, las FARC y el ELN están obligados a responder a la opinión dominante en la población, que demanda paz. En el caso de las FARC, dan por seguro la intervención militar estadounidense y trabajan para continuar la guerra bajo las condiciones que tal presunción supone. El Estado Mayor que las combate piensa que esta organización ha montado una infraestructura de retaguardia en toda la región y lo mismo parecen creer los gobiernos del área, preocupados por el modus operandi que podría tomar esa estructura en condiciones de guerra sin cuartel. Por su lado, el Pentágono ha desembarcado ya en Colombia más de dos mil «asesores» militares. Hasta ahora, la propia táctica guerrillera de impedir todo posible argumento para el involucramiento directo de Estados Unidos en el combate los ha preservado. Pero es una ley de hierro que, en las nuevas circunstancias, estos hombres que asesoran a los mandos a todo nivel, conducen helicópteros, organizan la inteligencia, e incluso, según aseguran personalidades creíbles de Bogotá, alimentan y adiestran a los paramilitares, serán blanco del poder de fuego guerrillero. Y si hay algo que teme la Casa Blanca por su significado para la población estadounidense -que no olvida la guerra de Vietnam- es el arribo a sus aeropuertos de las tenebrosas bolsas de nylon negro con los restos de militares caídos en combate en el exterior.

En un doble sentido, los acontecimientos que sacudieron a Perú y Bolivia a partir del inicio del Plan Colombia, prefiguran un panorama que, mutatis mutandi, amenaza con prolongarse a cada país del hemisferio. Para frenar los desmanes políticos de Alberto Fujimori -incompatibles con un mecanismo institucional de gobierno y para colmo acompañados de gestos de autonomía- Washington apeló a lo que parece ser un nuevo recurso para controlar aliados: una denuncia que puso en evidencia la corrupción en puntos clave del gobierno, en este caso el ex oficial de ejército y jefe de los servicios de inteligencia peruano Vladimiro Montesinos. No obstante su antigua pertenencia a la CIA, llevado por una combinación de avidez financiera y juego político propio en la región -en el que también está involucrado Fujimori- poco antes del inicio del Plan Colombia Montesinos y los militares que lo acompañan facilitaron la compra y recepción por parte de las FARC de diez mil fusiles Kalashnikov. Sin otra alternativa, la Casa Blanca tomó el camino de la desestabilización de la fragilísima institucionalidad peruana, inaugurando una etapa que, incluso si arribara al poder Alejandro Toledo, el elegido de Washington, estará signada por el desequilibrio permanente.

Bolivia es el ejemplo complementario: el aparentemente exitoso objetivo de destruir las plantaciones de coca provocó, como no podía ser de otro modo, la sublevación de los campesinos que viven de su cultivo(7). Y el régimen constitucional del recordado dictador Hugo Banzer tambalea bajo el fuego cruzado de masivas movilizaciones populares, intrigas de sus aliados en el gobierno y maniobras de la embajada estadounidense por mantener el actual esquema de poder.

Cualquiera sea el desenlace inmediato de la crisis en estos dos países, al Departamento de Estado le queda por resolver el papel de sus ejércitos. La presunción de que el dilema se resolvería enviándolos a «Sudistán» es, cuando menos, ilusoria. Este dilema es más serio en relación con Argentina, que a su peso específico regional suma una ambivalencia sin definición a la vista: integrante del bloque formado recientemente en Brasilia y, por lo tanto, opuesta a cualquier forma de participación directa en el Plan Colombia, a la vez presta su territorio para las maniobras conjuntas: para marzo próximo hay otras previstas en la provincia de Misiones(8).

Pesadillas estadounidenses

¿Hasta dónde llevará Washington las presiones que pueden derivar en desestabilización política? Por lo pronto, de las visitas de la secretaria de Estado Madeleine Albright en agosto, del jefe del Comando Sur Peter Pace al culminar el operativo «Cabañas 2000» y del secretario adjunto del Departamento de Estado William Brownfield (quien entre otras actividades el martes 26 de septiembre dictó una conferencia sobre el Plan Colombia en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales), el gobierno estadounidense no ha logrado del argentino más que una media palabra para brindar «asistencia técnica», hipérbole que aludiría, según fuentes de la cancillería, al permiso para instalar en el Noreste una estación de vigilancia satelital, de hecho una base militar al estilo de lo que se intenta hacer en Esequibo y se ha hecho ya en otros puntos de Latinoamérica (ver pág. 6).

Aunque el cuadro descripto no es reductible a una sola causa, también en América Latina la conducta de Washington está dictada por los efectos de la suba del petróleo para los países del primer mundo, insoportables incluso en el corto plazo para economías bajo cuya discutible prosperidad no hay cimientos seguros. Cuando en la Unión Europea cunde el pánico por las derivaciones del encarecimiento del crudo y el gobierno estadounidense (obligado por la proximidad de las elecciones) recurre a la utilización de sus reservas estratégicas -un mecanismo sólo sostenible en el cortísimo plazo- para impedir el alza de los combustibles, es posible comprobar la significación de la línea de acción adoptada por el presidente venezolano Hugo Chávez antes incluso de tomar posesión de su cargo: la reactivación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, ver pág. 12). Veinte meses después de aquellos primeros pasos, con un aumento superior al 400% de la materia prima a la que está ineludiblemente amarrada la tasa de ganancia media de los gigantes de la economía mundial, la aparentemente inconmovible marcha hacia arriba de la economía en los tres centros del poder planetario, y específicamente en Estados Unidos, se muestra en toda su vulnerabilidad. La otra cara de la misma medalla es la gravitación enorme de una voluntad política soberana, encarnada en el gobierno de un país de porte medio o incluso pequeño.

Desde el atalaya del planeta, observando la reunión de presidentes y ministros de energía que se desarrolló en Caracas en la última semana de septiembre, un analista inequívocamente alineado con la política estadounidense advertía que Chávez recibió a sus invitados (sólo faltaron, por razones de seguridad, los presidentes de Irak y Libia, Saddam Hussein y Mohammad Khadafi), asegurando que «esta reunión no es sólo sobre petróleo: (nuestros países deben discutir también acerca de) la pobreza, la desigualdad en el mundo, la deuda externa y la autonomía de las naciones»(9).

Entre las pesadillas de los estrategas estadounidenses, se repite una en la que semejantes temas son tomados como materia de discusión y acción política por los ignotos pobladores de «Sudistán».

1. EFE, 11-09-00.
2. Catholic Relief Services, Costa Rica,14-09-00.
3. Dimitri Barreto, El Tiempo, Bogotá, 10-09-00.
4. «Colombia Paramilitary Chief Says Businesses Back Him», Bogotá, Reuters, 06-09-00.
5. Revista Cambio, Bogotá, 25-09-00.
6. Id.
7. Natalia Rodriguez, entrevista a Raúl Garajulic, ex embajador de Bolivia en España, El País, Madrid, 14-9-00. Garajulic advertía que «Hay que ayudar a Colombia para que lo haga (liquidar las plantaciones de coca), pero hay que ayudar a Bolivia porque lo hizo». Tal parece que no fue así…
8. Clarín, Buenos Aires, 28-09-00.
9. Larry Rohter, The New York Times, 27-09-00.

Arrastrado por fuerzas que operan en la base misma de su poderio. Estados Unidos desata una situación bélica en colombia que podria propagarse a toda la región. El firme rechazo de los presidentes es un hecho sin precedentes en la historia americana, de seguras consecuencias en el mapa político internacional.

Ya no es una presunción: el cuadro geopolítico hemisférico ha consumado un drástico giro, tras el cual Estados Unidos se ve desafiado -como nunca antes en dos siglos de historia- por un conjunto diverso de países sudamericanos, a cuya vanguardia marchan, aunque por carriles diferentes, los gobiernos de Brasil y Venezuela.

Todavía envuelta en la retórica impuesta desde el gobierno de James Carter, con eje en la democracia y los derechos humanos, la Casa Blanca apela sin embargo a su ultima ratio para contrarrestar el reto e inicia en Sudamérica una escalada militar calificada con rara unanimidad -por las voces más dispares- en esta tónica: «El Plan Colombia amenaza con arrastrar a Estados Unidos a la guerra civil más prolongada y brutal de todo el hemisferio occidental»(1).

Si fuese posible observar desde una cima el curso de los acontecimientos en esta región del mundo, el choque de impresiones y sensaciones llevaría a decir, como Macbeth: «En mi vida he visto un día tan hermoso, y tan feo a la par». La fealdad está a la vista: custodiado por mil hombres de su propia seguridad y otros diez mil de las fuerzas armadas y policiales de Colombia, el 30 de agosto pasado el presidente William Clinton arribó a Cartagena para entrevistarse con su par Andrés Pastrana y formalizar el inicio del «Plan Colombia». Tanto despliegue no es una incongruencia si se la entiende como el desembarco de un emperador de la era nuclear, que ostenta su poderío para amedrentar a quienes en la región osan cuestionar sus decisiones. Clinton aseguró que «no habrá intervención militar»(2), pero otra es la opinión de la prensa, incluso de la que habitualmente respalda la política exterior de Washington: la escala en Cartagena es «el inicio de una nueva era en las relaciones colombiano-estadounidenses y el acto que sigue incluirá probablemente el ataque a las guerrillas marxistas con helicópteros provistos por Estados Unidos»(3)
. Los helicópteros no vuelan solos y los hechos transforman la probabilidad en certeza: «Un grupo de 83 miembros de las Fuerzas Especiales del Comando Sur del Ejército de EE.UU. llegó en secreto al país la semana pasada para entrenar en las selvas del Sur a un segundo batallón antinarcóticos del ejército colombiano»(4).

No menos evidente es la otra faz de este momento crucial: pocas horas después del paso de Clinton por Colombia, los presidentes de los doce países sudamericanos se reunían en Brasilia, sin la presencia de Washington y con una impronta dominante: tomar distancia de la estrategia estadounidense para el hemisferio. Aun en la obligada ambigüedad de todo paso diplomático, los términos habían quedado claros desde antes del encuentro: luego de que el consejero nacional de Seguridad estadounidense declarara que «es muy difícil imaginarse que la democracia sobreviva en Colombia con estos dos problemas (la guerrilla y el narcotráfico)»(5), en la capital brasileña el canciller Luiz Felipe Lampreia formuló conceptos terminantes: «prevemos la intensificación del conflicto desde comienzos del año 2001 (lo cual) representa una amenaza para el territorio brasileño (porque) implica el empleo de nuestro territorio como santuario, e incluso, la realización de acciones militares colombianas en nuestro país con fines de persecución»(6).

En boca de la diplomacia más afiatada, consecuente y equilibrada de todo el continente, tales aseveraciones deben ser tomadas como lo que son: aprestos de guerra. Lampreia se ocupa de que sea exactamente ése el signo de su exposición: «Desde el punto de vista de la preparación, para esa nueva etapa de profundización del conflicto, la primera acción del gobierno brasileño es aumentar la coordinación entre los diversos sectores del gobierno: fuerzas armadas, Policía Federal y ministerio de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, se ha decidido aumentar la capacidad de disuasión militar. Esto es, aumentar la presencia y con planes para una intervención rápida en el caso de existir problemas. En tercer lugar, estamos empeñados en mejorar los mecanismos de nuestra inteligencia para saber exactamente qué ocurre en la región»(7).

Que no hay un ápice de exageración en la respuesta brasileña lo prueba, aunque indirectamente, la titular de la política exterior estadounidense, Madeleine Albright. A su paso por Quito reconoció que «ha prometido 15 millones de dólares al gobierno ecuatoriano para compensar la eventual llegada masiva de refugiados colombianos huyendo de su país por miedo a la ofensiva antidroga del Plan Colombia»(8). De hecho el problema para Washington en Ecuador es otro: la dolarización ha exacerbado los ya intolerables sufrimientos de la población de ese país y -está en las páginas de la prensa- se espera en cualquier momento una insurrección general de las fuerzas que en enero derrocaron al presidente constitucional, tomaron el poder por pocas horas y retrocedieron para dejar el gobierno en manos de Gustavo Noboa, ahora amenazado de sufrir la suerte de sus dos antecesores inmediatos.

¿Más pruebas de que algo fundamental se ha dado vuelta en el cuadro geopolítico continental? Como parte del despliegue estratégico con punto de partida bélico en Colombia, el estadounidense Thomas Pickerin, subsecretario del Departamento de Estado, afirmó que se trata de un conflicto regional, con efectos en todos los planos sobre el área en su conjunto y que por lo mismo debe ser asumido por los gobiernos de todos los países. Preguntado sobre el punto Lampreia respondió: «Nosotros decimos exactamente lo contrario. No regionalizamos el conflicto. Es más, esperamos que el conflicto no traspase hacia nuestros países».

Dos días antes, el canciller argentino Adalberto Rodríguez Giavarini se mostró igualmente alarmado y afirmó que Argentina no se involucrará directamente en el conflicto bélico. Pero ante la misma pregunta respondió: «Cualquier cosa que pase en Colombia impactará en Argentina, Brasil, Chile o Uruguay», refieriéndose a que el conflicto «ahuyentaría las inversiones».

No se trata de interpretaciones diferentes respecto de la dinámica de extensión del «Plan Colombia», tal como aclara el propio Lampreia al adelantar las medidas ya adoptadas por su gobierno. En ese matiz -y muy precisamente en la alusión a las «inversiones»- se explicita la determinación del Palacio del Planalto en la línea que lleva a una opción sudamericana y la vacilación actual del gobierno argentino entre la diplomacia menemista -que sigue por inercia- y el viraje hacia un nuevo rumbo.

En cualquier hipótesis, los hechos están a la vista: durante la semana anterior al arribo de Clinton a Cartagena cinco países (Brasil, Perú, Ecuador, Panamá y Venezuela) movilizaron tropas tomando posiciones en áreas fronterizas con Colombia, dato que no registra antecedentes en la historia latinoamericana desde las guerras de Independencia(9).

Por amenazantes que resulten, los alardes de fuerza de Clinton no pueden ocultar una evidencia clave: único dueño del escenario mundial desde fines de la década de 1980, Estados Unidos ha perdido la iniciativa en la región y desde hace tiempo viene actuando a contragolpe en más de un terreno. El punto de inflexión puede fijarse en diciembre de 1998, cuando un terremoto político demolió en Venezuela al sistema partidario que sostuvo el equilibrio durante medio siglo en aquel país, y dio paso a un fenómeno nuevo, encarnado en el presidente Hugo Chávez, quien desde entonces no sólo edificó en su país una institucionalidad que inquieta a tirios y troyanos, sino que además -y acaso sobre todo- promovió una sucesión de movimientos que precipitaron conflictos latentes hoy focalizados en dos puntos: la recomposición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el encuentro de Brasilia (10).

Nada prueba mejor este relevante cambio de las relaciones políticas en el hemisferio que la desprolija y frustrada gira reciente de la señora Albright. Imprevisto a tal punto que ciertos comentaristas llegaron a explicarlo como «un saludo de cortesía», el viaje de la Secretaria de Estado tuvo dos objetivos, además de sostener al gobierno de Ecuador: reclamar apoyo para el «Plan Colombia» y convencer a los presidentes de Chile y Argentina para que no se plieguen a la propuesta brasileña. No menos elocuente fueron los esfuerzos del Departamento de Estado por neutralizar el alza sostenida del precio del petróleo. En ambos casos, el gobierno estadounidense se vio compelido a correr tras los acontecimientos y, hasta ahora, en ambos fracasó.

Desde luego el punto nodal del conflicto en curso está hoy en el papel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que controlan un 40% del territorio. Apenas cuatro meses atrás, cuando todavía no le resultaba obligatorio decir que la ayuda económica no estaba destinada a combatir la guerrilla, Clinton declaraba: «Que nadie se equivoque, si la democracia más antigua de América del Sur puede caer, también pueden caer otras»(11). En su discurso en la reunión anual del Consejo de las Américas, el presidente estadounidense aludía explícitamente a la inestabilidad extrema en Ecuador, Perú y Paraguay. Y por cierto no exageraba. Sin embargo, la preocupación del Departamento de Estado tiene también otro origen, que acaso podría ser el que explica el tempo de esta operación de desembarco militar: el brusco cambio de rumbo de un país que, además de ser una llave para América de Sur y poseer el segundo mayor yacimiento petrolífero del mundo, es el primer exportador de esa materia prima vital a EE.UU.

Desde antes de asumir su cargo el presidente Chávez atacó por ese flanco. Entonces el barril de petróleo estaba por debajo de los 10 dólares. Menos de un año después supera los 30 dólares y en ese nivel se mantiene. Pública y secretamente, EE.UU. (acompañado en este punto por la Unión Europea y Japón) ha reclamado a los países de la OPEP el aumento de la producción para que baje el precio del crudo. La Casa Blanca perdió la compostura el mes pasado, cuando intentó impedir que Chávez incluyera en su gira por las capitales del petróleo la visita a Saddam Hussein, presidente demonizado de un país sitiado y bloqueado desde hace nueve años por Washington. La respuesta del hombre a quien buena parte de la prensa insiste en denominar «ex coronel golpista», pese a que ha ganado con amplios márgenes seis elecciones en 30 meses, excedió los límites que una metrópoli imperial es capaz de soportar: «Somos un pueblo orgulloso y yo represento a un Estado soberano que toma sus propias decisiones en función de sus intereses»(12). Es difícil saber qué preocupa más a Washington, si el éxito del viaje de Chávez, quien obtuvo un contundente respaldo para la cumbre presidencial de países de la OPEP que se realizará en Caracas este mes (no es un detalle menor que Clinton visitara Nigeria antes de su escala en Cartagena), o el impacto peligrosamente fértil de un lenguaje político que desde hace mucho parecía desterrado de las relaciones internacionales.

¿Fin de las naciones?

Una de las innumerables vaciedades que alcanzaron categoría de verdad inapelable en los últimos años es la del fin de las naciones y fronteras, y en consecuencia el fin de las soberanías y el imperio urbi et orbi de la economía más fuerte. Que el mundo marcha en el sentido de la unificación es una obviedad con 500 años de antigüedad, contestada desde siempre por el pensamiento reaccionario. Pero en tanto el impulso hacia ese destino resida únicamente en la lucha por áreas de mercado, lejos de acabar con las naciones y los nacionalismos, la globalización revalidará a aquéllas contra todo anacronismo y exacerbará a éstos contra toda lógica. No otra cosa es lo que el mundo observa en el área del Golfo Arábigo-Pérsico, en la ex URSS y aun en la propia Unión Europea.

En América Latina, en cambio, la sobresaliente reaparición de conceptos y conductas de independencia y soberanía nacional no ha adoptado hasta el momento -aunque el riesgo está en la esencia del fenómeno- aquellos contenidos. Entre las muchas responsabilidades que afrontan los partidos e intelectuales sinceramente comprometidos con los valores democráticos está precisamente la de evitar que una continuada política de sumisión a las exigencias de Washington empuje hacia un nacionalismo ultramontano, que en última instancia sería percibido por Washington, con razón, como un mal menor.

Es por eso que la línea aplicada por el venezolano Chávez alarma tanto a la Casa Blanca como a la casi totalidad de los dirigentes políticos tradicionales de la región: «la democracia representativa ha fracasado en América Latina (…) es necesario que avancemos, sin temores, hacia la constitución de democracias participativas, con las que nuestros pueblos recuperen las sendas del desarrollo», afirmó en un discurso de apertura del Sistema Andino de Integración. Y agregó: «es absolutamente falso que triunfó el fundamentalismo de mercado; el neoliberalismo está realmente en retirada en la mayoría de los países del mundo»(13).

Se trata de tres nociones (agotamiento de las políticas dominantes en la última década, reivindicación de la soberanía y llamado a la participación), que actúan ahora como un manantial de agua fresca para decenas de millones de sedientos latinoamericanos, en especial de la juventud: 220 millones de personas, alrededor del 45% de la población latinoamericana, vive en la pobreza extrema; y de éstos, 117 millones son niños y menores de 20 años(14).

Es acaso por las inexorables derivaciones de esta realidad que Estados Unidos ha resuelto responder con la fuerza; una decisión de tal magnitud que incluso parte el corazón del poder estadounidense. El mismo día del desembarco de Clinton en Cartagena una deliberada filtración puso esa fractura a la vista: «Según un funcionario del Departamento de Estado, que pidió no ser identificado, el entrenamiento, el equipamiento y los helicópteros que recibirán las fuerzas armadas colombianas serán utilizadas en la lucha contra los integrantes de las FARC y el ELN»(15). Con todo, aun desde el punto de vista militar, el centro de gravedad no está en el «Plan Colombia». EE.UU. ha montado una base aérea en el puerto ecuatoriano de Manta, que además de ratificar un concepto militarista para la región ha acelerado la fractura del ejército, como se comprobó en la participación de altos mandos en la insurrección de enero. En línea con esta política está la decisión de montar una base de lanzamiento de cohetes en El Esequibo, territorio en litigio entre Venezuela y Guyana, situado en la estratégica desembocadura del Orinoco. El conflicto viene tensándose desde que, tras la firma de un contrato entre la empresa estadounidense Beal Aerospace y el gobierno guyanés, el canciller venezolano José Vicente Rangel presentó una protesta formal oponiéndose al acuerdo. Aparte la histórica reclamación territorial, las autoridades venezolanas alegan contra el resquicio contractual abierto para que la base pudiera quedar bajo custodia de fuerzas militares extranjeras, es decir, estadounidenses.

A mediados de agosto Chávez sostuvo que Venezuela y Guyana deben buscar una solución práctica y desechó la alegación del ministro de Relaciones Exteriores guyanés, Clement Rohee, quien calificó de «inconsistente» la oposición a la instalación de la base y aludió a una amenaza militar por parte del gobierno venezolano. «No me hagan hablar más de la cuenta», dijo Chávez a los periodistas reunidos en el Palacio Miraflores, y alertó elípticamente sobre «lo que pudiese haber detrás de esta problemática territorial»(16).

La abrupta militarización de las relaciones y del lenguaje político provocada por el «Plan Colombia» es indicativa de una tendencia de altísimo riesgo para el futuro inmediato del hemisferio. En consonancia con las declaraciones del canciller Lampreia, Brasil ha informado que pondrá en funcionamiento en breve el llamado Sistema de Vigilancia Amazónica, mediante el cual se propone controlar con aviones, radares y satélites el espacio aéreo de la región. Es imposible no entender la señal dada por los gobiernos de Brasil y Venezuela horas antes del arribo de Clinton a Colombia: el jefe del Estado Mayor del ejército venezolano anunció que acababan de firmar con su par brasileño un acuerdo de cooperación militar. «Siempre mantuvimos relaciones militares con Brasil. Pero en esta oportunidad queremos darles a esos vínculos un mayor énfasis»(17), dijo el general Germán García Gómez, mientras el avión de Clinton cubría la distancia entre la capital nigeriana y la bella Cartagena.

Allí, en la antigua capital colonial, las autoridades se empeñaron por mostrar un panorama a la altura del ilustre visitante. Además de asumir los costos de refacción de varias casas derruidas (para sorpresa de sus paupérrimos habitantes), pintar muros y plantar árboles, juntaron apresuradamente a una multitud de niños que viven en la calle y los ubicaron, temporariamente, en un «centro recreacional». También levantaron 1500 puestos de venta callejeros y borraron de las paredes toda expresión de disenso político. «Es como una muchacha que ordena su casa para recibir por primera vez a su novio», señaló con acierto el diario El Tiempo de Bogotá. Tanto esmero se vio empañado en la mañana del 30 de agosto, durante el recorrido del Presidente estadounidense: aparecieron pintadas en letras rojas palabras de antigua resonancia: yanqui go home.

1. Tad Szulc, «El espectro de Vietnam», El País, Madrid, 27-08-00. Ver también «El plan Colombia desata un debate sobre el futuro de la paz», El País, 07-08-00; Natalio Botana, «Síntomas de regresión y de atascamiento del sistema democrático», La Nación, 27-08-00; Raúl Reyes, representante de las FARC, «El Plan Colombia significa guerra», Página 12, 27-08-00; Jim Hoagland, «The 1,3 billones to Colombia is about politics, no drugs», International Herald Tribune, 26-08-00; Carlos Fazio, «El conflicto colombiano a un paso de la vietnamización», La Jornada, México, 29-08-00; Steven Dudley: » Groups say, drug plan puts then in danger», «Más de 100 ONGs colombianas se unieron para resistir (al Plan Colombia), aduciendo que éste forma parte de la estrategia militar estadounidense», International Herald Tribune, París, 24-08-00.
2. Cambio, Bogotá. 28-08-00.
3. Clifford Krauss, The New York Times, 29-08-00.
4. Nelson Padilla, Clarín, Buenos Aires,12-08-00.
5. El Tiempo, Bogotá, 25-08-00
6. Eleonora Gosman, Clarín, Buenos Aires,29-08-00
7. Ibid.
8. Nicole Bonnet, «Ecuador afronta un nuevo período de inestabilidad política» Le Monde, París 26-08-00.
9. Clifford Krauss, «Vecinos preocupados con la ayuda a Colombia», The New York Times, 25-08-00.
10. Le Monde Diplomatique, Edición Cono Sur, noviembrede 1999 y julio de 2000.
11. María O»Donnell, Clarín, Buenos Aires,3-05-00.
12. El Nacional, Caracas, 10-08-00.
13. El Universal, Caracas, 18-08-00.
14. CEPAL, Panorama Social de América Latina1999-2000.
15. Ana Barón, Clarín, Buenos Aires,30-08-00.
16. El Universal, Caracas, 17-08-00.
17. Eleonora Gosman, Clarín,30-08-00.